dimarts, 16 de juliol de 2019

Julio de 1936 (1, 2 y 3) Victor Arrogante -


https://diario16.com/julio-de-1936-1-preparando-el-golpe/




Julio de 1936 (1); preparando el golpe

  
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Entramos en el mes en el que se cumplen ochenta y tres años − ¡Qué se dice pronto! −, desde que estalló la guerra española. Pasado este tiempo, la memoria sigue viva y no ha habido un reconocimiento moral, social y económico a las víctimas de la guerra y del franquismo, pese a la ley de Memoria Histórica, que tantas dificultades tiene para su cumplimiento. Voy a recordar acontecimientos históricos de la época (algunos contados por mi madre), en homenaje a las víctimas que tanto padecieron, defendiendo la igualdad y la justicia social; luchando por la libertad y la democracia.
Aunque se considera el 18 de julio de 1936 como la fecha del inicio del enfrentamiento, el levantamiento militar tuvo lugar el día anterior en Melilla. No consiguieron los objetivos previstos de hacerse con el poder ni en Madrid ni en el resto de grandes ciudades, como Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga o Murcia. El fracaso parcial del golpe militar desencadenó un largo conflicto bélico que se extendió durante tres años, hasta el 1 de abril de 1939. La contienda se saldó con más de quinientas mil muertos, decenas de miles de exiliados y una dictadura represiva que duró hasta 1975.
El mes de julio comenzó golpista. El día 1, en su Informe Reservado, el general Mola, presenta un plan definitivo; además recibe medio millón de pesetas de los fondos electorales de la CEDA. El día 4, el financiero Juan March entrega un cheque en blanco al marqués de Luca de Tena, propietario del diario ABC, para financiar la adquisición de un avión que traslade a Franco a Marruecos para ponerse al frente de las tropas sublevadas. El día 5, el marqués, con el asesoramiento de Juan de la Cierva, inventor del autogiro, contrata un De Havilland D.H.89 «Dragon Rapide». El día 7, Mola envía al general Fanjul, en Madrid, el listado de los oficiales comprometidos con el alzamiento.
Durante la Segunda República hubo tres procesos electorales: junio de 1931, noviembre de 1933 y las de de 1936. El 16 de febrero se celebró la primera vuelta de las elecciones y la segunda en mayo. Los resultados definitivos dieron la victoria al Frente Popular que agrupaba a los partidos de izquierdas (PSOE e Izquierda Republicana, entre otros). Cuatro presidentes estuvieron al frente del Gobierno durante los cinco meses previos al conflicto bélico. Manuel Azaña fue el presidente que más tiempo estuvo a cargo del Estado: 81 días. Augusto Barcia 3 días, Casares Quiroga 66 y Martínez Barrio 1.
Desde el mismo momento de la victoria electoral del Frente Popular, oficiales reaccionarios y monárquicos comenzaron la preparación de una sublevación militar. El 10 de agosto de 1932 tuvo lugar el primer intento de golpe de Estado contra la República, «La Sanjurjada», que fracasó. En 1934 el rey Alfonso XIII, exiliado en Italia, pidió apoyo a Mussolini para un eventual golpe de Estado que se produjera en España para restaurar la Monarquía; consiguiendo que el gobierno fascista se comprometiese a aportar 1.500.000 de pesetas, ametralladoras, fusiles y granadas de mano. En 1935 José María Gil Robles, consiguió la cartera de Guerra y nombró a generales derechistas para los puestos clave: Franco, jefe del Estado Mayor Central, Fanjul, subscretario de Gil-Robles, Goded, responsable de Aeronáutica y Mola jefe de las fuerzas en Marruecos.
El golpe de Estado se venía gestando desde hace tiempo y a principios de julio de 1936 la fecha quedó fijada para los días 10 al 20 de julio, pero se produjeron algunos acontecimientos que lo hicieron adelantar: la insurrección comenzaría el sábado 18 a las 06:00 en Marruecos y el 19 a primeras horas de la madrugada en la Península. El 12 de julio fue asesinado en Madrid, por cuatro pistoleros de extrema derecha, el teniente de la Guardia de Asalto, José Castillo, al día siguiente asesinaron a Calvo Sotelo.
Me contaba mi madre, que vivió los acontecimientos de cerca, que Castillo era conocido por haberse negado a intervenir contra los manifestantes de la Revolución de 1934. Era miembro de la Unión Militar Republicana Antifascista e instructor de las milicias de la Juventud Socialista. Antes, el 16 de abril, durante el entierro del alférez de los Reyes, el cortejo fúnebre fue tiroteado por unos pistoleros sin identificar, produciéndose disturbios por las calles de Madrid. En los incidentes muere el falangista Andrés Sáenz de Heredia, primo de José Antonio Primo de Rivera, al parecer, por una unidad de la Guardia de Asalto al mando del teniente Castillo. Desde entonces, formó parte de una lista negra de oficiales de izquierdas a quienes había que liquidar.
Los nuevos sucesos ocurridos el 13 de julio, acercaron más al golpe de Estado. Guardias de Asalto, dirigidos por un capitán de la Guardia Civil, asesinan al diputado conservador Calvo Sotelo, jefe parlamentario de los monárquicos «alfonsinos» de Renovación Española. Antes habían intentado detener, sin éxito por no encontrarse en sus casas, al líder de Renovación Española, Antonio Goicoechea y a José María Gil-Robles de la CEDA. Cuando iban en la camioneta hacia la Dirección General de Seguridad, sin que estuviera previsto, le descerrajaron dos tiros en la nuca a Calvo Sotelo, abandonando el cadáver en el depósito del cementerio del Este.
El día 14, el líder socialista, Indalecio Prieto, pide a Casares que distribuyera armas entre los trabajadores, ante la amenaza del pronunciamiento que se veía venir. El gobierno se negó, ordenando, además, el cierre de las sedes de los grupos políticos relacionados con el anarquismo y el carlismo. También ordena la retirada de los periódicos Ya y Época, representativos de la derecha. Al día siguiente, suspende las sesiones parlamentarias durante ocho días, resultando ser la última reunión de las Cortes.
En el monasterio de Irache, el general Mola miente y traiciona a su superior, general en jefe con sede en Burgos, Domingo Batet, al prometer que no participa en ninguna sublevación. A unos kilómetros de distancia, el comandante militar de Gran Canaria, general Amadeo Balmes, muere de un disparo cuando manipulaba su pistola; todo parece que su muerte no fue un accidente; se había negado a unirse a la sublevación. Este acontecimiento, le dio a Franco un pretexto para ir a Las Palmas al funeral, con la autorización del ministerio de la Guerra.
El sábado 18 de julio, Francisco Franco, comandante general de Canarias, había dado el paso definitivo para consumar su traición: tras llegar a Tenerife a las 8 de la mañana del día anterior para asistir al entierro de Balmes, firmó el bando de guerra que se leyó en Melilla al anochecer del día 17. Tras muchas dudas, había quemado las naves cuando, y tras recibir un telegrama de adhesión desde Melilla, ratifica a las 5:15 horas del 18 su manifiesto sedicioso, que se difunde desde primera hora de la mañana por EAJ50 Radio Las Palmas y EAJ43 Radio Club Tenerife, junto con el bando del estado de guerra.
A las 14.33 parte en avión hacia Tetuán, pero decide hacer noche en Casablanca a la espera de acontecimientos. Viste de paisano, se ha afeitado el bigote y usa gafas oscuras. En Pamplona, el gobernador militar Emilio Mola, «director» del conjunto de la conspiración, y supervisor directo del complot en las divisiones de Zaragoza, Burgos y Valladolid, repasa minuciosamente su bando de declaración del estado de guerra. La dirección carlista en Navarra le ha prometido 6.000 requetés para la mañana siguiente.
El plan sedicioso de Mola triunfará en Vitoria y Logroño, pero en Vizcaya no se produce ninguna rebelión. En Santander, la descoordinación y la falta de órdenes concretas procedentes de Burgos hacen fracasar la conspiración. Por su parte, por las noticias procedentes de Marruecos, hacen que se ponga en marcha el dispositivo de acción del Gobierno: a las 2:00 de la mañana, el inspector general de la Guardia Civil, general Sebastián Pozas, lanza un mensaje por radio a las comandancias, advirtiendo de la sublevación e invitando a jefes, oficiales, clases e individuos a que «cumplan fielmente con su deber en buen nombre del Instituto y en prestigio de la Institución».
Esa misma mañana, en la estación que la Marina dispone en la Ciudad Lineal en Madrid, el oficial radiotelegrafista evita que la proclama sediciosa de Franco se transmita a todos los buques. El Gobierno emite a las 8:30 un comunicado que asegura que «se ha frustrado un nuevo intento criminal contra la República».
El Consejo de Ministros, reunido en el palacete de la Castellana, con la presencia de Prieto y Largo Caballero, acuerda destituir a Franco y a Queipo de Llano, anular los estados de guerra declarados por los facciosos, licenciar a las tropas y cuadros de mando y disolver todas las unidades que hubieran tomado parte en la insurrección. Por su lado, la UGT ordena declarar la huelga general en las localidades donde los facciosos hubieran impuesto el estado de guerra.
Tras la ardiente alocución radiofónica de Dolores Ibárruri, como reacción al rumor de una sublevación inminente en el Cuartel de la Montaña, Carabanchel, Getafe y Alcalá, miles de trabajadores se congregan frente a la Casa del Pueblo y exigen la entrega de armas. A primera hora de la noche, se confirma la dimisión de Casares y la noticia de la constitución de un Gobierno de emergencia nacional, formado exclusivamente por republicanos, dirigido por el moderado Diego Martínez Barrio, que dispone de unas pocas horas para contrarrestar las protestas populares y pactar con los sublevados.
La manifestación nocturna en la Puerta del Sol contra el presunto entreguismo del Gobierno, es el preludio de las grandes movilizaciones de la mañana del domingo.
En esas circunstancias, el gabinete renuncia a primeras horas de la tarde. Las tropas ya se habían pronunciado por la mañana en Madrid y Barcelona, Pamplona, Salamanca, Vitoria, Logroño, La Coruña, Cáceres o Asturias. El nuevo Gobierno de José Giral decide la entrega inmediata de fusiles a las organizaciones obreras. La crisis da un giro fundamental con la movilización popular armada.
A las 12:00 horas en Madrid, el general Fanjul entra en el Cuartel de la Montaña y rebela a la guarnición con la intención de tomar la capital. Los milicianos rodean el cuartel e impiden que salgan los rebeldes. El día 20, el golpe de Estado había fracasado, pero dejó a los españoles partidos en dos. La guerra era inevitable.

dissabte, 13 de juliol de 2019

El brazo financiero y burócrata del espolio franquista de Meirás.


https://www.eldiario.es/galicia/politica/financiero-burocrata-espolio-franquista-Meiras_0_919708727.html?utm_source=adelanto&utm_medium=email&utm_content=Socio&utm_campaign=2019-07-13-adelanto&goal=0_10e11ebad6-9737086f15-56368913&mc_cid=9737086f15&mc_eid=c4fc502c5a


La demanda que el Estado acaba de presentar contra la familia Franco para exigirle la recuperación del Pazo de Meirás vuelve a arrojar luz sobre las artimañas, maniobras y presiones que el régimen fascista y sus prohombres en Galicia llevaron a cabo para un expolio que tiene en las Torres su principal símbolo.
El documento clave, hallado por la Abogacía del Estado en el Archivo Histórico de Protocolos de A Coruña, demostraría la existencia de dos contratos para la adquisición del Pazo, el último de ellos "fraudulento" y simulado en 1941 para encubrir la donación y compra que la Junta Pro Pazo del Caudillo había hecho ya tres años antes para la jefatura del Estado. El objetivo de los Franco era evitar que el inmueble fuese incluido en el Patrimonio Nacional tras la ley aprobada en 1940 que regulaba la cesión de estos bienes a lo público. Y lograr, como así hizo, que las Torres de Meirás pasasen a su propiedad privada a pesar de que en 1938, como demuestra la escritura ahora encontrada, se hubiesen pagado más de 400.000 pesetas a los herederos de Emilia Pardo Bazán tras una recolecta entre amenazas, coacciones o deducciones de nóminas de funcionarios y de presupuestos municipales.
Una figura es esencial en ambos documentos: Pedro Barrié de la Maza, conde de Fenosa, antiguo dueño del Banco Pastor, máximo dirigente de la extinta Fenosa o de Astano y uno de los principales mecenas del bando fascista en la guerra civil. Su firma, representando a Franco, aparece en el contrato de compraventa simulado de mayo de 1941 donde, según los abogados del Estado, se creó "artificiosamente la apariencia" de que el dictador adquiría el Pazo por un precio de 85.000 pesetas.
Tres años antes, el Pazo ya había sido comprado a la familia de Pardo Bazán por esa Junta Provincial Pro Pazo, impulsada en 1937 por el gobernador civil de A Coruña, Julio Muñoz, y por el propio Barrié de la Maza. En ella, adineradas figuras o destacados militantes fascistas como Rivero de Aguilar, José María Marchessi, José Luis Bugallal, Joaquín Barcia Goyanes, José Casteleiro, Jacobo López Rúa o los alcaldes franquistas Alfonso Molina y Álvarez de Sotomayor. Este último, el quinto regidor designado en plena guerra tras el asesinato de Suárez Ferrín, había viajado a San Sebastián para acordar allí la venta de Meirás. Así lo reconocía un teniente coronel del ejército fascista en un informe reservado en el que aludía a la "rapidez" con la que se habían llevado a cabo las negociaciones para evitar que se les "adelantasen" otras provincias con la "misma idea", tal y como recoge el informe histórico-jurídico que encargó la Diputación de A Coruña.
Publicación propagandística sobre la presencia de Franco en el Pazo de Meirás en 1938
Publicación propagandística sobre la presencia de Franco en el Pazo de Meirás en 1938
Se superaron las 400.000 pesetas tras una campaña que el franquismo defendió como de donación para un regalo pero que diversos documentos revelan como coacciones, amenazas, espolio de tierras o conjunto de patrullas encabezadas por la Falange. La propia Junta Pro Pazo se dirigía a los ayuntamientos para indicar cómo "visitar personalmente" a cada vecino. En una época de dura represión, con muertos en las cunetas, miles de asesinados y la guerra todavía por finalizar.
Fue, por tanto, esa Junta Pro Pazo quien impulsó la recogida de dinero, encabezada por Barrié, dueño del Pastor, la entidad que en esos mismos años buscaba ejecutar el aval de un crédito de la campaña del Estatuto de 1936, firmado por dirigentes galleguistas asesinados. Los golpistas detectaron "importantes sumas" dedicadas "al desmembramiento de la patria" e intentaron sacarlas de los bancos.
"Galicia que le vio nacer, que oyó su voz el 18 de julio, que le ofreció la sangre de sus hijos y el tesoro de sus entrañas [...] asocia para siempre el nombre de Franco a su solar, en tierras del Señor San Yago, como una gloria más que añadir a su Historia".
Era así como certificaba en un documento la Junta Pro-Pazo la donación al general fascista del Pazo de Meirás. En marzo de 1938, el Ayuntamiento de A Coruña daba cuenta de la "adquisición" del inmueble "para ofrecerlo como residencia veraniega a nuestro invicto Generalísimo y Glorioso Caudillo" y el gobernador civil envía un telegrama al ministro Serrano Suñer para comunicarle, "en nombre de esta ciudad y provincia", que las Torres acababan de ser "adquiridas por el pueblo coruñés para donarlo a nuestro Caudillo S. E. Jefe del Estado".
En diciembre de 1938, el dictador Franco estampaba su firma en el documento de la Junta. "Acepto". Viajó expresamente a Galicia a recoger aquel presente, una visita que quedó retratada en las imágenes y los rostros de la colección de fotografías que digitalizó no hace mucho la Biblioteca Nacional de España. Se solemnizaba así la incautación del Pazo, que quedó plasmada en unas fotos que ilustran el recorrido del dictador por A Coruña, Santiago, Sobrado dos Monxes y Meirás y que advierten de una sociedad fervorosa en algún caso, pero mayormente atemorizada, afectada por las penurias de la guerra y con inquietantes miradas.
A pesar de constar un pergamino con la propia firma de Franco aceptando la donación y las declaraciones, comunicaciones y textos analizados de aquel 1938 en los que se documenta la donación, nunca había aparecido la escritura que certificara la compra, ess que la Abogacía del Estado ha encontrado en A Coruña. Incluso el dictador recibió en un solemne acto en Compostela aquel pergamino, un año después de su visita, en diciembre de 1939. "Acepto gustoso y exclusivamente por ser un obsequio de mis amantes paisanos", decía. No era así.
El Gobierno exige a los Franco el Pazo de Meiras porque actuaron contra derecho
El Gobierno exige a los Franco el Pazo de Meiras porque actuaron contra derecho
Ni fue el único expolio. El dictador aumentó en 80.000 metros cuadrados sus propiedades fuera del Pazo en Meirás y compró terrenos en Sada u Oleiros. Otros pazos históricos fueron desmantelados también por la familia Franco, que es propietaria aún de las figuras de Abraham e Isaac del Pórtico de la Gloria, objetos de un conflicto por dirimir en los tribunales. Fue, como dice el investigador Carlos Babío, uno "macroespolio".

"Trama de favores mutuos"

En todas estas operaciones durante la dictadura, los Franco se valían de la ayuda de las élites franquistas de A Coruña y alrededores. "Era una trama de favores, de favores mutuos la cuenta del erario público; se lucraron y todavía se lucran las élites", dice Babío. Y entre los protagonistas siempre presentes, Barrié de la Maza, que ayudaba a que el dictador cumpliese con sus caprichos, como la Casa Cornide, en el casco viejo de la ciudad de A Coruña. Fue adquirida por el banquero en una subasta en 1962 a la que sólo habían asistido él y el jefe del Movimiento y pagando menos de 45.000 pesetas. Luego, acabó en manos del general fascista gracias a la intervención del conde de Fenosa.
Las consecuencias de la cadena de favores, corruptelas y espolios de lo público tienen consecuencia en polémicas actuales, como la de la relación entre los terrenos del complejo de La Solana y el Hotel Finisterre en A Coruña, fuente de conflictos entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria.
Armando Casteleiro Varela fue el impulsor de la construcción del complejo en la que era la antigua playa del Parrote, que desapareció. Recibe la autorización de las administraciones en 1941 y abre sus puertas poco más de un año después. El empresario y nadador es hermano de José Casteleiro Varela, miembro de la Junta Pro Pazo y ambos, reconocidos militantes fascistas en la represión.
Luego, Casteleiro decidió construir un hotel y formó una sociedad en la que entró el empresario Aurelio Ruenes, el arquitecto Santiago Rey Pedreira y la división industrial del Banco Pastor, que tenía al frente, otra vez, a Pedro Barrié de la Maza, designado procurador en Cortes por Franco desde 1946, y que acabaría por ser accionista mayoritario de la sociedad que gestionaba el hotel y La Solana.

Los denunciantes de bebés robados vuelven a la casilla de salida: el primer caso juzgado fue una cesión voluntaria


https://www.eldiario.es/sociedad/Memoria_Historica_Congreso_bebes_robados_franquismo_0_919708785.html


El anuncio de Inés Madrigal, impulsora de la causa de los bebés robados durante el franquismo, de que fue "entregada en adopción voluntariamente" devuelve a los colectivos que llevan años denunciando la sustracción ilegal de recién nacidos a la casilla de salida.
Madrigal consiguió una sentencia histórica para estas asociaciones. A pesar de que la Audiencia Provincial de Madrid absolvió al ginecólogo Eduardo Vela por prescripción, le consideraron autor de todos los delitos. La justicia determinó en octubre que el ginecólogo era responsable de las acusaciones de detención ilegal, suposición de parto y falsedad en documento oficial por la sustracción de Madrigal en 1969, pero no le condenaron al considerar que estas penas habían caducado.
Por primera vez algún miembro de colectivos que denunciaban el robo de bebés conseguía un fallo en el que se aseguraba que el ginecólogo del sanatorio San Ramón entregó a una recién nacida "fuera de los cauces legales" y "simulando la existencia de un parto que no se había producido".

Encontró a su familia biológica por una prueba en EEUU

Este jueves este fallo se desmontaba. Esta mujer explicó que su madre la entregó de forma voluntaria, tras quedarse embarazada sin estar casada. Aún así, insistió en que Vela "traficó conmigo" como le dio la gana y mantiene que el doctor realizó una "falsificación documental" al registrarla como hija de la familia a la que dio al bebé. Gracias a una empresa de EEUU especializada en análisis de ADN encontró que "tenía un pariente cercano", que también se había hecho las pruebas allí por "pura curiosidad". A partir de ahí, comenzó a "tirar del hilo" hasta llegar a su hermano biológico que tenía su ADN en un banco español.
La Fiscalía verificó su versión. En un comunicado, el Ministerio Público anunció que consideraban "que debiera quedar excluido como hecho probado el robo de un bebé y con ellos el delito de detención ilegal" durante la tramitación del recurso presentado ante el Tribunal Supremo o en un "eventual recurso de revisión". Aunque reconoce que la "madre biológica decidió voluntariamente separarse de su hija", esta institución asegura que ante los hechos conocidos esta semana "no excluyen que la actuación del médico fuera totalmente irregular", en alusión a Vela.
Inés Madrigal desvela que ha encontrado a su familia biológica
Inés Madrigal desvela que ha encontrado a su familia biológica EFE
Guillermo Peña, el abogado que ha defendido a Madrigal ante los tribunales, asegura que si finalmente se toma esta decisión "se acabó la causa" de los bebés robados en nuestro país. "No tenemos demasiadas opciones de continuar. Si en el único caso que ha llegado a esta fase se está diciendo que el doctor Vela no tiene ninguna responsabilidad, no vamos a tener autoridad moral para intentar persuadir a órganos inferiores de que en este caso sí", incide el letrado, que asegura que tiene actualmente cuatro casos judicializados vivos y ha trabajado en 147.
Por su parte, desde los colectivos de afectados tratan de no tirar la toalla. "Cuando un adoptado busca nunca sabe lo que se puede encontrar, puede ser un adoptado o no. Eso no significa que lo hecho jurídicamente sea un trabajo vano. Lo que sí se demuestra con este encuentro, es que el tráfico de bebés existía", apunta Soledad Luque, presidenta de la asociación Todos Los Bebés Robados Son También Mis Niños. "Que este caso no sea uno de bebés robado no quiere decir que no existan", continúa Maite Parejo, abogada especialista en justicia universal, del despacho G37, para reseñar posteriormente que este anuncio "no afecta nada en absoluto" a la causa de las sustracciones de menores durante el franquismo.
Sobre la gestión de su entrega a la familia en la que se ha criado, Madrigal defiende que no fue adoptada. "Para el Estado nunca existió [la filiación del nacimiento]", reseña. "Vela no tramita una adopción, la inscribe directamente en el registro como si fuera hijo biológico, eso era un delito y lo es ahora", añade el abogado Peña.
La investigación que inició Madrigal, con la que consiguió sentar al doctor Vela en el banquillo a sus 87 años, logró derribar la mayoría de los obstáculos que se encuentran los denunciantes de estos casos, entre ellos, la avanzada edad de los acusados, la prescripción de delitos y las dificultades en las investigaciones.
No hay cifras oficiales de afectados. Algunas asociaciones han estimado que hay 300.000 casos, una estimación difícil de contrastar. El director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forense, Antonio Alonso, apunta que la Fiscalía ha recibido solo dos millares de denuncias por estas actuaciones. Según sus cálculos los laboratorios privados han recibido una cifra parecida de consultas de ADN por sustracción de recién nacidos en nuestro país.

Pruebas de ADN que descartan una "trama"

Este Instituto, dependiente del Ministerio de Justicia, elaboró en 2017 un informe sobre las conclusiones periciales de las pruebas de ADN de los denunciantes de bebés robados. Además, ha sido la administración a la que ha recurrido la Fiscalía para verificar los exámenes genéticos del caso de Madrigal. Su director asegura que el Instituto no ha podido demostrar que "exista una trama" de robo de recién nacidos. "Es más bien al contrario, porque todos estos padres que cuentan la misma historia, que cuentan el mismo modus operandi, – señala Alonso – hemos determinado que en el 91% de los casos los hijos habían fallecido y, por lo tanto, que no hubo robo", ya que estaban los restos en el lugar del enterramiento.
De esta forma, el máximo responsable del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses alude a las conclusiones del estudio elaborado en 2017, a petición de una comisión del Parlamento Europeo y adelantado por El País. Otro de los datos concluyentes apunta a que solo en tres de las 120 exhumaciones realizadas a instancia de la Fiscalía o de juzgados de instrucción no recuperaron huesos. En dos de las tres tumbas que estaban vacías, aclaran que las "características de los hallazgos" – entre ellos "pelos fetales y fauna cadavérica, así como paños quirúrgicos y pinzas de cordón" – "eran compatibles con la existencia previa de restos óseos en los enterramientos".
Las asociaciones reivindican la existencia de las tumbas vacías como una de las irregularidades que demostrarían la existencia de bebés robados. De hecho, Peña insiste en que hay provincias en las que sí se han encontrado fosas vacías. Estos colectivos exigen a la administración que invierta medios para investigar sus denuncias y lamentan que el caso de Madrigal se haya solucionado por su propia iniciativa recurriendo a una empresa norteamericana.
En la legislatura anterior el Congreso aprobó por unanimidad tramitar una ley de bebés robados por el franquismo, en la que se reconocía la sustracción de menores como un delito continuado "en un contexto de crímenes contra la humanidad". Con la disolución de esta Cámara antes de las elecciones del 28 de abril esta propuesta decayó y los partidos tendrán que recuperarla cuando vuelva a haber actividad parlamentaria.