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Francisco Etxebarria, antropólogo forense, durante la conferencia. // LAURA LEÓN
Compromiso, sí. Apoyo, por supuesto. Información, que no se pierda ni un solo dato ni prueba para oficializar la verdad. Pero cada uno que haga lo que sabe hacer. “En mi laboratorio no hay ninguna bandera republicana ni ningún crucifijo”, resumió ayer de manera rotunda en Sevilla el antropólogo forense Francisco Etxebarria. Arriba, en un proyector, un guardia civil delante de una fosa abierta. “Yo no soy el salvador de la patria. Pero este señor no está preparado para recoger testimonios, exhumar o identificar las causas de la muerte. Si lo hace el Estado, no habrá banderas republicanas, ni podrán llorar los familiares ante la fosa y esperarán los resultados en sus casas. El Estado tiene que intervenir pero dando tutela, garantías y medios, poniendo a trabajar a cada uno en lo que sabe y dando el protagonismo a las familias, dejando trabajar al arqueólogo, al historiador, al genetista”, continuó. Que cada uno haga lo que sepa hacer, insistió. No se puede decir a los familiares que las víctimas han sido torturadas con clavos, como ha ocurrido en algún caso, porque esos clavos son de los féretros, criticó a modo de ejemplo de lo que se hace sin saberse hacer.
El hombre que le ha dado la vuelta a la historia con la objetividad e imparcialidad que sustenta el análisis científico de huesos -destapó las torturas a Lasa y Zabala, descubrió que la muerte de Salvador Allende no fue un asesinato sino un suicidio, corrigió el megalómano error en el caso de los niños Ruth y José-, examinó el proceso de la memoria histórica en España, con esos mismos ingredientes, durante su intervención en el ciclo Exhumando fosas, recuperando dignidades, con la mayor exposición sobre la materia -promovida por la ARMH y la Sociedad de Ciencias Aranzadi, traída a Sevilla por el Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía de CGT-A. Presentado por el historiador Antonio Miguel Bernal, puso en cuestión la actuación de las instituciones, de los jueces, pero también atribuyó errores a las propias asociaciones memorialistas. Los enfrentamientos entre unas y otras, reflejados muchas veces en la prensa, no ayudan a un proceso en el que es fundamental la suma de todos: “Lo detectó el relator especial de la ONU Pablo de Greiff. Y eso hace que la derecha se tronche”. En el auditorio hubo quien señaló que las diferencias siempre han existido y quien dijo también que muchas asociaciones están en contra de las exhumaciones.
Según Etxebarria, las líneas que deben vertebrar este proceso son tres: oficializar la verdad, la judicialización -con la creación, además de una comisión de la verdad- y el reconocimiento institucional. Sobre las dos primeras patas, el antropólogo forense insistió en la necesidad de no perder ni un solo dato -no entiende por qué a la jueza argentina María Servini no se le ha entregado la documentación que reunió el juez Garzón- y ratificar las pruebas. Si se hace una exhumación, hay que hacer un informe técnico, y no liquidarlo con unas fotos. “Muchos profesionales de las universidades no se atreven a poner su firma en esos documentos, a validarlos para que luego puedan servir de prueba en un juzgado. Y muchas estrategias de los abogados no son las correctas”, denunció. “Yo no soy ningún genio, hay otros profesionales que tienen la misma formación que yo pero no se atreven”, dijo. E incluso puso un ejemplo de una universidad con un importante departamento de genética -sin citar el nombre- al que habían ordenado no mirar ni un solo hueso de víctimas republicanas. Porque las pruebas sirven. Hace unos días él mismo ratificó unas investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos en el Sáhara ante el juez Ruz.
En este apartado destacó también las críticas que recibe muchas veces el movimiento memorialista sobre destrucción de pruebas. “No sólo no hemos destruido pruebas sino que estamos en condiciones de poder acreditarlas. Si no se hubiera hecho la primera exhumación en El Bierzo no estaríamos aquí“, respondió ante las preguntas del público por el temor a que la futura ley de memoria andaluza multe a las personas que exhumen por su cuenta. La mayoría de los enclaves que hoy son lugares para la memoria tampoco existirían sin la labor de los familiares.
COMPROMISO
“Hagan ustedes lo que tengan que hacer, manténgame informada y si necesitan un guardia civil por la noche, me lo dicen, que yo daré las órdenes para que esta fosa esté custodiada día y noche”, cuenta Etxebarria que les dijo una jueza en 2009, en Salas de los Infantes (Burgos). Este fue el razonamiento primero que realizó la magistrada: “Se trata de un crimen acaecido hace más de 70 años y que en todo caso ha prescrito. No obstante, más allá de ser considerados simples asesinatos, estos fueron detenciones ilegales y secuestros, y no se dieron facilidades para encontrar a las víctimas, con lo que nos encontramos en una situación que se ha perpetuado en el tiempo y que es necesario ponerle fin. Para este juzgado, toda víctima que padeció un delito violento se merece un total respeto con independencia de su ideología, por lo que no se deben hacer diferencias entre ellas por tales circunstancias”. Toda víctima, “sea de ETA, de Kiev o de Bolivia necesita verdad, justicia y reparación. Y por ese orden”, aseguró Extebarria.
En el segundo razonamiento jurídico, la jueza da en la clave de lo que para el antropólogo forense es vivir en un estado de derecho y tener a gente comprometida: “Más allá de valorar qué clase de conducta delictiva acaeció, lo esencial es tratar de reparar el daño que se ocasionó a las víctimas o por lo menos intentar mitigarlo. En una sociedad con un derecho penal en el que se está abogando por dar mayor protagonismo a las víctimas y sus familiares, se debe intentar favorecer que cualquier víctima pueda cicatrizar sus heridas. Estas personas, con independencia del tiempo transcurrido deben tener la oportunidad de ser reparadas o compensadas“.
En contraposición, ejemplificó el nulo compromiso de la justicia ante otros casos. “¡Fueron ajusticiados, no asesinados! Rojos, os falla la memoria”, reza una pintada en la pared. Está firmada por Falange, con su dirección web incluida. “Esto es insultante. ¿Dónde está el informe policial? ¿Dónde está la Guardia Civil? ¿Se han abierto diligencias?”, denunció.
Sobre el apoyo de las instituciones, Etxebarria fue también muy gráfico: desde el año 2000, cuando se realizó la primera exhumación en España, en El Bierzo -”Yo era un ignorante entonces”, dijo- hasta 2013, han transcurrido menos años de apoyo que años con respaldo institucional, que ha desaparecido con el cambio de Gobierno. No obstante, incluye a las tres administraciones, no sólo Madrid: “El concejal o el alcalde al que yo he votado puede hacer a veces incluso más, también es su responsabilidad. ¿No pueden convocar un pleno e incorporar en el acta la lista de víctimas? Eso cuesta 0 euros y sería un registro oficial“. La obstrucción de muchos ayuntamientos a esta lucha sucede cada día: cerrar cementerios, no prestar sillas para actos de homenaje… O el excesivo celo de algunos consistorios con la honradez de los contribuyentes: el Ayuntamiento de Oropesa y Corchuela (Toledo) ha puesto como requisito que los técnicos de una exhumación tienen que estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social.
“Vaya país de palurdos, sigue diciendo una mujer que, nada más volver del exilio, lo primero que hizo fue buscar la fosa de su padre”, añadió Etxebarria echando la vista atrás a las primeras exhumaciones tras la muerte de Franco. Aquella mujer se gastó 300.000 pesetas y exhumó a 150 personas con sus propias manos. “Ahí abajo no hay huesos, hay dignidades”, concluyó el antropólogo forense, que nunca imaginó que hubiera tantas fosas en España. No olvidó el principal riesgo: querer construir la historia del pasado desde los intereses del presente.
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