dissabte, 4 de març del 2023

Ferrovial y Del Pino, la casta extractiva que forjó su fortuna en la represión franquista

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El consejo de Administración de Ferrovial ha decidido después de vivir de la teta pública hasta dejarla seca que se va a tributar a Países Bajos para generar aún más beneficios. El legado y los millones de los Del Pino en la actualidad se debe a su participación en el golpe de estado fascista.


  Madrid | 01/03/2023

Los Del Pino y Ferrovial son unos perfectos representantes de las élite extractiva que se fraguaron durante el franquismo y que tras la llegada de la democracia se han servido de las instituciones para funcionar como extractor de renta de los españoles para después sacar el dinero del país. El expolio al que han sometido a las clases populares por la vía de los impuestos y los recursos públicos han dejado en una broma el que hicimos en las colonias de ultramar. El consejo de Administración de Ferrovial ha decidido después de vivir de la teta pública hasta dejarla seca que se va a tributar a Países Bajos para generar aún más beneficios.

El legado y los millones de los Del Pino en la actualidad se debe a su participación en el golpe de estado fascista. El fruto original del que parte su fortuna se debe a que Rafael Del Pino Moreno, el patriarca, participó en el bando franquista como voluntario, llegó a oficial de complemento de Artillería como Alférez Provisional hasta alcanzar el grado de teniente. Su afinidad al régimen le facilitó hacer carrera en la empresa "Vías y construcciones", que llegó a dirigir, hasta que logró por su cuenta un contrato con la estatal RENFE y pudo crear Ferrovial. Se casó con Ana María Calvo-Sotelo Bustelo, hermana de Leopoldo Calvo Sotelo, aumentando la endogamia de las familias del régimen.

El actual propietario de Ferrovial es su hijo, Rafael del Pino Calvo Sotelo, que como hombre hecho a sí mismo heredó una de las mayores fortunas del país. El hijísimo no es la primera vez que se lleva dinero fuera de España. Su sociedad personal, Rijn Capital BV, ya estaba radicada en Ámsterdam para no pagar impuestos en España. Aunque siempre han vivido del sector público de este país no llevan bien tributar aquí. Ferrovial fue una de las empresas que se favoreció con el pelotazo de las radiales y la famosa cláusula de salvaguarda llamada "responsabilidad patrimonial del Estado", que garantizaba que las empresas concesionarias de las radiales en el caso de no cumplirse con las estimaciones de recaudación previstas se verían compensadas por el Estado hasta cubrir las inversiones no amortizadas. No solo la familia Del Pino tenía a su padre como garante de la fortuna, también a papá estado garantizándole que no perdería ningún dinero. Hacer negocios disparando con pólvora del rey.

Los Del Pino no solo hacen carreteras radiales y obras públicas en España, también venden armas, como las que se han mandado a Perú para reprimir las movilizaciones indígenas a través de la empresa Maxam, de la que la familia tiene un porcentaje. Las grandes familias parasitarias tienen su representación en el consejo de Administración de Ferrovial y de la Fundación Rafael del Pino. La carta fundacional de la fundación suena paradójica después de que Ferrovial se vaya a tributar a Países Bajos: "He creado la Fundación Rafael del Pino para devolver a la sociedad española parte de lo que esta misma sociedad me ha dado a lo largo de mi vida personal y profesional".

Los Del Pino, los Espinosa de los Monteros, los Pemán, los Oriol y Domecq, la endogamia franquista en sus generaciones presentes perpetuando el modelo de expolio y elusión fiscal que aprendieron en familia durante cuarenta años de democracia. En la Fundación Rafael Del Pino se encuentra José Ignacio Ysasi-Ysasmendi Pemán, que es el nieto de José María Pemán y Pemartín, el depurador de maestros franquista que quiso pasar por poeta. Mónica de Oriol e Icaza, que es la nieta de José María de Oriol y Urquijo, uno de los empresarios que más activamente participó en la represión de republicanos, dueño de Hidrola, que posteriormente se transformó en Iberdrola, y que fue el responsable de realizar informes para la depuración de 80.000 desafectos al régimen franquista cuando era jefe provincial de Falange en Vizcaya. Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós, padre del diputado de VOX Iván Espinosa de los Monteros. Su familia fue partícipe directa de la represión republicana en manos de Eugenio Espinosa de los Monteros. El general estuvo al mando de la columna de orden y policía de ocupación que entró en Madrid tras la victoria fascista publicando un bando que obligaba a los republicanos a presentarse en los campos de concentración temporales que se montaron parra la depuración. Gente de bien. Antes depurando, ahora eludiendo.

La purga franquista de miles de funcionarios vascos, una represión “sistemática y duradera”

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Placa con los nombres de funcionarios afines al régimen que murieron en la Guerra Civil en Gipuzkoa

Maialen Ferreira


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El 19 de junio de 1937, con la caída de Bilbao, hubo un antes y un después para los miles de funcionarios que trabajaban en las distintas administraciones vizcaínas. Antes ocurrió lo mismo en Gipuzkoa, que fue tomada previamente. Y pasó desde el mismo golpe de Estado en Álava, ya que Vitoria fue el primer ayuntamiento de España asaltado por los franquistas. Solamente en Bizkaia y Gipuzkoa, más de 13.000 empleados públicos fueron sancionados y separados de sus puestos. Fue una depuración franquista que supuso una “represión sistemática y duradera”, o al menos así lo describe el doctor en Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Aritz Ipiña Bidaurrazaga, autor de tres libros y diversos artículos sobre este suceso histórico.

Cuando el alcalde pronazi de Vitoria convenció a Franco en 1937 de reinstaurar el actual himno español

Cuando el alcalde pronazi de Vitoria convenció a Franco en 1937 de reinstaurar el actual himno español

“La depuración franquista es un proceso de represión más. Es un proceso punitivo en el que se decide exterminar a todo empleado público para determinar si es apto o no apto para el régimen franquista. Es un proceso de castigo que va a perdurar en el tiempo. Las consecuencias son que a quien se le destituye en el 1937 no vuelve a recuperar su puesto hasta la Ley de Amnistía de 1977, y ahí no recupera su puesto de trabajo, sino los derechos pasivos, o sea, la jubilación. Es una purga con la que se investiga todo, desde la militancia propia hasta la familiar”, explica a este periódico Ipiña tras protagonizar la conferencia Depuración franquista de funcionarios, una represión sistemática y duradera que ha tenido lugar en el Congreso Estatal de Memoria Democrática que se celebra durante esta semana en Irún (Gipuzkoa).

A grandes rasgos, según detalla el investigador, la depuración la realizaban las máximas autoridades, en este caso, los alcaldes. Sin embargo, había un instructor de cada expediente, informes y delatores: “Era un proceso en el que participaban muchas personas. Un proceso extenso en documentación, pero que se hizo en un periodo corto de tiempo”.

¿Cómo averiguaban si un funcionario estaba o no a favor del régimen? Ipiña aclara que era algo que se descubría gracias a las “acusaciones y delaciones de los compañeros”. Como los años previos al franquismo fueron años “convulsos”, no era de extrañar que todos supieran la ideología del compañero de al lado.

“La gente hablaba de política, iba a manifestaciones y más o menos todos sabían de qué pie cojeaba el de al lado. No solo se vigilaba a quien tuviera actividad política, también a aquellos que se quejaran de las actividades del franquismo, como por ejemplo, los bombardeos. Quien los delataba era el vecino o el jefe”, sostiene.

Los funcionarios, para no perder su empleo, trataban de justifica su ideología diciendo cosas como 'soy nacionalista vasco, pero soy católico' o 'soy de izquierdas, pero soy español'

Una de las cuestiones que más sorprendió a Ipiña durante la investigación de los miles de expedientes, fue el hecho de que los funcionarios no negaban su ideología de izquierdas, pese al peligro que corrían por tenerla. “La gente no lo negaba, algunos porque estaban comprometidos con la causa, pero otros porque sabían que era absurdo negarlo o mentir, porque tarde o temprano lo descubrirían, entonces trataban de justificarlo, decían cosas como 'soy nacionalista vasco, pero soy católico' o 'soy de izquierdas, pero soy español'.

Los dos castigos a los que se enfrentaban cuando las autoridades franquistas descubrían que no eran afines al régimen eran la “destitución fulminante”, la que conllevaba también el derecho a la pérdida de la jubilación y, en el mejor de los casos, la reposición con sanción. Según informa Ipiña “las sanciones podían llegar a ser, como en el caso de los funcionarios del Ayuntamiento de Bilbao, desde los 15 días sin sueldo hasta los 6 meses con la pérdida de cargos hasta ocupar el último lugar en el escalafón laboral”. A las personas de ideología franquista o afines al régimen, se les reponía sin castigo y recuperaban su empleo.

Investigar a los fusilados para depurar a sus familiares

Otra de las cuestiones que llama la atención a Ipiña y al resto de los investigadores es el hecho de que también se investigaba a los funcionarios ya fusilados, con el objetivo de depurar a sus familiares. “Es algo perverso, porque negaban los derechos básicos a la persona fusilada y a su familia. Así negaba puestos laborales a los hijos, pensiones a viudas y becas escolares a niños”, advierte, pero reconoce que en aquella época, lo más sensato era “obedecer sin criticar”. “Era mejor que te destituyeran a que te pegasen dos tiros, esa era la máxima. No hubo ningún tipo de queja, todo lo contrario, los delatores estaban encantados porque había sed de venganza, ya que muchos de ellos fueron detenidos por los republicanos”, explica. Por delatar no se obtenían recompensas monetarias, pero sí beneficios laborales o ascensos.

Los delatores estaban encantados con la situación porque había sed de venganza, ya que muchos de ellos fueron detenidos por los republicanos

Cada Administración tenía total libertad y autonomía para aplicar las depuraciones como considerase. Es por ello que los procesos son distintos, también en Euskadi. En Bizkaia, por ejemplo, al llegar los franquistas todos los funcionarios fueron expulsados y tuvieron que solicitar su puesto laboral otra vez. Para ello, existían declaraciones juradas en las que tenían que justificar que estaban a favor o al menos que no estaban en contra del régimen franquista. A modo de ejemplo, Ipiña señala que en el Ayuntamiento de Bilbao había que rellenar un documento genérico en el que los trabajadores debían justificar su ideología, militancia y opiniones. “A algunos con rellenar una única hoja les valía, mientras que otros escribían tres o cuatro para justificarse y ni así eran aceptados”, detalla para ejemplificar la arbitrariedad del sistema.

Más de 13.000 funcionarios depurados en Bizkaia y Gipuzkoa

En sus investigaciones ha analizado a más de 13.000 casos de funcionarios depurados en Bizkaia y Gipuzkoa, pero reconoce que “no todos fueron destituidos”. “En el Ayuntamiento de Bilbao se destituyó al 58%, en la Diputación de Bizkaia al 42% y en la Diputación de Gipuzkoa en torno al 40%. Como mínimo en los Ayuntamientos de las tres capitales vascas se destituyó en torno al 40% del funcionariado”, recuerda Ipiña, que reconoce que comenzó con esta investigación “de casualidad” hace 20 años y que desde entonces se ha convertido en algo que “le apasiona”, pero pide “más facilidades” para poder acceder a archivos públicos. “Nos ponen muchas trabas en algunos archivos y eso dificulta nuestras investigaciones, muchas veces porque a los propios trabajadores del archivo y a algunas instituciones no les gusta que estemos investigando sobre esto”, confiesa.

A pesar de que muchos investigadores se hayan centrado en los últimos años de sacar a la luz la purga del franquismo contra la enseñanza, para Ipiña hay otros colectivos de funcionarios, como, por ejemplo, el cuerpo de Bomberos, donde las sanciones fueron más cuantiosas. En Bizkaia, concretamente, el 96% de la plantilla fue destituida. Esto se debe a que se buscaba controlar, cuando no eliminar “a todos los jóvenes con edad militar”. “En aquella época el cuerpo de Bomberos estaba compuesto por chicos jóvenes, sanos, montañeros y en su mayoría nacionalistas vascos que habían combatido en la guerra. La intención del régimen era tratar de evitar nuevos enfrentamientos y más con personas que sabían utilizar armas”. Aun así, la intención del franquismo era crear un nuevo Estado, por lo que, a pesar de que tuvieran una ideología que entrase en controversia con el régimen, había algunos funcionarios, como los médicos, a los que sancionaban, pero no destituían, porque “era difícil y caro sustituirlos y hacían falta”.

Depuraciones en Vitoria desde el mismo golpe de Estado

Según investigaciones propias, en Álava y, en particular, en Vitoria también se produjo una purga de funcionarios que fueron leales a la legalidad. Solamente un dato, cuando Rafael Santaolalla asumió la alcaldía de la ciudad a las 24 horas de iniciarse la sublevación, seis trabajadores municipales no se cuadraron ante el izado de la bandera no oficial, la roja, amarilla y roja. Se interpretó como un “gesto despectivo de suma gravedad” y fueron identificados. Eran dos oficiales, dos botones (Juan Apellániz y Jesús Armentia) y dos temporeros (Prudencio Herrero y Javier Ochoa). Las siguientes semanas, Santaolalla prosiguió depurando al personal no afecto al nuevo régimen. En los pueblos de Álava también fueron ubicadas en las instituciones personas afines.

Licitan el servicio de exhumación de las fosas comunes en los cementerios de San Rafael y La Salud de Córdoba

 https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/Licitan-San-Rafael-Salud-Cordoba_0_1771324303.html



Un letrero señala una de las fosas comunes que serán desenterradas. / RAFA ALCAIDE / EFE

La Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba ha sacado a licitación el servicio de exhumación, preservación y custodia de los restos óseos y muestras biológicas de las fosas comunes de las víctimas del franquismo de los cementerios municipales de Nuestra Señora de la Salud y de San Rafael.

Este contrato se impulsa en cumplimiento del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Córdoba, el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del Gobierno de España, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba para la exhumación e identificación de los restos hallados en las fosas comunes de los cementerios de San Rafael y de La Salud.

Las ubicaciones concretas donde se van a realizar las actuaciones en el cementerio de Nuestra Señora de La Salud en el entorno de la zona de Virgen de los Dolores, y en el de San Rafael, en la zona ajardinada.

El Ayuntamiento de Córdoba se encargará, por lo tanto, de la ejecución de las actuaciones necesarias para la exhumación de las fosas, que incluye las actuaciones de exhumación e individualización de los cuerpos, el estudio antropológico forense, la toma de muestras de los restos óseos exhumados y la dignificación del espacio en que han sido localizadas las fosas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, mediante Orden de la Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática de 12 de febrero de 2018, por la que se acuerdan actuaciones específicas en memoria democrática en el municipio de Córdoba, se aprobaron las actuaciones de indagación, localización, delimitación, exhumación e identificación genética, si procediera, de los restos hallados en las fosas existentes en el municipio de Córdoba.

Durante los años 2018, 2019, 2020 y 2021 se llevaron a cabo trabajos de investigación histórica y documentación de indicios para la localización y caracterización de las fosas de los cementerios de San Rafael y de La Salud de Córdoba y los de evaluación de factores de riesgos de conservación en el entorno y espacio de estas. Fruto de los trabajos realizados, se pudieron delimitar las fosas existentes en dichos cementerios y se elaboró un proyecto para proceder a su exhumación.

El contrato tiene una duración de 30 meses y el presupuesto base de licitación asciende a 1.600.000 euros, IVA incluido. La fecha límite para la recepción de ofertas es el 17 de marzo. Este contrato se financia mediante la aportación de 400.000 euros por parte de cada una de las cuatro administraciones. Por un lado, una aportación directa del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del Gobierno de España de 400.000 euros al Ayuntamiento, a la que hay sumar la aportación acordada a través del convenio de colaboración suscrito entre la Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Córdoba y Diputación de Córdoba, a través de la cual se establece que cada administración aporta otros 400.000 euros.

Recuperan los restos de la víctima número 200 en la fosa común del cementerio de Nerva

 https://www.huelvainformacion.es/provincia/Recuperan-restos-victima-cementerio-Nerva_0_1769224691.html

Arqueólogos a pie de campo.

Arqueólogos a pie de campo. / JUAN A. HIPÓLITO (Nerva)

Se trata del número 200. Por ahora es solo eso, un número, poco más. Los estudios antropológicos determinarán el sexo y la edad, además de la forma en la que le arrebataron la vida sus asesinos en la fosa común más grande de la España rural. Pero su dignidad ya ha empezado a resurgir desde el mismo momento en el que el equipo de arqueólogos que trabaja en el cementerio municipal de Nerva ha rescatado sus restos de las entrañas de esta tierra minera y rojiza, al igual que la de otras víctimas del Franquismo exhumadas hasta el momento y de las que quedan por recuperar.

Tras ese número hay un nombre y apellidos. Bien podría ser alguno de estos: Juana Domínguez, Apolonio Ramírez, Juan José Guillén, Josefa Pérez, Vázquez Pérez, Francisco Sánchez, Onofre Marín, Ubaldo Guerrero, Enrique Moya… El listado es amplio. Los descendientes de estas personas desaparecidas tienen puesta todas las esperanzas en los trabajos que vienen desarrollándose en Nerva desde hace seis años. El caso del cabo Godoy, primera persona fusilada en la localidad vecina de Minas de Riotinto, cuyo honor ha quedado restituido tras su exhumación en mayo de 2022, mantiene intacto todos sus anhelos de reencontrarse con sus antepasados.

El director del equipo de arqueólogos que trabaja en la fosa nervense, Andrés Fernández, calcula que en los próximos meses podrán recuperar los restos óseos de alrededor de una treintena de víctimas, con las que podrían finalizar los trabajos de exhumación iniciados en mayo de 2019, año y medio después de proceder a la apertura de las fosas.

Entrada de tropas sublevadas en Nerva en 1936.Entrada de tropas sublevadas en Nerva en 1936.

Entrada de tropas sublevadas en Nerva en 1936. / M. G.

A poco menos de dos meses para concluir los trabajos, Fernández se atreve a dar una última cifra con la que concluirán y destaca un dato que subraya la crueldad con la que se ensañaron los verdugos con sus víctimas en la localidad minera: “Finalmente podremos alcanzar las 230/240 víctimas, de las que una quinta parte corresponderán a mujeres. Y de todas, tan solo una veintena están documentadas en algún tipo de registro. No obstante, las pruebas genéticas realizadas a los familiares deberían cerrar el círculo. Nosotros solo ponemos números, pero es el ADN el que terminará poniendo los nombres y apellidos”.

El experto arqueólogo agradece el trabajo realizado por su equipo durante todos estos años en la localidad minera, merecedor del galardón ‘Torre de Nerva’ en agosto de 2022, así como la implicación del mismo más allá de su horario laboral. Y adelanta la intención de llevar a cabo una publicación literaria para honrar la memoria de las víctimas, conocimiento de los nervenses y público en general.

En paralelo a los trabajos de campo en la fosa, también se lleva a cabo un minucioso estudio de investigación en el archivo municipal donde los profesionales intentan de encontrar respuestas a otras muchas preguntas relacionadas con los terribles hechos ocurridos en Nerva hace 87 años.

Toma de ADN a familiares.Toma de ADN a familiares.

Toma de ADN a familiares. / JUAN A. HIPÓLITO

La historiadora y arqueóloga Maribel Brenes se encuentra en pleno proceso de ampliación de la investigación inicial realizada sobre las víctimas, indagando en hechos previos a la guerra civil, para comprobar si podrían haber tenido algún tipo de relación con las personas que luego acabaron en la fosa. “Tenemos certeza de que personas de Nerva que se vieron implicadas en la huelga de 1934 y luego fueron procesadas, finalmente acabaron en la fosa”, asegura.

Brenes destaca la importancia de este tipo de investigación en paralelo al trabajo de campo. “La arqueología certifica los hechos, pero la documentación es imprescindible para cotejar lo ocurrido. Estamos encontrando muchos documentos que muestran determinadas disputas que luego se ajustaron con balas. Las fuentes vivas también son fundamentales en este tipo de investigación porque aportan detalles que no se recogen en las fuentes documentales”.

Al igual que ha ocurrido con la inmensa mayoría de las exhumaciones realizadas hasta ahora, el arqueólogo Cristóbal Alcántara ha encontrado evidentes signos de violencia en este nuevo grupo del que ha salido la víctima número 200. Además de la forma en la que han aparecido los restos, como si hubieran sido arrojados a la fosa de cualquier forma, la presencia de proyectiles en algún que otro cráneo, así como los numerosos casquillos de arma corta y las vainas de fusil halladas junto a los restos óseos, vuelven a marcar la escena de los crímenes perpetrados en la fosa.

Casquillos de arma corta y vainas de fusil.Casquillos de arma corta y vainas de fusil.

Casquillos de arma corta y vainas de fusil. / JUAN A. HIPÓLITO

De entre los objetos personales rescatados en este nuevo grupo, destacan algunos típicos de mujer: peinetas y horquillas para el pelo, y hebillas para medias. “La edad de estas víctimas oscila entre los 25 y 35 años. Y del grupo de las 19 últimas exhumadas, 8 corresponden a mujeres”, subraya el arqueólogo. Junto a este grupo, ya afloran los restos de uno nuevo, del que empieza a verse con claridad las lentes de unas gafas y unos zapatos de cuero, que bien podrían pertenecer a una persona intelectual de la época.

Tras la exhumación de los restos óseos de este nuevo grupo de víctimas, el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, ha vuelto a incidir en el “horror” que tuvieron que pasar los nervenses de la época ante las pruebas de violencia surgidas de las entrañas de la tierra. “Esto no debería de repetirse jamás. Tuvo que ser una masacre horrible. Se ensañaron con una población indefensa por el simple hecho de pensar diferente o defender el Estado de Derecho imperante en la época en forma de República. Ahora solo falta que las pruebas de ADN a los familiares nos de alguna alegría y podamos dignificar la memoria de las víctimas. Y de la Junta solo espero que sus discursos se correspondan con hechos porque ya va para dos años sin saber nada de las muestras que se llevaron a Granada”, comenta.

Seis años de trabajos

La localización y delimitación de las fosas de Nerva se inició en noviembre de 2017, 81 años después de su creación, y los primeros cuerpos comenzaron a exhumarse en agosto de 2019. La Coordinadora Cuenca Minera del Río Tinto para la Recuperación de la Memoria Histórica fue la principal impulsora de este proyecto con la colaboración de la Administración local, a la que más tarde se fueron uniendo la provincial, autonómica y estatal. Aunque la Junta de Andalucía se ha mantenido al margen de estos trabajos desde la toma de posesión del primer Gobierno presidido por Juanma Moreno Bonilla, a pesar del compromiso adquirido con el convenio firmado en agosto de 2018 por sus predecesores.

El trabajo de exhumación ha sido especialmente complejo en las fosas nervenses por la degradación que presentan los cuerpos expuestos durante más de 80 años a la acidez del terreno minero, a lo que se suma la disposición en forma de apiñamiento que presentan los mismos y los diferentes niveles en los que se encuentran.

Desaparecidos en 1936 en Nerva.Desaparecidos en 1936 en Nerva.

Desaparecidos en 1936 en Nerva. / JUAN A. HIPÓLITO

En la primavera de 2001, decenas de personas pasaron por el cementerio de Nerva para dejar su huella genética con la esperanza de encontrar a sus ancestros desaparecidos durante la guerra civil. No solo les quitaron sus vidas. También les arrebataron su identidad, condenándoles al más injusto de los olvidos. Pero sus hijos se encargaron de contar cada una de sus historias a sus nietos, poco a poco, cuando fueron pudiendo, cuando vieron el mejor momento, cuando los años se les iban echando encima sin remisión, cuando las aguas se fueron calmando, cuando la democracia ganó a la dictadura, cuando se empezó a hablar de memoria histórica, verdad, justicia y reparación.

En julio de 2021, la Universidad de Granada recepcionó las muestras óseas de los restos exhumados hasta ahora, así como las tomas biológicas realizadas a medio centenar de familiares de represaliados por el Franquismo durante la guerra civil española, para su cotejo y posterior identificación. Aún se está a la espera de los resultados.

En Nerva se sitúa el enterramiento común más grande de los 120 contabilizados en Huelva, la segunda provincia con mayor número de fosas de su región. Se trata de la mayor fosa común documentada en una zona rural de España. Se encuentra en el interior del cementerio municipal y ocupa prácticamente todo el muro de la fachada principal, de extremo a extremo, con más de 200 metros cuadrados, a excepción de la puerta de entrada que divide a la fosa. En un par de meses concluirán los trabajos de exhumación, quedando a la espera de los resultados de las pruebas genéticas realizadas en su momento a familiares de las víctimas que permitirían poner nombre y apellidos a los restos recuperados, incluido el número 200.

Hechos históricos

En Nerva, la barbarie comenzó a finales de agosto de 1936. La localidad minera permanecía sitiada por las tropas sublevadas a la II República y aislada del resto de municipios de la provincia de Huelva. Hacia el mediodía del día 26 se daba cuenta de la rendición del pueblo, sin la más mínima resistencia, con la única intención de evitar cualquier derramamiento de sangre. Sin embargo, por la tarde comenzó una represión que se prolongó durante meses y finalizó con más de un millar de personas de la zona desaparecidas, según apuntan diferentes investigaciones.

Según el último estudio presentado por los investigadores de la zona, Alfredo Moreno de Minas de Riotinto y Gilberto Hernández de El Campillo, en forma de publicación literaria, las víctimas contabilizadas entre 1936 y 1939 en diferentes registros documentados rondan las 1.000 para toda la Comarca, siendo los nervenses los más castigados con 336 víctimas, seguidos de riotinteños y campilleros con más de 200. En ‘Memoria Vindicada. 1936-1939’, los autores realizan un pormenorizado estudio basado en fuentes documentales, aunque podrían llegarse a contabilizar decenas de víctimas más que, según testimonios orales, quedaron al margen de cualquier registro oficial.

Una peineta encontrada en una fosa.Una peineta encontrada en una fosa.

Una peineta encontrada en una fosa. / JUAN A. HIPÓLITO

Los sucesos acontecidos en la localidad minera fueron de tal crudeza que, aún hoy día, 87 años después, es difícil de afrontar por parte de los familiares de las víctimas. La inmensa mayoría de ellos desconoce si sus antepasados se encuentran en la doble fosa común de 223 metros cuadrados ubicada tras los muros de la fachada principal del cementerio municipal.

Las secuelas de aquella represión no solo fueron físicas, también psíquicas: el temor a nuevas represalias caló hasta los huesos en una población que, paralizada por el miedo, vio con impotencia como se anulaba por completo el carácter reivindicativo de sus gentes. Tuvieron que pasar más de 30 años para ver resurgir esa valentía minera en forma de organizaciones políticas y sindicales de corte clandestino; más de medio siglo para empezar a hablar, no sin cierto recelo, sobre todo lo ocurrido; y casi nueve decenios para atreverse a reivindicar la identificación y la recuperación de unos cuerpos a los que arrebataron su identidad.

El Congreso desbloquea la Ley de bebés robados, congelada desde septiembre de 2020

 https://www.republica.com/espana/bebes-robados-ley-desbloqueada-20230228-13431903612/


La norma acumulaba casi un centenar de ampliaciones del plazo de enmiendas, lo que impedía que su tramitación parlamentaria siguiera adelante

Día feliz para las víctimas de bebés robados en España. La Mesa del Congreso ha desbloqueado, tras un acuerdo de PSOE y Unidas Podemos, la tramitación de la iniciativa legislativa popular (ILP) conocida como Ley sobre 'bebés robados', que permanecía congelada desde septiembre de 2020 en el trámite de enmiendas tras casi un centenar de prórrogas.

La Ley de 'bebés robados' es una de las siete normativas que Unidas Podemos exigían descongelar en el Congreso, como es el caso de secretos oficiales, de medidas contra la morosidad, la normativa sobre seguridad del paciente, la reforma para despenalizar los denominados delitos de opinión (como las injurias a la Corona), la ley de salud mental y la norma para ayudar a los afectados por la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).


A través de un comunicado, la Coordinadora Estatal de apoyo a la querella argentina contra los crímenes del franquismo (CeAqua), la asociación Todos los niños robados son también mis niños, entidad integrante de esta Coordinadora, y Amnistía Internacional, han mostrado su "enorme satisfacción "por el desbloqueo de la Proposición de Ley sobre 'bebés robados' en el Estado español (122/000039), después de dos años y medio de paralización.


El desbloqueo de la Proposición, para que se continúe con su tramitación, ha sido un "trabajo extenuante" que, desde CeAqua y Todos los niños robados son también mis niños remarcan que "ha sido posible gracias a la ayuda de todas las víctimas y asociaciones de 'bebés robados' que han remado a favor de esta Proposición, y con la cooperación también de muchas personas que sin ser víctimas la han apoyado de manera continuada".


La reparación de las víctimas

Aunque la norma fue tomada en consideración en el Congreso en junio de 2020, las constantes prórrogas de enmiendas impedían su aprobación final y la consiguiente reparación a las víctimas. Ante este bloqueo, organizaciones de familias y de defensa de derechos humanos presentaron el pasado 7 de febrero en el Parlamento más de 81.000 firmas reclamando el desbloqueo y la aprobación de la norma antes del finalizar la legislatura.


Entre otros aspectos, la ley contempla reconocer y asegurar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición con diversas medidas, entre las que se encuentran: la garantía del derecho al acceso a todo tipo de archivos, tanto públicos como privados (destacando los de clínicas y hospitales, y los de la Iglesia Católica); la realización de exhumaciones sufragadas por el Ministerio de Justicia; la atención médica, jurídica y psicológica gratuita, y la realización de campañas de información y difusión por parte de los poderes públicos para que este crimen contra la humanidad no vuelva a repetirse jamás.


Asimismo, se crearía una Fiscalía Especial, una Unidad especial de Investigación de la Policía Judicial y una Comisión Estatal por el Derecho a la Identidad, así como una Base de ADN nacional -cuyas pruebas serán gratuitas- y se establecería la participación de las víctimas a través de sus representantes en algunos de los organismos y herramientas creadas.


Recordemos que esta Proposición de Ley se admitió a trámite por unanimidad en el Congreso de los Diputados el 20 de noviembre de 2018. Debido al adelanto electoral, decayó y fue necesario un nuevo registro. Se volvió a aprobar para su toma en consideración el 23 de junio de 2020, lo que demuestra un importante consenso político. El 17 de septiembre de 2020 se abrió el trámite de enmiendas de la Proposición, que está ubicada en la Comisión de Justicia. La ley se ha quedado parada en este trámite.


Si quiere firmar la petición pinche en este enlace.