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Ara La Comunidad
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Sanidad pagará por intereses de demora lo que cuesta un hospital de 120 camas
El TSJ condena a la conselleria a abonar 68 millones por facturas atrasadas
R. Laguna/P. G. del Burgo, Valencia
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha condenado a la Conselleria de Sanidad a pagar un total de 67.960.436 millones de euros por intereses y facturas impagadas a proveedores de los hospitales públicos valencianos desde 2001, incluso por alguna de 1998 y 1999. De esa cantidad, 41.206.386 millones corresponden a los impagos de facturas y casi 26.754.050 a los intereses por otros pagos atrasados. Sólo con el dinero que se abonará en intereses, respecto de estas últimas cifras, se podría haber construido un hospitales comarcal nuevos de 120 camas o trece centros de salud. Estas cifras corresponden sólo a las 53 sentencias de la sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJCV, dictadas en 2007 y 2008, y se suman a las que ya ha tenido que abonar por sentencia firme la Generalitat durante los últimos diez años, ya que no cabe recurso. En total, los tribunales reconocen la deuda de Sanidad a medio centenar de empresas farmacéuticas, laboratorios y proveedores de material a hospitales públicos, más de la mitad por facturas atrasadas. Entre los casos curiosos, figura el pago de 60.092 euros por intereses de pago a una empresa de limpieza, y otro de 9.062 euros por intereses a otra empresa que realizó trabajos de reparación en el Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva.
Hemodiálisis ambulatoria
También destacan los intereses de 29 facturas que la conselleria se resistía a pagar por los servicios de hemodiálisis ambulatoria, y que ascienden a 42.487 euros. La cantidad más elevada asciende a 10.785.804 euros por facturas pendientes de pago a un laboratorio. A otras empresas se les debe tres, cuatro y cinco millones de euros.En cuanto a facturas, el total de lo que se debe asciende a un total de 41.206.386 euros, muchas de ellas emitidas a lo largo de 2004. A algunas empresas les constan más de 1.000 facturas pendientes de cobro, incluso hay una con 4.510 facturas pendientes por un total de 335.679 euros. Respecto a los intereses de demora y los intereses legales, derivados de los pagos atrasados de suministros de material médico y clínico, la deuda de Sanidad suma 26.754.050 euros.
El tribunal estima los recursos interpuestos por las empresas en base al artículo 100,4 de la Ley 13/1995 de Contratos de las Administraciones Públicas, que establece que "la Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la expedición" de las facturas. Y, si se demorase, "deberá abonar el interés legal del dinero incrementado en un 1,5 puntos". Pese ser conocedora de la ley, la conselleria ha incumplido reiteradamente las obligación de pagar en los últimos diez años, consciente de que debería abonar intereses.
Negociar la deuda de 2006 a 2008La Conselleria de Sanidad, por su parte, manifestó que se había hecho un "esfuerzo importante" para solventar la deuda anterior a 2006, y que en estos momentos se negocia la que se ha acumulado entre 2006 y 2008.
El portavoz oficial de la conselleria que dirige Manuel Cervera eludió pronunciarse respecto al pago de los 68 millones de euros de intereses, a los que tendrán que hacer inexorablemente frente. Los argumentos al respecto fueron una retahíla de balones fuera como, por ejemplo,: "No se puede dejar de dar al ciudadano las nuevas prestaciones, no podemos quedarnos atrás en proyectos que lideramos como el de la receta electrónica". Otra respuesta que no pudo justificar tan descomunal cantidad aludía de nuevo al millón de más de personas atendidas por sanidad.
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Los vecinos exigen que la F1 no destroce la marina y mayor celeridad en la reposición
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divendres, 6 de febrer del 2009
dissabte, 3 de gener del 2009
El Síndic aumenta en 43 millones las pérdidas que declararon las empresas públicas.
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Camps és el Madoff valencià i hauria d'acabar a la presó per malversador. Digui el que digui el pallasso de Pons ("Zapatero es un Madoff social").
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El Síndic aumenta en 43 millones las pérdidas que declararon las empresas públicas
Sólo cuatro de 36 entidades del Consell obtendrían beneficios tras el ajuste
Juanjo García Gómez, Valencia
El agujero en el bolsillo de la hacienda autonómica que suponen las empresas públicas todavía es mayor que el reconocido oficialmente. La auditoría de la Sindicatura de Comptes a la gestión de la Generalitat en 2007 corrige al alza los 823,9 millones en pérdidas declarados en la Cuenta General. Sin llegar a aplicar materialmente el ajuste, la fiscalización desgrana gastos no imputados al ejercicio, ingresos sobrevalorados o insuficiente provisión de determinados riesgos en seis mercantiles del Consell, que habrían tenido como consecuencia el que los números rojos de las sociedades deberían haberse incrementado en 43,8 millones, hasta alcanzar los 867,7 millones.
Dos entidades que presentaron resultados positivos, el Instituto de Finanzas y Vaersa, tendrían que haber cerrado 2007 con pérdidas. Sólo cuatro de las 36 mercantiles públicas, Sepiva, el Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, el IVEX y la Sociedad para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat Valenciana, registran beneficios con su gestión.
Ciutat de les Arts: El grupo Cacsa cerró 2007 con unas pérdidas de 62,8 millones. Sin embargo, el Síndic hace constar cantidades que tendrían que haber elevado los números rojos en otros 10,8 millones. El importe más notable son los 4,8 millones en que a juicio del Síndic deberían haber aumentado las pérdidas para cubrir todos los daños de las inundaciones del Palau de les Arts, ya que, recalca, la empresa no ha contabilizado una provisión por la totalidad del riesgo. Tras difundirse el informe, Cacsa replicó al Síndic que los gastos de reparación de los daños fueron inferiores al presupuesto, un hecho que, en la firma de los sobrecostes por antonomasia, resulta sorprendente. Aparte, se citan gastos de puesta en marcha del Palau de les Arts pendientes de amortización por 1.691.768 euros; 2.691.284 euros, al no contabilizar gastos de formalización de deudas; y 1.598.242, por la inadecuadas contabilización de subvenciones de la Generalitat.
Aeropuerto de Castelló: La sociedad acabó el ejercicio de 2007 con unas pérdidas de 4,1 millones. Nada más lejos de la realidad. El auditor insta a no computar, "de acuerdo con el principio de prudencia", 4.201.263 euros con cargo a los cánones, que están supeditados a la obtención de beneficios por parte de la empresa concesionaria. Además, la entidad imputa a futuros ejercicios gastos por importe de 8.507.499 euros que el Síndic entiende que deben amortizarse a 31 de diciembre. Total, 12,7 millones más de saldo negativo.
Proyectos temáticos: La firma a través de la cual el Consell controla Terra Mítica es propietaria del 99,56% de las acciones de Aeropuerto de Castelló, SA. Debido a ello, el Síndic insta a provisionar 11.564.470 euros como consecuencia de los fondos propios negativos de Aeropuerto de Castelló, SA. Además, hay 1.566.626 euros de un litigio que según el auditor deberían haberse provisionado. Con estos 13,1 millones de pérdidas añadidas, el saldo negativo de 54,4 millones debió elevarse a 67,5 millones.
Instituto de finanzas: El banco de la Generalitat cerró con 88.801 euros de beneficio. Sin embargo, el Síndic alude a dos operaciones mediante las que se procedió a aplicar una provisión para cubrir sendas deudas a dos empresas, que no debían haberse contabilizado en 2007. El importe conjunto son 2.952.058 euros. A esto se suman otros 28.047 euros de provisión por el riesgo en Comval Emprende.
Vaersa: El informe, que sólo fiscaliza varias áreas de esta empresa encargada de la gestión de residuos, alude a la auditoría privada, en la que se advierte que se deberían haber provisionado deudas de clientes, por importe de 2.159.000 euros, dado el tiempo transcurrido sin que se haya cobrado lo facturado. En cambio, otros ajustes conllevarían unos beneficios netos añadidos de 251.679 euros. Total, un saldo de 1.903.330. Como la sociedad acabó con un beneficio de 1.242.274 euros, el ajuste supondría unas pérdidas de 661.056 euros.
Ciudad de la Luz: Las pérdidas de 22,7 millones deberían incrementarse en 2.214.255 euros si se aplicaran, como considera el Síndic, los gastos de establecimiento con cargo a 2007.
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Camps és el Madoff valencià i hauria d'acabar a la presó per malversador. Digui el que digui el pallasso de Pons ("Zapatero es un Madoff social").
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El Síndic aumenta en 43 millones las pérdidas que declararon las empresas públicas
Sólo cuatro de 36 entidades del Consell obtendrían beneficios tras el ajuste
Juanjo García Gómez, Valencia
El agujero en el bolsillo de la hacienda autonómica que suponen las empresas públicas todavía es mayor que el reconocido oficialmente. La auditoría de la Sindicatura de Comptes a la gestión de la Generalitat en 2007 corrige al alza los 823,9 millones en pérdidas declarados en la Cuenta General. Sin llegar a aplicar materialmente el ajuste, la fiscalización desgrana gastos no imputados al ejercicio, ingresos sobrevalorados o insuficiente provisión de determinados riesgos en seis mercantiles del Consell, que habrían tenido como consecuencia el que los números rojos de las sociedades deberían haberse incrementado en 43,8 millones, hasta alcanzar los 867,7 millones.
Dos entidades que presentaron resultados positivos, el Instituto de Finanzas y Vaersa, tendrían que haber cerrado 2007 con pérdidas. Sólo cuatro de las 36 mercantiles públicas, Sepiva, el Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, el IVEX y la Sociedad para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat Valenciana, registran beneficios con su gestión.
Ciutat de les Arts: El grupo Cacsa cerró 2007 con unas pérdidas de 62,8 millones. Sin embargo, el Síndic hace constar cantidades que tendrían que haber elevado los números rojos en otros 10,8 millones. El importe más notable son los 4,8 millones en que a juicio del Síndic deberían haber aumentado las pérdidas para cubrir todos los daños de las inundaciones del Palau de les Arts, ya que, recalca, la empresa no ha contabilizado una provisión por la totalidad del riesgo. Tras difundirse el informe, Cacsa replicó al Síndic que los gastos de reparación de los daños fueron inferiores al presupuesto, un hecho que, en la firma de los sobrecostes por antonomasia, resulta sorprendente. Aparte, se citan gastos de puesta en marcha del Palau de les Arts pendientes de amortización por 1.691.768 euros; 2.691.284 euros, al no contabilizar gastos de formalización de deudas; y 1.598.242, por la inadecuadas contabilización de subvenciones de la Generalitat.
Aeropuerto de Castelló: La sociedad acabó el ejercicio de 2007 con unas pérdidas de 4,1 millones. Nada más lejos de la realidad. El auditor insta a no computar, "de acuerdo con el principio de prudencia", 4.201.263 euros con cargo a los cánones, que están supeditados a la obtención de beneficios por parte de la empresa concesionaria. Además, la entidad imputa a futuros ejercicios gastos por importe de 8.507.499 euros que el Síndic entiende que deben amortizarse a 31 de diciembre. Total, 12,7 millones más de saldo negativo.
Proyectos temáticos: La firma a través de la cual el Consell controla Terra Mítica es propietaria del 99,56% de las acciones de Aeropuerto de Castelló, SA. Debido a ello, el Síndic insta a provisionar 11.564.470 euros como consecuencia de los fondos propios negativos de Aeropuerto de Castelló, SA. Además, hay 1.566.626 euros de un litigio que según el auditor deberían haberse provisionado. Con estos 13,1 millones de pérdidas añadidas, el saldo negativo de 54,4 millones debió elevarse a 67,5 millones.
Instituto de finanzas: El banco de la Generalitat cerró con 88.801 euros de beneficio. Sin embargo, el Síndic alude a dos operaciones mediante las que se procedió a aplicar una provisión para cubrir sendas deudas a dos empresas, que no debían haberse contabilizado en 2007. El importe conjunto son 2.952.058 euros. A esto se suman otros 28.047 euros de provisión por el riesgo en Comval Emprende.
Vaersa: El informe, que sólo fiscaliza varias áreas de esta empresa encargada de la gestión de residuos, alude a la auditoría privada, en la que se advierte que se deberían haber provisionado deudas de clientes, por importe de 2.159.000 euros, dado el tiempo transcurrido sin que se haya cobrado lo facturado. En cambio, otros ajustes conllevarían unos beneficios netos añadidos de 251.679 euros. Total, un saldo de 1.903.330. Como la sociedad acabó con un beneficio de 1.242.274 euros, el ajuste supondría unas pérdidas de 661.056 euros.
Ciudad de la Luz: Las pérdidas de 22,7 millones deberían incrementarse en 2.214.255 euros si se aplicaran, como considera el Síndic, los gastos de establecimiento con cargo a 2007.
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divendres, 26 de desembre del 2008
Dèficit i despeses supèrflues a major glòria de la Fallera Major a la Generalitat Valenciana.
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La balanza exterior valenciana arroja un déficit de 3.248 millones
Los valencianos exportaron productos a China por valor de 207 millones de euros, mientras las importaciones chinas en la Comunitat supusieron 2.140 millones
EFE
La balanza comercial exterior de la Comunidad Valenciana arrojó un déficit de 3.248 millones de euros entre los meses de enero y septiembre de 2008, una cifra muy similar a la alcanzada en este mismo periodo del pasado año, según datos del Instituto de Comercio Exterior Español (ICEX).
De hecho, el citado balance sólo supone una mejora del 1,5 por ciento con respecto a 2007, año en el que el déficit alcanzó los 3.295 millones de euros a lo largo de los tres primeros trimestres.
Por lo que respecta al presente ejercicio, las exportaciones de la Comunidad Valenciana hasta septiembre sumaron un total de 14.845 millones de euros, frente a los 18.093 millones de euros de las importaciones.
Los datos del pasado ejercicio -entre enero y septiembre-, reflejan que las ventas al exterior de productos valencianos supusieron 14.283 millones de euros, por los 17.578 millones de euros de las importaciones.
La comparativa indica que las exportaciones han aumentado por lo que a este periodo se refiere cerca de 600 millones de euros, mientras que las importaciones han crecido alrededor de 500 millones de euros, según las citadas fuentes.
Por países, la balanza comercial valenciana ofrece con respecto a China su mayor desigualdad, con un déficit de 1.933 millones de euros.
Aunque los valencianos exportaron productos al gigante asiático por valor de 207 millones de euros, las importaciones chinas en la Comunidad Valenciana supusieron 2.140 millones de euros.
Junto a China, el balance comercial valenciano también es negativo con respecto a Alemania, país al que se exportó productos por valor e 1.284 millones de euros pero que vendió materias y servicios cifrados en 2.073 millones de euros (-800 millones de euros-, así como con Italia y EE.UU., donde la balanza aporta unas cifras negativas de 300 millones de euros en ambos casos.
Sin embargo, las cifras comerciales son positivas en relación a Francia, el principal comprador de productos valencianos, pues las exportaciones se aproximaron a los 2.100 millones de euros, mientras que las importaciones se situaron en los 1.414 millones de euros.
Además de Francia, la balanza comercial valenciana arroja un superávit con respecto al Reino Unido (mil millones de euros) y Portugal (alrededor de 300 millones de euros), entre otros países.
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Las exportaciones de cítricos a Rusia se reducen casi un 50% durante esta campaña
El IVEX apoya la expansión internacional de las empresas con 3,7 millones .
Las ventas del comercio minorista bajan un 9,6% en noviembre, con caída histórica del empleo
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Empresas contratistas donaron miles de euros a la fundación que impulsa la guerra del agua
La fundación pública recibió más de 40.000 euros de firmas como Facsa, SAV, Secopsa o Inelcom. La Generalitat y entidades públicas aportaron el grueso de la financiación
Víctor Romero, Valencia
La Fundación Agua y Progreso no sólo sobrevive de los fondos que recibe de la Generalitat valenciana. Durante el ejercicio de 2007, la entidad defensora de la recuperación del trasvase del Ebro e instrumento del Consell para mantener viva la llama de la batalla del agua, recibió además miles de euros de empresas privadas que mantienen contratos públicos con la Administración pública y con ayuntamientos gobernados por el Partido Popular.
Documentos internos de la entidad que dirige el militante popular Alberto Comos, incluidos en los anexos del informe de fiscalización de la Sindicatura de Comptes del año pasado revelan que la fundación recibió más de 40.000 euros de sociedades privadas como Facsa, Inelcom, Sociedad de Agricultores de la Vega, Secopsa y una entidad que recibe la denominación genérica de Mondragón.Según estos documentos, que llevan la firma del director de la fundación y del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón, Agua y Progreso ingresó en 2007 un total de 1.144.600 euros para financiar sus actividades. De estos, el grueso procede de la Generalitat que aportó 1.050.600 euros. El Ayuntamiento de Alicante entregó 3.000 euros y la Diputación de Alicante, otros 3.000. La Diputación de Valencia también puso su granito de arena, con 17.000 euros. No fueron las únicas entidades públicas que colaboraron en cubrir los gastos de funcionamiento de la fundación Agua y Progresos. Vaersa, la empresa pública de la Generalitat dedicada a la gestión de residuos, desembolsó 12.000 euros.
También la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales, que preside el alcalde de Manises, el popular Enrique Crespo, aportó 12.000 euros. Esta última cantidad sirvió a Agua y Progreso mitigar sus pérdidas en 2007, según los informes de la Intervención General de la Generalitat. La fundación cerró el año pasado con un desfase entre ingresos y gastos de 5.598 euros.
No obstante, en la relación de donantes llaman a la atención las donaciones recibidas por empresas privadas. Contabilizadas en el capítulo de ingresos en virtud de "convenios de colaboración" aparecen donaciones de Facsa por valor de 20.000 euros. Este empresa, cuya denominación completa es Fomento Agrícola Castellonense, tiene fuertes intereses en la gestión, distribución y depuración de aguas en al provincia de Castelló. Secopsa, otra contratista, en este caso de obra pública y servicios básicamente, realizó una donación de 12.000 euros a la fundación Agua y Progreso enmarcada en otro de estos "convenios de colaboración". Algo inferior fue la aportación de la Sociedad de Agricultores de la Vega, especializada en la gestión de residuos y también con intereses en el sector de la depuración. SAV puso 3.000 euros.
La documentación de la fundación recoge también donaciones de otras dos firmas, Inelcom y Mondragón, con 6.000 euros cada una. El registro mercantil tiene inscritas varias sociedades englobadas en el Grupo Inelcom, con sede en Xàtiva y dedicado fundamentalmente al servicio de teleasistencias. Las bases mercantiles recogen numerosas sociedades cuya razón social incluye la denominación de Mondragón. Los documentos de Agua y Progreso no hacen mayor especificaciones sobre su donante.
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El Consell defiende el carácter inversor y de generación de empleo de Sptcv
V. R., Valencia
El Consell hizo público ayer un comunicado en el que sostiene que la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (Sptcv), empresa pública de la Generalitat, ha reducido este año su endeudamiento en 53 millones de euros y "mantiene su política de impulsar distintos proyectos sociales, culturales, industriales y de diversa índole en toda la región".
El informe de la Sindicatura de Cuentas correspondiente al ejercicio de 2007 revela que la mercantil cerró el año en situación de disolución como consecuencia de la acumulación de pérdidas. Ello obligó a la Generalitat a realizar una aportación de capital de 59 millones de euros y a reducir al valor de las acciones en 54,4 millones. El Consell defendió ayer que las empresas públicas "priman la rentabilidad social ante la económica" y que su creación "obedece a generadores de riqueza indirecta que inciden de manera directa en el PIB" de la Comunitat. "El fundamento de las empresas públicas como canalizadoras de la inversión en la comunidad supone el compromiso de políticas sociales con el fin de proveer de servicios públicas, incentivar la productividad y generar empleo y riqueza", insiste la nota.
La Generalitat sostiene además que en los últimos ejercicios ha trabajado en reducir los gastos y optimizar la gestión de Proyectos Temáticos. "Todos los esfuerzos que ha ido realizando Sptcv durante todos estos años se ha efectuado siguiendo de modo estricto una política de ahorro y contención de gastos". Los gastos de explotación, "principal indicio de ineficacia económica", se han reducido desde el ejercicio 2004 al 2007 en un 30%, al pasar de 11 millones a 7,7 millones de euros, según las mismas fuentes.
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La balanza exterior valenciana arroja un déficit de 3.248 millones
Los valencianos exportaron productos a China por valor de 207 millones de euros, mientras las importaciones chinas en la Comunitat supusieron 2.140 millones
EFE
La balanza comercial exterior de la Comunidad Valenciana arrojó un déficit de 3.248 millones de euros entre los meses de enero y septiembre de 2008, una cifra muy similar a la alcanzada en este mismo periodo del pasado año, según datos del Instituto de Comercio Exterior Español (ICEX).
De hecho, el citado balance sólo supone una mejora del 1,5 por ciento con respecto a 2007, año en el que el déficit alcanzó los 3.295 millones de euros a lo largo de los tres primeros trimestres.
Por lo que respecta al presente ejercicio, las exportaciones de la Comunidad Valenciana hasta septiembre sumaron un total de 14.845 millones de euros, frente a los 18.093 millones de euros de las importaciones.
Los datos del pasado ejercicio -entre enero y septiembre-, reflejan que las ventas al exterior de productos valencianos supusieron 14.283 millones de euros, por los 17.578 millones de euros de las importaciones.
La comparativa indica que las exportaciones han aumentado por lo que a este periodo se refiere cerca de 600 millones de euros, mientras que las importaciones han crecido alrededor de 500 millones de euros, según las citadas fuentes.
Por países, la balanza comercial valenciana ofrece con respecto a China su mayor desigualdad, con un déficit de 1.933 millones de euros.
Aunque los valencianos exportaron productos al gigante asiático por valor de 207 millones de euros, las importaciones chinas en la Comunidad Valenciana supusieron 2.140 millones de euros.
Junto a China, el balance comercial valenciano también es negativo con respecto a Alemania, país al que se exportó productos por valor e 1.284 millones de euros pero que vendió materias y servicios cifrados en 2.073 millones de euros (-800 millones de euros-, así como con Italia y EE.UU., donde la balanza aporta unas cifras negativas de 300 millones de euros en ambos casos.
Sin embargo, las cifras comerciales son positivas en relación a Francia, el principal comprador de productos valencianos, pues las exportaciones se aproximaron a los 2.100 millones de euros, mientras que las importaciones se situaron en los 1.414 millones de euros.
Además de Francia, la balanza comercial valenciana arroja un superávit con respecto al Reino Unido (mil millones de euros) y Portugal (alrededor de 300 millones de euros), entre otros países.
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Las exportaciones de cítricos a Rusia se reducen casi un 50% durante esta campaña
El IVEX apoya la expansión internacional de las empresas con 3,7 millones .
Las ventas del comercio minorista bajan un 9,6% en noviembre, con caída histórica del empleo
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Empresas contratistas donaron miles de euros a la fundación que impulsa la guerra del agua
La fundación pública recibió más de 40.000 euros de firmas como Facsa, SAV, Secopsa o Inelcom. La Generalitat y entidades públicas aportaron el grueso de la financiación
Víctor Romero, Valencia
La Fundación Agua y Progreso no sólo sobrevive de los fondos que recibe de la Generalitat valenciana. Durante el ejercicio de 2007, la entidad defensora de la recuperación del trasvase del Ebro e instrumento del Consell para mantener viva la llama de la batalla del agua, recibió además miles de euros de empresas privadas que mantienen contratos públicos con la Administración pública y con ayuntamientos gobernados por el Partido Popular.
Documentos internos de la entidad que dirige el militante popular Alberto Comos, incluidos en los anexos del informe de fiscalización de la Sindicatura de Comptes del año pasado revelan que la fundación recibió más de 40.000 euros de sociedades privadas como Facsa, Inelcom, Sociedad de Agricultores de la Vega, Secopsa y una entidad que recibe la denominación genérica de Mondragón.Según estos documentos, que llevan la firma del director de la fundación y del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón, Agua y Progreso ingresó en 2007 un total de 1.144.600 euros para financiar sus actividades. De estos, el grueso procede de la Generalitat que aportó 1.050.600 euros. El Ayuntamiento de Alicante entregó 3.000 euros y la Diputación de Alicante, otros 3.000. La Diputación de Valencia también puso su granito de arena, con 17.000 euros. No fueron las únicas entidades públicas que colaboraron en cubrir los gastos de funcionamiento de la fundación Agua y Progresos. Vaersa, la empresa pública de la Generalitat dedicada a la gestión de residuos, desembolsó 12.000 euros.
También la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales, que preside el alcalde de Manises, el popular Enrique Crespo, aportó 12.000 euros. Esta última cantidad sirvió a Agua y Progreso mitigar sus pérdidas en 2007, según los informes de la Intervención General de la Generalitat. La fundación cerró el año pasado con un desfase entre ingresos y gastos de 5.598 euros.
No obstante, en la relación de donantes llaman a la atención las donaciones recibidas por empresas privadas. Contabilizadas en el capítulo de ingresos en virtud de "convenios de colaboración" aparecen donaciones de Facsa por valor de 20.000 euros. Este empresa, cuya denominación completa es Fomento Agrícola Castellonense, tiene fuertes intereses en la gestión, distribución y depuración de aguas en al provincia de Castelló. Secopsa, otra contratista, en este caso de obra pública y servicios básicamente, realizó una donación de 12.000 euros a la fundación Agua y Progreso enmarcada en otro de estos "convenios de colaboración". Algo inferior fue la aportación de la Sociedad de Agricultores de la Vega, especializada en la gestión de residuos y también con intereses en el sector de la depuración. SAV puso 3.000 euros.
La documentación de la fundación recoge también donaciones de otras dos firmas, Inelcom y Mondragón, con 6.000 euros cada una. El registro mercantil tiene inscritas varias sociedades englobadas en el Grupo Inelcom, con sede en Xàtiva y dedicado fundamentalmente al servicio de teleasistencias. Las bases mercantiles recogen numerosas sociedades cuya razón social incluye la denominación de Mondragón. Los documentos de Agua y Progreso no hacen mayor especificaciones sobre su donante.
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El Consell defiende el carácter inversor y de generación de empleo de Sptcv
V. R., Valencia
El Consell hizo público ayer un comunicado en el que sostiene que la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (Sptcv), empresa pública de la Generalitat, ha reducido este año su endeudamiento en 53 millones de euros y "mantiene su política de impulsar distintos proyectos sociales, culturales, industriales y de diversa índole en toda la región".
El informe de la Sindicatura de Cuentas correspondiente al ejercicio de 2007 revela que la mercantil cerró el año en situación de disolución como consecuencia de la acumulación de pérdidas. Ello obligó a la Generalitat a realizar una aportación de capital de 59 millones de euros y a reducir al valor de las acciones en 54,4 millones. El Consell defendió ayer que las empresas públicas "priman la rentabilidad social ante la económica" y que su creación "obedece a generadores de riqueza indirecta que inciden de manera directa en el PIB" de la Comunitat. "El fundamento de las empresas públicas como canalizadoras de la inversión en la comunidad supone el compromiso de políticas sociales con el fin de proveer de servicios públicas, incentivar la productividad y generar empleo y riqueza", insiste la nota.
La Generalitat sostiene además que en los últimos ejercicios ha trabajado en reducir los gastos y optimizar la gestión de Proyectos Temáticos. "Todos los esfuerzos que ha ido realizando Sptcv durante todos estos años se ha efectuado siguiendo de modo estricto una política de ahorro y contención de gastos". Los gastos de explotación, "principal indicio de ineficacia económica", se han reducido desde el ejercicio 2004 al 2007 en un 30%, al pasar de 11 millones a 7,7 millones de euros, según las mismas fuentes.
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dimarts, 23 de desembre del 2008
La Generalitat Valenciana de Camps té tal deute que no alçarem cap en més d'un decenni.
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I mentre, segueixen per davant en expectativa de vot. I és que la dreta espanyola no té votants sinó còmplices.
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auditoria a la generalitat 2007
El Síndic corrige al Consell y eleva a 25.000 millones el gasto y deuda imputados al futuro
Recalca que el modelo de financiación Aznar-Zaplana no preveía la actualización de la población que pide Camps. Todavía quedan 562 millones en facturas en los cajones tras aplazar el pago de 847 hasta 2015.
J. G. G./V. R./C. A., Valencia
El informe de la Sindicatura sobre la gestión de la Generalitat en 2007 corrige escandalosamente al alza el volumen de compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros que se reconoció oficialmente en la Cuenta General. Frente a los 20.985,1 millones declarados a 31 de diciembre de 2007 -la mayoría, deuda, a pagar a partir de 2011-, el organismo auditor, que presidente Rafael Vicente, revela que la información de la memoria "no recoge" compromisos derivados de algunos contratos, convenios y acuerdos por importe de, "al menos, 3.358,4 millones". Sin embargo, en el apartado concreto dedicado a los gastos imputados al futuro, el Síndic advierte que "también deben estimarse e incluirse los importes correspondientes a la facturación realizada por Ciegsa".
Se trata del gasto en construcción de colegios que Ciegsa "factura" a la Generalitat y que ésta debe financiar, vía ampliaciones de capital, hasta 2015. A 31 de diciembre del ejercicio pasado, la facturación era de 616,5 millones. Según recalca el auditor, esta deuda con Ciegsa no la tiene reconocida el Consell, por lo que le insta a reflejarla en sus cuentas. Los 3.358 y los 616 millones suponen 3.974,9 millones de gasto imputado al futuro no incluido, lo que da un total de 24.960 millones en compromisos para ejercicios posteriores. La losa, apunta el Síndic, es todavía mayor aunque contablemente ya no correspondería a 2007, ya que en mayo se pactó con las universidades abonarles 891,1 millones hasta 2022. Los 3.358 millones corresponden a las anualidades futuras de la privatización de la atención sanitaria en Manises (1.055,1 millones) y Elx (974,8), así como la regularización de 847,4 millones de facturas en los cajones de Sanidad. En alegaciones, este departamento admitió la rectificación y remitió un nuevo cuadro actualizado. Además, hay 135 millones para la Feria Valencia. El Consell sólo admitió 45,8 millones de inversiones en las universidades cuando asumió 296,1. Finalmente se dejó por contabilizar compromisos derivados con los ayuntamientos para construir colegios por 28,6 millones y cuatro contratos, por 21,4 millones. El incremento de la hipoteca de futuro es espectacular en un año, ya que en 2006 creció en 1.228 millones. En 2007 no subió el 4% que declaró el Consell, sino el 16,5%.
El modelo Aznar, en evidencia
En este informe, que el Síndic entregó ayer a las Corts pero también al presidente Francisco Camps y al conseller de Economía, Gerardo Camps, el auditor recalca por primera vez que el modelo de financiación Aznar-Zaplana no preveía la actualización del parámetro de población, tal como Camps está reclamando a Zapatero, incluso con una campaña que alude al supuesto millón de valencianos que el Gobierno central no reconoce. El Síndic indica que los gastos sanitarios suponen el 41,4% del total (frente al 39,6% en 2006). Entre las causas del aumento del gasto, cita el incremento demográfico, por encima de la media nacional, ya que ha pasado de representar el 10,83% de España en 1999 (año base) al 11,59% en 2008 (excluyendo País Vasco y Navarra), "sin que en el modelo estuviera prevista la actualización de este parámetro".
A esto añade la creciente demanda de servicios sanitarios (la plantilla ha subido entre 2002 y 2007 un 9% y la factura de farmacia, un 25,8%); mayores costes en los tratamientos; pero también la "necesidad de una gestión más efectiva". Como consecuencia de ello, los gastos entre 2002 y 2007 han aumentado un 65% (el resto de programas, un 34,6%), mientras las transferencias corrientes y de capital del Estado subieron un 30,3%. El resto de ingresos, sobre todo tributos cedidos, ha subido un 73%. No obstante, el dato obvia que el sistema de financiación cambió al basarse en los tributos y caer las transferencias, lo que tuvo un impacto en 2003 con la reducción de un 10% de los fondos de Madrid. En 2007, la inyección estatal creció un 12%, según la auditoría.
Un "gran esfuerzo" del Consell
El Síndic reitera un año más que el aumento del gasto sanitario, junto con los "problemas estructurales derivados de una financiación insuficiente", "no ajustada a la realidad demográfica actual", tiene su reflejo en las llamadas facturas en los cajones, existentes desde que se recibieron las transferencias. Rafael Vicente destacó ayer el "gran esfuerzo" del Consell en regularizar el gasto no contabilizado por falta de presupuesto, nada menos que 847 millones. Pero la regularización sólo supone su reconocimiento, de forma que habrá que ir pagando esta deuda cada año desde 2008 a 2015, no que esté zanjado el problema.
De hecho, todavía quedan 562,9 millones de gasto oculto. Si éstos se suman a los 847, el resultado son 1.410 millones, frente a los 1.224 de 2006. A junio pasado, se habían acordado regularizaciones con proveedores de 992,8 millones.Gerardo Camps destacó ayer que los 562 millones de facturas en los cajones suponen un 54% menos que en 2006 y también consideró que la auditoría señala que, lejos de una mala gestión, como sostiene la oposición, la causa del gasto no reconocido es "el diferencial existente entre el crecimiento de la población y la financiación".
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Cuestiona el cumplimiento del Plan de Estabilidad
La Sindicatura pide al IVEX que documente los expedientes de gasto
El informe eleva a 22,1 millones el coste de las inundaciones en el Palau de les Arts
El Consell gastó 5 millones en los derechos de la Volvo y los ha pagado en 3 años
La Sindicatura de Greuges acata el auto del TSJ y Emilia Caballero asume el mando
El Ivvsa mantiene a 44 empleados en puestos de trabajo "inexistentes" desde hace dos años
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I mentre, segueixen per davant en expectativa de vot. I és que la dreta espanyola no té votants sinó còmplices.
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auditoria a la generalitat 2007
El Síndic corrige al Consell y eleva a 25.000 millones el gasto y deuda imputados al futuro
Recalca que el modelo de financiación Aznar-Zaplana no preveía la actualización de la población que pide Camps. Todavía quedan 562 millones en facturas en los cajones tras aplazar el pago de 847 hasta 2015.
J. G. G./V. R./C. A., Valencia
El informe de la Sindicatura sobre la gestión de la Generalitat en 2007 corrige escandalosamente al alza el volumen de compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros que se reconoció oficialmente en la Cuenta General. Frente a los 20.985,1 millones declarados a 31 de diciembre de 2007 -la mayoría, deuda, a pagar a partir de 2011-, el organismo auditor, que presidente Rafael Vicente, revela que la información de la memoria "no recoge" compromisos derivados de algunos contratos, convenios y acuerdos por importe de, "al menos, 3.358,4 millones". Sin embargo, en el apartado concreto dedicado a los gastos imputados al futuro, el Síndic advierte que "también deben estimarse e incluirse los importes correspondientes a la facturación realizada por Ciegsa".
Se trata del gasto en construcción de colegios que Ciegsa "factura" a la Generalitat y que ésta debe financiar, vía ampliaciones de capital, hasta 2015. A 31 de diciembre del ejercicio pasado, la facturación era de 616,5 millones. Según recalca el auditor, esta deuda con Ciegsa no la tiene reconocida el Consell, por lo que le insta a reflejarla en sus cuentas. Los 3.358 y los 616 millones suponen 3.974,9 millones de gasto imputado al futuro no incluido, lo que da un total de 24.960 millones en compromisos para ejercicios posteriores. La losa, apunta el Síndic, es todavía mayor aunque contablemente ya no correspondería a 2007, ya que en mayo se pactó con las universidades abonarles 891,1 millones hasta 2022. Los 3.358 millones corresponden a las anualidades futuras de la privatización de la atención sanitaria en Manises (1.055,1 millones) y Elx (974,8), así como la regularización de 847,4 millones de facturas en los cajones de Sanidad. En alegaciones, este departamento admitió la rectificación y remitió un nuevo cuadro actualizado. Además, hay 135 millones para la Feria Valencia. El Consell sólo admitió 45,8 millones de inversiones en las universidades cuando asumió 296,1. Finalmente se dejó por contabilizar compromisos derivados con los ayuntamientos para construir colegios por 28,6 millones y cuatro contratos, por 21,4 millones. El incremento de la hipoteca de futuro es espectacular en un año, ya que en 2006 creció en 1.228 millones. En 2007 no subió el 4% que declaró el Consell, sino el 16,5%.
El modelo Aznar, en evidencia
En este informe, que el Síndic entregó ayer a las Corts pero también al presidente Francisco Camps y al conseller de Economía, Gerardo Camps, el auditor recalca por primera vez que el modelo de financiación Aznar-Zaplana no preveía la actualización del parámetro de población, tal como Camps está reclamando a Zapatero, incluso con una campaña que alude al supuesto millón de valencianos que el Gobierno central no reconoce. El Síndic indica que los gastos sanitarios suponen el 41,4% del total (frente al 39,6% en 2006). Entre las causas del aumento del gasto, cita el incremento demográfico, por encima de la media nacional, ya que ha pasado de representar el 10,83% de España en 1999 (año base) al 11,59% en 2008 (excluyendo País Vasco y Navarra), "sin que en el modelo estuviera prevista la actualización de este parámetro".
A esto añade la creciente demanda de servicios sanitarios (la plantilla ha subido entre 2002 y 2007 un 9% y la factura de farmacia, un 25,8%); mayores costes en los tratamientos; pero también la "necesidad de una gestión más efectiva". Como consecuencia de ello, los gastos entre 2002 y 2007 han aumentado un 65% (el resto de programas, un 34,6%), mientras las transferencias corrientes y de capital del Estado subieron un 30,3%. El resto de ingresos, sobre todo tributos cedidos, ha subido un 73%. No obstante, el dato obvia que el sistema de financiación cambió al basarse en los tributos y caer las transferencias, lo que tuvo un impacto en 2003 con la reducción de un 10% de los fondos de Madrid. En 2007, la inyección estatal creció un 12%, según la auditoría.
Un "gran esfuerzo" del Consell
El Síndic reitera un año más que el aumento del gasto sanitario, junto con los "problemas estructurales derivados de una financiación insuficiente", "no ajustada a la realidad demográfica actual", tiene su reflejo en las llamadas facturas en los cajones, existentes desde que se recibieron las transferencias. Rafael Vicente destacó ayer el "gran esfuerzo" del Consell en regularizar el gasto no contabilizado por falta de presupuesto, nada menos que 847 millones. Pero la regularización sólo supone su reconocimiento, de forma que habrá que ir pagando esta deuda cada año desde 2008 a 2015, no que esté zanjado el problema.
De hecho, todavía quedan 562,9 millones de gasto oculto. Si éstos se suman a los 847, el resultado son 1.410 millones, frente a los 1.224 de 2006. A junio pasado, se habían acordado regularizaciones con proveedores de 992,8 millones.Gerardo Camps destacó ayer que los 562 millones de facturas en los cajones suponen un 54% menos que en 2006 y también consideró que la auditoría señala que, lejos de una mala gestión, como sostiene la oposición, la causa del gasto no reconocido es "el diferencial existente entre el crecimiento de la población y la financiación".
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Cuestiona el cumplimiento del Plan de Estabilidad
La Sindicatura pide al IVEX que documente los expedientes de gasto
El informe eleva a 22,1 millones el coste de las inundaciones en el Palau de les Arts
El Consell gastó 5 millones en los derechos de la Volvo y los ha pagado en 3 años
La Sindicatura de Greuges acata el auto del TSJ y Emilia Caballero asume el mando
El Ivvsa mantiene a 44 empleados en puestos de trabajo "inexistentes" desde hace dos años
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dijous, 30 d’octubre del 2008
Ruïna al País Valencià: El Consell admite que el pago aplazado ya le pasa factura y le obliga a reducir la inversión.
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El Consell admite que el pago aplazado ya le pasa factura y le obliga a reducir la inversión
El conseller Mario Flores admite que sus presupuestos "están maniatados" por el gasto social
L. B. B., Valencia
El conseller de Infraestructuras y Transportes, Mario Flores, ha admitido ante un foro de empresarios de la construcción y de planificadores de carreteras que "la inversión pública, de origen presupuestario, se ha visto disminuida en los últimos tiempos y tiene visos de continuar a la baja, entre otras cosas, porque también es tiempo de pagar lo mucho que se ha hecho", aseguró en referencia a la fórmula de pago aplazado o modelo alemán, aunque sin citarlo.
Este sistema, que también utiliza la administración central permite a la administración disfrazar la deuda para las grandes inversiones ya que es el sector privado quien adelanta el dinero necesario para ejecutar una gran infraestructura y la administración sólo empieza a pagar una vez ha finalizado la infraestructura.
La Unión Europea desaconsejó en 1999 la fórmula del pago aplazado porque hipotecaba el presupuesto futuro de las administraciones. De hecho, en el año 2000, los ejecutivos central y autonómico desterraron el modelo alemán de la contratación pública. Sin embargo, el ejecutivo de Eduardo Zaplana desenterró la fórmula en 2001 para hacer frente al pago de 21.443 millones en infraestructuras.
En 2005, el Consell también rescató el modelo alemán para contratar 126,9 millones en obras públicas como la carretera de Torreblanca al aeropuerto de Castelló, un tamo de la T-2 a Natzaret o el túnel viario de la avenida de Dénia en Alicante. Afinar con las inversionesUnas inversiones que, ahora, ya empiezan a pasar factura.
Flores aseguró a los constructores y contratistas de obra pública, durante una cena coloquio organizada como prólogo de la XXVII Semana de la Carretera celebrada en Valencia a finales de septiembre, que no quería dar un discurso "pesimista" de la actual situación sino "más bien ser lo más realista posible con ciertas dosis de idealismo". Y defendió que "hoy más que nunca es fundamental abordar una planificación que se ajuste a las necesidades reales de nuestro territorio y nuestra sociedad. Por ello al definir las líneas maestras de cualquier planificación de infraestructuras debemos tener presente la función económica y social que debe regir cualquier inversión pública, persiguiendo la optimización de los recursos económicos de los que, desgraciadamente, disponemos".
De hecho, acto seguido admite que la planificación de infraestructuras viarias "va a venir marcada por los escasos recursos económicos de que dispone la administración, cuyos presupuestos vienen maniatados por el gasto que las comunidades autónomas deben destinar a la educación, la sanidad, el bienestar social -no nos olvidemos de la ley de dependencia-, y que, en algunos casos, como en la Comunitat Valenciana, llegan a superar el 80% del presupuesto global". El conseller recordaba, además, que se ha cerrado el grifo de las ayudas europeas porque la Comunitat Valenciana ya no es Objetivo 1.
"Hemos disfrutado de un decenio de bonanza económica que ha permitido, gracias también a una importante inyección de fondos europeos, una gran inversión pública en materia de infraestructuras, que ha supuesto un enorme desarrollo para el conjunto del territorio nacional". Ha llegado la época de vacas flacas. Y aunque sea en petit comité, el Consell empieza a admitir la situación.
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Revisar el "modelo" para no acabar con "hipotecas subprime"
Los grupos aprueban por unanimidad la congelación de sueldos de los diputados como medida simbólica contra la crisis
EU califica de "vergüenza" gastar 850.000 en coches oficiales
El PP pedirá en las Corts rebajas fiscales al Gobierno pero evita reclamar lo mismo al Consell
Camps ha ejecutado menos de la mitad de la inversión prevista a dos meses de acabar el año
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El Consell admite que el pago aplazado ya le pasa factura y le obliga a reducir la inversión
El conseller Mario Flores admite que sus presupuestos "están maniatados" por el gasto social
L. B. B., Valencia
El conseller de Infraestructuras y Transportes, Mario Flores, ha admitido ante un foro de empresarios de la construcción y de planificadores de carreteras que "la inversión pública, de origen presupuestario, se ha visto disminuida en los últimos tiempos y tiene visos de continuar a la baja, entre otras cosas, porque también es tiempo de pagar lo mucho que se ha hecho", aseguró en referencia a la fórmula de pago aplazado o modelo alemán, aunque sin citarlo.
Este sistema, que también utiliza la administración central permite a la administración disfrazar la deuda para las grandes inversiones ya que es el sector privado quien adelanta el dinero necesario para ejecutar una gran infraestructura y la administración sólo empieza a pagar una vez ha finalizado la infraestructura.
La Unión Europea desaconsejó en 1999 la fórmula del pago aplazado porque hipotecaba el presupuesto futuro de las administraciones. De hecho, en el año 2000, los ejecutivos central y autonómico desterraron el modelo alemán de la contratación pública. Sin embargo, el ejecutivo de Eduardo Zaplana desenterró la fórmula en 2001 para hacer frente al pago de 21.443 millones en infraestructuras.
En 2005, el Consell también rescató el modelo alemán para contratar 126,9 millones en obras públicas como la carretera de Torreblanca al aeropuerto de Castelló, un tamo de la T-2 a Natzaret o el túnel viario de la avenida de Dénia en Alicante. Afinar con las inversionesUnas inversiones que, ahora, ya empiezan a pasar factura.
Flores aseguró a los constructores y contratistas de obra pública, durante una cena coloquio organizada como prólogo de la XXVII Semana de la Carretera celebrada en Valencia a finales de septiembre, que no quería dar un discurso "pesimista" de la actual situación sino "más bien ser lo más realista posible con ciertas dosis de idealismo". Y defendió que "hoy más que nunca es fundamental abordar una planificación que se ajuste a las necesidades reales de nuestro territorio y nuestra sociedad. Por ello al definir las líneas maestras de cualquier planificación de infraestructuras debemos tener presente la función económica y social que debe regir cualquier inversión pública, persiguiendo la optimización de los recursos económicos de los que, desgraciadamente, disponemos".
De hecho, acto seguido admite que la planificación de infraestructuras viarias "va a venir marcada por los escasos recursos económicos de que dispone la administración, cuyos presupuestos vienen maniatados por el gasto que las comunidades autónomas deben destinar a la educación, la sanidad, el bienestar social -no nos olvidemos de la ley de dependencia-, y que, en algunos casos, como en la Comunitat Valenciana, llegan a superar el 80% del presupuesto global". El conseller recordaba, además, que se ha cerrado el grifo de las ayudas europeas porque la Comunitat Valenciana ya no es Objetivo 1.
"Hemos disfrutado de un decenio de bonanza económica que ha permitido, gracias también a una importante inyección de fondos europeos, una gran inversión pública en materia de infraestructuras, que ha supuesto un enorme desarrollo para el conjunto del territorio nacional". Ha llegado la época de vacas flacas. Y aunque sea en petit comité, el Consell empieza a admitir la situación.
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Revisar el "modelo" para no acabar con "hipotecas subprime"
Los grupos aprueban por unanimidad la congelación de sueldos de los diputados como medida simbólica contra la crisis
EU califica de "vergüenza" gastar 850.000 en coches oficiales
El PP pedirá en las Corts rebajas fiscales al Gobierno pero evita reclamar lo mismo al Consell
Camps ha ejecutado menos de la mitad de la inversión prevista a dos meses de acabar el año
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