Rajoy, uno de los nuestros._____________________________________________
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dissabte, 7 de novembre del 2009
diumenge, 17 de maig del 2009
PP Vice 18/05/2009. La Gürtelpedia (Público).
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Los términos claves del mayor escándalo de corrupción en el PP, de la A a la Z
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dimarts, 21 d’abril del 2009
PP Vice. 21/04/2009. La trama corrupta gastó 200.000 euros en ropa para regalar a cargos del PP.
_La trama corrupta gastó 200.000 euros en ropa para regalar a cargos del PP
JOAQUÍN FERRANDIS - Valencia - 21/04/2009
Los directivos de la trama empresarial creada por Francisco Correa para lucrarse con contratos de administraciones gobernadas por el PP solían hacer regalos de agradecimiento a los cargos públicos vinculados a esas adjudicaciones.
JOAQUÍN FERRANDIS - Valencia - 21/04/2009
Los directivos de la trama empresarial creada por Francisco Correa para lucrarse con contratos de administraciones gobernadas por el PP solían hacer regalos de agradecimiento a los cargos públicos vinculados a esas adjudicaciones.
Una cajera de Milano: "Nos propusieron facturar trajes como mantelerías"
En unos casos, según la investigación judicial y policial, se trataba de vehículos; en otros, de joyas; en algún supuesto, de inmuebles y, en muchos, de simples trajes de entre 600 y 1.000 euros la pieza. Esos regalos aparecían reflejados en la contabilidad de las distintas empresas como gastos propios de su actividad.
Un informe de la Agencia Tributaria incorporado al sumario que se está instruyendo en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, al que ha tenido acceso EL PAÍS, acredita que en sólo dos años (2005 y 2006) las empresas Easy Concept, Good anb Better, Servimadrid Integral y Orange Market han declarado compras de material a la empresa Milano por casi 200.000 euros.
Directivos de alguna de estas empresas han declarado al juez que hacían regalos en forma de trajes a alcaldes y concejales de ayuntamientos donde habían logrado distintos contratos.
Entre esos directivos figura Isabel Jordán, despedida de la trama empresarial corrupta a finales de 2007, quien confesó al juez y a la policía que compró en dos ocasiones trajes para quien era entonces alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero. Y también sugirió que compró otros regalos a concejales de la misma corporación.
Jordán aseguró que eran regalos por Navidad, pero el juez le preguntó entonces por qué se habían comprado los trajes en la tienda Milano en el mes de octubre. La ex directiva de la trama corrupta argumentó entonces que entre que se encargaba el traje, se confeccionaba y se entregaba, pasaban dos meses, justo para el regalo de Navidad. El jefe de ventas de esa tienda de ropa, José Tomás, negó ante el juez que la compra de los trajes se hubiera hecho en fechas próximas a las navidades.
"Igual que le regalo a él [Arturo González Panero], regalo a otras personas", declaró Jordán a la policía: "Son regalos por propia iniciativa mía, al igual que he hecho a muchos concejales de Boadilla del Monte. Es habitual en el sector de la publicidad".
Boadilla del Monte es un municipio de la Comunidad de Madrid donde gobierna el PP con una amplísima mayoría absoluta y donde, supuestamente, la trama corrupta había echado raíces para sus negocios. Tanto es así, que la investigación judicial destapó el supuesto pago de una comisión de tres millones de euros por la adjudicación de suelo para viviendas de lujo a un promotor inmobiliario para el que trabajaba Francisco Correa como conseguidor e intermediario.
Las empresas de la trama corrupta camuflaban los gastos en regalos de todo tipo para cargos públicos del PP, como adquisición de material necesario para la actividad de la sociedad, de manera que pudieran declararlo a la hacienda pública y ahorrarse mucho dinero, pues les esa fórmula les permitía reducir el monto de los beneficios por los que tendrían que pagar al fisco.
Durante la investigación, la policía interrogó a varias cajeras que trabajaron durante el tiempo en que ocurrieron los hechos en las tiendas Milano y Forever Young.
Una de esas trabajadoras relató así el procedimiento utilizado en relación con los trajes que la trama corrupta compraba a cargos del PP: "Elaborábamos las facturas poniendo el concepto que deseara el cliente o nos dijera el encargado [José Tomás], poniendo un número a la factura sin ningún tipo de control o registro para que las mismas fueran consecutivas, y no quedaba registrada ni almacenada en ningún sitio".
"Recuerdo", continúa la empleada de Milano en su declaración ante la policía, "que el entonces director de la tienda, José Tomás, me propuso que una venta de trajes de chaqueta que iban a hacer a personas que ostentaban cargos en el PP, entre ellos Francisco Camps, se facturaría como venta de mantelerías o cristalerías. Lo propusieron las personas que iban a comprar los trajes. Una de estas personas era un hombre con bigote que se llamaba Álvaro [en relación a Álvaro Pérez, directivo de Orange Market, empresa que contrataba con la administración valenciana]".
La empresa Orange Market se encargaba de montar los eventos del PP en la Comunidad Valenciana, donde, en algunos casos, se trataba de organizar almuerzos con numerosos asistentes, por lo que podrían hacer pasar los regalos de trajes a cargos públicos populares como gastos para montar los actos políticos a la empresa, en este caso el PP, que se los encargaba.
"Tengo la oficina llena de trajes para dejárselos a personalidades"
- Primera visita tras la citación. José Tomás, jefe de ventas de Milano y de Forever Young, donde los altos cargos del PP adquirían sus trajes por encargo de Álvaro Pérez y Pablo Crespo (dos de los directivos de la trama corrupta), recibió a mediados de febrero la citación de la Fiscalía Anticorrupción. Tomás, según su propio relato ante la policía, se vio con Crespo antes de acudir a la fiscalía, y éste -afirma en su declaración el jefe de ventas- elucubró sobre los motivos de la misma: "Puede estar relacionado con algo del alcalde de Boadilla porque ha podido decir algo Isabel Jordán porque la hemos despedido. Pero no hay ningún problema, lo tenemos todo muy bien, no tenemos nada que ocultar fiscalmente". Dos días después, se presenta en la tienda Álvaro Pérez y habla con José Tomás: "Tranquilo, no tenemos nada que ocultar".
- Un café con el sastre. Al día siguiente, Tomás declaró ante la Fiscalía Anticorrupción y, 24 horas después, Pablo Crespo le invitó a tomar un café en un establecimiento comercial próximo a la tienda. En ese lugar le pregunta qué ha pasado con el fiscal y Tomás contesta que le ha preguntado por dos empresas de la trama corrupta y sobre la facturación de la tienda de ropa en la que trabajaba.
- La explicación de Pérez. Una semana después, Álvaro Pérez acude a la tienda de Tomás y le cuenta su versión de los hechos: "El tema de los trajes y la fiscalía me dan exactamente igual. Tengo en la oficina una barra [sic] de trajes llena y puedo decir que los tengo para dejárselos a determinadas personalidades. Que los compré yo y que yo los dejo y luego me los devuelven. Estoy supertranquilo, no tengo nada que ocultar".
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El sumario de la causa iniciada por el juez de la Audiencia Baltasar Garzón implica, entre otros, al presidente de la Generalitat, Francisco Camps
ELPAÍS.com / AGENCIAS - Madrid - 21/04/2009
El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha asumido la competencia sobre la causa que investiga la red de corrupción dirigida por Francisco Correa y que implica a altos cargos del PP en la Comunidad Autónoma como el presidente Francisco Camps, su número dos, el secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, el ex conseller Víctor Campos, y a Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo y actual jefe de protocolo de la Diputación de Valencia.
En este mismo auto se ha acordado la apertura de diligencias previas por posible delito de cohecho para determinar la naturaleza de los hechos y la posible participación en ellos de las personas mencionadas, según ha informado en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. La sala ha adoptado esta decisión una semana después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara en un auto al TSJCV que tomara declaración a Camps y a Costa, aunque especificaba en el escrito que en el estado actual de la causa.
El sumario de la trama ha ido avanzando en estos últimos días aportando nuevos indicios contra los implicados. Los tomos del sumario del caso Gürtel que hacen referencia a supuestas conductas delictivas en la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, incorporan numerosas evidencias que, según la Fiscalía Anticorrupción, acreditarían la responsabilidad del secretario general del Partido Popular valenciano, Ricardo Costa, y la existencia de facturas que implicarían al presidente del Ejecutivo valenciano, el popular Francisco Camps, informa Joaquín Ferrandis.
El pasado 31 de marzo, la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordó aceptar la inhibición planteada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en la trama de corrupción destapada en la 'Operación Gürtel' que afectaba a aforados autonómicos del PP madrileño
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El Tribunal abre diligencias previas de investigación para determinar si existen indicios de delito
Serán investigados el president de la Generalitat, Francisco Camps, el ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos, y el jefe del protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret, y Ricardo Costa.
PÚBLICO.ES / EUROPA PRESS - Madrid - 21/04/2009 14:53
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dictado un auto por el que se declara competente para investigar la trama valenciana del caso Gürtel.
El Tribunal pretende conocer los hechos derivados de la resolución dictada por Baltasar Garzón (auto en PDF ), atribuidos presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el portavoz del PP en las Cortes Valencianas y secretario general del PPCV, Ricardo Costa, el ex conseller y ex vicepresidente Víctor Campos y a Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, y actual jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia.
Según informó el TSJCV en un comunicado, en este mismo auto se ha acordado la apertura de diligencias previas, por posible delito de cohecho, "para determinar la naturaleza de los hechos y la posible participación en los mismos de las personas mencionadas".
El magistrado José Flors ha sido designado instructor de esta investigación penal.
Solicitud de la Fiscalía
La sala ha adoptado esta decisión una semana después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara en un auto al TSJCV que tomara declaración a Camps y a Costa, aunque especificaba en el escrito que en el estado actual de la causa, las dádivas que percibieron "no aparecen relacionadas con una actividad concreta de las mercantiles vinculadas a Francisco Correa".
El pasado 31 de marzo se aceptó la inhibición planteada por el juez Garzón
El pasado 31 de marzo, la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordó aceptar la inhibición planteada por el juez Garzón, que afectaba a aforados autonómicos del PP madrileño.
Asimismo, la Sala de lo Civil y Penal, a la vista de las "numerosas filtraciones" que sobre el contenido del procedimiento se están conociendo a través de los medios de comunicación, ha efectuado también un pronunciamiento sobre el secreto sumarial.
Regulación clara y expresa
En este sentido, recuerda que este secreto, "que afecta a todas aquellas personas que no sean parte", tiene una regulación "clara y expresa" en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento criminal.
Este precepto señala textualmente, según indica el comunicado, que las diligencias del sumario "serán secretas hasta que se abra el juicio oral con las excepciones determinadas en la presente Ley.
El abogado o procurador de cualquier de las partes que revelare indebidamente el secreto del sumario, será corregido con multa de 250 a 2.500 pesetas (sic)".
"En la misma multa incurrirá cualquier otra persona que no siendo funcionario público cometa la misma falta. El funcionario público, en el caso de los párrafos anteriores, incurrirá en la responsabilidad que el Código Penal señale en su lugar respectivo", añade.
Esta responsabilidad está recogida en el artículo 417 del Código Penal, cuyo artículo 466 tipifica como delito el hecho de revelar actuaciones declaradas secretas por la autoridad judicial, como lo ha sido la causa principal de este procedimiento.
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J. F. - Valencia - 21/04/2009
La inmensa mayoría de la ropa que vendieron las tiendas Milano y Forever Young a cinco altos cargos del PP en la Comunidad Valenciana -entre ellos el presidente autonómico, Francisco Camps, y el secretario general del partido en esa comunidad, Ricardo Costa- fue pagada por Orange Market, la empresa integrada en la trama corrupta de Francisco Correa, que dirigía en Valencia Álvaro Pérez. Ésa es la conclusión de los expertos policiales que investigaron durante varios meses la documentación aportada por Milano y Forever Young e interrogaron a directivos de ambas tiendas y a miembros del personal de las mismas.
La inmensa mayoría de la ropa que vendieron las tiendas Milano y Forever Young a cinco altos cargos del PP en la Comunidad Valenciana -entre ellos el presidente autonómico, Francisco Camps, y el secretario general del partido en esa comunidad, Ricardo Costa- fue pagada por Orange Market, la empresa integrada en la trama corrupta de Francisco Correa, que dirigía en Valencia Álvaro Pérez. Ésa es la conclusión de los expertos policiales que investigaron durante varios meses la documentación aportada por Milano y Forever Young e interrogaron a directivos de ambas tiendas y a miembros del personal de las mismas.
Francisco Camps Ortiz
A FONDO
Orange Market fue creada en Valencia unos meses después de que Francisco Camps ganara sus primeras elecciones autonómicas a presidente de esa comunidad. Durante los cinco años de existencia de Orange Market, esta empresa logró contratos de la Administración valenciana por seis millones de euros. Pérez ha presumido durante este tiempo de su amistad con Camps. El presidente valenciano, en algunas conversaciones mantenidas con personas vinculadas a la trama que se investiga, ha reconocido esa relación.
A FONDO
Orange Market fue creada en Valencia unos meses después de que Francisco Camps ganara sus primeras elecciones autonómicas a presidente de esa comunidad. Durante los cinco años de existencia de Orange Market, esta empresa logró contratos de la Administración valenciana por seis millones de euros. Pérez ha presumido durante este tiempo de su amistad con Camps. El presidente valenciano, en algunas conversaciones mantenidas con personas vinculadas a la trama que se investiga, ha reconocido esa relación.
La Brigada de Blanqueo de Capitales del Cuerpo Nacional de Policía entregó el pasado 23 de febrero un "informe sobre ventas en las tiendas de la cadena Forever Young y Milano" al juzgado de Baltasar Garzón. Lo que sigue es un amplio resumen de ese informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS y que consta en el sumario que está instruyendo el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana:
- Pagos a cuenta. "Una vez analizados los distintos pagos a cuenta y la forma de liquidación de los mismos, en cuanto al listado que se detalla (compras por más de 20.000 euros en ropa para Rafael Betoret, Francisco Camps, Víctor Campos, Ricardo Costa y Pedro García) se puede manifestar, siempre según los datos aportados por la empresa Cortefiel (matriz de Milano), que las compras efectuadas por todas esas personas, a excepción de uno de los [dos] pedidos a nombre de Camps, que todos ellos han sido abonados, junto con otros, mediante dos talones bancarios por importe de 10.672 euros y 16.936 euros, ingresados con fecha 20 de septiembre de 2006, en la cuenta del Banco Barclays Bank de la tienda, procedentes de la mercantil Orange Market".
- Facturas a gusto del cliente. "Es de destacar que no se disponen (sic) de las facturas que habrían elaborado al objeto de justificar los distintos pagos efectuados, puesto que Milano no elabora sistemáticamente las facturas de las ventas que efectúa, salvo petición expresa del cliente, no guardando copia de las mismas, y menos en el caso que nos ocupa, en que habrían generado una serie de facturas a gusto del cliente, con conceptos, fechas y números de las mismas inexistentes".
- Conclusiones. "Por parte de las personas que trabajaban en Milano y Forever Young, bien sea directamente por su responsable José Tomás, o bien por parte de personal a su cargo, dependiente del mismo, el cual seguía sus instrucciones, se elaboraban facturas, alterando el concepto de las mismas, siguiendo las instrucciones de Pablo Crespo y Álvaro Pérez [directivos de la trama corrupta], adaptando el contenido de éstas a distintos productos que nada tienen que ver con la prenda de vestir real que se vende, con el único fin de ocultar el verdadero destinatario de las ventas efectuadas, por lo que se trata de facturas falsas. El importe de las facturas achacables a Camps, Costa, Betoret, García y Campos, que no habrían sido abonadas directamente por los mismos, según información facilitada al respecto por dichos establecimientos asciende a 36.442 euros. Todas estas compras han sido saldadas mediante transferencias bancarias o cheques de las compañías Servimadrid, Diseño Asimétrico y Orange Market".
Las tres empresas están dirigidas por Francisco Correa y sus principales colaboradores, todos ellos imputados en el caso de la trama corrupta vinculada a Administraciones gobernadas por el PP.
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El Albondiguilla, el ex alcalde de Arganda, el diputado Bosch Tejedor... ¿cabezas pensantes de la trama corrupta?
Cargos populares de Madrid ideaban negocios para Correa, además de poner la mano
Cargos populares de Madrid ideaban negocios para Correa, además de poner la mano
La Agencia Tributaria detecta que se cargaban como material para eventos
Correa se gastó 200.000 euros en trajes-regalo para cargos del PP
Correa se gastó 200.000 euros en trajes-regalo para cargos del PP
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El TSJ valenciano asume la competencia del caso Gürtel
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha asumido la competencia sobre el caso en el que están implicados el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el número dos del PP valenciano, Ricardo Costa
El líder socialista eleva el tono de su crítica al presidente, al que llama "jefe del lodazal político"
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dilluns, 20 d’abril del 2009
El PSPV cifra en 6.400 los dependientes fallecidos sin recibir las ayudas solicitadas. A qui van els diners que rep el Consell per a la Dependència?
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El PSPV cifra en 6.400 los dependientes fallecidos sin recibir las ayudas solicitadas
Los socialistas detectan un retraso de 582 días de media desde la valoración hasta que los afectados reciben la resolución
Levante-EMV, Valencia
El PSPV estima que en la Comunitat Valenciana hasta marzo de este año unas 6.400 personas han fallecido sin recibir las ayudas contempladas en la Ley de Dependencia que habían solicitado.
Según señaló ayer a este diario el portavoz socialista de Políticas Sociales en las Corts, Antonio Torres, la aplicación de la ley que está llevando a cabo el Consell es "el mayor fracaso administrativo desde que existe la Generalitat".
Del mismo modo, explicó que han recogido información de diversos ayuntamientos de la Comunitat Valenciana que en su conjunto suman un total de 500.000 ciudadanos y que han detectado que las personas que han solicitado esta ayuda están esperando una media de 582 días desde que pidieron la valoración hasta la realización de la resolución. En este sentido, recordó que el PSPV ha solicitado que se contemple un procedimiento especial para pagar de manera retroactiva los gastos que hayan tenido familiares de personas dependientes que hayan fallecido esperando la ayuda, que no ha contado con el apoyo del grupo parlamentario popular en las Corts.
Esperan más de 20.000 personas
Cabe recordar que como publicó Levante-EMV recientemente más de veinte mil valencianos están a la espera de obtener las ayudas. Según Antonio Torres en la Comunitat hay 21.489 personas que están pendientes de cobrar las ayudas. Asegura que en todo el país se han autorizado 326.630, lo que significa que en la Comunitat tendrían que abonarse ya 36.600, si se tiene en cuenta que los ciudadanos de esta autonomía representan el 10,9% de la población española, y que sólo se han autorizado 15.111, agrega.
Asimismo, señala que teniendo en cuenta la población de la Comunitat y la media de solicitudes en España, los datos del Imserso (que facilita la Generalitat), que indican que en la Comunitat se han presentado 38.332 solicitudes, de las que se han resuelto 32.631, no son reales y que deberían haber más solicitudes registradas. Del mismo modo, en los dos años que lleva en marcha la normativa unos dos mil ciudadanos de la Comunitat han pedido el amparo al Síndic de Greuges y se han llevado a cabo miles de reclamaciones por parte de asociaciones para que se les conceda la ayuda. Los familiares de dependientes con esta prestación ya reconocida han denunciado también retrasos por parte de la Conselleria de Bienestar Social en abonar las mensualidades. Por su parte, la Plataforma en defensa de la Ley de la Dependencia de Aspe señalaron que al menos 10 vecinos de este municipio han fallecido mientras tramitaban las solicitudes de ayuda económica.
La representante local de esta Plataforma, María Cruz Gallego, denunció la actual situación de "boicot por parte de la Conselleria de Bienestar Social que está produciendo que unas 5.000 personas en toda la Comunidad Valenciana fallezcan sin percibir la prestación a la que tienen derecho. Ocho de ellas de Aspe". Gallego reclamó "una pizca de humanidad a los gestores políticos encargados de hacer efectiva esta ley, que en otras comunidades sí se está aplicando y en cambio en la nuestra no".
Nuevo reparto de fondos
Asimismo, este diario ya publicó que el nuevo reparto de fondos del Gobierno Central para la Ley de Dependencia ha otorgado para 2009 menos dinero a la Comunitat, 26,4 millones de euros de los 283 para todo el Estado, tras premiar a las comunidades autónomas que están atendiendo a más personas en situación de dependencia. La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez anunció el miércoles este nuevo criterio tras presidir por primera vez el Consejo Territorial de la Dependencia, integrado por los responsables autonómicos en asuntos sociales y representantes del ministerio. El denominado "nivel acordado" de financiación se distribuyen para todo el año, al margen de los que se proporcionan mensualmente en función de los casos tramitados en cada autonomía. Ahora este "nivel acordado" de financiación deja de distribuirse exclusivamente por el número de la población de cada territorio del Estado. Así, para el año 2009 el Ejecutivo Central repartirá un 20% de estos fondos en función de las personas evaluadas hasta el 1 de abril.
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El Consell debe 23 millones a entidades de discapacitados
EL PAÍS - Valencia - 20/04/2009
Lo denunciaron ayer los socialistas. El Consell "está reteniendo 23 millones de euros" que tiene comprometidos con diversas entidades asociaciones encargadas de la atención de personas con discapacidad, dijo el secretario de Bienestar Social y Sanidad del PSPV-PSOE, José Mayans. Esta deuda está obligando a estas entidades a asumir incluso préstamos para atender las necesidades de este colectivo.
El dirigente socialista exigió al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que ordene al conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, a pagar el dinero que debe a estas asociaciones sin ánimo de lucro. Éstas no han recibido todavía ninguno de los ingresos correspondientes al año 2009, "lo que está provocando su asfixia económica y las está situando en serias dificultades", aseguró.
El socialista atribuyó este retraso a la "nefasta gestión que tiene arruinadas las arcas de un Consell situado de espaldas a los ciudadanos". Estas organizaciones están formadas en su mayor parte por familiares y amigos de los afectados y "realizan", según Mayans, "un enorme esfuerzo humano y económico para suplir en muchas ocasiones las carencias a las que tiene sometida el PP el área de Bienestar Social".
Mayans subrayó que este "intolerable olvido y dejadez de Camps a la sociedad que más requiere su ayuda" está provocando que algunas asociaciones se vean obligadas a solicitar préstamos en entidades financieras para poder pagar los gastos corrientes.
A estos problemas, explicó el secretario del área social del PSPV, hay que añadir los de índole laboral, ya que "los diferentes centros asistenciales son atendidos por profesionales que están teniendo problemas para percibir sus nóminas". Los socialistas este asunto a las Cortes.
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El PSPV cifra en 6.400 los dependientes fallecidos sin recibir las ayudas solicitadas
Los socialistas detectan un retraso de 582 días de media desde la valoración hasta que los afectados reciben la resolución
Levante-EMV, Valencia
El PSPV estima que en la Comunitat Valenciana hasta marzo de este año unas 6.400 personas han fallecido sin recibir las ayudas contempladas en la Ley de Dependencia que habían solicitado.
Según señaló ayer a este diario el portavoz socialista de Políticas Sociales en las Corts, Antonio Torres, la aplicación de la ley que está llevando a cabo el Consell es "el mayor fracaso administrativo desde que existe la Generalitat".
Del mismo modo, explicó que han recogido información de diversos ayuntamientos de la Comunitat Valenciana que en su conjunto suman un total de 500.000 ciudadanos y que han detectado que las personas que han solicitado esta ayuda están esperando una media de 582 días desde que pidieron la valoración hasta la realización de la resolución. En este sentido, recordó que el PSPV ha solicitado que se contemple un procedimiento especial para pagar de manera retroactiva los gastos que hayan tenido familiares de personas dependientes que hayan fallecido esperando la ayuda, que no ha contado con el apoyo del grupo parlamentario popular en las Corts.
Esperan más de 20.000 personas
Cabe recordar que como publicó Levante-EMV recientemente más de veinte mil valencianos están a la espera de obtener las ayudas. Según Antonio Torres en la Comunitat hay 21.489 personas que están pendientes de cobrar las ayudas. Asegura que en todo el país se han autorizado 326.630, lo que significa que en la Comunitat tendrían que abonarse ya 36.600, si se tiene en cuenta que los ciudadanos de esta autonomía representan el 10,9% de la población española, y que sólo se han autorizado 15.111, agrega.
Asimismo, señala que teniendo en cuenta la población de la Comunitat y la media de solicitudes en España, los datos del Imserso (que facilita la Generalitat), que indican que en la Comunitat se han presentado 38.332 solicitudes, de las que se han resuelto 32.631, no son reales y que deberían haber más solicitudes registradas. Del mismo modo, en los dos años que lleva en marcha la normativa unos dos mil ciudadanos de la Comunitat han pedido el amparo al Síndic de Greuges y se han llevado a cabo miles de reclamaciones por parte de asociaciones para que se les conceda la ayuda. Los familiares de dependientes con esta prestación ya reconocida han denunciado también retrasos por parte de la Conselleria de Bienestar Social en abonar las mensualidades. Por su parte, la Plataforma en defensa de la Ley de la Dependencia de Aspe señalaron que al menos 10 vecinos de este municipio han fallecido mientras tramitaban las solicitudes de ayuda económica.
La representante local de esta Plataforma, María Cruz Gallego, denunció la actual situación de "boicot por parte de la Conselleria de Bienestar Social que está produciendo que unas 5.000 personas en toda la Comunidad Valenciana fallezcan sin percibir la prestación a la que tienen derecho. Ocho de ellas de Aspe". Gallego reclamó "una pizca de humanidad a los gestores políticos encargados de hacer efectiva esta ley, que en otras comunidades sí se está aplicando y en cambio en la nuestra no".
Nuevo reparto de fondos
Asimismo, este diario ya publicó que el nuevo reparto de fondos del Gobierno Central para la Ley de Dependencia ha otorgado para 2009 menos dinero a la Comunitat, 26,4 millones de euros de los 283 para todo el Estado, tras premiar a las comunidades autónomas que están atendiendo a más personas en situación de dependencia. La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez anunció el miércoles este nuevo criterio tras presidir por primera vez el Consejo Territorial de la Dependencia, integrado por los responsables autonómicos en asuntos sociales y representantes del ministerio. El denominado "nivel acordado" de financiación se distribuyen para todo el año, al margen de los que se proporcionan mensualmente en función de los casos tramitados en cada autonomía. Ahora este "nivel acordado" de financiación deja de distribuirse exclusivamente por el número de la población de cada territorio del Estado. Así, para el año 2009 el Ejecutivo Central repartirá un 20% de estos fondos en función de las personas evaluadas hasta el 1 de abril.
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El Consell debe 23 millones a entidades de discapacitados
EL PAÍS - Valencia - 20/04/2009
Lo denunciaron ayer los socialistas. El Consell "está reteniendo 23 millones de euros" que tiene comprometidos con diversas entidades asociaciones encargadas de la atención de personas con discapacidad, dijo el secretario de Bienestar Social y Sanidad del PSPV-PSOE, José Mayans. Esta deuda está obligando a estas entidades a asumir incluso préstamos para atender las necesidades de este colectivo.
El dirigente socialista exigió al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que ordene al conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, a pagar el dinero que debe a estas asociaciones sin ánimo de lucro. Éstas no han recibido todavía ninguno de los ingresos correspondientes al año 2009, "lo que está provocando su asfixia económica y las está situando en serias dificultades", aseguró.
El socialista atribuyó este retraso a la "nefasta gestión que tiene arruinadas las arcas de un Consell situado de espaldas a los ciudadanos". Estas organizaciones están formadas en su mayor parte por familiares y amigos de los afectados y "realizan", según Mayans, "un enorme esfuerzo humano y económico para suplir en muchas ocasiones las carencias a las que tiene sometida el PP el área de Bienestar Social".
Mayans subrayó que este "intolerable olvido y dejadez de Camps a la sociedad que más requiere su ayuda" está provocando que algunas asociaciones se vean obligadas a solicitar préstamos en entidades financieras para poder pagar los gastos corrientes.
A estos problemas, explicó el secretario del área social del PSPV, hay que añadir los de índole laboral, ya que "los diferentes centros asistenciales son atendidos por profesionales que están teniendo problemas para percibir sus nóminas". Los socialistas este asunto a las Cortes.
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dissabte, 21 de març del 2009
PP Vice. 21/03/2009. Orange Market aumentó sus ingresos un 78% el año de la campaña de Camps.
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El PP cierra también la comisión interna sobre el espionaje en Madrid
EL PAÍS
Fernández de la Vega acusa al primer partido de la oposicion de encubrir el caso
Abierto el juicio oral contra la 'trama eólica' canaria del PP
JUAN MANUEL PARDELLAS
Un ex director general de Industria está imputado por cohecho
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EL AYUNTAMIENTO DE LA RODA
Contratos para una empresa vinculada con su concejala de Urbanismo
El Consistorio, gobernado por el PP, ha concedido a la empresa SAICO obras por más de 400.000 euros
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La mayoría cree que la Comunidad espió a políticos
Comentarios: 52
El 71% opina que Aguirre debe dimitir si se prueba la acusación.
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Tengo que ir al médico. A un buen psicólogo. Últimamente, no sé si las cosas más extrañas son normales o las cosas más normales me resultan a mí extrañas. Por ejemplo, voy conduciendo y diviso desde el coche centenares de molinos de viento. No veo gigantes, como le pasaba a Don Quijote. Veo torres de maletines llenos de billetes de 500 euros y alcaldes y concejales atados a las aspas, girando y girando. Y al juez Garzón saliendo de una de las torres rodeado de escoltas, en plan Elliott Ness con gafitas. Atravieso uno de esos páramos sembrados de paneles solares y, en lugar de pensar que tengo que cambiar la calefacción de casa por algún sistema de energía renovable, se me instalan en el coco recibos de la luz manipulados y facturas falsas de kilovatios/hora. Todo esto puede ser por leer muchos periódicos y pocas novelas de caballerías.
Lo peor fue una de estas últimas noches. Daba vueltas en la cama con dos nombres bailándome en el cerebro: Preston, Child; Preston, Child… Habían aparecido aquí, en Público. Preston & Child S.L. Así se llama una empresa del profesor de pádel de Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid y todopoderoso número dos de Esperanza Aguirre. Jugar al pádel no es una cosa extraña. Por mucho que culpen del invento a Aznar y a Pedrojota, el pádel es un juego entretenidísimo que ya se practicaba a mediados de los ochenta, importado por unos argentinos guapos y morenos. Algunos con coleta. Eso tampoco es extraño.
Lo peor fue una de estas últimas noches. Daba vueltas en la cama con dos nombres bailándome en el cerebro: Preston, Child; Preston, Child… Habían aparecido aquí, en Público. Preston & Child S.L. Así se llama una empresa del profesor de pádel de Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid y todopoderoso número dos de Esperanza Aguirre. Jugar al pádel no es una cosa extraña. Por mucho que culpen del invento a Aznar y a Pedrojota, el pádel es un juego entretenidísimo que ya se practicaba a mediados de los ochenta, importado por unos argentinos guapos y morenos. Algunos con coleta. Eso tampoco es extraño.
Cosas normales
Ignacio González también es moreno y lleva una coletita, pero blanca, canosa. Su profesor de pádel no es argentino, sino de por aquí. Se llama Carlos Martín y tiene muchas cualidades. Además de enseñar a jugar al pádel a los clientes de un hotel de lujo de Madrid, monta empresas inmobiliarias y hace cosas que a mí me parecen extrañas pero que –insisto, ¿eh?– a lo mejor son normales. Por ejemplo, el profesor de pádel entra y sale de la sede de la Comunidad para acudir a reuniones con Ignacio González o con altos cargos de alguna consejería. O queda con Jesús Sepúlveda, amigo de Aznar y por entonces alcalde de Pozuelo, para hablar de la explotación de un megapolideportivo. O envía un correo electrónico en el que reprocha a su jefe: “Si hubieras soltado lo que tenías que soltar…”, al hilo de alguna adjudicación en un concurso público. O, lo que ya es el colmo de la normalidad absoluta, el profesor de pádel consigue que la sociedad Ingesport, para la que trabaja, sea una de las 13 afortunadas entre un total de 500.000 empresas para recibir una inversión de 1,3 millones de euros de la Comunidad de Madrid.
Ingesport se dedica a gestionar instalaciones deportivas y centros de belleza, actividad esta última muy respetable pero que un servidor desconocía que figurase entre las preferencias inversoras del capital público de Madrid. Como uno es calvo y por tanto no tiene canas ni coleta pues no se me había ocurrido que el dinero de todos los contribuyentes se invirtiera en centros de belleza. Pero es que Ingesport “le interesaba al vice”, según dejó escrito Martín.
Total, que venga a darle vueltas a Preston y a Child; a Child y a Preston. Porque Carlos Martín, aparte de jugar al pádel, pasear a su perro boxer, conducir su Porsche Cayenne y conseguir contratos hasta del Ayuntamiento de Ruiz-Gallardón, también tiene Preston & Child, S.L. Antes, las empresas se bautizaban “Fulanito, viuda e hijos” o “Famaztella” (de Familia Aznar Botella). Ahora hay un registro infinito de marcas que uno puede comprar por muy poco dinero. Martín es más original… Preston & Child.
De repente caí. Me acerqué a esa estantería donde se guardan los libros que no se enseñan a las visitas, para que piensen que uno sólo lee a Paul Auster, a Borges, a Joyce y a Javier Marías. Allí estaban: Douglas Preston y Lincoln Child, coautores de al menos once best-seller de misterio. Allí estaba la novela, con los nombres en blanco sobre fondo negro y una horrible calavera. El libro de los muertos, se titula. Nada menos.
Tengo que dejar las pastillas que tomo para dejar de fumar, porque antes no recordaba los sueños y ahora, incluso despierto, sufro pesadillas. ¿Quién estará detrás de Preston & Child?
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Tag: Espías de Madrid, La semana, PP — Ignacio Escolar @ 9:01 pm
« Rajoy, de alfeñique a líder carismático
Pasó la noche del fuego, la nit de la cremá, y en las cenizas de las Fallas Mariano Rajoy enterró el pasado. El líder del PP hizo la mili en Valencia. Dos veces. A los veinte años, cuando por primera vez sintió en su pecho el tamborileo trepidante de los petardos de una mascletá. Y la segunda el año pasado, cuando del congreso del PP en Valencia salió como el Cid, vencedor después de muerto.
Las Fallas, como casi todas las fiestas, nacieron como una celebración pagana, la del gremio de los carpinteros, que una vez al año limpiaban a fondo sus talleres y quemaban los despojos en grandes hogueras. A uno de ellos, un visionario, se le ocurrió vestir con ropa a una de las piezas y colgarle un cartel irónico. Y así, de la sátira, del deseo de la hoguera, nació la tradición. Más tarde, algún obispo, algún Borja, cuadró el santoral y pasó la noche de las hogueras a la noche del 19, al día de San José, patrón de los carpinteros.
El ninot indultat es un invento moderno: de 1934. Desde esa fecha, cada año hay un muñeco que se salva de la quema, que sobrevive a la nit de la cremá para pasar a la historia. Es uno, sólo uno, y se libra del fuego por votación popular. El ganador oficial de este año se llama “queridas mascotas” y es una niña vestida de fallera que juega con un perro, su mascota. El ganador extraoficial va vestido de Milano, con ceñidor italiano, y es un presidente autonómico imputado por aceptar sobornos. No ha sido la votación popular sino su mascota, Mariano Rajoy, quien le ha salvado de la quema, aunque su indulto dista mucho de durar para toda la historia.
De todos los argumentos que ha usado la derecha política y mediática para defender a Francisco Camps desde que Garzón enseñó algunas de sus cartas, desde que el famoso sastre explicó su historia, el más tramposo es el del precio. Un presidente autonómico no se vendería por algo tan barato, por sólo 12.783 euros en trajes y chalecos de fantasía, repiten sus defensores. Camps no es tan tonto como para dejarse comprar por tres trapos cuando además los trajes le podrían salir gratis igual como gastos de protocolo, dicen ahora los mismos que en su día criminalizaron a Pilar Miró. ¿A quién vas a creer? ¿A un sastre que ni siquiera es sastre o a todo un presidente autonómico, con su camisita y su canesú?, repiten desesperados.
Busquemos guía y luz en el marxismo, en los hermanos Marx. Preguntaba Groucho en uno de sus diálogos más celebrados: “Señorita, ¿se acostaría usted conmigo por un millón de dólares?. “Por supuesto”, respondía ella. “¿Y por un dolar”, repreguntaba Groucho. “Qué se cree usted que soy”, contestaba la dama ofendida. “Eso ya ha quedado claro con la primera pregunta, ahora estamos negociando el precio”.
“Putos no faltan, lo que faltan son financistas”, decía Ricardo Darín en la genial Nueve Reinas. “No hay santos, lo que hay son tarifas diferentes”, recalcaba en la misma escena Darín haciendo una versión argentina de un dicho universal: todo el mundo tiene un precio. ¿Lo tiene Camps?
De demostrarse las gravísimas acusaciones que se le imputan, que su precio fuese popular, a la medida de todos los corruptos –tarifa Dacia Logan, no Jaguar V8– sería un agravante, no un eximente político: todo el mundo tiene un precio y el de Camps es de sólo 12.783 euros. Todo el mundo tiene un precio y el del presidente de la Generalitat valenciana sería tan barato que a saber qué no haría si la propuesta indecente fuese mayor. Todo el mundo tiene un precio y los había en Valencia que pasaban factura al Ministerio de Trabajo hasta de los chicles Trident. De las facturas de los trajes de Camps, sin embargo, nada se sabe.
El president de la Generalitat, que lleva semanas esquivando las preguntas de los periodistas, no sólo no aclara nada, no explica si pagó o no pagó esos trajes, sino que obliga con ello a la pobre Soraya Sáenz de Santamaría a elucubrar magistrales teorías económicas sobre la vida y la moneda. “Hay cosas que se pagan en metálico, cosas que se pagan con tarjeta, con transferencia… ¡es la vida misma!”, dice la mala Soraya, que no concreta a cuál de los tres subconjuntos de la vida misma pertenecen los 12.783 euros de Camps. Como dice otro presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla, “si se probase que esos trajes se los han regalado sería terrible: quién coge poco, coge mucho”.
Mientras la Justicia aclara si Camps tiene una tarifa alta, baja o inexistente, el precio político que ha pagado Rajoy con su indulto resulta evidente. Por parecidas imputaciones, el PP ha suspendido de militancia o ha obligado a dimitir a la mayoría de los acusador por Garzón. A todos menos a dos: a Camps y a su número dos, el hermano de Kennedy, Ricardo Costa. Rajoy cubre así, con lealtad a la medida, las deudas de su segunda mili: el crucial apoyo de Camps cuando la lideresa amagó con asaltar el congreso de Valencia.
El indulto a Camps no le sale barato a Rajoy: no sólo liga su imagen política a la de un maniquí que puede acabar condenado por su buena percha, sino que también le ha obligado a ser igual de magnánimo con otros a los que no deseaba perdonar. De la misma nit de la cremá han salido indultados otros ninots de cara menos amable para el PP de Génova: los muñecos de la corte de Aguirre. Rajoy ha aprovechado el puente madrileño de San José –con festivalidad y alevosía– para dar carpetazo a la investigación interna sobre el espionaje en la villa y corte.
En Génova, más que por los anacletos, se muestran preocupados por las sombras de corrupción que manchan el gobierno de Aguirre: de la mansión de Granados al profesor de pádel de Ignacio González. En Madrid, donde la policía judicial no descansa, inquieta que la Operación Gürtel crezca aún más y el incendio suba a las plantas donde se pisa moqueta. Es lo malo del fuego: una vez encendida, la hoguera es muy difícil de frenar.
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21 Mar 2009
Conforme se incrementan las noticias sobre el caso Camps, nuestra zozobra va en aumento. Teníamos al President de la Generalitat Valenciana por un político insustancial, beato, fachilla, tan estimulante intelectualmente como la merluza hervida. Lo que no nos esperábamos es que fuera un sinvergüenza y, especialmente, que se vendiera presuntamente por medio plato de lentejas. ¡Hombre, Camps, un poquito de por favor!
No le han faltado reflejos, sin embargo, para contraatacar cuando se ha sentido acorralado. Al pobre hombre le acusan de haber aceptado sobornos en especie en forma de trajes, que él se encargó de lucir en todos esos eventos con que ha dilapidado nuestros impuestos: la America’s Cup, la Fórmula 1, la visita del Papa… Una forma sencilla de desmentirlo hubiera sido presentar las correspondientes facturas. En lugar de eso, sin embargo, salió en tromba con todo su gobierno y proclamó, enfundado en un terno que no le tocaba el cuerpo, que quien estaba siendo atacada era “toda la Comunidad Valenciana”. La fórmula debió de gustarle, porque la injertó en uno de sus lacayos, el presidente de la Feria de Valencia, Alberto Catalá. Catalá, que también adjudicó algunos contratillos a Orange Market, repitió el otro día que “quien trata de ofender y dañar a Camps ofende y daña a la Comunidad Valenciana”.
Convendrán conmigo que todo esto, desde el punto de vista zoológico, es muy interesante. En realidad la fórmula original es de Jordi Pujol. Es conocido que, cuando arreciaron sobre el Molt Honorable del norte las acusaciones por el caso Banca Catalana, Pujol se defendió aduciendo que a quien se atacaba en su nombre era a Cataluña. En su lógica, puesto que “Madrid” era la capital de una nación rival a la suya, todo se reducía a un conflicto nacionalista. Pero Camps es más español que el no saber idiomas. No es que no tenga nada que ver con el modelo de derecha tolerante y culta de Convergència i Unió, es que para el hombre de Milano la capital de su única nación es Madrid. Y por eso resulta un poco ridículo clamar ahora que “Madrid” nos ataca.
No, Paquito. Si resultas ser un chorizo, lo serás tú solo, no cinco millones de valencianos. A ver si ahora, además de corrupto, nos vas a salir megalómano.
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El vicepresidente reconoce que dio información "equivocada" a los periodistas y anuncia que la televisión pública abrirá una investigación
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La firma pasó de una cifra de negocios de 1,5 a 2,6 millones en 2007 gracias a los contratos del PP y del Consell
Juanjo García Gómez, Valencia
Casi al mismo ritmo en que se confeccionaban los trajes con destino, según el auto del juez Baltasar Garzón, a responsables políticos valencianos como el presidente, Francisco Camps, o su número dos en el partido y portavoz en las Corts, Ricardo Costa, la cifra de negocios de Orange Market, la marca valenciana de la supuesta trama corrupta vinculada al PP, se incrementó de forma exponencial. Según las cuentas de 2007 presentadas por la firma que preside el imputado Álvaro Pérez, disponibles desde hace unos días en las bases de datos mercantiles, la sociedad elevó ese ejercicio nada menos que un 78% sus ingresos, al pasar de 1.486.856 euros a 2.649.400 euros. Un espectacular aumento en el año de la campaña electoral autonómica de Francisco Camps, en la que Orange Market realizó numerosos servicios, y en el que la firma gozó igualmente de contratos de la Generalitat. Aquel 2007, un año verdaderamente de vino y rosas -culminó con la fiesta sorpresa en Marrakech que Pérez y otros contratistas del Consell dieron en diciembre al director general de RTVV, Pedro García-, tiene hoy su contrapunto en la imputación de todos los gestores de Orange Market y dos ex responsables del Consell -Rafael Betoret y Víctor Campos- mientras el TSJ decidirá si imputa a Camps y a Costa. En 2006 la firma había logrado por segundo año la contrata del montaje del stand de Fitur y otras ferias, un encargo que supuso el 72% de todos sus ingresos de ese ejercicio. En 2007, además del stand por poco más de un millón de euros (contrata que ha mantenido hasta la última de 2009), Álvaro Pérez se ocupó de actos para la campaña electoral de Camps a la Generalitat. El importe no se conoce, pero la Sindicatura de Comptes censura que la empresa no le informara de servicios al PP por 175.000 euros. En la campaña de Camps de 2003 intervino Special Events, la matriz madrileña del jefe de la presunta trama Francisco Correa. Orange Market también participó en la presentación de la candidatura de Luis Díaz Alperi en Alicante en las últimos comicios locales de hace dos años. Los contratos de 2007 conocidos y cuyo importe ha trascendido suman 1,4 millones, el 52% de la facturación de la firma en aquel ejercicio. La empresa, creada en julio de 2003, tuvo ese año ingresos por tan solo 76.170 euros. Nada que ver con los 2,6 millones de 2007. Su facturación se ha multiplicado por 34 en cinco años. O, lo que es lo mismo, se ha incrementado en un 3.378%. Pese al volumen de negocio, la sociedad cerró el año con unos beneficios de sólo 4.971 euros, frente a los 13.374 de 2006. Claro que en 2003 los beneficios fueron 848 euros. La empresa, que cuenta con un capital social de 3.006 euros, aparece en informes comerciales con un endeudamiento considerado importante, de 483.816 euros, el 84% del total de su activo, que alcanza los 574.105 euros. El cuadro (abajo) muestra los ingresos y contratos hasta 2007, con lo que no se incluyen, además de los stands de Fitur de 2008 y 2009, trabajos como la fiesta de la Volvo Ocean (516.000 euros), la telemaratón de Canal 9 (2.500 euros), el congreso regional de 2008, una cena con Rajoy en Castelló, trabajos para la Fórmula 1, la Feria Hábitat (800.000 euros) o la despedida de Villalonga como gestor del Valencia CF, entre otros.
Las cuentas fueron presentadas por Cándido Herrero, consejero delegado e imputado también por Garzón. Los datos señalan la baja como consejero, reflejada con fecha 19 de febrero pasado, trece días después de saltar el escándalo, de Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol que fue imputado por Garzón. Lo ha sustituido Nuria Pérez Alonso.
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Sólo 151.000 euros en personal y 1,8 millones en "otros"
La Fiscalía confirma que Anticorrupción mantendrá la acusación ante el TSJ
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Tras el carpetazo al espionaje y a la vista de los escándalos populares
La derecha acostumbra a tener judicialmente la sartén por el mango y “el mango, también”
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El magnate leonés esta imputado en la Operación Gürtel
La Generalitat Valenciana admite ahora que una emisora de Ulibarri pirateaba a través del ente público
Ulibarri pierde una de sus emisoras piratas en la Comunidad Valenciana
El concejal dice que es un tema “reiterativo” y que Nombela no tenía ninguna “capacidad ejecutiva” en el distrito de Moncloa-Aravaca
Ballarín bloquea una pregunta de los socialistas sobre su asesor cesado por su implicación en la Operación Gürtel
El sastre del presidente valenciano se defiende de las acusaciones del PP y la derecha mediática
José Tomás insiste en que Camps no pagó los trajes en la tienda
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