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SOS! El PV demana la intervenció de l'ONU per restablir-hi la democràcia!
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El 40% del profesorado no podrá hacer huelga el 17-D
NEUS CABALLER
Los servicios mínimos duplican los de 2002 contra Aznar
El pulso vivido en los últimos tres meses entre la Generalitat y todos los agentes del sector de la enseñanza pública contrarios a la política educativa de Francisco Camps -que, además, se oponen de plano a la normativa valenciana que obliga a dar Ciudadanía en inglés sin más medios ni personal- se refleja de lleno en la huelga general convocada para el próximo miércoles 17 en todos los centros públicos. La Consejería de Educación presentó ayer una propuesta del "personal de servicios mínimos" que deja al 40% de los profesores y personal de apoyo sin derecho a poder secundar el paro convocado por la Plataforma per l'Ensenyament Públic.
La Plataforma lleva a Canal 9 al Síndic por manipular la protesta del 29-N
Esta cifra duplica el mínimo de profesores fijado por esta misma Administración en la huelga general en toda España contra el denominado decretazo de Aznar, el 20 de junio de 2002. "En aquella ocasión, la Administración fijó exactamente la mitad de los servicios mínimos que ahora, al establecer un profesor por etapa; y no por ciclo", comentó ayer Vicent Mauri, del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià. Es decir, que el colegio que tenía que poner dos profesores, ahora requerirá cuatro.
De publicarse estas instrucciones, cerca de 22.000 profesores y personal de apoyo (de un total de 54.000 dependientes de la Consejería Educación) se verán obligados a renunciar al derecho de huelga.
La Plataforma per l'Ensenyament Públic (integrada por el STEPV, CC OO y UGT y las asociaciones de padres, alumnos, directores e inspectores, además de Escola Valenciana) anunció que recurrirá estos servicios mínimos por "abusivos".
La consejería pretende obligar a "los centros de Infantil y Primaria con una línea donde trabajan 13 profesores a que cinco de ellos presten servicios mínimos", señaló la Plataforma, que también reprochó a la consejería que dirige Alejandro Font de Mora las instrucciones para que la inspección haga "listas" de los padres y alumnos que no piensan asistir a clase el 17-D.
La Generalitat se enfrenta a una huelga general de la enseñanza no universitaria sin precedentes. Es la primera vez que se convoca en todas las etapas y es apoyada por todos los estamentos educativos del sector público, por los partidos de oposición y 300 entidades cívicas.
La protesta ya fue contundente el 29 de noviembre y la Plataforma acusó ayer a Canal 9 de "censurar" las imágenes de 44.000 manifestantes en Valencia que clamaban contra la "política educativa" de Camps. Por ello, recurrió al Síndic de Greuges para que inste a una rectificación por las imágenes emitidas por la televisión autonómica, con una pancarta contra Zapatero que nada tenía que ver con la protesta.
Por otra parte, el consejero Font de Mora añadió ayer más confusión a la polémica al declarar, según la agencia Efe, que los alumnos objetores a la asignatura de Ciudadanía tienen derecho a ocupar otro espacio en el centro y ser atendidos por otros profesores. El Tribunal Superior de Justicia ya suspendió en su día la intención de su departamento de facilitarles la aprobación de la materia mediante un trabajo alternativo.
COLEGIOS DE LA MARINA ALTA EN PIE DE GUERRA.
Instalaciones degradadas, barracones precarios y falta de inversiones educativas. Contra este desolador panorama se manifestaron ayer las comunidades escolares de dos colegios de la Marina Alta, la del Carolina Sala en Pego y la de La Xara en Dénia. En total, unas 700 personas en dos movilizaciones diferentes salieron a la calle y advirtieron a la Consejería de Educación de que habrá nuevas protestas si no se da respuesta urgente a sus demandas. La manifestación de Pego fue la más significativa, con cerca de 500 participantes.
Primera huelga general educativa
- Profesores convocados. Un total de 54.000 entre docentes y personal de apoyo dependiente de la Consejería de Educación en 1.600 colegios e institutos.
- Servicios mínimos. La consejería fija un profesor por ciclo en cada centro de Infantil y Primaria de una línea, lo que supone cuatro profesores, además del director.
- Personal afectado. Los servicios mínimos obligarían a 22.000 funcionarios dependientes de Educación.
- El precedente de 2002. La Administración valenciana estableció unos servicios mínimos para los funcionarios de Educación que reducían al 20% el número de profesores que tenían que permanecer en sus puestos el día la huelga general contra el 'decretazo' del Gobierno Aznar.
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La objeción a Ciudadanía enfrenta a Font de Mora con los inspectores educativos
El conseller defiende la orden lo regula y los técnicos, que la asignatura es obligatoria
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Los sindicatos rechazan que el 40% de docentes no pueda ir a la huelga
Levante-EMV, Valencia La Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic tildó ayer de "abusivos" los servicios mínimos de hasta el 40 por ciento del personal en "muchos" centros de Primaria e Infantil impuestos por la Administración educativa ante la convocatoria de huelga docente del 17 de diciembre, por lo que no se ha conseguido un acuerdo entre la Generalitat y los sindicatos sobre esta cuestión, informaron en un comunicado.
La propuesta presentada por la Administración educativa a los sindicatos ha sido valorada como "abusiva" por los representantes sindicales porque supone que en centros de Infantil y Primaria de una línea dónde trabajan 13 personas como profesorado estén cinco de ellas obligadas a prestar servicios mínimos, es decir, el 40% de la plantilla. La Plataforma, asimismo, mantendrá hoy una reunión para adoptar una "posición común" ante las tres mesas sectoriales (de padres, estudiantes y sindicatos) que el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, ha convocado el lunes para abordar la implantación en la Comunitat de un sistema plurilingüe.
Por su parte, el conseller al ser cuestionado por una posibilidad de suspensión de huelga ante las mesas indicó que la pregunta se debe hacer "a quien ha convocado el evento; nosotros no tenemos ahí nada que decir".
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divendres, 12 de desembre del 2008
El Gobierno responsabiliza al Consell del retraso judicial del 'caso Fabra'.
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El Gobierno responsabiliza al Consell del retraso judicial del 'caso Fabra'
MARÍA FABRA
El dirigente del PP de Castellón será reelegido hoy en presencia de Camps
El Gobierno lo podía decir más alto pero no más claro y, en una respuesta al diputado de Iniciativa per Catalunya Joan Herrera, señala a la Generalitat valenciana como responsable de "retrasar" la provisión de medios para la buena marcha del juzgado de Nules en el que se instruye el llamado caso Fabra desde hace cinco años. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó el pasado septiembre una dotación de dos jueces y dos secretarios de refuerzo para los juzgados de Nules, lo que serviría para desatascar el juzgado y, en alguna medida, dar algo de celeridad a la instrucción, en la que ya han participado siete juezas y cuatro fiscales. Sin embargo, su incorporación está pendiente de que la Generalitat provea a los juzgados de los medios materiales y humanos correspondientes, lo que ha provocado la crítica del Gobierno, que acusa al Gobierno de Francisco Camps de que, "a pesar de la repercusión social del asunto investigado", sigue "retrasando la provisión de los citados medios". No fue hasta ayer, después de conocida la respuesta del Gobierno, cuando la consejería de Justicia dio a conocer la designación de dos funcionarios para cada uno de los juzgados, aunque no se incorporarán hasta enero y pese a que la recomendación del CGPJ cifraba en cuatro los funcionarios a designar. Fuentes de la consejería aseguraron que en ningún momento han "obstaculizado" la instrucción del caso.
El líder castellonense califica de "incompetente" al ministro de Justicia
Mientras, Carlos Fabra será hoy reelegido presidente provincial del PP de Castellón en presencia del propio Camps y sin nadie como oponente. Fabra asumirá su proclamación en Peñíscola en el que puede ser su último congreso.Carlos Fabra será hoy proclamado en Peñíscola, de nuevo, presidente provincial del PP, un puesto que ocupa desde hace 18 años. Todo hace prever que no habrá voces discordantes. Sin embargo, varias fuentes del partido sí han señalado que éste podría ser el último congreso de Fabra y, como dato, esgrimen la creación de un nuevo cargo, el adjunto a la presidencia, que será ocupado por el vicealcalde de Castellón, Javier Moliner. Se trata del hombre fuerte del alcalde de la capital de la Plana, Alberto Fabra, que, como presidente de la agrupación local, no ha demostrado, de momento, gran interés por vincularse y atender en mayor medida las tareas orgánicas del PP castellonense. Sin embargo, las interpretaciones sobre la "colocación" de Moliner en un puesto tan destacado, aunque sin apenas funciones, según la ponencia de estatutos, son variadas. Hay quien apunta que la tarea del vicealcalde no será otra que la de mantener el desgaste que pueda suponer el cargo hasta que Carlos Fabra deje su puesto, momento en el que la formación auparía a Alberto Fabra como líder. Otros sostienen que Carlos Fabra ha realizado únicamente un gesto admitiendo a Javier Moliner como "convidado de piedra" en la organización del partido para acallar susceptibilidades. El puesto que sí reforzará hoy el congreso será el de vicesecretario de organización, que ocupará el vicepresidente de la Diputación, Vicente Aparici, que concentrará la estructura provincial.
Días después de la proclamación de Fabra se cumplirán cinco años desde que el juzgado número 1 de Nules abriera diligencias para investigar la posible comisión de varios presuntos delitos contra la administración pública y, posteriormente, un posible fraude fiscal. Desde entonces, se han practicado un sinfín de pruebas e interrogatorios y en la instrucción han participado hasta siete jueces, dado el carácter temporal de la plaza, y cuatro fiscales. Además, el de Nules es un juzgado objetivamente saturado, tal como ha reconocido el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) en sus memorias. Después de más de cuatro años de instrucción, el TSJ decidió solicitar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la dotación de refuerzos para este juzgado. El Ministerio de Justicia aprobó el refuerzo solicitado por CGPJ con lo que el propio Gobierno considera que, "dentro del ámbito de sus competencias", ha adoptado todas las medidas necesarias "para agilizar y mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia" también en el supuesto del caso Fabra por el que preguntó el diputado Joan Herrera. La respuesta, fechada en noviembre, apunta, además, que el Gobierno considera que el margen del que disponen las comunidades autónomas con competencias de justicia transferidas "no debe convertirse en arbitrariedad y mucho menos obstaculizar la labor de los juzgados". Por tanto, concluye que "debe procederse de manera urgente a la provisión de los medios necesarios para agilizar el funcionamiento de estos juzgados".
El propio Carlos Fabra optó ayer por arremeter contra el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, a quien calificó de "incompetente" y al que culpó de no haber solucionado los problemas de los juzgados de Nules hace tiempo. "Lo que tenía que haber hecho el ministro", dijo Fabra, "es solucionar el guirigay de los juzgados desde hace mucho tiempo".
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El Gobierno acusa al Consell de retrasar el envío de personal y obstaculizar la investigación a Fabra
El Ejecutivo insta a la Generalitat a proveer con urgencia al juzgado de Nules de funcionarios y material
Carlos Alós, Valencia
El Gobierno de España considera que ha hecho los deberes respecto a la provisión de los medios suficientes para descongestionar los juzgados de Nules, donde se dirimen las causas judiciales abiertas contra el presidente de la Diputación de Castelló y líder provincial del Partido Popular, Carlos Fabra. Todo lo contrario que el Consell que preside Francisco Camps. El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero sostiene que la resolución del caso se eterniza porque la Generalitat dilata el envío de los medios materiales y personales necesarios para desatascar el caso en los juzgados de Nules. Según explica el secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, Francisco Caamaño, en una respuesta al diputado del grupo parlamentario Esquerra República-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Joan Herrera, es el Gobierno de Camps el que "sigue "retrasando" la llegada de los citados medios. El Ejecutivo recuerda en esa misma respuesta que la Generalitat tiene transferidas las competencias en el ámbito de la Administración de Justicia, pero que esa autonomía no debe convertirse en "arbitrariedad" y mucho menos en "obstaculizar" la labor de los juzgados. En el escrito, conocido ayer, el Gobierno incide en que el Consell debe proceder de forma "urgente" al envío a Nules de los medios necesarios para agilizar el funcionamiento de los juzgados números 1 y 2. La Secretaría de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, dependiente del Ministerio de la Presidencia que dirige la vicepresidenta Maria Teresa Fernández de la Vega, señala que el Ministerio de Justicia, dentro del ámbito de sus competencias, ha adoptado ya todas las medidas necesarias para "agilizar y mejorar" el funcionamiento de la Administración de Justicia en lo que respecta al llamado "caso Fabra". Los refuerzos llegarán en eneroEn este sentido, el Gobierno destaca que la petición que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realizó al Ministerio de Justicia para que enviara un juez y un secretario de refuerzo a cada uno de los dos juzgados de Nules que se encuentran afectados por la investigación a Carlos Fabra fue resuelta en sentido favorable el mismo día en que se realizó y que en ese mismo momento se accedió a los nombramientos, añade.
Sin embargo, la falta de colaboración del Consell ha provocado que los refuerzos aprobados por el Ministerio de Justicia estén pendientes de que el departamento que dirige desde el pasado 19 de septiembre Paula Sánchez de León destine los medios materiales y personales necesarios, ya que la Generalitat tiene transferidas las competencias en materia de Justicia. Es en este punto donde el Gobierno acusa al Consell de "retrasar" la llegada de funcionarios judiciales a Nules pese a la "repercusión social" que tiene el asunto investigado. Desde la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas que dirige Paula Sánchez de León aseguraron ayer que el próximo mes de enero llegarán a los juzgados de Primaria Instancia e Instrucción números 1 y 2 de Nules dos funcionarios a cada uno de ellos. De León ha asegurado en interpelaciones parlamentarias en las Corts que el caso Fabra sólo interesa a la oposición por su impacto mediático, pero no a la opinión pública. Fuentes de su departamento señalaron que el Consell trata a todos los juzgados con el mismo rasero y que no hace distinciones respecto a qué persona puede afectar los asuntos judiciales. Además, añadieron que los planes de refuerzo para dotar de más funcionarios a los juzgados valencianos se ejecutan con carácter semestral y por eso la nueva dotación de personal llegará a Nules en enero. Desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) aseguraron que el nombramiento de nuevos jueces no puede realizarse hasta que el Consell dote al juzgado de los funcionarios. Hasta el momento han pasado nueve jueces y cuatro fiscales por los juzgados que investigan al dirigente popular.
A pesar del revuelo mediático levantado por este caso que ha llevado a Fabra ante el juez pordiferentes delitos, casi cinco años después el proceso continúa en fase de investigación.
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Fabra: "Bermejo es un incompetente por alargar la causa"
El PP abre sus congresos provinciales con el de Castelló, diseñado como homenaje a Fabra
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caso fabra
La UCE pide a la jueza que investigue el cobro de comisiones en Agricultura en la etapa de Aznar
Denuncia los despachos de influencias y los supuestos sobornos a funcionarios y altos cargos
"Comprar un funcionario costaba 200.000 euros"
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El Gobierno responsabiliza al Consell del retraso judicial del 'caso Fabra'
MARÍA FABRA
El dirigente del PP de Castellón será reelegido hoy en presencia de Camps
El Gobierno lo podía decir más alto pero no más claro y, en una respuesta al diputado de Iniciativa per Catalunya Joan Herrera, señala a la Generalitat valenciana como responsable de "retrasar" la provisión de medios para la buena marcha del juzgado de Nules en el que se instruye el llamado caso Fabra desde hace cinco años. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó el pasado septiembre una dotación de dos jueces y dos secretarios de refuerzo para los juzgados de Nules, lo que serviría para desatascar el juzgado y, en alguna medida, dar algo de celeridad a la instrucción, en la que ya han participado siete juezas y cuatro fiscales. Sin embargo, su incorporación está pendiente de que la Generalitat provea a los juzgados de los medios materiales y humanos correspondientes, lo que ha provocado la crítica del Gobierno, que acusa al Gobierno de Francisco Camps de que, "a pesar de la repercusión social del asunto investigado", sigue "retrasando la provisión de los citados medios". No fue hasta ayer, después de conocida la respuesta del Gobierno, cuando la consejería de Justicia dio a conocer la designación de dos funcionarios para cada uno de los juzgados, aunque no se incorporarán hasta enero y pese a que la recomendación del CGPJ cifraba en cuatro los funcionarios a designar. Fuentes de la consejería aseguraron que en ningún momento han "obstaculizado" la instrucción del caso.
El líder castellonense califica de "incompetente" al ministro de Justicia
Mientras, Carlos Fabra será hoy reelegido presidente provincial del PP de Castellón en presencia del propio Camps y sin nadie como oponente. Fabra asumirá su proclamación en Peñíscola en el que puede ser su último congreso.Carlos Fabra será hoy proclamado en Peñíscola, de nuevo, presidente provincial del PP, un puesto que ocupa desde hace 18 años. Todo hace prever que no habrá voces discordantes. Sin embargo, varias fuentes del partido sí han señalado que éste podría ser el último congreso de Fabra y, como dato, esgrimen la creación de un nuevo cargo, el adjunto a la presidencia, que será ocupado por el vicealcalde de Castellón, Javier Moliner. Se trata del hombre fuerte del alcalde de la capital de la Plana, Alberto Fabra, que, como presidente de la agrupación local, no ha demostrado, de momento, gran interés por vincularse y atender en mayor medida las tareas orgánicas del PP castellonense. Sin embargo, las interpretaciones sobre la "colocación" de Moliner en un puesto tan destacado, aunque sin apenas funciones, según la ponencia de estatutos, son variadas. Hay quien apunta que la tarea del vicealcalde no será otra que la de mantener el desgaste que pueda suponer el cargo hasta que Carlos Fabra deje su puesto, momento en el que la formación auparía a Alberto Fabra como líder. Otros sostienen que Carlos Fabra ha realizado únicamente un gesto admitiendo a Javier Moliner como "convidado de piedra" en la organización del partido para acallar susceptibilidades. El puesto que sí reforzará hoy el congreso será el de vicesecretario de organización, que ocupará el vicepresidente de la Diputación, Vicente Aparici, que concentrará la estructura provincial.
Días después de la proclamación de Fabra se cumplirán cinco años desde que el juzgado número 1 de Nules abriera diligencias para investigar la posible comisión de varios presuntos delitos contra la administración pública y, posteriormente, un posible fraude fiscal. Desde entonces, se han practicado un sinfín de pruebas e interrogatorios y en la instrucción han participado hasta siete jueces, dado el carácter temporal de la plaza, y cuatro fiscales. Además, el de Nules es un juzgado objetivamente saturado, tal como ha reconocido el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) en sus memorias. Después de más de cuatro años de instrucción, el TSJ decidió solicitar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la dotación de refuerzos para este juzgado. El Ministerio de Justicia aprobó el refuerzo solicitado por CGPJ con lo que el propio Gobierno considera que, "dentro del ámbito de sus competencias", ha adoptado todas las medidas necesarias "para agilizar y mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia" también en el supuesto del caso Fabra por el que preguntó el diputado Joan Herrera. La respuesta, fechada en noviembre, apunta, además, que el Gobierno considera que el margen del que disponen las comunidades autónomas con competencias de justicia transferidas "no debe convertirse en arbitrariedad y mucho menos obstaculizar la labor de los juzgados". Por tanto, concluye que "debe procederse de manera urgente a la provisión de los medios necesarios para agilizar el funcionamiento de estos juzgados".
El propio Carlos Fabra optó ayer por arremeter contra el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, a quien calificó de "incompetente" y al que culpó de no haber solucionado los problemas de los juzgados de Nules hace tiempo. "Lo que tenía que haber hecho el ministro", dijo Fabra, "es solucionar el guirigay de los juzgados desde hace mucho tiempo".
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El Gobierno acusa al Consell de retrasar el envío de personal y obstaculizar la investigación a Fabra
El Ejecutivo insta a la Generalitat a proveer con urgencia al juzgado de Nules de funcionarios y material
Carlos Alós, Valencia
El Gobierno de España considera que ha hecho los deberes respecto a la provisión de los medios suficientes para descongestionar los juzgados de Nules, donde se dirimen las causas judiciales abiertas contra el presidente de la Diputación de Castelló y líder provincial del Partido Popular, Carlos Fabra. Todo lo contrario que el Consell que preside Francisco Camps. El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero sostiene que la resolución del caso se eterniza porque la Generalitat dilata el envío de los medios materiales y personales necesarios para desatascar el caso en los juzgados de Nules. Según explica el secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, Francisco Caamaño, en una respuesta al diputado del grupo parlamentario Esquerra República-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Joan Herrera, es el Gobierno de Camps el que "sigue "retrasando" la llegada de los citados medios. El Ejecutivo recuerda en esa misma respuesta que la Generalitat tiene transferidas las competencias en el ámbito de la Administración de Justicia, pero que esa autonomía no debe convertirse en "arbitrariedad" y mucho menos en "obstaculizar" la labor de los juzgados. En el escrito, conocido ayer, el Gobierno incide en que el Consell debe proceder de forma "urgente" al envío a Nules de los medios necesarios para agilizar el funcionamiento de los juzgados números 1 y 2. La Secretaría de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, dependiente del Ministerio de la Presidencia que dirige la vicepresidenta Maria Teresa Fernández de la Vega, señala que el Ministerio de Justicia, dentro del ámbito de sus competencias, ha adoptado ya todas las medidas necesarias para "agilizar y mejorar" el funcionamiento de la Administración de Justicia en lo que respecta al llamado "caso Fabra". Los refuerzos llegarán en eneroEn este sentido, el Gobierno destaca que la petición que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realizó al Ministerio de Justicia para que enviara un juez y un secretario de refuerzo a cada uno de los dos juzgados de Nules que se encuentran afectados por la investigación a Carlos Fabra fue resuelta en sentido favorable el mismo día en que se realizó y que en ese mismo momento se accedió a los nombramientos, añade.
Sin embargo, la falta de colaboración del Consell ha provocado que los refuerzos aprobados por el Ministerio de Justicia estén pendientes de que el departamento que dirige desde el pasado 19 de septiembre Paula Sánchez de León destine los medios materiales y personales necesarios, ya que la Generalitat tiene transferidas las competencias en materia de Justicia. Es en este punto donde el Gobierno acusa al Consell de "retrasar" la llegada de funcionarios judiciales a Nules pese a la "repercusión social" que tiene el asunto investigado. Desde la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas que dirige Paula Sánchez de León aseguraron ayer que el próximo mes de enero llegarán a los juzgados de Primaria Instancia e Instrucción números 1 y 2 de Nules dos funcionarios a cada uno de ellos. De León ha asegurado en interpelaciones parlamentarias en las Corts que el caso Fabra sólo interesa a la oposición por su impacto mediático, pero no a la opinión pública. Fuentes de su departamento señalaron que el Consell trata a todos los juzgados con el mismo rasero y que no hace distinciones respecto a qué persona puede afectar los asuntos judiciales. Además, añadieron que los planes de refuerzo para dotar de más funcionarios a los juzgados valencianos se ejecutan con carácter semestral y por eso la nueva dotación de personal llegará a Nules en enero. Desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) aseguraron que el nombramiento de nuevos jueces no puede realizarse hasta que el Consell dote al juzgado de los funcionarios. Hasta el momento han pasado nueve jueces y cuatro fiscales por los juzgados que investigan al dirigente popular.
A pesar del revuelo mediático levantado por este caso que ha llevado a Fabra ante el juez pordiferentes delitos, casi cinco años después el proceso continúa en fase de investigación.
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Fabra: "Bermejo es un incompetente por alargar la causa"
El PP abre sus congresos provinciales con el de Castelló, diseñado como homenaje a Fabra
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caso fabra
La UCE pide a la jueza que investigue el cobro de comisiones en Agricultura en la etapa de Aznar
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"Comprar un funcionario costaba 200.000 euros"
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El retraso en el cobro de las ayudas afecta a 3.489 dependientes.
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I els visats? Només és un cas personal però resulta que a casa tenim concedit un tractament per a sis mesos -de juliol a desembre- i el mes de novembre no està encara visat. Falta de diners? Fórmula 1? C9? VCF?
Som l'únic cas en què la Conselleria de Sanitat s'hi demora o és l'habitual per falta de liquidesa?
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El retraso en el cobro de las ayudas afecta a 3.489 dependientes
La conselleria ha pagado el mes de octubre, pero aún adeuda el de noviembre
Pilar G. del Burgo, ValenciaPor fin y después de mes y medio de acudir diariamente al banco para comprobar si la Conselleria de Bienestar Social había ingresado la cuantía correspondiente a los meses de octubre y noviembre de la prestación social de dependencia que tienen aprobada, los 3.489 beneficiaros a los que se les ha asignado un cuidador comprobaron que a última hora de la mañana de ayer y con un mes de retraso se les había ingresado la paga correspondiente al mes de octubre pero no la de noviembre, que también tenían que haber cobrado, ya que se percibe a mes vencido.
Algunos dependientes consultados por este periódico temen que la conselleria que dirige Juan Cotino esté económicamente en las últimas y que los meses pendientes de cobro se vayan acumulando, como acaba de ocurrir durante los dos últimos.
El montante de la prestación impagada de noviembre asciende a unos 500 euros por beneficiario, la mitad lo aporta el Estado y el resto la Generalitat Valenciana.
A los beneficiarios les resulta paradójico que cuando recibieron la notificación con la aprobación de la ayuda, la conselleria les adjuntara el montante total de la cuantía que iban a percibir hasta finalizar el año y que los cobros acumulen ya una demora de dos meses.
Cambiar el 'chip'
Por otra parte, el diputado y portavoz de Política Social y Empleo del grupo socialista, Antonio Torres, declaró a Levante-EMV que la Conselleria de Bienestar Social tiene que cambiar la mentalidad y "saber que las prestaciones sociales no son ayudas graciables sino unos derechos que se conceden".
"Deberían cambiar el 'chip' porque lo que dejan de pagar son los salarios de unas personas que cuidan a otras que los necesitan y que son como las nóminas de los trabajadores de la Generalitat que tienen que abonar todos los meses", agregó Torres.
El parlamentario destacó que los retrasos en el pago de las prestaciones para cuidadores familiares y asistentes personales son un punto y seguido en las demoras que se producen con los bonos y la accesibilidad.
Torres lamentó que haya más de 13.000 personas pendientes de baremación y criticó que en la Comunitat Valenciana solo se hayan aprobado la tercera parte de las ayudas solicitadas para cuidadores, "si en España se han aprobado ya 109.000 y aquí solo 3.500 es que faltan unos seis mil por reconocer".
Por otra parte, CC OO-PV ha informado que 13.331 personas en situación de dependencia que ya han sido valoradas siguen esperando la asignación de un recurso, "es decir, que teniendo el derecho ya reconocido, no pueden ejercerlo". El sindicato apuntó que durante el mes pasado mes solo se han aprobado ayudas para veinte personas.
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El embudo de la ley de Dependencia
Sólo uno de cada cuatro valencianos que han solicitado ayudas recibe alguna prestación
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I els visats? Només és un cas personal però resulta que a casa tenim concedit un tractament per a sis mesos -de juliol a desembre- i el mes de novembre no està encara visat. Falta de diners? Fórmula 1? C9? VCF?
Som l'únic cas en què la Conselleria de Sanitat s'hi demora o és l'habitual per falta de liquidesa?
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El retraso en el cobro de las ayudas afecta a 3.489 dependientes
La conselleria ha pagado el mes de octubre, pero aún adeuda el de noviembre
Pilar G. del Burgo, ValenciaPor fin y después de mes y medio de acudir diariamente al banco para comprobar si la Conselleria de Bienestar Social había ingresado la cuantía correspondiente a los meses de octubre y noviembre de la prestación social de dependencia que tienen aprobada, los 3.489 beneficiaros a los que se les ha asignado un cuidador comprobaron que a última hora de la mañana de ayer y con un mes de retraso se les había ingresado la paga correspondiente al mes de octubre pero no la de noviembre, que también tenían que haber cobrado, ya que se percibe a mes vencido.
Algunos dependientes consultados por este periódico temen que la conselleria que dirige Juan Cotino esté económicamente en las últimas y que los meses pendientes de cobro se vayan acumulando, como acaba de ocurrir durante los dos últimos.
El montante de la prestación impagada de noviembre asciende a unos 500 euros por beneficiario, la mitad lo aporta el Estado y el resto la Generalitat Valenciana.
A los beneficiarios les resulta paradójico que cuando recibieron la notificación con la aprobación de la ayuda, la conselleria les adjuntara el montante total de la cuantía que iban a percibir hasta finalizar el año y que los cobros acumulen ya una demora de dos meses.
Cambiar el 'chip'
Por otra parte, el diputado y portavoz de Política Social y Empleo del grupo socialista, Antonio Torres, declaró a Levante-EMV que la Conselleria de Bienestar Social tiene que cambiar la mentalidad y "saber que las prestaciones sociales no son ayudas graciables sino unos derechos que se conceden".
"Deberían cambiar el 'chip' porque lo que dejan de pagar son los salarios de unas personas que cuidan a otras que los necesitan y que son como las nóminas de los trabajadores de la Generalitat que tienen que abonar todos los meses", agregó Torres.
El parlamentario destacó que los retrasos en el pago de las prestaciones para cuidadores familiares y asistentes personales son un punto y seguido en las demoras que se producen con los bonos y la accesibilidad.
Torres lamentó que haya más de 13.000 personas pendientes de baremación y criticó que en la Comunitat Valenciana solo se hayan aprobado la tercera parte de las ayudas solicitadas para cuidadores, "si en España se han aprobado ya 109.000 y aquí solo 3.500 es que faltan unos seis mil por reconocer".
Por otra parte, CC OO-PV ha informado que 13.331 personas en situación de dependencia que ya han sido valoradas siguen esperando la asignación de un recurso, "es decir, que teniendo el derecho ya reconocido, no pueden ejercerlo". El sindicato apuntó que durante el mes pasado mes solo se han aprobado ayudas para veinte personas.
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El embudo de la ley de Dependencia
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El Consell d'Europa avala la immersió total en català, basc i gallec.
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El Consell d'Europa avala la immersió total en català, basc i gallec
El Comitè de Ministres lamenta que l'ús de les llengües cooficials en els serveis públics està "en retrocés"
El Consell d'Europa avala la immersió en català, basc i gallec
El Comitè de Ministres, que vetlla pel compliment de la 'Carta europea de les llengües regionals o minoritàries' lamenta que l'ús de les llengües cooficials en els serveis públics està "en retrocés en el conjunt de les comunitats autònomes"
Ult. Act. 11.12.2008 - 20:49 hs
El Consell d'Europa proposa que les comunitats autònomes espanyoles amb llengües cooficials desenvolupin un model d'ensenyament d'"immersió total", tot i que reconeix que en "la majoria" d'aquestes autonomies l'ensenyament d'aquestes llengües es basa en un model bilingüe, que, segons explica, no correspon als compromisos adoptats per Espanya després de la ratificació de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries.
En un informe donat a conèixer aquest dijous, el Comitè de Ministres, màxim òrgan de decisió del Consell d'Europa, recomana a les autoritats espanyoles, entre d'altres coses, que "prenguin mesures per adoptar un marc jurídic específic de protecció i promoció de l'aragonès i el català d'Aragó" i que "precisi l'estatus", i "arribat el cas adopti mesures de protecció i promoció" de l'amàzic a Melilla, l'àrab a Ceuta, el gallec a Castella i Lleó i el portuguès a Olivenza (Badajoz).
En el document, el Comitè d'Experts de la Carta –que va ser signada per Espanya el 5 de novembre de 1992 i ratificada el 9 d'abril de 2001– avalua la situació de les llengües regionals i minoritàries a Espanya, a partir d'un informe proporcionat per les autoritats sobre el compliment de la Carta i després d'una visita "sobre el terreny" feta entre el 10 i el 14 de setembre del 2007. A més, elabora una anàlisi del seguiment de les recomanacions que el Comitè de Ministres va fer en una primera ronda de seguiment.
En concret, els experts del Consell d'Europa lamenten que les autoritats no hagin solucionat els problemes que recalcaven en les primeres recomanacions sobre la utilització de les llengües cooficials en els serveis públics, que, afirma, està "en retrocés en el conjunt de les comunitats autònomes".
També consideren "insuficients" les mesures preses a nivell estatal per "garantir que tota part que ho demandi tingui verdaderament la possibilitat d'utilitzar una llengua cooficial durant un procediment judicial o en les seves relacions amb l'Administració".
Amb tot, felicita Espanya per "la seva cooperació" i per "l'alt grau de reconeixement i de protecció del que es beneficien, en el pla dels principis, les llengües regionals o minoritàries", tot i que hi hagi "encara un desajust manifest entre alguns compromisos subscrits i el nivell de protecció assegurada".
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Multimèdies relacionats
Informe sobre l'ús de les llengües 'regionals i minoritàires'
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Europa censura la falta de un modelo educativo esencialmente en valenciano
Un informe del Consejo pide la inmersión lingüística en todos los niveles docentes y en todo el territorio
Europa Press, Madrid
El Consejo de Europa propone que las comunidades autónomas españolas con lenguas co-oficiales desarrollen un modelo de enseñanza de "inmersión total", aunque reconoce que en "la mayoría" de estas comunidades la enseñanza de estas lenguas se basa en un modelo bilingüe, que, según explica, no corresponde a los compromisos adoptados por España tras la ratificación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. En el caso de la Comunitat Valenciana, sostiene que "falta desarrollar un modelo de enseñanza esencialmente en valenciano, en todos los niveles de enseñanza y en todo el territorio".
Visita "sobre el terreno"En el documento, que se hizo público ayer, el Comité de Expertos de la Carta, que fue firmada por España el 5 de noviembre de 1992 y ratificada el 9 de abril de 2001, evalúa la situación de las lenguas regionales y minoritarias en este país, a partir de un informe proporcionado por las autoridades sobre el cumplimiento de la Carta y tras una visita "sobre el terreno" realizada entre el 10 y el 14 de septiembre de 2007. Además, elabora un análisis del seguimiento de las recomendaciones que el Comité de Ministros realizó en una primera ronda de seguimiento.
En concreto, los expertos del Consejo de Europa lamentan que las autoridades no hayan solucionado los problemas que recalcaban en las primeras recomendaciones sobre la utilización de las lenguas cooficiales en los servicios públicos, que, afirma, está "en retroceso en el conjunto de las comunidades autónomas".
También consideran "insuficientes" las medidas tomadas a nivel estatal para "garantizar que toda parte que lo demande tenga verdaderamente la posibilidad de utilizar una lengua co-oficial durante una procedimiento judicial o en sus relaciones con la Administración".
Con todo, felicita a España por "su cooperación" y por "el alto grado de reconocimiento y de protección del que se benefician, en el plano de los principios, las lenguas regionales o minoritarias", aunque haya "todavía un desajuste manifiesto entre algunos compromisos suscritos y el nivel de protección asegurado".
El documento sostiene que "todas las comunidades autónomas afectadas deberían trabajar, paralelamente al modelo bilingüe, en el desarrollo de un modelo de 'inmersión total'", aunque reconoce que "en la mayoría de las comunidades autónomas la enseñanza de la lengua co-oficial reposa sobre un modelo estructurado de enseñanza bilingüe". No obstante, subraya que la enseñanza en la lengua cooficial no debe ser "en absoluto obligatoria para todos los alumnos", sino accesible para los que la soliciten.
Poco interés de los medios
El informe subraya que "los medios nacionales españoles otorgan muy poco interés a la diversidad lingüística" y la población mayoritaria de lengua castellana "parece todavía no ser suficientemente consciente del carácter multilingüe de la sociedad española". Por ello, apunta, sería necesario "promover las virtudes del multilingüismo y de la diversidad lingüística, tanto en los grupos lingüísticos mayoritarios como en los minoritarios".
Con este panorama, el Comité de Ministros del Consejo de Europa, habiendo examinado el documento elaborado por los expertos, recomienda a las autoridades españolas que tengan en cuenta "todas las observaciones" del texto.
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El Consell d'Europa avala la immersió total en català, basc i gallec
El Comitè de Ministres lamenta que l'ús de les llengües cooficials en els serveis públics està "en retrocés"
El Consell d'Europa avala la immersió en català, basc i gallec
El Comitè de Ministres, que vetlla pel compliment de la 'Carta europea de les llengües regionals o minoritàries' lamenta que l'ús de les llengües cooficials en els serveis públics està "en retrocés en el conjunt de les comunitats autònomes"
Ult. Act. 11.12.2008 - 20:49 hs
El Consell d'Europa proposa que les comunitats autònomes espanyoles amb llengües cooficials desenvolupin un model d'ensenyament d'"immersió total", tot i que reconeix que en "la majoria" d'aquestes autonomies l'ensenyament d'aquestes llengües es basa en un model bilingüe, que, segons explica, no correspon als compromisos adoptats per Espanya després de la ratificació de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries.
En un informe donat a conèixer aquest dijous, el Comitè de Ministres, màxim òrgan de decisió del Consell d'Europa, recomana a les autoritats espanyoles, entre d'altres coses, que "prenguin mesures per adoptar un marc jurídic específic de protecció i promoció de l'aragonès i el català d'Aragó" i que "precisi l'estatus", i "arribat el cas adopti mesures de protecció i promoció" de l'amàzic a Melilla, l'àrab a Ceuta, el gallec a Castella i Lleó i el portuguès a Olivenza (Badajoz).
En el document, el Comitè d'Experts de la Carta –que va ser signada per Espanya el 5 de novembre de 1992 i ratificada el 9 d'abril de 2001– avalua la situació de les llengües regionals i minoritàries a Espanya, a partir d'un informe proporcionat per les autoritats sobre el compliment de la Carta i després d'una visita "sobre el terreny" feta entre el 10 i el 14 de setembre del 2007. A més, elabora una anàlisi del seguiment de les recomanacions que el Comitè de Ministres va fer en una primera ronda de seguiment.
En concret, els experts del Consell d'Europa lamenten que les autoritats no hagin solucionat els problemes que recalcaven en les primeres recomanacions sobre la utilització de les llengües cooficials en els serveis públics, que, afirma, està "en retrocés en el conjunt de les comunitats autònomes".
També consideren "insuficients" les mesures preses a nivell estatal per "garantir que tota part que ho demandi tingui verdaderament la possibilitat d'utilitzar una llengua cooficial durant un procediment judicial o en les seves relacions amb l'Administració".
Amb tot, felicita Espanya per "la seva cooperació" i per "l'alt grau de reconeixement i de protecció del que es beneficien, en el pla dels principis, les llengües regionals o minoritàries", tot i que hi hagi "encara un desajust manifest entre alguns compromisos subscrits i el nivell de protecció assegurada".
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Informe sobre l'ús de les llengües 'regionals i minoritàires'
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Europa censura la falta de un modelo educativo esencialmente en valenciano
Un informe del Consejo pide la inmersión lingüística en todos los niveles docentes y en todo el territorio
Europa Press, Madrid
El Consejo de Europa propone que las comunidades autónomas españolas con lenguas co-oficiales desarrollen un modelo de enseñanza de "inmersión total", aunque reconoce que en "la mayoría" de estas comunidades la enseñanza de estas lenguas se basa en un modelo bilingüe, que, según explica, no corresponde a los compromisos adoptados por España tras la ratificación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. En el caso de la Comunitat Valenciana, sostiene que "falta desarrollar un modelo de enseñanza esencialmente en valenciano, en todos los niveles de enseñanza y en todo el territorio".
Visita "sobre el terreno"En el documento, que se hizo público ayer, el Comité de Expertos de la Carta, que fue firmada por España el 5 de noviembre de 1992 y ratificada el 9 de abril de 2001, evalúa la situación de las lenguas regionales y minoritarias en este país, a partir de un informe proporcionado por las autoridades sobre el cumplimiento de la Carta y tras una visita "sobre el terreno" realizada entre el 10 y el 14 de septiembre de 2007. Además, elabora un análisis del seguimiento de las recomendaciones que el Comité de Ministros realizó en una primera ronda de seguimiento.
En concreto, los expertos del Consejo de Europa lamentan que las autoridades no hayan solucionado los problemas que recalcaban en las primeras recomendaciones sobre la utilización de las lenguas cooficiales en los servicios públicos, que, afirma, está "en retroceso en el conjunto de las comunidades autónomas".
También consideran "insuficientes" las medidas tomadas a nivel estatal para "garantizar que toda parte que lo demande tenga verdaderamente la posibilidad de utilizar una lengua co-oficial durante una procedimiento judicial o en sus relaciones con la Administración".
Con todo, felicita a España por "su cooperación" y por "el alto grado de reconocimiento y de protección del que se benefician, en el plano de los principios, las lenguas regionales o minoritarias", aunque haya "todavía un desajuste manifiesto entre algunos compromisos suscritos y el nivel de protección asegurado".
El documento sostiene que "todas las comunidades autónomas afectadas deberían trabajar, paralelamente al modelo bilingüe, en el desarrollo de un modelo de 'inmersión total'", aunque reconoce que "en la mayoría de las comunidades autónomas la enseñanza de la lengua co-oficial reposa sobre un modelo estructurado de enseñanza bilingüe". No obstante, subraya que la enseñanza en la lengua cooficial no debe ser "en absoluto obligatoria para todos los alumnos", sino accesible para los que la soliciten.
Poco interés de los medios
El informe subraya que "los medios nacionales españoles otorgan muy poco interés a la diversidad lingüística" y la población mayoritaria de lengua castellana "parece todavía no ser suficientemente consciente del carácter multilingüe de la sociedad española". Por ello, apunta, sería necesario "promover las virtudes del multilingüismo y de la diversidad lingüística, tanto en los grupos lingüísticos mayoritarios como en los minoritarios".
Con este panorama, el Comité de Ministros del Consejo de Europa, habiendo examinado el documento elaborado por los expertos, recomienda a las autoridades españolas que tengan en cuenta "todas las observaciones" del texto.
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dijous, 11 de desembre del 2008
Aval de Europa al sistema educativo sólo en catalán
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Aval de Europa al sistema educativo sólo en catalán
Un informe del Consejo de Europa recomienda a las comunidades bilingües la "inmersión total".
FERRAN CASAS - Barcelona - 11/12/2008 21:39
El Consejo de Europa, una institución que integran 47 estados del continente, hizo este jueves público un informe evaluando el cumplimiento de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias en España. El documento da un espaldarazo rotundo a la política lingüística catalana, singularmente en la enseñanza, y anima a exportarla al resto de territorios con lenguas diferentes del castellano.
El PP, UPyD y la derecha mediática han cuestionado la promoción de las lenguas propias y promovieron un manifiesto “de intelectuales” afirmando la supremacía de la “lengua común” castellana. La Carta (firmada por España en 1992) tiene, según el extenso informe, un cumplimiento discutible pese al reconocimiento jurídico y por eso los expertos elevan recomendaciones en la Justicia, la administración y la educación. Lamentan, además, que en el Estado no se haga más pedagogía de la existencia de lenguas diferentes al castellano.
Según los expertos el País Valenciano, Baleares, Navarra y Euskadi deberían desarrollar un modelo “de inmersión total” en catalán, gallego o euskera en lugar de uno bilingüeb o por líneas que acaba perjudicando a estas lenguas. En Catalunya la inmersión se usa desde los 80 y garantiza un uso mayoritario del catalán al menos en primaria.
El informe, elaborado en base a informes remitidos por las administraciones y el trabajo sobre el terreno, constata los retrocesos de las lenguas propias en el ámbito de los servicios públicos y especialmente las “dificultades” en la escuela en el País Valenciano, Galicia y Baleares.
Muy crítico se muestra con Valencia (de donde aún esperan un informe sobre la función de su Consejo de Cultura) “porque falta garantizar un modelo en valenciano en todos los niveles educativos y todo el territorio”. El Consejo de Europa señala el ámbito de la Justicia como el menos proclive a asumir la realidad plurilingüe y recomienda “tomar las medidas necesarias para garantizar una proporción adecuada del personal”. Lo mismo en la función pública.
En el caso catalán el informe elogia el esfuerzo presupuestario de la Generalitat para garantizar los derechos de los catalanohablantes y muestra satisfacción por el funcionamiento de las Oficinas de Garantías Lingüísticas. También la política del gobierno vasco es elogiada.
El Govern, exultante
Bernat Joan Marí, secretario de política lingüística del Govern, emitió a Público una valoración positiva, “no puede ser de otra manera”, del informe. “Plantean que para mantener la pluralidad debemos dominar las dos lenguas y eso sólo se consigue si que la minorizada es la vehicular en la escuela”, afirmó antes de destacar “el renocimiento” al modelo catalán con este “espaldarazo”.
Joan recordó que segregar por lengua, como se hace en el País Valenciano, es nocivo “porque los que estudian en catalán saben castellano al final de su formación y al revés no pasa”.
Algunos temas pendientes de resolver
Los limbos jurídicos: El informe reclama atender lenguas con estatus legal inferior al catalán, el gallego o el euskera. Se trata del asturiano pero tambien del catalán y el aragonés en Aragón. A su vez demanda "aclarar" la situación del portugués en Olivenza, el bereber en Melilla, el árabe en Ceuta o el gallego en el Bierzo.
La realidad multilingüe: El Consejo de Europa constata que la mayoría castellanohablante en España "no es suficientemente consciente" del carácter multilingüe de su sociedad y de las "virtudes" que ello tiene. Pide al Gobierno que tome medidas para difundirlo y lamenta el "poco interés" de los medios.
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Aval de Europa al sistema educativo sólo en catalán
Un informe del Consejo de Europa recomienda a las comunidades bilingües la "inmersión total".
FERRAN CASAS - Barcelona - 11/12/2008 21:39
El Consejo de Europa, una institución que integran 47 estados del continente, hizo este jueves público un informe evaluando el cumplimiento de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias en España. El documento da un espaldarazo rotundo a la política lingüística catalana, singularmente en la enseñanza, y anima a exportarla al resto de territorios con lenguas diferentes del castellano.
El PP, UPyD y la derecha mediática han cuestionado la promoción de las lenguas propias y promovieron un manifiesto “de intelectuales” afirmando la supremacía de la “lengua común” castellana. La Carta (firmada por España en 1992) tiene, según el extenso informe, un cumplimiento discutible pese al reconocimiento jurídico y por eso los expertos elevan recomendaciones en la Justicia, la administración y la educación. Lamentan, además, que en el Estado no se haga más pedagogía de la existencia de lenguas diferentes al castellano.
Según los expertos el País Valenciano, Baleares, Navarra y Euskadi deberían desarrollar un modelo “de inmersión total” en catalán, gallego o euskera en lugar de uno bilingüeb o por líneas que acaba perjudicando a estas lenguas. En Catalunya la inmersión se usa desde los 80 y garantiza un uso mayoritario del catalán al menos en primaria.
El informe, elaborado en base a informes remitidos por las administraciones y el trabajo sobre el terreno, constata los retrocesos de las lenguas propias en el ámbito de los servicios públicos y especialmente las “dificultades” en la escuela en el País Valenciano, Galicia y Baleares.
Muy crítico se muestra con Valencia (de donde aún esperan un informe sobre la función de su Consejo de Cultura) “porque falta garantizar un modelo en valenciano en todos los niveles educativos y todo el territorio”. El Consejo de Europa señala el ámbito de la Justicia como el menos proclive a asumir la realidad plurilingüe y recomienda “tomar las medidas necesarias para garantizar una proporción adecuada del personal”. Lo mismo en la función pública.
En el caso catalán el informe elogia el esfuerzo presupuestario de la Generalitat para garantizar los derechos de los catalanohablantes y muestra satisfacción por el funcionamiento de las Oficinas de Garantías Lingüísticas. También la política del gobierno vasco es elogiada.
El Govern, exultante
Bernat Joan Marí, secretario de política lingüística del Govern, emitió a Público una valoración positiva, “no puede ser de otra manera”, del informe. “Plantean que para mantener la pluralidad debemos dominar las dos lenguas y eso sólo se consigue si que la minorizada es la vehicular en la escuela”, afirmó antes de destacar “el renocimiento” al modelo catalán con este “espaldarazo”.
Joan recordó que segregar por lengua, como se hace en el País Valenciano, es nocivo “porque los que estudian en catalán saben castellano al final de su formación y al revés no pasa”.
Algunos temas pendientes de resolver
Los limbos jurídicos: El informe reclama atender lenguas con estatus legal inferior al catalán, el gallego o el euskera. Se trata del asturiano pero tambien del catalán y el aragonés en Aragón. A su vez demanda "aclarar" la situación del portugués en Olivenza, el bereber en Melilla, el árabe en Ceuta o el gallego en el Bierzo.
La realidad multilingüe: El Consejo de Europa constata que la mayoría castellanohablante en España "no es suficientemente consciente" del carácter multilingüe de su sociedad y de las "virtudes" que ello tiene. Pide al Gobierno que tome medidas para difundirlo y lamenta el "poco interés" de los medios.
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Fraga dimissió per feixista i per ...
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I a Fraga els seus "compinches" li han rigut la gràcia. Es veu que els fills de Franco poden dir el que vulguin però als fills de persones decents se'ls salta a la jugular. La llei de l'embut i la desvergonya d'una extrema dreta amb dret de pernada.
I també la hi deuen haver riguda al senyor de la pirula, a Espe amb els seus epítets contra els qui la criticaren quan evacuà Bombai a corre-cuita, a Rajoy, a Alcaraz, a Pons, a Acebes -"Y quien no crea que el 11M ha sido obra de islamistas es un miserable"-, a Trillo, etc. Soraieta ha dit de memorieta que vol que es trenqui el tripartit català i al dia següent i a l'altre voten amb ERC. I De Cospedal ha acusat el govern de no fer prou -no fer prou i ha caigut el cap actual d'ETA 21 dies després que l'anterior!- per a acabar amb ETA per raó del tema de la il.legalització d'ANV...
Són uns facinerosos, miserables, fatxes, cínics...
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“Tontos de los cojones”
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El PSOE pide al PP que desautorice a Fraga y que éste pida disculpas
Según Mar Moreno las palabras de Manuel Fraga "devuelven al PP a tiempos pasados, en los que se perseguía a los nacionalistas".
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El "diferencial Fraga", por Manuel Rico
Gallardón y su "deuda inmensa" con Fraga
Fraga: "A los nacionalistas habría que colgarlos"
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El presidente Fundador del PP, defensor de que el partido se encamine hacia el centro, replica a Tardá, que llamó "corrupto" al Tribunal Constitucional y gritó "muerte al Borbón".
ERC: "¿Por qué nadie exige la dimisión de Fraga?"
El senador del PP afirmó que habría que ponderar el peso de los partidos nacionalistas "colgándolos de algún sitio", mientras que tará gritó "muerte al Borbón".
PÚBLICO.ES / EFE - Madrid - 11/12/2008 14:00
El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Ridao, ha considerado hoy que las palabras de Manuel Fraga sobre los nacionalistas no sólo son "ofensivas" sino que "están guiadas por un profundo sentido antidemocrático", y se ha preguntado por qué nadie exige la dimisión del senador.
Ridao ha protestado porque existe "una doble vara de medir" para las palabras de Fraga y para las de su compañero de grupo Joan Tardà, a quien el PP pide que abandone el escaño después de que el pasado sábado proclamase "viva la República, muerte al Borbón".
"Es delirante que desde el PP se pidan dimisiones de políticos por expresiones amparadas en la libertad de expresión y que nadie haya exigido lo mismo a Fraga", ha concluido.
Colgar a los nacionalistas
A través de un comunicado, Ridao ha respondido a las afirmaciones que ha hecho el presidente Fundador del PP, al asegurar que habría que ponderar el peso de los partidos nacionalistas "colgándolos de algún sitio", porque "el nacionalismo, por definición, es lo contrario a la defensa de España".
"Tiene un profundo sentimiento antidemocrático"
Para Ridao, "querer colgar a los nacionalistas no sólo es una expresión ofensiva, sino que están guiadas por un profundo sentido antidemocrático, y demuestran la intolerancia de alguien que, queriendo dar lecciones, ha dado una nueva demostración de autoritarismo y de odio hacia quien no piensa como él".
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Los senadores del PP votan con ERC en contra de los Presupuestos y suscriben duras críticas a Aznar
“El Gobierno permitió la entrada de ANV en los ayuntamientos. Os habéis equivocado cuatro años”
Cospedal aprieta: "Si Zapatero no disuelve los Ayuntamientos de ANV, no estará luchando contra ETA"
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I a Fraga els seus "compinches" li han rigut la gràcia. Es veu que els fills de Franco poden dir el que vulguin però als fills de persones decents se'ls salta a la jugular. La llei de l'embut i la desvergonya d'una extrema dreta amb dret de pernada.
I també la hi deuen haver riguda al senyor de la pirula, a Espe amb els seus epítets contra els qui la criticaren quan evacuà Bombai a corre-cuita, a Rajoy, a Alcaraz, a Pons, a Acebes -"Y quien no crea que el 11M ha sido obra de islamistas es un miserable"-, a Trillo, etc. Soraieta ha dit de memorieta que vol que es trenqui el tripartit català i al dia següent i a l'altre voten amb ERC. I De Cospedal ha acusat el govern de no fer prou -no fer prou i ha caigut el cap actual d'ETA 21 dies després que l'anterior!- per a acabar amb ETA per raó del tema de la il.legalització d'ANV...
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PÚBLICO.ES / EFE - Madrid - 11/12/2008 14:00
El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Ridao, ha considerado hoy que las palabras de Manuel Fraga sobre los nacionalistas no sólo son "ofensivas" sino que "están guiadas por un profundo sentido antidemocrático", y se ha preguntado por qué nadie exige la dimisión del senador.
Ridao ha protestado porque existe "una doble vara de medir" para las palabras de Fraga y para las de su compañero de grupo Joan Tardà, a quien el PP pide que abandone el escaño después de que el pasado sábado proclamase "viva la República, muerte al Borbón".
"Es delirante que desde el PP se pidan dimisiones de políticos por expresiones amparadas en la libertad de expresión y que nadie haya exigido lo mismo a Fraga", ha concluido.
Colgar a los nacionalistas
A través de un comunicado, Ridao ha respondido a las afirmaciones que ha hecho el presidente Fundador del PP, al asegurar que habría que ponderar el peso de los partidos nacionalistas "colgándolos de algún sitio", porque "el nacionalismo, por definición, es lo contrario a la defensa de España".
"Tiene un profundo sentimiento antidemocrático"
Para Ridao, "querer colgar a los nacionalistas no sólo es una expresión ofensiva, sino que están guiadas por un profundo sentido antidemocrático, y demuestran la intolerancia de alguien que, queriendo dar lecciones, ha dado una nueva demostración de autoritarismo y de odio hacia quien no piensa como él".
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Cospedal aprieta: "Si Zapatero no disuelve los Ayuntamientos de ANV, no estará luchando contra ETA"
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La caverna.
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Enric Sopena
Cabos sueltos
¿Dónde sitúa el PP los intereses de Estado y dónde está González Pons?
“Si Zapatero no disuelve los Ayuntamientos de ANV, no estará luchando contra ETA”.
Se veía venir y ha llegado ya. Uno de los principales problemas en torno a ETA -según la fanfarria pepera- es ANV, tal como subrayé ayer en la columna de opinión de El Plural. María Dolores de Cospedal -que tiene el honor de ser la sucesora de Ángel Acebes- hace grandes esfuerzos por emularlo. A veces lo consigue. “Si Zapatero no disuelve los Ayuntamientos de ANV, no estará luchando contra ETA”, ha declarado De Cospedal, rindiendo así homenaje al simplismo mezclado con una dosis no menor de demagogia.
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Cospedal aprieta: "Si Zapatero no disuelve los Ayuntamientos de ANV, no estará luchando contra...
Por cierto, ¿qué se ha hecho del vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons? ¿Dónde está? ¿Padece una afonía grave? ¿Ha pedido a Mariano Rajoy una especie de año sabático, aunque tal vez un poco recortado? ¿Ha vuelto a su casa, que se halla en Valencia, aprovechando que nos encontramos a un tiro de piedra de la Navidad? ¿Lo han marginado Soraya Sáenz de Santamaría, por un lado, y De Cospedal, por el otro? ¿Es cierto que está hasta la coronilla de la actual corte rajoysta? El baúl de los recuerdos ¡Qué lejos parece situado, en el baúl de los recuerdos, el 6 de junio del presente año, cuando el Congreso de Valencia nos fue presentado como la estación término del viaje popular al centro! En el diario Expansión.com de ese día una fan de González Pons, llamada Mercedes F., decía en el foro: “Le deseo mucha suerte, Sr. González Pons.
Siga como hasta ahora y demuestre que hay una derecha civilizada, culta, con sensibilidad social y que sabe hacer frente a los problemas de los españoles (…)”. Mercedes F. añadía: “Con el tiempo espero verle en la Moncloa”. Pues bien, ¿habrá caído en desgracia el flamante vicesecretario de Comunicación del PP, precisamente por su tendencia a figurar como un digno representante de la “derecha civilizada”? Un sofisma ¿Es preciso advertir al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que o echa de los Ayuntamientos de Euskadi a Acción Nacionalista Vasca (ANV) o, de lo contrario, habrá que decirle que no está luchando contra ETA?
El planteamiento de De Cospedal es un sofisma. La secretaria general del PP extrae de su razonamiento unas conclusión falsa o, al menos, deliberadamente equívoca. De lo que se trata por parte del PP es proyectar sistemáticamente la sombra de la sospecha. A Zapatero la derecha no le ha otorgado nunca el beneficio de la duda. Y, aun negándolo, ha optado siempre por favorecer su interés partidista en detrimento de los intereses de Estado.
Enric Sopena es director de El Plural
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Por cierto, ¿qué se ha hecho del vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons? ¿Dónde está? ¿Padece una afonía grave? ¿Ha pedido a Mariano Rajoy una especie de año sabático, aunque tal vez un poco recortado? ¿Ha vuelto a su casa, que se halla en Valencia, aprovechando que nos encontramos a un tiro de piedra de la Navidad? ¿Lo han marginado Soraya Sáenz de Santamaría, por un lado, y De Cospedal, por el otro? ¿Es cierto que está hasta la coronilla de la actual corte rajoysta? El baúl de los recuerdos ¡Qué lejos parece situado, en el baúl de los recuerdos, el 6 de junio del presente año, cuando el Congreso de Valencia nos fue presentado como la estación término del viaje popular al centro! En el diario Expansión.com de ese día una fan de González Pons, llamada Mercedes F., decía en el foro: “Le deseo mucha suerte, Sr. González Pons.
Siga como hasta ahora y demuestre que hay una derecha civilizada, culta, con sensibilidad social y que sabe hacer frente a los problemas de los españoles (…)”. Mercedes F. añadía: “Con el tiempo espero verle en la Moncloa”. Pues bien, ¿habrá caído en desgracia el flamante vicesecretario de Comunicación del PP, precisamente por su tendencia a figurar como un digno representante de la “derecha civilizada”? Un sofisma ¿Es preciso advertir al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que o echa de los Ayuntamientos de Euskadi a Acción Nacionalista Vasca (ANV) o, de lo contrario, habrá que decirle que no está luchando contra ETA?
El planteamiento de De Cospedal es un sofisma. La secretaria general del PP extrae de su razonamiento unas conclusión falsa o, al menos, deliberadamente equívoca. De lo que se trata por parte del PP es proyectar sistemáticamente la sombra de la sospecha. A Zapatero la derecha no le ha otorgado nunca el beneficio de la duda. Y, aun negándolo, ha optado siempre por favorecer su interés partidista en detrimento de los intereses de Estado.
Enric Sopena es director de El Plural
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El PP acusa a Zapatero de no querer echar a ANV de las instituciones
Rajoy rompe la unidad antiterrorista
Rajoy no condena sus palabras y se sale por la tangente
Fraga propone colgar a los nacionalistas "de algún sitio" para ponderar su peso
Y reabre el frente con Gallardón: “Yo no le he oído pedir la dimisión de Pedro Castro"
Una victimista Aguirre insiste en llamar "miserables" a los socialistas que le desean algún mal
El ex presidente de la AVT llama a salir a la calle contra ZP
Alcaraz: “Ha llegado el momento de un nuevo impulso a la Rebelión Cívica. Estamos hartos”
Basagoiti y la COPE coinciden a la hora de desmarcarse de Rajoy y Trillo
El acercamiento de presos al País Vasco abre una nueva brecha en el PP
Al igual que el regidor de Getafe, rectificó pero ahora no le perdona su metedura de pata
Uno de los alcaldes más beligerantes con Castro marcó diferencias biológicas entre los del PSOE y los del PP
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Aznar, Psoe, Moratinos i Guantánamo.
_I De Arístegui aplaudint amb les orelles. No sé si el Govern de Zapatero ha decidit donar un perfil baix a aquesta violació sistemàtica dels Drets Humans, si no ho sabia o no ha volgut saber, però ¿a quin sant diu ara Moratinos, sens dubte per indicació del President del Govern que, si bé n'hi havia permís, cap avió no féu escala? Què passa amb els informes, entre d'altres, d'AI? Mirem cap un altre costat, President? Esperen que, tractant benèvolament aquest tema, el PP apaivagarà el seu furor colpista?
Doncs ja veieu: al matí votant amb ERC al Senat-qui va dir què del Borbó?-, a la tarda exigint l'arbitrària disolució dels ajuntaments d'ANV i a l'endemà tornant a votar amb ERC contra els fons per als ajuntaments. I Fraga volent penjar de no sé on els nacionalistes. Parèntesi declamatiu: d'on caldria penjar, oh Senyor, els nacionalistes españññols?
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Moratinos justifica la connivencia de Aznar con los vuelos a la prisión de Guantánamo
MIGUEL GONZÁLEZ
El ministro confirma el pacto con Bush y lo disculpa por una decisión de la OTAN
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El autor del informe de Guantánamo, ante el juez el día 17
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El documento secreto que revela la complicidad española (ParteI)
DOCUMENTO (PDF - 2,44Mb) - 30-11-2008
El documento secreto que revela la complicidad española (Parte II)
DOCUMENTO (PDF - 702,16Kb) - 30-11-2008
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· "Sin garantías, sin control, sin límites"
· El juez pide las llamadas de teléfono de agentes de la CIA desde un hotel de Ibiza
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El Gobierno Aznar aseguró en 2003 que había derechos humanos en Guantánamo
La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, envió una carta al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, argumentando esta tesis.
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El indignante servilismo de Aznar ante Bush, por Marco Schwartz
Exteriores investigará a quienes ocultaron los vuelos de la CIA
Chacón: "Zapatero nunca autorizó vuelos ilegales"
El juez pide a Exteriores un documento sobre la connivencia de Aznar
Moratinos revela que Aznar aceptó escalas a Guantánamo
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Llamazares le responde que "no es cierto que no hubiera escalas ni presos" y habla de "destrucción de documentos"
Moratinos confirma que “Aznar autorizó escalas con presos desde Afganistán", aunque "estas no tuvieron lugar”
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dissabte, 6 de desembre del 2008
Camps desvia diners de Dependència a residències mentre continua amb les polítiques de grans esdeveniments i propaganda i mentida a C9.
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El Consell "entierra" 54 millones en Proyectos Temáticos y avala 60 para que TVV se endeude
El Ejecutivo inyecta otros 15 millones en la empresa que construye los colegios
J. G. G., Valencia
El chorro de millones que engullen los proyectos de ocio del Consell es un suma y sigue. El Gobierno valenciano autorizó ayer una operación acordeón en la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, SA, empresa pública mediante la que la Generalitat participa en Terra Mítica o controla la Ciudad de la Luz, por la que se volatilizarán 54,4 millones de euros en la iniciativa de ocio. Según informó el vicepresidente primero, Vicente Rambla, tras el pleno del Consell, el Ejecutivo autorizó la ampliación de capital social de la SPTCV en 59.995.014,00 euros y su reducción simultánea en 54.410.508 euros. De este modo, se restablece el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad mediante la reducción del valor nominal de las acciones, que queda fijado en 2.302 euros.
La operación viene obligada para enjugar pérdidas de la mercantil y salir de la situación técnica de quiebra en la que encontraba por el desfase entre ingresos y gastos. Rambla explicó que esta medida es "consecuencia" de la decisión del Consell de la semana pasada de conceder avales a la SPTCV por 40 millones para que esta entidad se endeude con el fin de financiar sus actividades. "Se aprueba primero el aval que permite el crédito para la ampliación de capital y después tiene que haber un segundo acuerdo", dijo Rambla, por lo que, añadió, no supone una nueva inyección de capital. La afirmación implicaría que la SPTCV se endeuda para ampliar capital en una operación que acaba sirviendo para enjugar sus pérdidas. Otras fuentes del Consell matizaron que se trata de la ampliación de capital de todos los años suscrita por el Consell y al margen del aval. No en balde, la operación se practica ahora (casi un año después) con base al balance cerrado en fecha 31 de diciembre de 2007.
Un año en situación de disolución
Los 54,4 millones son lo que costó el año pasado Proyectos Temáticos al bolsillo de los valencianos. La firma ha estado todo este año en situación legal de disolución. Al mismo tiempo, el Consell autorizó ayer a Construcciones Educativas de la Generalitat, S.A. (Ciegsa), a suscribir el 100% de las nuevas acciones generadas como consecuencia de la ampliación de capital efectuada en esta sociedad, por un importe de 14.99.940 euros. Esta ampliación de su capital social en la empresa que construye los centros educativos se ha efectuado mediante la emisión de 4.990 nuevas acciones nominativas, de 3.006, quedando fijado el capital social de la sociedad en 300.110.022 euros, representado por 99.837 acciones nominativas de 3.006 euros de valor nominal cada una.
El Ejecutivo también autorizó la concesión de avales a RTVV por un 60 millones para financiar sus actividades, y de 9,6 al Circuito del Motor y Promoción Deportiva (ver página 55). Los 60 millones de RTVV forman parte de los 194 de deuda con que el ente podrá financiarse este año por última vez mediante endeudamiento, ya que el próximo ejercicio entrará en vigor el contrato-programa no podrá recurrir a créditos, destacó Rambla. Del total, aún le quedan 37.306.275 euros para endeudarse.
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Decenas de dependientes dejan de cobrar las prestaciones de la conselleria
Bienestar adeuda el mes de octubre y noviembre a la cuidadora de una anciana inválida
Rafel Montaner, Valencia"Después de que tardaron más de un año en concedernos una ayuda de la Ley de Dependencia, nunca creíamos que nos fuera a pasar esto", explica Josep Vázquez, a cuya suegra, una anciana de 85 años que con una minusvalía del 90% ha sido reconocida como gran dependiente, la Conselleria de Bienestar le adeuda los últimos dos meses de la prestación económica que le concedió para poder contratar a una cuidadora no profesional. "Encima que no hacen reconocimientos, si a los pocos que les pagan no lo hacen, apaga la luz y vámonos", lamenta Josep.
Este caso no sería el único ya que según el responsable de Servicios Sociales de la Federación de Servicios Públicos del sindicato UGT (FSP-UGT), Antoni Femenia, "decenas de personas con la prestación económica de Dependencia reconocida no han cobrado las ayudas de octubre y noviembre". Femenia explica que "varios ayuntamientos se han quejado a la conselleria de que ha habido un corte en el pago de las prestaciones, que se abonan a mes vencido y que hasta ahora se venían pagando la segunda semana". El portavoz sindical, que añade que esta situación "genera una alarma increíble", atribuye el impago "al desinterés y la ineficacia administrativa de la conselleria de Bienestar Social, que no ha creado una estructura para gestionar las ayudas".
Bienestar Social niega los impagosSin embargo, desde el departamento que dirige el conseller Juan Cotino, negaron que existan retrasos en el pago de las prestaciones. Según fuentes de Bienestar Social "no hay ningún problema en los pagos, las prestaciones siempre se abonan a primeros de mes". Estas mismas fuentes, que calificaron de "muy extraño" el caso denunciado por Vázquez, descartaron que esta situación, "si efectivamente existe, sea generalizada". Estas ayudas están financiadas a partes iguales por el Estado y la Generalitat.
La suegra de Josep lleva cinco años luchando contra la enfermedad, ya que tras sufrir un derrame cerebral quedó postrada en silla de ruedas y necesita oxígeno las 24 horas del día. La anciana, que además sufre demencia senil, vive con su marido, que tiene 75 años y no puede prestarle la atención que precisa, por lo que una cuidadora todo el día.
Un año de espera La familia solicitó las ayudas a la Dependencia el 6 de junio de 2007, pero la resolución no llegó hasta el 30 de mayo de 2008. En ella se reconocía a la mujer como gran dependiente -grado 3, nivel 2- y se le concedía una prestación de 525 euros para contratar a una cuidadora no profesional, a la que el Estado abona la Seguridad Social. Josep explica que decidieron no reclamar el pago retroactivo desde la fecha de la solicitud, "porque, después de cinco años de lucha, preferíamos cobrar y empezar a respirar al menos económicamente".
El respiro ha sido breve puesto que desde el 8 de octubre, día en el que les abonaron septiembre, ya no han visto ningún euro. "Vemos la luz, después de tanto bregar, y ahora que empezábamos a cobrar, nos cierran el grifo", lamenta. La familia ha abonado de su bolsillo los dos meses de sueldo que adeuda el Consell a la cuidadora. Femenia, finalmente, califica de "inmoral" e "indecente" que la Generalitat "además de boicotear la Ley de Dependencia, deje de pagar las pocas ayudas que ha otorgado".
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Cotino exige "una revisión" de la Ley de Dependencia y un pacto de Estado para financiarla
El "Eje de la Prosperidad", a la cola en resoluciones y solicitudes
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Más de trece mil dependientes con derecho a prestación continúan sin cobrar las ayudas
El retraso se debe a que la conselleria no les ha hecho el plan individual de atención
Rafel Montaner, Valencia
"Van a empezar a cobrar en breve".
Esta es la única frase que pudo arrancar este periódico ayer de la Conselleria de Bienestar Social respecto a la noticia publicada por Levante-EMV de que el departamento que preside el conseller Juan Cotino adeuda a decenas de dependientes las prestaciones de los meses de octubre y noviembre. El anuncio del inminente pago supone que, en 24 horas, Bienestar ha pasado de negar que exista "ningún problema" en los abonos de las ayudas a reconocer, al menos implícitamente, que existen demoras en los cobros.
De hecho, ayer mismo, una lectora de la edición digital de este diario anotaba el siguiente comentario: "Efectivamente después de poder conseguir la ayuda minina de 405.99 euros, para mi padre dependiente al 100%. Desde el 8 de octubre no ha cobrado la ayuda y que no diga la Conselleria de Bienestar Social, el Sr. Cotino o quien corresponda que no hay ningún atraso en el pago, porque es una mentira más de la Ley de Dependencia. Son unos impresentables, seguro que a ellos no les falta nada".
El portavoz de Políticas Sociales de la Federación de Servicios Públicos de la UGT (FSP-UGT), Antoni Femenia, añade que los retrasos en los pagos que niega la conselleria "son ciertos, hoy -por ayer- me han telefoneado técnicos de Servicios Sociales de otros cinco ayuntamientos valencianos para confirmarme que en sus municipios hay dependientes que llevan dos meses sin cobrar".
Ayudas sin especificar
El portavoz de Servicios Sociales del grupo socialista en les Corts, Antonio Torres, critico ayer que la conselleria "no se haya dotado de personal suficiente para gestionar los pagos de las ayudas a los dependiente". "Es grave que se retrasen en las prestaciones ya concedidas, pero es más grave todavía que a 13.331 dependientes con derecho a prestación no les paguen nada por que todavía no han especificado que ayuda deben recibir", denunció. Torres se refiere a los últimos datos ofrecidos por la Secretaría de Estado de Política Social sobre el Sistema de Atención a la Dependencia. Este informe detalla que, a 1 de diciembre, de los 25.437 dependientes con derecho a ayudas que ha reconocido la conselleria, 13.331 tienen la prestación sin especificar. Esto significa, según Torres, que el 52% de los beneficiarios de la ley "no reciben ninguna ayuda ni prestación económica porque la conselleria no les ha hecho el Programa Individual de Atención (PIA)".
Todos los trámites completados
El portavoz socialista añade que estas personas tienen todos los trámites completados -solicitud, valoración, dictamen- y lo único que les falta es el PIA para poder cobrar o recibir atención. "La mayoría llevan año y medio esperando desde que presentaron la solicitud", concluye. También acusa a Bienestar Social de haber registrado sólo 34.145 solicitudes de ayudas, "la mitad de las presentadas".
Conselleria no quiso responder ayer a las críticas del PSPV, mientras que la diputada autonómica de EU, Glòria Marcos, dijo que a Cotino "se le debería caer la cara de vergüenza por permitir que los dependientes dejen de cobrar las ayudas de la conselleria".
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"Y el Alzheimer acabando con mi madre y mi familia"
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modificaciones en vísperas de puente
La Generalitat cambia el presupuesto en 200 millones, 60 de ellos por ingresos de Madrid
Suprime la línea de 2 millones para el convenio con Ford. Dota un pago de 500.000 euros para los partidos y desvía 7 millones de Dependencia para pagar plazas en residencias
J. G. G.,
Valencia El Consell aprovechó ayer el puente festivo para hacer pública una veintena de modificaciones al presupuesto de este año -aprobadas entre julio y septiembre-, que mueven de sitio o incrementan en más de 200 millones las cuentas que salieron de las Corts hace un año. La información se difundió a través del «DOCV» en puertas del tramo final del debate presupuestario para 2009. Del montante total, unos 60 millones vienen obligadas por transferencias del Gobierno en favor de la Comunitat, lo que pone en evidencia el discurso victimista, según sostuvo ayer la portavoz adjunta del PSPV en la Cámara Cristina Moreno.
Como ejemplo, el Consell ha tenido que cambiar las cuentas para recibir 7,4 millones del Ministerio de Educación para gratuidad de libros de texto. Asimismo, el Ejecutivo ha procedido a incorporar el remanente de 2007 de actuaciones financiadas por el Gobierno que el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) tiene en marcha. Del total, 29 millones vienen del INEM y otros 7,9, de la UE. En Sanidad, transferencias finalistas del ministerio nutren nada menos que 7,8 millones y hay otros 7,3 del Feder. La inyección en Agricultura es de 6,6 millones, más otros 5,3 del Feoga. Hasta en Inmigración aparece ahora un convenio del Gobierno por 22 millones, de los que se generan nuevos 657.000 euros. En Industria, fondos de Madrid engordan las arcas del Impiva con 6,7 millones. Una modificación se lleva la palma: La que sirve para reclamar al Instituto de la Mujer 9 euros más, 181.639 euros, en vez de 181.630.
En muchas de las modificaciones el Ejecutivo rebaña gastos, de hasta 6.000. Aunque sobresale la supresión de una línea: La que figura en el programa Gastos diversos, destinada al convenio con Ford. Dotada con 2 millones, ha sido un clásico en las cuentas. Integra un paquete de reducciones, por importe de 12 millones, que sirven para nutrir actuaciones como el aumento en 1,6 millones de los conciertos en educación infantil y primer ciclo o los 10,5 millones adicionales para financiar estancias en residencias de la tercera edad.
Este periódico se dirigió ayer al Consell para recabar una explicación sobre la supresión, pero finalmente no hubo respuesta. Junto a la de Ford, se suprime la línea de 3,8 millones para la Fundación para el Desarrollo y la Innovación, que debía apoyar las inversiones energéticas en I+D+i. Otros 600.000 euros para el parque industrial Juan Carlos I y zona Almussafes se caen.
«Alzira y Vallada»
Otra modificación de julio dota 500.000 euros como parte de la subvención para gastos de los partidos políticos (3,5 millones en 2008). Pero no se puede saber de dónde sale el dinero, ya que se engloba en un paquete de recortes de 5,5 millones (y nuevas actuaciones por la misma cuantía). Entre las supresiones, está la línea de apoyo a entidades privadas por el valenciano (120.000 euros). El Consell también cambia 7 millones de subvenciones derivadas de la ley de Dependencia y las traslada al capítulo 2, para financiar plazas en residencias también para personas dependientes. Para el PSPV, el problema es que éstas no generan nuevos beneficiarios. Cristina Moreno defendió ayer que las cuentas del Consell «se sustentan con el esfuerzo del Gobierno». Moreno criticó el «sectarismo» del Consell ya que una línea de financiación destinada a la Atención de Personas y Familias se acaba empleando para financiar solo las residencias de los Ayuntamientos de Alzira y Vallada, gobernados por el PP. El popular José Marí, por su parte, destacó que los cambios van destinados a la «prestación de servicios públicos como sanidad, educación y bienestar social».
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El Delegado del Gobierno asegura que el Consell pone obstáculos a la Ley de Dependencia
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La privatización de la lavandería del Arnau deja sin ropa de cama a 300 pacientes
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J. G. G., Valencia
El chorro de millones que engullen los proyectos de ocio del Consell es un suma y sigue. El Gobierno valenciano autorizó ayer una operación acordeón en la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, SA, empresa pública mediante la que la Generalitat participa en Terra Mítica o controla la Ciudad de la Luz, por la que se volatilizarán 54,4 millones de euros en la iniciativa de ocio. Según informó el vicepresidente primero, Vicente Rambla, tras el pleno del Consell, el Ejecutivo autorizó la ampliación de capital social de la SPTCV en 59.995.014,00 euros y su reducción simultánea en 54.410.508 euros. De este modo, se restablece el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad mediante la reducción del valor nominal de las acciones, que queda fijado en 2.302 euros.
La operación viene obligada para enjugar pérdidas de la mercantil y salir de la situación técnica de quiebra en la que encontraba por el desfase entre ingresos y gastos. Rambla explicó que esta medida es "consecuencia" de la decisión del Consell de la semana pasada de conceder avales a la SPTCV por 40 millones para que esta entidad se endeude con el fin de financiar sus actividades. "Se aprueba primero el aval que permite el crédito para la ampliación de capital y después tiene que haber un segundo acuerdo", dijo Rambla, por lo que, añadió, no supone una nueva inyección de capital. La afirmación implicaría que la SPTCV se endeuda para ampliar capital en una operación que acaba sirviendo para enjugar sus pérdidas. Otras fuentes del Consell matizaron que se trata de la ampliación de capital de todos los años suscrita por el Consell y al margen del aval. No en balde, la operación se practica ahora (casi un año después) con base al balance cerrado en fecha 31 de diciembre de 2007.
Un año en situación de disolución
Los 54,4 millones son lo que costó el año pasado Proyectos Temáticos al bolsillo de los valencianos. La firma ha estado todo este año en situación legal de disolución. Al mismo tiempo, el Consell autorizó ayer a Construcciones Educativas de la Generalitat, S.A. (Ciegsa), a suscribir el 100% de las nuevas acciones generadas como consecuencia de la ampliación de capital efectuada en esta sociedad, por un importe de 14.99.940 euros. Esta ampliación de su capital social en la empresa que construye los centros educativos se ha efectuado mediante la emisión de 4.990 nuevas acciones nominativas, de 3.006, quedando fijado el capital social de la sociedad en 300.110.022 euros, representado por 99.837 acciones nominativas de 3.006 euros de valor nominal cada una.
El Ejecutivo también autorizó la concesión de avales a RTVV por un 60 millones para financiar sus actividades, y de 9,6 al Circuito del Motor y Promoción Deportiva (ver página 55). Los 60 millones de RTVV forman parte de los 194 de deuda con que el ente podrá financiarse este año por última vez mediante endeudamiento, ya que el próximo ejercicio entrará en vigor el contrato-programa no podrá recurrir a créditos, destacó Rambla. Del total, aún le quedan 37.306.275 euros para endeudarse.
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Decenas de dependientes dejan de cobrar las prestaciones de la conselleria
Bienestar adeuda el mes de octubre y noviembre a la cuidadora de una anciana inválida
Rafel Montaner, Valencia"Después de que tardaron más de un año en concedernos una ayuda de la Ley de Dependencia, nunca creíamos que nos fuera a pasar esto", explica Josep Vázquez, a cuya suegra, una anciana de 85 años que con una minusvalía del 90% ha sido reconocida como gran dependiente, la Conselleria de Bienestar le adeuda los últimos dos meses de la prestación económica que le concedió para poder contratar a una cuidadora no profesional. "Encima que no hacen reconocimientos, si a los pocos que les pagan no lo hacen, apaga la luz y vámonos", lamenta Josep.
Este caso no sería el único ya que según el responsable de Servicios Sociales de la Federación de Servicios Públicos del sindicato UGT (FSP-UGT), Antoni Femenia, "decenas de personas con la prestación económica de Dependencia reconocida no han cobrado las ayudas de octubre y noviembre". Femenia explica que "varios ayuntamientos se han quejado a la conselleria de que ha habido un corte en el pago de las prestaciones, que se abonan a mes vencido y que hasta ahora se venían pagando la segunda semana". El portavoz sindical, que añade que esta situación "genera una alarma increíble", atribuye el impago "al desinterés y la ineficacia administrativa de la conselleria de Bienestar Social, que no ha creado una estructura para gestionar las ayudas".
Bienestar Social niega los impagosSin embargo, desde el departamento que dirige el conseller Juan Cotino, negaron que existan retrasos en el pago de las prestaciones. Según fuentes de Bienestar Social "no hay ningún problema en los pagos, las prestaciones siempre se abonan a primeros de mes". Estas mismas fuentes, que calificaron de "muy extraño" el caso denunciado por Vázquez, descartaron que esta situación, "si efectivamente existe, sea generalizada". Estas ayudas están financiadas a partes iguales por el Estado y la Generalitat.
La suegra de Josep lleva cinco años luchando contra la enfermedad, ya que tras sufrir un derrame cerebral quedó postrada en silla de ruedas y necesita oxígeno las 24 horas del día. La anciana, que además sufre demencia senil, vive con su marido, que tiene 75 años y no puede prestarle la atención que precisa, por lo que una cuidadora todo el día.
Un año de espera La familia solicitó las ayudas a la Dependencia el 6 de junio de 2007, pero la resolución no llegó hasta el 30 de mayo de 2008. En ella se reconocía a la mujer como gran dependiente -grado 3, nivel 2- y se le concedía una prestación de 525 euros para contratar a una cuidadora no profesional, a la que el Estado abona la Seguridad Social. Josep explica que decidieron no reclamar el pago retroactivo desde la fecha de la solicitud, "porque, después de cinco años de lucha, preferíamos cobrar y empezar a respirar al menos económicamente".
El respiro ha sido breve puesto que desde el 8 de octubre, día en el que les abonaron septiembre, ya no han visto ningún euro. "Vemos la luz, después de tanto bregar, y ahora que empezábamos a cobrar, nos cierran el grifo", lamenta. La familia ha abonado de su bolsillo los dos meses de sueldo que adeuda el Consell a la cuidadora. Femenia, finalmente, califica de "inmoral" e "indecente" que la Generalitat "además de boicotear la Ley de Dependencia, deje de pagar las pocas ayudas que ha otorgado".
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Cotino exige "una revisión" de la Ley de Dependencia y un pacto de Estado para financiarla
El "Eje de la Prosperidad", a la cola en resoluciones y solicitudes
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Más de trece mil dependientes con derecho a prestación continúan sin cobrar las ayudas
El retraso se debe a que la conselleria no les ha hecho el plan individual de atención
Rafel Montaner, Valencia
"Van a empezar a cobrar en breve".
Esta es la única frase que pudo arrancar este periódico ayer de la Conselleria de Bienestar Social respecto a la noticia publicada por Levante-EMV de que el departamento que preside el conseller Juan Cotino adeuda a decenas de dependientes las prestaciones de los meses de octubre y noviembre. El anuncio del inminente pago supone que, en 24 horas, Bienestar ha pasado de negar que exista "ningún problema" en los abonos de las ayudas a reconocer, al menos implícitamente, que existen demoras en los cobros.
De hecho, ayer mismo, una lectora de la edición digital de este diario anotaba el siguiente comentario: "Efectivamente después de poder conseguir la ayuda minina de 405.99 euros, para mi padre dependiente al 100%. Desde el 8 de octubre no ha cobrado la ayuda y que no diga la Conselleria de Bienestar Social, el Sr. Cotino o quien corresponda que no hay ningún atraso en el pago, porque es una mentira más de la Ley de Dependencia. Son unos impresentables, seguro que a ellos no les falta nada".
El portavoz de Políticas Sociales de la Federación de Servicios Públicos de la UGT (FSP-UGT), Antoni Femenia, añade que los retrasos en los pagos que niega la conselleria "son ciertos, hoy -por ayer- me han telefoneado técnicos de Servicios Sociales de otros cinco ayuntamientos valencianos para confirmarme que en sus municipios hay dependientes que llevan dos meses sin cobrar".
Ayudas sin especificar
El portavoz de Servicios Sociales del grupo socialista en les Corts, Antonio Torres, critico ayer que la conselleria "no se haya dotado de personal suficiente para gestionar los pagos de las ayudas a los dependiente". "Es grave que se retrasen en las prestaciones ya concedidas, pero es más grave todavía que a 13.331 dependientes con derecho a prestación no les paguen nada por que todavía no han especificado que ayuda deben recibir", denunció. Torres se refiere a los últimos datos ofrecidos por la Secretaría de Estado de Política Social sobre el Sistema de Atención a la Dependencia. Este informe detalla que, a 1 de diciembre, de los 25.437 dependientes con derecho a ayudas que ha reconocido la conselleria, 13.331 tienen la prestación sin especificar. Esto significa, según Torres, que el 52% de los beneficiarios de la ley "no reciben ninguna ayuda ni prestación económica porque la conselleria no les ha hecho el Programa Individual de Atención (PIA)".
Todos los trámites completados
El portavoz socialista añade que estas personas tienen todos los trámites completados -solicitud, valoración, dictamen- y lo único que les falta es el PIA para poder cobrar o recibir atención. "La mayoría llevan año y medio esperando desde que presentaron la solicitud", concluye. También acusa a Bienestar Social de haber registrado sólo 34.145 solicitudes de ayudas, "la mitad de las presentadas".
Conselleria no quiso responder ayer a las críticas del PSPV, mientras que la diputada autonómica de EU, Glòria Marcos, dijo que a Cotino "se le debería caer la cara de vergüenza por permitir que los dependientes dejen de cobrar las ayudas de la conselleria".
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"Y el Alzheimer acabando con mi madre y mi familia"
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modificaciones en vísperas de puente
La Generalitat cambia el presupuesto en 200 millones, 60 de ellos por ingresos de Madrid
Suprime la línea de 2 millones para el convenio con Ford. Dota un pago de 500.000 euros para los partidos y desvía 7 millones de Dependencia para pagar plazas en residencias
J. G. G.,
Valencia El Consell aprovechó ayer el puente festivo para hacer pública una veintena de modificaciones al presupuesto de este año -aprobadas entre julio y septiembre-, que mueven de sitio o incrementan en más de 200 millones las cuentas que salieron de las Corts hace un año. La información se difundió a través del «DOCV» en puertas del tramo final del debate presupuestario para 2009. Del montante total, unos 60 millones vienen obligadas por transferencias del Gobierno en favor de la Comunitat, lo que pone en evidencia el discurso victimista, según sostuvo ayer la portavoz adjunta del PSPV en la Cámara Cristina Moreno.
Como ejemplo, el Consell ha tenido que cambiar las cuentas para recibir 7,4 millones del Ministerio de Educación para gratuidad de libros de texto. Asimismo, el Ejecutivo ha procedido a incorporar el remanente de 2007 de actuaciones financiadas por el Gobierno que el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) tiene en marcha. Del total, 29 millones vienen del INEM y otros 7,9, de la UE. En Sanidad, transferencias finalistas del ministerio nutren nada menos que 7,8 millones y hay otros 7,3 del Feder. La inyección en Agricultura es de 6,6 millones, más otros 5,3 del Feoga. Hasta en Inmigración aparece ahora un convenio del Gobierno por 22 millones, de los que se generan nuevos 657.000 euros. En Industria, fondos de Madrid engordan las arcas del Impiva con 6,7 millones. Una modificación se lleva la palma: La que sirve para reclamar al Instituto de la Mujer 9 euros más, 181.639 euros, en vez de 181.630.
En muchas de las modificaciones el Ejecutivo rebaña gastos, de hasta 6.000. Aunque sobresale la supresión de una línea: La que figura en el programa Gastos diversos, destinada al convenio con Ford. Dotada con 2 millones, ha sido un clásico en las cuentas. Integra un paquete de reducciones, por importe de 12 millones, que sirven para nutrir actuaciones como el aumento en 1,6 millones de los conciertos en educación infantil y primer ciclo o los 10,5 millones adicionales para financiar estancias en residencias de la tercera edad.
Este periódico se dirigió ayer al Consell para recabar una explicación sobre la supresión, pero finalmente no hubo respuesta. Junto a la de Ford, se suprime la línea de 3,8 millones para la Fundación para el Desarrollo y la Innovación, que debía apoyar las inversiones energéticas en I+D+i. Otros 600.000 euros para el parque industrial Juan Carlos I y zona Almussafes se caen.
«Alzira y Vallada»
Otra modificación de julio dota 500.000 euros como parte de la subvención para gastos de los partidos políticos (3,5 millones en 2008). Pero no se puede saber de dónde sale el dinero, ya que se engloba en un paquete de recortes de 5,5 millones (y nuevas actuaciones por la misma cuantía). Entre las supresiones, está la línea de apoyo a entidades privadas por el valenciano (120.000 euros). El Consell también cambia 7 millones de subvenciones derivadas de la ley de Dependencia y las traslada al capítulo 2, para financiar plazas en residencias también para personas dependientes. Para el PSPV, el problema es que éstas no generan nuevos beneficiarios. Cristina Moreno defendió ayer que las cuentas del Consell «se sustentan con el esfuerzo del Gobierno». Moreno criticó el «sectarismo» del Consell ya que una línea de financiación destinada a la Atención de Personas y Familias se acaba empleando para financiar solo las residencias de los Ayuntamientos de Alzira y Vallada, gobernados por el PP. El popular José Marí, por su parte, destacó que los cambios van destinados a la «prestación de servicios públicos como sanidad, educación y bienestar social».
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La privatización de la lavandería del Arnau deja sin ropa de cama a 300 pacientes
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Va destruir Aznar els documents que l'incriminaven sobre Guantánamo?
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DOCUMENTOS: Parte I
II
III
IV
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Aznar contrató a una empresa para que eliminara todos los archivos informáticos de La Moncloa
Los documentos sobre los vuelos a Guantánamo siguen sin aparecer
ELPLURAL.COM
Miguel Aguirre de Cárcer, el autor del informe “muy secreto” que confirmaba la connivencia del Gobierno de Aznar con los vuelos de EEUU con presos hacia Guantánamo, asegura haber dejado el documento en su caja fuerte al abandonar el cargo. Pero tanto el original como las copias remitidas a otros altos funcionarios siguen sin aparecer. La misteriosa desaparición recuerda a la situación creada por José María Aznar al abandonar el Gobierno, cuando, a través del PP, encargó a una compañía privada que borrara los archivos informáticos de La Moncloa.
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Barroso sabía que Estados Unidos hizo escala en Portugal para llevar presos a Guantánamo
Aguirre de Cárcer ha hecho estas declaraciones ante la comisión de investigación creada por el Ministerio de Exteriores, donde trabajó como director general de Política Exterior para América del Norte, hasta diciembre de 2002. También ha confirmado haber realizado dos copias del documento: una que dio en mano al secretario de Estado de Exteriores, Miquel Nadal, para que se la diese al ministro Josep Piqué y otra para el secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez-Ugarte, informa El País.
De mano en mano
Durante la comparecencia ante la comisión de investigación creada por el ministro Miguel Ángel Moratinos, Aguirre de Cárcer confirmó que los documentos publicados por El País la semana pasada eran auténticos y aseguró haber guardado su copia en su caja fuerte. Además de las copias que entregó, el propio Javier Jiménez-Ugarte pudo haber remitido otra copia al presidente de la Sección Española del Comité Permanente Hispano-Norteamericano, el vicealmirante Manuel Calvo, quien elaboró una nota al respecto. También se consultó, aunque se desconoce si por escrito, el director del Gabinete de Internacional y Seguridad, Ramón Gil-Casares.
Las causas de la desaparición
Sin embargo, los documentos siguen sin aparecer. La destrucción de documentos oficiales es un delito, pero las fuentes de la investigación consultadas no han podido confirmar si la desaparición ha sido por negligencia (debido a las numerosas mudanzas sufridas por Exteriores) o porque alguien dio la orden deliberadamente al traspasar el PP los poderes al PSOE en 2004.
Idas y venidas
La situación recuerda a la que tuvo lugar durante el traspaso de poderes del Gobierno del PP al socialista resultante de las elecciones de 2004. Entonces, José María Aznar contrató, a través del Partido Popular, a una empresa para que eliminara todos los archivos informáticos de La Moncloa, aunque Zapatero no le dio excesiva importancia entonces. Tampoco ayudan los movimientos realizados en 2002 en la cúpula del PP. A Aguirre de Cárcer le sustituyó en diciembre de ese año Gerardo Ángel Bugallo, quien asegura no recordar nada sobre el asunto. A Piqué, le relevó al frente de exteriores Ana Palacio, en julio de 2002.
Colaboración con la Audiencia Nacional
La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Venga informó ayer de que los ministerios de Defensa y Asuntos Exteriores están concluyendo sendos documentos con las conclusiones de sus investigaciones, que serán entregados al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que investiga los vuelos de la CIA y las escalas con prisioneros a Guantánamo. De la Vega también anunció que el ministro Moratinos comparecerá ante el Congreso la próxima semana para dar explicaciones al respecto.
Movimientos en Europa
Por otra parte, los grupos Liberal, Verde e Izquierda Unitaria del Parlamento Europeo, con 184 de los 784 escaños, junto a seis eurodiputados socialistas, ninguno español, elevaron una pregunta ayer a la Comisión Europea acerca de la responsabilidad del actual presidente del órgano, José Manuel Durão Barroso, primer ministro de Portugal cuando los aviones de EEUU también usaron el país luso como escala de sus vuelos a Guantánamo. Además solicitan a la Comisión su postura sobre si los Estados deben asumir la responsabilidad por su connivencia con estos vuelos.
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El autor del 'informe Guantánamo' dice que lo dejó en la caja fuerte
MIGUEL GONZÁLEZ -
El Gobierno informará al juez y al Congreso del resultado de su investigación.- Ninguna de las copias que hizo Aguirre de Cárcer ha sido hallada.
MIGUEL GONZÁLEZ - Madrid - 06/12/2008
Miguel Aguirre de Cárcer, autor del informe "muy secreto" en el que EE UU pedía permiso al Gobierno de José María Aznar para que hicieran escala en España vuelos con prisioneros hacia Guantánamo, ha declarado a la comisión de investigación creada por el ministro Miguel Ángel Moratinos que dejó el documento dentro de su caja fuerte cuando cesó como director general de Política Exterior para América del Norte, en diciembre de 2002.
Aguirre de Cárcer confirmó a los investigadores la autenticidad del documento publicado el domingo por EL PAÍS, según adelantó la Cadena SER, y relató que elaboró tres copias: una que dio en mano al secretario de Estado de Exteriores, Miquel Nadal, para que se la diese al ministro Josep Piqué; otra que guardó en su caja fuerte, y la última, para el secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez-Ugarte. Éste, a su vez, pudo remitir otra copia al presidente de la Sección Española del Comité Permanente Hispano-Norteamericano, el vicealmirante Manuel Calvo, quien elaboró una nota al respecto. También fue consultado (no se sabe si por escrito o verbalmente) el director del Gabinete de Internacional y Seguridad, Ramón Gil-Casares.
Ni el documento que dejó Aguirre de Cárcer en su caja fuerte, ni las copias dirigidas a Piqué y Nadal han sido hallados. El Ministerio de Defensa busca la que, según Aguirre de Cárcer, remitió a Jiménez-Ugarte.
La destrucción de documentos oficiales es un delito, aunque fuentes de la investigación aseguran que no se ha podido constatar aún si la pérdida se debe a negligencia (Exteriores ha tenido más de una mudanza en estos años) o a una orden deliberada en el traspaso de poderes entre el PP y el PSOE en 2004. Aguirre de Cárcer fue sustituido en la dirección general en diciembre de 2002 por Gerardo Ángel Bugallo, quien ha asegurado no recordar nada sobre el asunto, informa Europa Press. Piqué fue relevado en julio de 2002 por Ana Palacio. Cuando Aznar dejó el poder, todos los archivos informáticos de La Moncloa fueron borrados por una empresa a la que el PP encargó este trabajo.
Los ministerios de Asuntos Exteriores y de Defensa están ultimando un documento con las conclusiones de sus pesquisas para entregarlo al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, quien investiga los vuelos de la CIA y la escala de aviones militares hacia Guantánamo, según informó ayer la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. También anunció que Moratinos comparecerá en el Congreso la semana que viene para dar explicaciones sobre el asunto.
Mientras, los grupos Liberal, Verde e Izquierda Unitaria del Parlamento Europeo (184 de los 784 escaños) y seis eurodiputados socialistas (ninguno español) preguntaron ayer a la Comisión Europea sobre el papel jugado por el hoy presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, primer ministro portugués cuando algunos vuelos con detenidos ilegales aterrizaron en tierras lusas, informa Ricardo M. de Rituerto. Además, piden opinión a la Comisión sobre si cree que los Estados deberían asumir la responsabilidad por su cooperación en los vuelos.
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En 2002 se sabía lo que pasaba en Guantánamo
MARIANO AGUIRRE 06/12/2008
El ex ministro de Exteriores Josep Piqué indicó el 3 de diciembre en la Universidad Complutense que en febrero de 2002 él no sabía "lo que iba a pasar en Guantánamo después". Piqué formó parte del grupo que, según los documentos publicados por el EL PAÍS, decidió que Estados Unidos usara aeropuertos españoles para transportar a prisioneros detenidos ilegalmente en Afganistán hacia la base de Guantánamo. El entonces ministro de Exteriores, al igual que otros funcionarios del ministerio y Presidencia parece que no tuvieron tiempo de informarse bien. Porque, de hecho, sí se conocían cosas inquietantes sobre el tratamiento a prisioneros de Estados Unidos en la base de Bagram (Afganistán) y vuelos a Guantánamo en 2002.
Los primeros detenidos llegaron a Guantánamo desde Afganistán en enero de 2002, sin acusación, sin proceso, sin respetar el hábeas corpus. Tres días después de los primeros traslados a Guantánamo, Amnistía Internacional pidió a Estados Unidos que respetase los derechos humanos fundamentales de los detenidos en el documento Amnistía Internacional pide a Estados Unidos que ponga fin a la situación de indefinición jurídica de los prisioneros de Guantánamo (AMR 51/009/2002)
El 28 de mayo de 2002, Human Rights Watch escribió al entonces secretario de Defensa Donald Rumsfeld, arquitecto del uso de torturas y violencia en los interrogatorios, reiterándole la preocupación debido a que "el Gobiernos de Estados Unidos no está todavía cumpliendo con los requerimientos de la legislación sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario para determinar la situación legal y la futura disposición de las personas detenidas en la base de Guantánamo y en Afganistán y zonas aledañas".
Estos son sólo dos ejemplos de otras denuncias. Para 2003 Guantánamo ya alojaba más de 600 prisioneros sin acusación ni proceso. El Anuario de Human Rights Watch 2002 denunciaba encarcelamientos ilegales y abusos por parte de Estados Unidos. http://www.hrw.org/legacy/wr2k2/us.html.
Dado que en 2002 el presidente Aznar y el ministro de Exteriores y sus funcionarios tenían prisa por agradar al presidente George W. Bush quizá no buscaron los datos. Pero en 2003 la información ya era abundante. EE UU encarcelaba a personas sin respetar la Convención de Ginebra. Creó comisiones militares especiales para juzgar a los ciudadanos no estadounidenses. Al mismo tiempo, altos cargos de Washington argumentaban que los prisioneros de Guantánamo, y luego de Abu Ghraib, eran "combatientes enemigos" (una figura inexistente en el Derecho) que no estaban adscritos a ningún Estado. Por lo tanto, estas personas no tenían derecho a que se aplicaran las convenciones internacionales.
En 2002 había evidencias suficientes para no autorizar vuelos secretos con detenidos ilegales. Piqué no puede argumentar desconocimiento. Por su parte, el Gobierno de Rodríguez Zapatero tiene que clarificar si desde 2004 -cuando los datos sobre tortura eran manifiestos- conocía que los vuelos continuaron o no ha tenido control sobre qué hace Estados Unidos en los aeropuertos españoles.
Mariano Aguirre, director del área de paz y seguridad de FRIDE. http://www.fride.org/
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Plataforma de juicio a Aznar.
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Potser no però és tan estrany que no apareguin! Potser sí i seria un delicte molt greu. Un altre a sumar al de genocida.
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DOCUMENTOS: Parte I
II
III
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Aznar contrató a una empresa para que eliminara todos los archivos informáticos de La Moncloa
Los documentos sobre los vuelos a Guantánamo siguen sin aparecer
ELPLURAL.COM
Miguel Aguirre de Cárcer, el autor del informe “muy secreto” que confirmaba la connivencia del Gobierno de Aznar con los vuelos de EEUU con presos hacia Guantánamo, asegura haber dejado el documento en su caja fuerte al abandonar el cargo. Pero tanto el original como las copias remitidas a otros altos funcionarios siguen sin aparecer. La misteriosa desaparición recuerda a la situación creada por José María Aznar al abandonar el Gobierno, cuando, a través del PP, encargó a una compañía privada que borrara los archivos informáticos de La Moncloa.
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Barroso sabía que Estados Unidos hizo escala en Portugal para llevar presos a Guantánamo
Aguirre de Cárcer ha hecho estas declaraciones ante la comisión de investigación creada por el Ministerio de Exteriores, donde trabajó como director general de Política Exterior para América del Norte, hasta diciembre de 2002. También ha confirmado haber realizado dos copias del documento: una que dio en mano al secretario de Estado de Exteriores, Miquel Nadal, para que se la diese al ministro Josep Piqué y otra para el secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez-Ugarte, informa El País.
De mano en mano
Durante la comparecencia ante la comisión de investigación creada por el ministro Miguel Ángel Moratinos, Aguirre de Cárcer confirmó que los documentos publicados por El País la semana pasada eran auténticos y aseguró haber guardado su copia en su caja fuerte. Además de las copias que entregó, el propio Javier Jiménez-Ugarte pudo haber remitido otra copia al presidente de la Sección Española del Comité Permanente Hispano-Norteamericano, el vicealmirante Manuel Calvo, quien elaboró una nota al respecto. También se consultó, aunque se desconoce si por escrito, el director del Gabinete de Internacional y Seguridad, Ramón Gil-Casares.
Las causas de la desaparición
Sin embargo, los documentos siguen sin aparecer. La destrucción de documentos oficiales es un delito, pero las fuentes de la investigación consultadas no han podido confirmar si la desaparición ha sido por negligencia (debido a las numerosas mudanzas sufridas por Exteriores) o porque alguien dio la orden deliberadamente al traspasar el PP los poderes al PSOE en 2004.
Idas y venidas
La situación recuerda a la que tuvo lugar durante el traspaso de poderes del Gobierno del PP al socialista resultante de las elecciones de 2004. Entonces, José María Aznar contrató, a través del Partido Popular, a una empresa para que eliminara todos los archivos informáticos de La Moncloa, aunque Zapatero no le dio excesiva importancia entonces. Tampoco ayudan los movimientos realizados en 2002 en la cúpula del PP. A Aguirre de Cárcer le sustituyó en diciembre de ese año Gerardo Ángel Bugallo, quien asegura no recordar nada sobre el asunto. A Piqué, le relevó al frente de exteriores Ana Palacio, en julio de 2002.
Colaboración con la Audiencia Nacional
La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Venga informó ayer de que los ministerios de Defensa y Asuntos Exteriores están concluyendo sendos documentos con las conclusiones de sus investigaciones, que serán entregados al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que investiga los vuelos de la CIA y las escalas con prisioneros a Guantánamo. De la Vega también anunció que el ministro Moratinos comparecerá ante el Congreso la próxima semana para dar explicaciones al respecto.
Movimientos en Europa
Por otra parte, los grupos Liberal, Verde e Izquierda Unitaria del Parlamento Europeo, con 184 de los 784 escaños, junto a seis eurodiputados socialistas, ninguno español, elevaron una pregunta ayer a la Comisión Europea acerca de la responsabilidad del actual presidente del órgano, José Manuel Durão Barroso, primer ministro de Portugal cuando los aviones de EEUU también usaron el país luso como escala de sus vuelos a Guantánamo. Además solicitan a la Comisión su postura sobre si los Estados deben asumir la responsabilidad por su connivencia con estos vuelos.
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El autor del 'informe Guantánamo' dice que lo dejó en la caja fuerte
MIGUEL GONZÁLEZ -
El Gobierno informará al juez y al Congreso del resultado de su investigación.- Ninguna de las copias que hizo Aguirre de Cárcer ha sido hallada.
MIGUEL GONZÁLEZ - Madrid - 06/12/2008
Miguel Aguirre de Cárcer, autor del informe "muy secreto" en el que EE UU pedía permiso al Gobierno de José María Aznar para que hicieran escala en España vuelos con prisioneros hacia Guantánamo, ha declarado a la comisión de investigación creada por el ministro Miguel Ángel Moratinos que dejó el documento dentro de su caja fuerte cuando cesó como director general de Política Exterior para América del Norte, en diciembre de 2002.
Aguirre de Cárcer confirmó a los investigadores la autenticidad del documento publicado el domingo por EL PAÍS, según adelantó la Cadena SER, y relató que elaboró tres copias: una que dio en mano al secretario de Estado de Exteriores, Miquel Nadal, para que se la diese al ministro Josep Piqué; otra que guardó en su caja fuerte, y la última, para el secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez-Ugarte. Éste, a su vez, pudo remitir otra copia al presidente de la Sección Española del Comité Permanente Hispano-Norteamericano, el vicealmirante Manuel Calvo, quien elaboró una nota al respecto. También fue consultado (no se sabe si por escrito o verbalmente) el director del Gabinete de Internacional y Seguridad, Ramón Gil-Casares.
Ni el documento que dejó Aguirre de Cárcer en su caja fuerte, ni las copias dirigidas a Piqué y Nadal han sido hallados. El Ministerio de Defensa busca la que, según Aguirre de Cárcer, remitió a Jiménez-Ugarte.
La destrucción de documentos oficiales es un delito, aunque fuentes de la investigación aseguran que no se ha podido constatar aún si la pérdida se debe a negligencia (Exteriores ha tenido más de una mudanza en estos años) o a una orden deliberada en el traspaso de poderes entre el PP y el PSOE en 2004. Aguirre de Cárcer fue sustituido en la dirección general en diciembre de 2002 por Gerardo Ángel Bugallo, quien ha asegurado no recordar nada sobre el asunto, informa Europa Press. Piqué fue relevado en julio de 2002 por Ana Palacio. Cuando Aznar dejó el poder, todos los archivos informáticos de La Moncloa fueron borrados por una empresa a la que el PP encargó este trabajo.
Los ministerios de Asuntos Exteriores y de Defensa están ultimando un documento con las conclusiones de sus pesquisas para entregarlo al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, quien investiga los vuelos de la CIA y la escala de aviones militares hacia Guantánamo, según informó ayer la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. También anunció que Moratinos comparecerá en el Congreso la semana que viene para dar explicaciones sobre el asunto.
Mientras, los grupos Liberal, Verde e Izquierda Unitaria del Parlamento Europeo (184 de los 784 escaños) y seis eurodiputados socialistas (ninguno español) preguntaron ayer a la Comisión Europea sobre el papel jugado por el hoy presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, primer ministro portugués cuando algunos vuelos con detenidos ilegales aterrizaron en tierras lusas, informa Ricardo M. de Rituerto. Además, piden opinión a la Comisión sobre si cree que los Estados deberían asumir la responsabilidad por su cooperación en los vuelos.
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En 2002 se sabía lo que pasaba en Guantánamo
MARIANO AGUIRRE 06/12/2008
El ex ministro de Exteriores Josep Piqué indicó el 3 de diciembre en la Universidad Complutense que en febrero de 2002 él no sabía "lo que iba a pasar en Guantánamo después". Piqué formó parte del grupo que, según los documentos publicados por el EL PAÍS, decidió que Estados Unidos usara aeropuertos españoles para transportar a prisioneros detenidos ilegalmente en Afganistán hacia la base de Guantánamo. El entonces ministro de Exteriores, al igual que otros funcionarios del ministerio y Presidencia parece que no tuvieron tiempo de informarse bien. Porque, de hecho, sí se conocían cosas inquietantes sobre el tratamiento a prisioneros de Estados Unidos en la base de Bagram (Afganistán) y vuelos a Guantánamo en 2002.
Los primeros detenidos llegaron a Guantánamo desde Afganistán en enero de 2002, sin acusación, sin proceso, sin respetar el hábeas corpus. Tres días después de los primeros traslados a Guantánamo, Amnistía Internacional pidió a Estados Unidos que respetase los derechos humanos fundamentales de los detenidos en el documento Amnistía Internacional pide a Estados Unidos que ponga fin a la situación de indefinición jurídica de los prisioneros de Guantánamo (AMR 51/009/2002)
El 28 de mayo de 2002, Human Rights Watch escribió al entonces secretario de Defensa Donald Rumsfeld, arquitecto del uso de torturas y violencia en los interrogatorios, reiterándole la preocupación debido a que "el Gobiernos de Estados Unidos no está todavía cumpliendo con los requerimientos de la legislación sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario para determinar la situación legal y la futura disposición de las personas detenidas en la base de Guantánamo y en Afganistán y zonas aledañas".
Estos son sólo dos ejemplos de otras denuncias. Para 2003 Guantánamo ya alojaba más de 600 prisioneros sin acusación ni proceso. El Anuario de Human Rights Watch 2002 denunciaba encarcelamientos ilegales y abusos por parte de Estados Unidos. http://www.hrw.org/legacy/wr2k2/us.html.
Dado que en 2002 el presidente Aznar y el ministro de Exteriores y sus funcionarios tenían prisa por agradar al presidente George W. Bush quizá no buscaron los datos. Pero en 2003 la información ya era abundante. EE UU encarcelaba a personas sin respetar la Convención de Ginebra. Creó comisiones militares especiales para juzgar a los ciudadanos no estadounidenses. Al mismo tiempo, altos cargos de Washington argumentaban que los prisioneros de Guantánamo, y luego de Abu Ghraib, eran "combatientes enemigos" (una figura inexistente en el Derecho) que no estaban adscritos a ningún Estado. Por lo tanto, estas personas no tenían derecho a que se aplicaran las convenciones internacionales.
En 2002 había evidencias suficientes para no autorizar vuelos secretos con detenidos ilegales. Piqué no puede argumentar desconocimiento. Por su parte, el Gobierno de Rodríguez Zapatero tiene que clarificar si desde 2004 -cuando los datos sobre tortura eran manifiestos- conocía que los vuelos continuaron o no ha tenido control sobre qué hace Estados Unidos en los aeropuertos españoles.
Mariano Aguirre, director del área de paz y seguridad de FRIDE. http://www.fride.org/
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Plataforma de juicio a Aznar.
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El partit de l'nsult i la conspiració demana dimissions.
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El PP -partit de "centro reformista"- s'ha donat per al.ludit pel desafortunat públic de Castro -jo, en privat, dic això i moltíssim més-. Per la via "del que se pica ..." ha certificat que és un partit de dreta.
Però què ha dit i fet el PP d'Aznar i Rajoy des que perdé les eleccions del 1993? Des de Conspiració del 1994 (La conspiración de 1994.), a la Conspiració de l'11M (11M ), a ETA (ETA , Aznar acusa de "tancar els ulls i mirar cap un altre costat" durant la treva mentre ETA es rearmava. 02/07/2007. ), als permanens insults de Rajoy a Zapatero (“Bobo solemne, cobarde, irresponsable, inexperto, antojadizo, veleidoso, inconsecuente, acomplejado, tiene de adorno la cabeza, indigno, cobarde, perdedor complacido, hooligan, traidor, taimado, maniobrero, chisgarabís, sectario, falto de criterio, ambiguo, débil e inestable, además de tener sólo categoría para subsecretario, como mucho”: El calambur o el arte del insulto) i Esperanza, amb el seu rècord Bombai-Madrid.
"Cualquier voto que no vaya al Pp es un voto para ETA..." "los españoles normales y sensatos, de bien, votan al PP..." (Aznar).
"Usted ha traicionado a los muertos" i "Usted ha mentido a la víctimas del terrorismo" (Rajoy a Zapatero).
A què ve, doncs, escarrassar-se'n ara? ¿A més de donar cops d'Estat contra règims legalment constituïts, de guanyar una guerra, d'exterminar mitja Espanya, d'autoamnistiar-se, a més de tot això, poden insultar quan volen però, ai!, que l'esquerra no digui ni pruna?
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Aguirre lanza su propia cruzada contra la FEMP
Llega más lejos que Rajoy en su ultimátum a Pedro Castro.
Y. GONZÁLEZ / I. ADURIZ - Madrid - 05/12/2008 21:45
No hay nadie en el PP que piense que las declaraciones de Pedro Castro, presidente de Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en las que se refería a los votantes de la derecha como “tontos de los cojones”, fueran afortunadas. En lo que parece no haber consenso es en la forma de gestionar esta crisis.Mientras la dirección nacional del PP, según avanzó ayer Mariano Rajoy, va a pedir la dimisión de Castro en la Ejecutiva de la FEMP, los alcaldes conservadores de la Comunidad de Madrid van más allá. Han amenazado con abandonar la FEMP si el también alcalde de Getafe no presenta su carta de dimisión antes del día 12.
En la Federación, la presidencia está dispuesta a aceptar este día como fecha de una Ejecutiva extraordinaria. Lo que no se le pasa por la cabeza es la dimisión. Una vez más, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre dio una voz más alta que la de Rajoy, quien no ha precisado qué ocurrirá si Castro no dimite.
Algunos cargos del PP acudieron ayer a la recepción de la Comunidad de Madrid con motivo de la Constitución con la pegatina “Pedro Castro dimisión”. “No les quepa la menor duda de que dimitirá”, advirtió Aguirre. Pese a la decisión de los alcaldes madrileños, el portavoz del PP en la FEMP, Fernando Martínez Maíllo, aseguró que su partido esperará a la ejecutiva para tomar decisiones.
Presiones a Gallardón
Desmarcado de la postura de Aguirre, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón rompía el silencio para recordar que la dirección nacional del PP había decidido pedir la dimisión de Castro. Un día antes, sin vincular sus palabras a las de Castro, no ocultó que su partido debería replantearse su papel en la FEMP. Durante todo el día de ayer fueron varios los alcaldes que presionaron a Gallardón para que pidiera la renuncia de Castro.
“Ya ha pedido disculpas”
Tanto el PSOE como el Gobierno restaron importancia al episodio. La vicepresidenta De la Vega, reconoció que las declaraciones de Castro no fueron “afortunadas”, si bien “ya ha pedido disculpas”. El responsable de política municipal del PSOE, Antonio Hernando, alabó la rectificación del alcalde de Getafe: “No conozco muchos responsables políticos, y desde luego ninguno del PP, que habiéndose equivocado haya pedido perdón tantas veces como Castro”.
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"Con la Constitución, Castro dimisión"
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¡Qué bueno que el PP exija educación, buenas maneras y respeto al adversario en la vida política! No puedo estar más de acuerdo. El alcalde de Getafe, Pedro Castro, insultó a una parte importante del electorado español y pienso, como Alberto Ruiz Gallardón, que debe pedir disculpas y que sus superiores socialistas deben reprenderlo. Por cierto, ambas exigencias ya se han cumplido a fecha de hoy: he oído en la radio y visto en la televisión a Pedro Castro reconociendo su error y pidiendo disculpas, y he compartido plató en Los Desayunos de TVE con un miembro del Gobierno, la ministra Salgado, que ha rechazado el comentario del alcalde.
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Pero no es suficiente, clama la mayoría del PP madrileño, con Esperanza Aguirre al frente. ¡Que dimita Pedro Castro!, exigen numerosos dirigentes conservadores en el acto en el que la Comunidad de Madrid celebra el 30 aniversario de la Constitución Española. Pues mire usted, les voy a dar la razón. Hagamos limpieza a fondo, aprovechemos esta ocasión para instaurar en nuestra democracia, ya treintañera, los criterios de cortesía, urbanidad y civismo que rigen en muchas otras. Así que, muy bien, que dimita Pedro Castro por llamar "tontos de los cojones" a los votantes de la derecha.
"Miserables y bellacos"
Y que dimita también Esperanza Aguirre por llamar "miserables" y "bellacos" a los que han criticado su rápida salida de Bombay para dar una rueda de prensa en Madrid, dejando atrás a parte de la delegación madrileña que ella encabezaba. Como he sido de los que han efectuado esa crítica a la señora Aguirre –estrictamente política, sin emplear en ningún momento calificativos personales- le pido, según el criterio de Gallardón, que se disculpe públicamente, y le pido también, según el criterio mayoritario del PP madrileño, que dimita como presidenta de la Comunidad de Madrid. Sus insultantes palabras –"miserables" y "bellacos"- ofenden a los dirigentes del PSOE y de Izquierda Unida que no compartieron su decisión de abandonar de inmediato Bombay.
Ofenden también a Ignasi Guardans, el eurodiputado de CiU que le hizo el mismo reproche tras haber predicado con el ejemplo y haberse quedado en la ciudad india hasta el final, hasta que el último miembro de su delegación tuvo garantizada su libertad y seguridad. Ofenden a los periodistas como yo que en este asunto aplaudimos a Guardans y no a Esperanza Aguirre. Y ofenden a miles de madrileños que piensan lo mismo. Aguirre insulta y descalificaLa señora Aguirre ha respondido a observaciones políticas con insultos personales –y no es la primera vez, por cierto-, así que, según su propia doctrina, no está capacitada para representarnos a la totalidad de los madrileños. La cortesía, urbanidad y civismo, tan necesarios en la vida personal y obligatorios en la institucional, deberían haberle llevado a responder a esas críticas con fórmulas como ésta: "He escuchado esos comentarios; los respeto, por supuesto, éste es un país libre, pero no los comparto". O sea, que dimita al mismo tiempo que Pedro Castro.
El "coñazo" de Rajoy
Y ya puestos, que deje el liderazgo del PP don Mariano Rajoy que calificó de "coñazo" la fiesta nacional española del Doce de Octubre y su desfile de las Fuerzas Armadas, por no recordar sino la última de sus lindezas. Y que renuncie a toda actividad política don Ángel Acebes que tildó de "miserables" a los que dudábamos –y con cuánta razón- de que ETA fuera la autora de los atentados del 11-M.
Sigamos.
¿Qué hace en el PP doña Ana Mato que llamó "analfabetos" a los niños andaluces? ¿Quién fue aquel dirigente conservador que en las pasadas legislativas sugirió que los andaluces somos unos "vagos"? ¿Estamos seguros de que ningún líder de la derecha ha acusado al presidente del Gobierno español de "cómplice del terrorismo" y "enemigo de las víctimas"?
Tirios y troyanos
¡Esto se está poniendo bueno! Venga, tiremos de hemeroteca y hagamos una limpieza ejemplar en nuestra clase política. En la izquierda y en la derecha, así que amigos conservadores pongan ustedes ahí a los Guerras y Pepiños que deseen, siempre que pudan documentarlo. Caigan tirios y troyanos, romanos y cartagineses. Y a partir de ahora ni un solo insulto personal, ¿vale?
Javier Valenzuela es periodista y escritor. Ha sido corresponsal de El País en Beirut, Rabat, París y Washington y director adjunto de ese periódico, así como Director General de Información Internacional de la Presidencia del Gobierno entre 2004 y 2006
Blog de Javier Valenzuela
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El PP -partit de "centro reformista"- s'ha donat per al.ludit pel desafortunat públic de Castro -jo, en privat, dic això i moltíssim més-. Per la via "del que se pica ..." ha certificat que és un partit de dreta.
Però què ha dit i fet el PP d'Aznar i Rajoy des que perdé les eleccions del 1993? Des de Conspiració del 1994 (La conspiración de 1994.), a la Conspiració de l'11M (11M ), a ETA (ETA , Aznar acusa de "tancar els ulls i mirar cap un altre costat" durant la treva mentre ETA es rearmava. 02/07/2007. ), als permanens insults de Rajoy a Zapatero (“Bobo solemne, cobarde, irresponsable, inexperto, antojadizo, veleidoso, inconsecuente, acomplejado, tiene de adorno la cabeza, indigno, cobarde, perdedor complacido, hooligan, traidor, taimado, maniobrero, chisgarabís, sectario, falto de criterio, ambiguo, débil e inestable, además de tener sólo categoría para subsecretario, como mucho”: El calambur o el arte del insulto) i Esperanza, amb el seu rècord Bombai-Madrid.
"Cualquier voto que no vaya al Pp es un voto para ETA..." "los españoles normales y sensatos, de bien, votan al PP..." (Aznar).
"Usted ha traicionado a los muertos" i "Usted ha mentido a la víctimas del terrorismo" (Rajoy a Zapatero).
A què ve, doncs, escarrassar-se'n ara? ¿A més de donar cops d'Estat contra règims legalment constituïts, de guanyar una guerra, d'exterminar mitja Espanya, d'autoamnistiar-se, a més de tot això, poden insultar quan volen però, ai!, que l'esquerra no digui ni pruna?
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Aguirre lanza su propia cruzada contra la FEMP
Llega más lejos que Rajoy en su ultimátum a Pedro Castro.
Y. GONZÁLEZ / I. ADURIZ - Madrid - 05/12/2008 21:45
No hay nadie en el PP que piense que las declaraciones de Pedro Castro, presidente de Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en las que se refería a los votantes de la derecha como “tontos de los cojones”, fueran afortunadas. En lo que parece no haber consenso es en la forma de gestionar esta crisis.Mientras la dirección nacional del PP, según avanzó ayer Mariano Rajoy, va a pedir la dimisión de Castro en la Ejecutiva de la FEMP, los alcaldes conservadores de la Comunidad de Madrid van más allá. Han amenazado con abandonar la FEMP si el también alcalde de Getafe no presenta su carta de dimisión antes del día 12.
En la Federación, la presidencia está dispuesta a aceptar este día como fecha de una Ejecutiva extraordinaria. Lo que no se le pasa por la cabeza es la dimisión. Una vez más, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre dio una voz más alta que la de Rajoy, quien no ha precisado qué ocurrirá si Castro no dimite.
Algunos cargos del PP acudieron ayer a la recepción de la Comunidad de Madrid con motivo de la Constitución con la pegatina “Pedro Castro dimisión”. “No les quepa la menor duda de que dimitirá”, advirtió Aguirre. Pese a la decisión de los alcaldes madrileños, el portavoz del PP en la FEMP, Fernando Martínez Maíllo, aseguró que su partido esperará a la ejecutiva para tomar decisiones.
Presiones a Gallardón
Desmarcado de la postura de Aguirre, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón rompía el silencio para recordar que la dirección nacional del PP había decidido pedir la dimisión de Castro. Un día antes, sin vincular sus palabras a las de Castro, no ocultó que su partido debería replantearse su papel en la FEMP. Durante todo el día de ayer fueron varios los alcaldes que presionaron a Gallardón para que pidiera la renuncia de Castro.
“Ya ha pedido disculpas”
Tanto el PSOE como el Gobierno restaron importancia al episodio. La vicepresidenta De la Vega, reconoció que las declaraciones de Castro no fueron “afortunadas”, si bien “ya ha pedido disculpas”. El responsable de política municipal del PSOE, Antonio Hernando, alabó la rectificación del alcalde de Getafe: “No conozco muchos responsables políticos, y desde luego ninguno del PP, que habiéndose equivocado haya pedido perdón tantas veces como Castro”.
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"Con la Constitución, Castro dimisión"
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El calambur o el arte del insulto, por Manolo Saco
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Sí señor, hagamos limpieza
Que dimitan Pedro Castro, Esperanza Aguirre, Mariano Rajoy...
¡Qué bueno que el PP exija educación, buenas maneras y respeto al adversario en la vida política! No puedo estar más de acuerdo. El alcalde de Getafe, Pedro Castro, insultó a una parte importante del electorado español y pienso, como Alberto Ruiz Gallardón, que debe pedir disculpas y que sus superiores socialistas deben reprenderlo. Por cierto, ambas exigencias ya se han cumplido a fecha de hoy: he oído en la radio y visto en la televisión a Pedro Castro reconociendo su error y pidiendo disculpas, y he compartido plató en Los Desayunos de TVE con un miembro del Gobierno, la ministra Salgado, que ha rechazado el comentario del alcalde.
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Pero no es suficiente, clama la mayoría del PP madrileño, con Esperanza Aguirre al frente. ¡Que dimita Pedro Castro!, exigen numerosos dirigentes conservadores en el acto en el que la Comunidad de Madrid celebra el 30 aniversario de la Constitución Española. Pues mire usted, les voy a dar la razón. Hagamos limpieza a fondo, aprovechemos esta ocasión para instaurar en nuestra democracia, ya treintañera, los criterios de cortesía, urbanidad y civismo que rigen en muchas otras. Así que, muy bien, que dimita Pedro Castro por llamar "tontos de los cojones" a los votantes de la derecha.
"Miserables y bellacos"
Y que dimita también Esperanza Aguirre por llamar "miserables" y "bellacos" a los que han criticado su rápida salida de Bombay para dar una rueda de prensa en Madrid, dejando atrás a parte de la delegación madrileña que ella encabezaba. Como he sido de los que han efectuado esa crítica a la señora Aguirre –estrictamente política, sin emplear en ningún momento calificativos personales- le pido, según el criterio de Gallardón, que se disculpe públicamente, y le pido también, según el criterio mayoritario del PP madrileño, que dimita como presidenta de la Comunidad de Madrid. Sus insultantes palabras –"miserables" y "bellacos"- ofenden a los dirigentes del PSOE y de Izquierda Unida que no compartieron su decisión de abandonar de inmediato Bombay.
Ofenden también a Ignasi Guardans, el eurodiputado de CiU que le hizo el mismo reproche tras haber predicado con el ejemplo y haberse quedado en la ciudad india hasta el final, hasta que el último miembro de su delegación tuvo garantizada su libertad y seguridad. Ofenden a los periodistas como yo que en este asunto aplaudimos a Guardans y no a Esperanza Aguirre. Y ofenden a miles de madrileños que piensan lo mismo. Aguirre insulta y descalificaLa señora Aguirre ha respondido a observaciones políticas con insultos personales –y no es la primera vez, por cierto-, así que, según su propia doctrina, no está capacitada para representarnos a la totalidad de los madrileños. La cortesía, urbanidad y civismo, tan necesarios en la vida personal y obligatorios en la institucional, deberían haberle llevado a responder a esas críticas con fórmulas como ésta: "He escuchado esos comentarios; los respeto, por supuesto, éste es un país libre, pero no los comparto". O sea, que dimita al mismo tiempo que Pedro Castro.
El "coñazo" de Rajoy
Y ya puestos, que deje el liderazgo del PP don Mariano Rajoy que calificó de "coñazo" la fiesta nacional española del Doce de Octubre y su desfile de las Fuerzas Armadas, por no recordar sino la última de sus lindezas. Y que renuncie a toda actividad política don Ángel Acebes que tildó de "miserables" a los que dudábamos –y con cuánta razón- de que ETA fuera la autora de los atentados del 11-M.
Sigamos.
¿Qué hace en el PP doña Ana Mato que llamó "analfabetos" a los niños andaluces? ¿Quién fue aquel dirigente conservador que en las pasadas legislativas sugirió que los andaluces somos unos "vagos"? ¿Estamos seguros de que ningún líder de la derecha ha acusado al presidente del Gobierno español de "cómplice del terrorismo" y "enemigo de las víctimas"?
Tirios y troyanos
¡Esto se está poniendo bueno! Venga, tiremos de hemeroteca y hagamos una limpieza ejemplar en nuestra clase política. En la izquierda y en la derecha, así que amigos conservadores pongan ustedes ahí a los Guerras y Pepiños que deseen, siempre que pudan documentarlo. Caigan tirios y troyanos, romanos y cartagineses. Y a partir de ahora ni un solo insulto personal, ¿vale?
Javier Valenzuela es periodista y escritor. Ha sido corresponsal de El País en Beirut, Rabat, París y Washington y director adjunto de ese periódico, así como Director General de Información Internacional de la Presidencia del Gobierno entre 2004 y 2006
Blog de Javier Valenzuela
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dijous, 4 de desembre del 2008
Consell del País Valencià: analfabet, prevaricador, malversador?
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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA SOBRE EL NOM I ENTITAT DEL VALENCIÀ I SOBRE LA NORMATIVA OFICIAL VIGENT
El Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en la sessió celebrada el dia 19 de desembre del 2003, ha adoptat l’acord següent:
L’Acadèmia Valenciana de la Llengua, reunida en sessió plenària el 19 de desembre del 2003, tenint en compte que una de les seues competències és la de «vetlar per l’ús normal del valencià i defendre la seua denominació i entitat» (art. 7 de la Llei de Creació de l’AVL), ha acordat fer pública esta Declaració:
L’article 4 de la Llei de Creació de l’AVL establix que «els principis i criteris que han d’inspirar l’actuació de l’Acadèmia són els que es desprenen del dictamen aprovat pel Consell Valencià de Cultura el 13 de juliol del 1998 i que figura en el preàmbul d’esta Llei».
El dictamen del Consell Valencià de Cultura, pel que fa al nom i la naturalesa del valencià, en l’apartat «Sobre el nom, la naturalesa i la codificació del valencià», assenyala:
Pel que fa al nom:
a) «El nostre Estatut d’Autonomia denomina “valencià” a la llengua pròpia dels valencians, i per tant este terme ha de ser utilitzat en el marc institucional, sense que tinga caràcter excloent.»
b) «L’esmentada denominació “valencià”, i també les denominacions “llengua pròpia dels valencians” o “idioma valencià”, o altres, avalades per la tradició històrica valenciana, l’ús popular, o la legalitat vigent, no són ni han de ser objecte de qüestionament o polèmica. Totes servixen per a designar la nostra llengua pròpia, la qual compartix la condició d’idioma oficial amb el castellà.»
Pel que fa a la naturalesa:
«El valencià, idioma històric i propi de la Comunitat Valenciana, forma part del sistema lingüístic que els corresponents Estatuts d’Autonomia dels territoris hispànics de l’antiga Corona d’Aragó reconeixen com a llengua pròpia.»
Partint d’estos plantejaments, el Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua estima convenient fer la següent
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
1. La denominació de valencià és tradicional, històrica, legal, estatutària i, per tant, la més adequada al marc institucional.
2. Esta denominació no és incompatible ni ha d’entrar en contradicció amb altres denominacions també tradicionals, històriques i legals, que rep la llengua pròpia dels valencians.
3. El nom de la llengua i la seua naturalesa no han de ser objecte de polèmiques inútils ni de cap classe d’instrumentalització cultural, social ni política, ja que això només contribuïx a fomentar la desunió entre els parlants, a dificultar la promoció del seu ús i a obstaculitzar la seua normalitat plena.
4. La diversitat onomàstica del valencià no pot servir de base a iniciatives que projecten una imatge fragmentada del sistema lingüístic que els valencians compartim amb altres territoris. Les iniciatives que adopten els poders públics per a difondre el valencià fora del nostre àmbit lingüístic tenen tot el reconeixement de l’AVL. En tot cas, estes han de garantir la difusió de la nostra peculiaritat idiomàtica i s’han d’ajustar a criteris conceptuals i onomàstics de caràcter integrador.
5. En el moment oportú, l’AVL elaborarà un dictamen detallat i precís sobre les qüestions anteriors.
6. L’AVL demana a les institucions públiques ser consultada en tots els casos en els quals es legisle o es prenguen iniciatives sobre el valencià, en allò que afecte les competències legals que té atribuïdes.
7. Finalment, l’AVL recorda que el referent normatiu oficial del valencià, aprovat en els acords plenaris del 25 de març i del 20 de maig del 2002, està en plena vigència i que, per tant, totes les administracions públiques valencianes i totes les entitats privades que reben finançament públic tenen l’obligació de respectar-lo, d’acord amb l’article 5 de la llei per la qual es crea la institució.
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Que Font de Mora -la voz de su amo Francisco- torne a posar damunt la taula el tema de si valencià o català és preocupant.
A veure. Aquest Consell i la Conselleria d'Educació és responsable de la política educativa de tot el PV. Doncs bé, a tot el territori l'ensenyament del Valencià és obligatori des del curs 1982-83. I què s'ensenya? Doncs la variant de la llengua catalana que parlem els valencians.
A Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat es dóna català. La literatura que s'hi dóna és catalana, la llengua -amb certes peculiaritats- també, els llibres -aprovats per les diferents conselleries dels diversos consellers- s'adiuen estrictament a la unitat de la llengua. I a l'Escola Oficial d'Idiomes.
Els exàmens de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, de la qual és responsable Font de Mora, que es realitzen cada juny i cada setembre, són de la variant valenciana del català. Fins i tot convaliden i viceversa amb els de Balears i Catalunya.
La carrera Filologia Valenciana va desaperèixer de les universitats valencianes i se'n canvià el nom per l'acadèmic de Filologia Catalana.
Tots els escrits oficials de totes les conselleries, diputacions i ajuntaments són escrits en correcte català.
A què ve ara, doncs, tornar-se a escarrassar per la nova sentència del TS que, unides a les del TSJCV i a la del TC, fa que n'hi haja ja 16? A què ve ara, Sr. Font de Mora, tornar a la trinxera, de la qual, per cert, mai no havia eixit el PPCV?
Que un conseller i el seu partit, si realment creuen que el valencià és una llengua altra que el català, permeten que a totes les escoles, universitats, Escoles Oficials d'Idiomes, etc, com es diu?
I si ho permet perquè sap que és la mateixa llengua però després ix regularment a fer proclames pàtries, com es diu?
Si un Consell, després de tantes sentències, se les passa pel DOGV i segueix a la seva, com es diu?
Si un Consell, amb diners públics, recorre una vegada i una altra sentències redundants, com es diu?
Si unes Corts creen l'Acadèmia Valenciana de la Llengua -compte, no de la Llengua Valenciana- i aquesta estableix amb rang de llei que compartim llengua tots els territoris de l'Antiga Corona d'Aragó, com es diu? ( http://www.avl.gva.es/ampliaedicions.asp?id=55&cat=AcordsGenerals NOM I ENTITAT DEL VALENCIÀ) (http://www.avl.gva.es/documents.htm) ( http://www.avl.gva.es/1frame_edicions.htm )
Ja està bé de prendre el pèl, Senyors Camps i Font. Una miqueta d'ètica i vergonya, si els plau!
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El Supremo tumba la exclusión de Filología Catalana´
I. Z.
La Generalitat no puede seguir excluyendo la licenciatura en Filología Catalana como título que acredita el conocimiento del valenciano. Lo estableció hace unas semanas el Tribunal Supremo en una sentencia dada a conocer ayer por el STEPV. En ella desestima el recurso de casación interpuesto por el Consell, y confirma lo que el Tribunal Superior Justicia ha ordenado ya nada menos que 14 veces: los licenciados en Filología Catalana no tienen que pasar el examen de valenciano para presentarse a las convocatorias de docentes no universitarios. Y la Consejería de Educación debe incluir la carrera en la lista de títulos que conllevan la exención de la prueba.
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El STEPV anunció que si en la próxima convocatoria, hacia el mes de abril, Educación vuelve a dejar fuera la titulación, estudiará acudir a la vía penal con una querella "contra el consejero [Alejandro Font de Mora] por prevaricación". El Consell también reaccionó al enésimo varapalo judicial: anunció que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional "una vez estudiada a fondo la sentencia". Queda por saber si, una vez presentado, se admite a trámite.
Vulnera derechos
La relación de títulos que eximen de la prueba, y que la Consejería de Educación incluye en cada convocatoria, es bastante larga. La integran 14 documentos, entre ellos algunos bastante básicos: "El certificado académico de haber superado el ciclo elemental de valenciano expedido la Escuela Oficial de Idiomas", y "la acreditación de haber cursado y aprobado valenciano en todos los cursos de Bachillerato". Filología Catalana, la única carrera sobre la lengua propia que existe en el sistema universitario valenciano, en cambio, no aparece. Sí que figura la vetusta denominación Filologia Valenciana.
La Generalitat afirmó en un comunicado que su recurso al Constitucional se basará en la "defensa de nuestras señas de identidad, el Estatuto de Autonomía, y nuestra personalidad histórica como pueblo, ya que, con esta sentencia, se pueden vulnerar los derechos fundamentales de los valencianos como colectividad".
En 20 días, el Supremo ha dado dos reveses al Consell. En el anterior fallo respaldó que los estatutos de la Universitat de València recojan el término catalán para referirse al valenciano.
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El STEPV lamenta la "hipocresía" de Font de Mora e insiste en que estudiará acciones legales si no cumple el fallo del TS
El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV-IV) lamentó hoy la "actitud prepotente y hipócrita" del conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, al "no querer cumplir" la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que reconoce la titulación de Filología Catalana para acreditar conocimientos de valenciano en las oposiciones docentes.
EUROPA PRESS
Asimismo, insistió en que estudiará acciones legales contra el conseller si éste no da cumplimiento al fallo.STEPV criticó que Font de Mora --que lamentó ayer que algunos "elementos de al sociedad sean incapaces de ser leales" a la definición estatutaria de valenciano-- asegure que la Generalitat es "fiel cumplidora de lo corriente pero se niega al mismo tiempo a cumplir las sentencias judiciales cuando le son contrarias".
"Esta actitud no es propia de un máximo responsable político en un sistema democrático que se basa en el respeto a las reglas del juego y a las decisiones de los tribunales de justicia", consideraron estas fuentes.
En este sentido, argumentaron que "acusar a STEPV de deslealtad al Estatuto es acusar también al Tribunal Supremo que ha dado la razón al sindicato y se puede considerar como una declaración de desacato del conseller a la sentencia".
Advirtieron de que "si Font de Mora continúa en esta línea de desacreditación de la justicia que tanto dice respetar, continúa acusando gravemente al Supremo de deslealtad y no acata la sentencia en las próximas oposiciones, STEPV no dudará en estudiar y poner en marcha las acciones jurídicas pertinentes; y, obviamente, si no se aplica la sentencia en las próximas convocatorias de oposiciones estudiará denunciarlo por prevaricación", apuntaron.
Finalmente, desde STEPV agregaron que el conseller "no sólo debería leerse la sentencia del Tribunal Supremo antes de hacer estas declaraciones sino también los dictámenes de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, entidad que depende de la Generalitat valenciana, y que también reconocen la unidad de la lengua catalana".
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Font de Mora considera desleales al Estatut a quienes reconocen que el título de catalán acredita el valenciano El STE-PV impulsará un pacto cívico por la unidad lingüística
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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA SOBRE EL NOM I ENTITAT DEL VALENCIÀ I SOBRE LA NORMATIVA OFICIAL VIGENT
El Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en la sessió celebrada el dia 19 de desembre del 2003, ha adoptat l’acord següent:
L’Acadèmia Valenciana de la Llengua, reunida en sessió plenària el 19 de desembre del 2003, tenint en compte que una de les seues competències és la de «vetlar per l’ús normal del valencià i defendre la seua denominació i entitat» (art. 7 de la Llei de Creació de l’AVL), ha acordat fer pública esta Declaració:
L’article 4 de la Llei de Creació de l’AVL establix que «els principis i criteris que han d’inspirar l’actuació de l’Acadèmia són els que es desprenen del dictamen aprovat pel Consell Valencià de Cultura el 13 de juliol del 1998 i que figura en el preàmbul d’esta Llei».
El dictamen del Consell Valencià de Cultura, pel que fa al nom i la naturalesa del valencià, en l’apartat «Sobre el nom, la naturalesa i la codificació del valencià», assenyala:
Pel que fa al nom:
a) «El nostre Estatut d’Autonomia denomina “valencià” a la llengua pròpia dels valencians, i per tant este terme ha de ser utilitzat en el marc institucional, sense que tinga caràcter excloent.»
b) «L’esmentada denominació “valencià”, i també les denominacions “llengua pròpia dels valencians” o “idioma valencià”, o altres, avalades per la tradició històrica valenciana, l’ús popular, o la legalitat vigent, no són ni han de ser objecte de qüestionament o polèmica. Totes servixen per a designar la nostra llengua pròpia, la qual compartix la condició d’idioma oficial amb el castellà.»
Pel que fa a la naturalesa:
«El valencià, idioma històric i propi de la Comunitat Valenciana, forma part del sistema lingüístic que els corresponents Estatuts d’Autonomia dels territoris hispànics de l’antiga Corona d’Aragó reconeixen com a llengua pròpia.»
Partint d’estos plantejaments, el Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua estima convenient fer la següent
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
1. La denominació de valencià és tradicional, històrica, legal, estatutària i, per tant, la més adequada al marc institucional.
2. Esta denominació no és incompatible ni ha d’entrar en contradicció amb altres denominacions també tradicionals, històriques i legals, que rep la llengua pròpia dels valencians.
3. El nom de la llengua i la seua naturalesa no han de ser objecte de polèmiques inútils ni de cap classe d’instrumentalització cultural, social ni política, ja que això només contribuïx a fomentar la desunió entre els parlants, a dificultar la promoció del seu ús i a obstaculitzar la seua normalitat plena.
4. La diversitat onomàstica del valencià no pot servir de base a iniciatives que projecten una imatge fragmentada del sistema lingüístic que els valencians compartim amb altres territoris. Les iniciatives que adopten els poders públics per a difondre el valencià fora del nostre àmbit lingüístic tenen tot el reconeixement de l’AVL. En tot cas, estes han de garantir la difusió de la nostra peculiaritat idiomàtica i s’han d’ajustar a criteris conceptuals i onomàstics de caràcter integrador.
5. En el moment oportú, l’AVL elaborarà un dictamen detallat i precís sobre les qüestions anteriors.
6. L’AVL demana a les institucions públiques ser consultada en tots els casos en els quals es legisle o es prenguen iniciatives sobre el valencià, en allò que afecte les competències legals que té atribuïdes.
7. Finalment, l’AVL recorda que el referent normatiu oficial del valencià, aprovat en els acords plenaris del 25 de març i del 20 de maig del 2002, està en plena vigència i que, per tant, totes les administracions públiques valencianes i totes les entitats privades que reben finançament públic tenen l’obligació de respectar-lo, d’acord amb l’article 5 de la llei per la qual es crea la institució.
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Que Font de Mora -la voz de su amo Francisco- torne a posar damunt la taula el tema de si valencià o català és preocupant.
A veure. Aquest Consell i la Conselleria d'Educació és responsable de la política educativa de tot el PV. Doncs bé, a tot el territori l'ensenyament del Valencià és obligatori des del curs 1982-83. I què s'ensenya? Doncs la variant de la llengua catalana que parlem els valencians.
A Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat es dóna català. La literatura que s'hi dóna és catalana, la llengua -amb certes peculiaritats- també, els llibres -aprovats per les diferents conselleries dels diversos consellers- s'adiuen estrictament a la unitat de la llengua. I a l'Escola Oficial d'Idiomes.
Els exàmens de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià, de la qual és responsable Font de Mora, que es realitzen cada juny i cada setembre, són de la variant valenciana del català. Fins i tot convaliden i viceversa amb els de Balears i Catalunya.
La carrera Filologia Valenciana va desaperèixer de les universitats valencianes i se'n canvià el nom per l'acadèmic de Filologia Catalana.
Tots els escrits oficials de totes les conselleries, diputacions i ajuntaments són escrits en correcte català.
A què ve ara, doncs, tornar-se a escarrassar per la nova sentència del TS que, unides a les del TSJCV i a la del TC, fa que n'hi haja ja 16? A què ve ara, Sr. Font de Mora, tornar a la trinxera, de la qual, per cert, mai no havia eixit el PPCV?
Que un conseller i el seu partit, si realment creuen que el valencià és una llengua altra que el català, permeten que a totes les escoles, universitats, Escoles Oficials d'Idiomes, etc, com es diu?
I si ho permet perquè sap que és la mateixa llengua però després ix regularment a fer proclames pàtries, com es diu?
Si un Consell, després de tantes sentències, se les passa pel DOGV i segueix a la seva, com es diu?
Si un Consell, amb diners públics, recorre una vegada i una altra sentències redundants, com es diu?
Si unes Corts creen l'Acadèmia Valenciana de la Llengua -compte, no de la Llengua Valenciana- i aquesta estableix amb rang de llei que compartim llengua tots els territoris de l'Antiga Corona d'Aragó, com es diu? ( http://www.avl.gva.es/ampliaedicions.asp?id=55&cat=AcordsGenerals NOM I ENTITAT DEL VALENCIÀ) (http://www.avl.gva.es/documents.htm) ( http://www.avl.gva.es/1frame_edicions.htm )
Ja està bé de prendre el pèl, Senyors Camps i Font. Una miqueta d'ètica i vergonya, si els plau!
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El Supremo tumba la exclusión de Filología Catalana´
I. Z.
La Generalitat no puede seguir excluyendo la licenciatura en Filología Catalana como título que acredita el conocimiento del valenciano. Lo estableció hace unas semanas el Tribunal Supremo en una sentencia dada a conocer ayer por el STEPV. En ella desestima el recurso de casación interpuesto por el Consell, y confirma lo que el Tribunal Superior Justicia ha ordenado ya nada menos que 14 veces: los licenciados en Filología Catalana no tienen que pasar el examen de valenciano para presentarse a las convocatorias de docentes no universitarios. Y la Consejería de Educación debe incluir la carrera en la lista de títulos que conllevan la exención de la prueba.
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El STEPV anunció que si en la próxima convocatoria, hacia el mes de abril, Educación vuelve a dejar fuera la titulación, estudiará acudir a la vía penal con una querella "contra el consejero [Alejandro Font de Mora] por prevaricación". El Consell también reaccionó al enésimo varapalo judicial: anunció que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional "una vez estudiada a fondo la sentencia". Queda por saber si, una vez presentado, se admite a trámite.
Vulnera derechos
La relación de títulos que eximen de la prueba, y que la Consejería de Educación incluye en cada convocatoria, es bastante larga. La integran 14 documentos, entre ellos algunos bastante básicos: "El certificado académico de haber superado el ciclo elemental de valenciano expedido la Escuela Oficial de Idiomas", y "la acreditación de haber cursado y aprobado valenciano en todos los cursos de Bachillerato". Filología Catalana, la única carrera sobre la lengua propia que existe en el sistema universitario valenciano, en cambio, no aparece. Sí que figura la vetusta denominación Filologia Valenciana.
La Generalitat afirmó en un comunicado que su recurso al Constitucional se basará en la "defensa de nuestras señas de identidad, el Estatuto de Autonomía, y nuestra personalidad histórica como pueblo, ya que, con esta sentencia, se pueden vulnerar los derechos fundamentales de los valencianos como colectividad".
En 20 días, el Supremo ha dado dos reveses al Consell. En el anterior fallo respaldó que los estatutos de la Universitat de València recojan el término catalán para referirse al valenciano.
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El STEPV lamenta la "hipocresía" de Font de Mora e insiste en que estudiará acciones legales si no cumple el fallo del TS
El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV-IV) lamentó hoy la "actitud prepotente y hipócrita" del conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, al "no querer cumplir" la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que reconoce la titulación de Filología Catalana para acreditar conocimientos de valenciano en las oposiciones docentes.
EUROPA PRESS
Asimismo, insistió en que estudiará acciones legales contra el conseller si éste no da cumplimiento al fallo.STEPV criticó que Font de Mora --que lamentó ayer que algunos "elementos de al sociedad sean incapaces de ser leales" a la definición estatutaria de valenciano-- asegure que la Generalitat es "fiel cumplidora de lo corriente pero se niega al mismo tiempo a cumplir las sentencias judiciales cuando le son contrarias".
"Esta actitud no es propia de un máximo responsable político en un sistema democrático que se basa en el respeto a las reglas del juego y a las decisiones de los tribunales de justicia", consideraron estas fuentes.
En este sentido, argumentaron que "acusar a STEPV de deslealtad al Estatuto es acusar también al Tribunal Supremo que ha dado la razón al sindicato y se puede considerar como una declaración de desacato del conseller a la sentencia".
Advirtieron de que "si Font de Mora continúa en esta línea de desacreditación de la justicia que tanto dice respetar, continúa acusando gravemente al Supremo de deslealtad y no acata la sentencia en las próximas oposiciones, STEPV no dudará en estudiar y poner en marcha las acciones jurídicas pertinentes; y, obviamente, si no se aplica la sentencia en las próximas convocatorias de oposiciones estudiará denunciarlo por prevaricación", apuntaron.
Finalmente, desde STEPV agregaron que el conseller "no sólo debería leerse la sentencia del Tribunal Supremo antes de hacer estas declaraciones sino también los dictámenes de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, entidad que depende de la Generalitat valenciana, y que también reconocen la unidad de la lengua catalana".
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Font de Mora considera desleales al Estatut a quienes reconocen que el título de catalán acredita el valenciano El STE-PV impulsará un pacto cívico por la unidad lingüística
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