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Los socialistas piden al Gobierno que no "silencie a los vencidos" y abra las fosas comunes
"El espíritu de reconciliación de la Transición no ha cerrado todas las heridas de la Guerra Civil"
Asistente al homenaje a Franco el 20- N de 2008 en el Valle de los Caídos. / CRISTÓBAL MANUEL
El Grupo socialista ha registrado este jueves en el Congreso una proposición no de ley para su debate en el pleno de la Cámara en la que insta al Gobierno a asumir su "deber moral" y recuperar la ley de memoria histórica, que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha derogado de facto al eliminar las partidas presupuestarias para su aplicación. Entre las medidas que propone el PSOE está la de ampliar los colectivos que pueden obtener la nacionalidad española como descendientes de una víctima del franquismo.
"La memoria de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, su reconocimiento y reparación, representa un deber moral en la vida política y es signo de la calidad de la democracia española. La historia no puede construirse desde el olvido de los débiles y el silenciamiento de los vencidos. El conocimiento de nuestro pasado reciente contribuye a asentar nuestra convivencia sobre bases más firmes, protegiéndonos de repetir errores del pasado", dice el primer párrafo de la exposición de motivos de la proposición no de ley, que firma el diputado Ramón Jáuregui, exministro de la presidencia en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Los socialistas recuerdan cómo impulsaron la aprobación, en 2007, de la ley de memoria histórica, y admiten que fue "una tarea inacabada" que además, se ha visto "interrumpida" por el Gobierno de Rajoy al eliminar las partidas presupuestarias para aplicarla y cerrar la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.
"Ni el espíritu de reconciliación que presidió la transición a la democracia ni esta ley han cerrado todas las heridas provocadas por la Guerra Civil y el franquismo en la sociedad española", expone el Grupo Socialista, apoyándose en las declaraciones recientes de los enviados de Naciones Unidas a España para analizar la situación de las víctimas.
Por todo ello, los socialistas instan al Gobierno a:
- "No olvidar a los colectivos que no pudieron beneficiarse de la ley" de memoria histórica de 2007, "paraacceder a la nacionalidad española y para ello, remitir a las Cortes Generales las iniciativas oportunas, en el plazo máximo de seis meses, prestando especial atención a la inclusión de los siguientes supuestos: descendientes de mujeres españolas, justificado por el hecho de que hasta 1978 las mujeres no transmitían la nacionalidad; los descendientes de varón que tuvo que renunciar a la nacionalidad con anterioridad al nacimiento de sus hijos, e hijos mayores de edad de quienes han adquirido la nacionalidad en aplicación de la ley de memoria histórica, puesto que la adquisición de la nacionalidad en esta ley se producía solo en favor de los hijos de menores de edad".
- "Recuperar las políticas públicas destinadas a la recuperación de la memoria histórica con su correspondiente dotación presupuestaria".
- "Continuar la expedición de declaraciones de reparación y reconocimiento personal para todos aquellos que padecieron persecución, prisión o violencia por razones políticas, ideológicas y en su caso, constatar la ilegitimidad y nulidad de pleno derecho de las sentencias emanadas de los tribunales ilegítimos". [La ley de memoria histórica declaró ilegítimos esos tribunales pero no nulas las condenas, una vieja reivindicación de las víctimas].
- "Continuar contribuyendo [no asumir, como piden las asociaciones y la ONU] a la localización y exhumación de fosas e identificación de los cadáveres, removiendo los obstáculos que lo impiden y apoyando desde los poderes públicos esta labor, como ejercicio inexcusable de dignificación, que dé por cerrada la herida de las desapariciones forzadas. Dar un enterramiento digno a los restos de quienes todavía yacen anónimamente en montes y cunetas debe ser un deber de los poderes públicos para con las víctimas y sus descendientes".
- "Afrontar, de forma decidida y urgente, las recomendaciones del informe de expertos sobre el futuro del Valle de los Caídos" [que el entonces ministro Jáuregui presentó con el Gobierno de Zapatero ya en funciones] para que "deje de ser un lugar de memoria franquista y nacional-católica y reconvertirlo en espacio para la cultura de la reconciliación, de la memoria colectiva democrática y de la dignificación y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura".
- "Impulsar la retirada de símbolos y monumentos que honran la memoria de los vencedores o conmemoran el conflicto civil o la dictadura".
- "Revisar, en su caso, la normativa en materia de archivos para garantizar el acceso a todos los fondos históricos, ajustándolo a los estándares internacionales aplicables".
-" Recuperar la Oficina de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura como órgano de coordinación asó como todas las partidas presupuestarias destinadas a financiar la ley de memoria histórica".
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