Los Alcorisa piden a Ribó anular la orden de pagar 45.000 euros por exhumar al padre

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La familia espera que el nuevo gobierno municipal «ponga fin a una atrocidad sin precedentes»

16.06.2015 | 04:15

Los Alcorisa piden a Ribó anular la orden de pagar 45.000 euros por exhumar al padre

M. MÍNGUEZ | VALENCIA Llegaron a ser seis hermanos. Miguel „ el mayor„, murió el primero, antes de que el resto de los Alcorisa iniciaran en julio de 2009 los trámites para exhumar los restos del padre, Teófilo. En estos seis años fallecieron Angelina y Bonifacia. Ahora sólo quedan Pilar, Felisa y Pedro. Este último, apodado como «el guerrillero», a los 96 años aún llora la muerte de su progenitor, torturado y ejecutado por negarse revelar el paradero del hijo. El deseo de recuperar y dignificar los restos de Teófilo, en una fosa común del cementerio municipal de Valencia desde su muerte en 1947, se volvieron contra la familia por una resolución del consistorio de Rita Barberá que les obligaba a correr con los gastos de la exhumación. Unos 45.000 euros que prácticamente podrían abocarles al desahucio. Al recurso presentado el viernes contra la decisión municipal, se sumirá hoy la petición de una audiencia con el nuevo alcalde, Joan Ribó. «Es la última esperanza que nos queda, porque esto es una cuestión de voluntad política para acabar con una atrocidad sin precedentes», relata Matías Alonso, coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica (GRMH).

Los Alcorisa no han estado solos en este «sangrante» proceso, en el que han contado con el apoyo jurídico de Ilocad, el bufete del exmagistrado Baltasar Garzón. Los trámites para la exhumación arrancaron en 2009, cuando el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero concedía subvenciones a tal efecto, en cumplimiento con la Ley de la Memoria Histórica. Algo paralizado con la llegada al gobierno de Mariano Rajoy. El Ayuntamiento demoró tanto el procedimiento, recuerda Alonso, que para entonces la ayuda pública concedida inicialmente había expirado junto con el plazo de cumplimiento. «Se actuó de forma escandalosa y con mala fe», incide Alonso, quien incluso habla de «acoso» hacia la familia por parte del equipo gobierno de Barberá.

Para Alonso se trata «de voluntad política», por lo que el tema podría resolverse en un pleno, o incluso de forma más rápida. «Es el estado quien debería asumir porque tiene una deuda enorme con esta familia. Es una pura cuestión de ética y democracia», insiste, para acto seguido apostillar que el caso de los Alcorisa «no es más que la punta del iceberg».