dissabte, 7 de desembre de 2019

QUEIPO ÉCIJA La fosa donde enterraban a menores y embarazadas: la feroz represión de Queipo en Écija.


https://www.publico.es/politica/queipo-ecija-fosa-enterraban-menores-embarazadas-feroz-represion-queipo-ecija.html



Desde menores, a jóvenes embarazadas y niños se encontraban dentro de esta fosa que albergaba en 1937 más de doscientos fusilados. En 2020, será de nuevo abierta para terminar de identificar lo que allí ocurrió.

Familia Jiménez Tovar. El padre médico y su hijo, practicante, ambos fusilados.

Cuenta la arqueóloga Carmen Romero Paredes cómo “las unidades militares desplegadas por Queipo se iban expandiendo por las distintos pueblos de la provincia de Sevilla”. Y cómo el primer pueblo en caer después de la capital andaluza fue Écija, el mismo 18 de julio. Sin piedad, aplicando el bando de guerra, la represión más feroz en Écija se llevaría por delante a más de quinientos vecinos al formar parte de una maniquea limpieza de inocentes. Una huella que quedó para siempre en este pueblo. “Aquella eliminación directa con ejecuciones inmediatas” en el primer verano de la guerra civil no fue olvidada por ningún vecino.
La historiadora de la Universidad de Córdoba Carmen Jiménez Aguilera cuenta a Público cómo “el mismo día 18 se lee el bando de guerra en la plaza del Salón y allí mismo muere el primer ecijano”. Su nombre, José Pérez Jiménez, alias El Hormiguita. Jornalero de profesión. “Solo en el primer momento de la lectura, este hombre respondió con un viva la república, a lo que los militares respondieron con un tiro certero y directo que acabó con su vida”. Esa fue la carta de presentación de los golpistas en Écija nada más sublevarse. Juan Tamarit Martell, alcalde republicano también se personaría frente a la guarnición golpista en la noche del 18 de julio. Un mes después, su cuerpo se encuentra cosido a balazos frente a las tapias del cementerio, el 13 de agosto de 1936.
Pero la represión no solo se extendía por la corporación local y los políticos, sino que acompañó durante toda la dictadura a los familiares de estos. La hermana de Juan Tamarit Martell sufrió en plena posguerra un consejo de guerra, por denuncia de un vecino de Écija al que insultó en un autobús por haber asesinado a su hermano. Carmen destaca a Público que, al ser su marido falangista, el juez militar le impuso un arresto domiciliario por un breve tiempo y finalmente fue absuelta.
Pero, ¿cómo continuaría esa represión bien entrada la guerra para los vecinos ecijanos? Carmen Jiménez apunta a Público que hay muchas anécdotas e historias sin dar a conocer que muestran la extrema vigilancia a la que eran sometidos cada uno de los vecinos, ya casi acabada la guerra. Como la de María Rejano, una joven vecina que una tarde de febrero de 1939 fue al cine a ver una película y la Guardia Civil se dio cuenta de que no levantó el brazo cuando se proyectaba la imagen del Generalísimo y sonaba el himno nacional en el cine Cervantes. “Su vacilación a la hora de levantar el brazo, pues no sabemos si es que no lo levantó o no lo hizo con suficiente vehemencia, fue reflejado en un informe del cuerpo de investigación”. La joven recibió una multa de 15 pesetas, una importante fortuna para la época, “teniendo en cuenta que un kilo de pan podía costar en aquellos años de la posguerra entre los 50 y 90 céntimos”.
Desde el verano de 1936 hasta febrero de 1937 fueron fusiladas en Écija más de 200 personas. Jiménez destaca a Público que “esta cifra sigue creciendo, pues hay muchas víctimas de la represión franquista en Écija de las que no hay ningún registro documental”. Matar a más de 200 personas, que sepamos a día de hoy, “son muchas, demasiadas personas”. Y es que, tal y como destaca Jiménez Aguilera, “el golpe en Écija nació matando y sólo hubo un bando, el vencedor”.
En la cifra global de represaliados se puede hablar de 500 ecijanos como víctimas de la represión ejercida por el franquismo. “En este conteo tenemos incluidos fusilados, represaliados económicos (incautación de bienes y tribunal de responsabilidades políticas), los que sufrieron la cárcel o aquellos que fueron juzgados por tribunales militares”. Muchos de los ecijanos que fueron condenados por consejos de guerra serían juzgados una vez terminada la guerra civil. Otros huyeron y después de tres años volvieron y serían encarcelados.

El conocimiento de aquel horror y la primera exhumación en 1982

La voluntad de los familias ecijanas fue lo que permitió conocer los cuerpos y la atrocidad de aquella represión. “Doscientas familias ecijanas tenían un familiar en esa fosa. Son los primeros pasos de nuestra democracia, hay lugares en los que se estaba haciendo también, y ellos pensaron que porqué no”, apunta la investigadora.
Carta de despedida de Antonio Baena González, guardia de asalto fusilado en Écija.
Se recogió dinero, los trabajos se hicieron por suscripción popular, cada uno aportó lo que pudo. En la mayoría de los casos fueron los familiares los que donaron el dinero.
A pesar de las escasas técnicas arqueológicas de la época, se pudo crear un mausoleo donde recogieron y depositaron de forma artesanal los restos de todos los fusilados. Un proyecto donde fueron contabilizados, según los registros de la época, 635 cuerpos.
Treinta y siete años después de aquella exhumación, se ha pedido financiación al Ministerio de Justicia para realizar un “estudio antropológico de los huesos y análisis de ADN, es decir, una identificación de los mismos”. A día de hoy, todavía no han dado comienzo, e, igualmente, tampoco se ha realizado recogida de muestras de ADN a ningún familiar, a la espera de que se ejecuten los plazos para el inicio del proyecto en 2020.

Menores fusilados y hermanos con tan solo 14 y 16 años

Jiménez Aguilera señala que existen casos sangrantes y documentados dentro de aquella fosa de Écija, como dos hermanos menores en el momento de su fusilamiento. “Un familiar nos contó, en este caso una mujer, como sus dos hermanos de 16 y 14 años fueron fusilados. Ella era una niña de apenas 7 u 8 años. Unos falangistas vinieron a por el hermano mayor y el otro más chico se empeñó en acompañarlo. Ella también se fue detrás de ellos y vio cómo los ataban; intentó continuar hasta el cementerio como pudo”.
También está la historia de los médicos Carlos Ballesteros y Juan Jiménez García, y el hijo de este, practicante, Juan Jiménez Tovar, que fueron detenidos juntos y fusilados posteriormente pocos días después del golpe. El hijo fue el único que quedó vivo tras el fusilamiento y murió aquella noche desangrado mientras llamaba a su madre. La ejecución fue perpetrada por el jefe de Falange del municipio sevillano.
Hay muchos ejemplos de ensañamiento con otros menores. Jiménez señala el caso del cantinero de la Casa del Pueblo, detenido y fusilado poco después. Su hijo mayor, miembro del Partido Comunista fue detenido, pero no fusilado, a cambio de salvarle la vida. “Con sorna, le dicen que va a enterrar él a sus compañeros. Lo ponen a cavar en la fosa, a presenciar los fusilamientos y a enterrar, como le dijeron, a sus compañeros”. Su otro hermano, de apenas 14 años, quedaría traumatizado de por vida. “Aunque sabía leer y escribir, nunca más volvió a firmar un documento”. La hermana de este, Encarna, contaba a Carmen cómo “temblaba al ver a la Guardia Civil y sólo acertaba a firmar con el sello y el dedo”.
Sobre los fusilamientos a mujeres jóvenes, destaca que “muchos testimonios cuentan que hubo un fusilamiento sólo de mujeres, todas ellas muy jóvenes, incluso puede que algunas de ellas no fuesen más que unas niñas”. Las fuentes orales apunta cómo las mataron y las dejaron expuestas varios días a las puertas de un convento, el de Santa Inés, todas ellas con un escapulario sobre la boca.
En cuanto a las mujeres embarazadas, hay testimonios que afirman que de los cuerpos exhumados en 1982 en la fosa había mujeres embarazadas y algunos niños pequeños. “No hay ningún rastro documental de esto, no tenemos información, no hay un documento que lo corrobore. Con el trabajo que se va a realizar y la identificación de los restos, podremos confirmar o desmentir este dato en esta investigación que será definitiva”, concluye la historiadora.

divendres, 6 de desembre de 2019

Georradar para cadáveres para localizar fosas comunes en La Palma.

https://www.eldia.es/la-palma/2019/12/01/exhumacion-buscar-secundino/1029367.html



El Cabildo de La Palma utilizará esta tecnología para ayudar a la Asociación de la Memoria Histórica en la búsqueda de represaliados

01.12.2019 | 00:26
En 1994 se encontró el primer cuerpo de los cinco que se localizaron en el Pino del Consuelo, la primera fosa de la Guerra Civil que se excavaba en España. 
Cada vez resulta más complejo disponer de información veraz, de primera mano, sobre dónde se encuentran los restos de personas que fueron asesinadas y tiradas en fosas comunes durante la Guerra Civil, por lo que la búsqueda y excavaciones se llevan a cabo más por fe e intuición que apoyadas en datos más o menos exactos. Sí se sabe que hay dos lugares de enterramientos donde se apuesta por usar esta tecnología de penetración terrestre.
Las fuentes de información van desapareciendo. Las personas que lo vivieron, que estuvieron en el lugar, incluso los ejecutores, han ido falleciendo, una parte de la documentación también se ha ido perdiendo y, con ello, la búsqueda de represaliados por el franquismo en La Palma se ha convertido con el paso del tiempo en un trabajo que tiene más de fe que de investigación.
Una de las últimas oportunidades que tienen las personas que siguen buscando a familiares que fueron asesinados y tirados en cualquier cuneta, enterrados en barrancos o entre pinares es, además de la intuición, el uso de georradares capaces de detectar la presencia en el subsuelo de materiales con diferentes propiedades a los habituales, como un cuerpo o huesos. Apoyarse en la tecnología para recuperar la esperanza.
Jovita Monterrey, consejera insular de Patrimonio Arqueológico, confirmó a esta redacción que se utilizará esta instrumentación "en 2020 para colaborar con la Asociación de la Memoria Histórica de La Palma", gracias a una subvención del Gobierno de Canarias "que el Cabildo complementará en caso de que sea necesario". Y es que "cada vez tenemos menos testimonios, apenas se dispone de información sobre lugares poco concretos". Así, sin exactitud en las pruebas, "no se pueden estar realizando excavaciones en cualquier lugar. Dependeríamos de la suerte y hay que apoyarse en algo más seguro", subraya.
¿Cuántas personas se buscan? "Hay 69 desaparecidos que no sabemos dónde están", sostiene la líder de la búsqueda de represaliados por el franquismo en la Isla, Aralda Rodríguez. Por ahora, "han aparecido tan solo 13 de 82". Ella misma admite también que "ya casi no tenemos fuentes para investigar", lo que, sin embargo, "no impedirá que sigamos buscando, aunque haya que ir a muchos sitios". No es fácil. Al contrario, las dificultades se multiplican, "pero después de nosotros vendrá otra generación" que también buscará respuestas sobre la localización de sus familiares "y a la que tenemos que dejarle preparado parte del camino".
El Cabildo ya sabe a la empresa que se dirigirá para contratar el servicio del georradar. Jovita Monterrey explica que "durante los primeros meses del próximo año, se hará un estudio para delimitar espacios de actuación". Posteriormente, "se comenzará con la búsqueda, para lo que contactaremos con la misma empresa que trabajó en Santa Cruz de La Palma" cuando por casualidad, en el marco de las obras de la Zona Comercial Abierta, se detectó con esta tecnología una muralla defensiva antigua de la capital, que ahora se conservará con un cristal para que sea observada por los viandantes.
De todas formas, Aralda Rodríguez ya tiene dos lugares en los que comenzar la búsqueda. Uno se sitúa "en Garafía", donde previsiblemente se iniciará el trabajo de georradar al tener constancia o al menos algún tipo de información sobre la presencia de restos de tres cuerpos; y otro es "en el camino real que recorre la Isla, en un tramo por Santa Cruz de La Palma", que en aquellos años "era muy utilizado para ir de un pueblo a otro".
Las nuevas búsquedas no tienen un punto demasiado concreto. Son espacios abiertos en los que las excavaciones se llevan a cabo por presentimientos. Ya es difícil encontrar casos como el ocurrido en 1993, cuando la familia Rodríguez Bethancourt acudió al despacho de una abogada para relatar el testimonio de un amigo, que dio datos exactos sobre donde se encontraba un grupo de asesinados por el franquismo, información que le había facilitado el propio ejecutor. Fueron los denominados 'Trece de Fuencaliente", en el Pino del Consuelo. El 7 de mayo de 1994 apareció el primer cuerpo.
Aquella abogada era María Victoria Hernández, incansable investigadora y cronista oficial de Los Llanos de Aridane, que mantiene en la memoria cada uno de los momentos vividos en aquel momento. Incluso cuando uno de los hijos de una de las personas que supuestamente fueron enterradas en el Pino del Consuelo "vino a mi despacho un lunes y me dijo que habían encontrado a su padre. En realidad, lo encontraron el sábado, pero no me quisieron molestar durante el fin de semana".
Fue la primera fosa de la Guerra Civil que se excavaba en España con autorización judicial, aunque para ser justos con la historia habría que decir que los familiares comenzaron la búsqueda antes de disponer de todos los permisos. El procedimiento se estaba alargando en el tiempo y por su cuenta y riesgo iniciaron la excavación hasta encontrar a los fusilados y tirados a la fosa común. Hace ya 25 años, tiempo en el que muchos testigos de lo ocurrido han fallecido, con miedo hasta sus últimos días de contar lo que vivieron. "Nos hemos tropezado con personas mayores que no querían hablar porque tenían miedo. Aún hoy pensaban que los podían meter en la cárcel", sentencia Aralda Rodríguez.
"El uso del georradar nos permitirá aumentar la confianza de poder encontrar a las personas que aún están enterradas", entiende Monterrey. En realidad, no es la primera vez que en el territorio nacional se utiliza esta instrumento con este mismo objetivo. Ya se usó, por ejemplo, en el cementerio municipal de Gandía, en Valencia, para localizar la fosa común donde supuestamente se enterraron a 62 víctimas fusiladas durante la época franquista, para que sus familiares pudieran darles sepultura.
La consejera de Patrimonio Arqueológico dejó claro que "nuestro objetivo es apoyar a la asociación en todo lo que podamos, ayudar a sus miembros y acompañarles para encontrar a las víctimas que están enterradas". Hizo hincapié en que "lo que queremos es localizar los puntos concretos para poder hacer las excavaciones y darle sepultura como se merecen". Y se espera que sea en 2020.
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La derecha redobla sus ataques contra la memoria histórica



https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/12/08/la_derecha_redobla_sus_ataques_contra_memoria_historica_101727_1012.html


  • El Ayuntamiento de Madrid retira las placas de un memorial dedicado a las víctimas del franquismo y el de Zaragoza opta por el inmovilismo en un proceso judicial sobre la represión en la zona entre 1936 y 1977
  • La Junta suprime en Andalucía la subvención directa que tenía asignada desde 2016 la asociación Todos los Nombres
  • La ultraderecha aprovecha su entrada en el Congreso y en varios Parlamentos autonómicos para exigir la derogación de las leyes de memoria histórica, tanto la nacional como las autonómicas

Publicada el 06/12/2019 a las 06:00Actualizada el 05/12/2019 a las 23:06
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El Ayuntamiento retira las placas con los nombres de los republicanos fusilados en La Almudena.
El Ayuntamiento retira las placas con los nombres de los republicanos fusilados en La Almudena. 
Foro por la Memoria
La batalla contra la memoria histórica siempre ha estado incrustada en el ADN de la derecha española. Hace más de una década, cuando el espectro conservador sólo estaba representado por un único partido a nivel nacional en el Congreso, el PP no tuvo ningún reparo en cargar contra la normativa memorialista de José Luis Rodríguez Zapatero aseverando que era “perjudicial para la convivencia nacional”. Por eso, en cuanto consiguieron entrar en La Moncloa, apostaron por una derogación de facto mediante la retirada de fondos públicos. Pero ahora, las embestidas de la derecha se han endurecido. Y lo han hecho a raíz del ascenso y entrada del partido ultra Vox en las instituciones. Una formación que reclama directamente la derogación de las leyes memorialistas –a nivel nacional o autonómico–, que cree que “no tiene sentido” condenar el franquismo porque “somos herederos de nuestra historia” o que no duda en poner la lupa sobre las asociaciones que trabajan para que las víctimas de la dictadura tengan la verdad, justicia y reparación que llevan décadas reclamando.

Los primeros síntomas que evidenciaron el auge de la extrema derecha española aparecieron hace justo un año, en las elecciones andaluzas de diciembre de 2018. Vox llegó a aquellos comicios con un programa electoral bajo el brazo en el que se apostaba firmemente por la eliminación de la Ley de Memoria Histórica. “Ningún parlamento está legitimado para definir nuestro pasado, y menos excluyendo a los españoles que difieren de sus definiciones. No puede utilizarse el pasado para dividirnos, al contrario, hay que homenajear conjuntamente a todos los que, desde perspectivas históricas diferentes, lucharon por España”, recogían los ultras en 100 medidas para la España viva, una suerte de programa electoral. Luego llegaron las generales y las autonómicas. Y la formación liderada por Santiago Abascal, quién no ha dudado en calificar el golpe de Estado de 1936 de “movimiento cívico militar”, no cejó en su batalla contra las que ellos denominan “leyes con un marcado carácter ideológico” que “atentan contra la libertad de pensamiento y la igualdad”.

Como si fuese a remolque de los ultras, el PP decidió también incluir de cara a esas elecciones en su programa electoral una medida relacionada con la memoria histórica, algo que no había hecho antes. En concreto, los conservadores de Pablo Casado proponían la derogación de la norma impulsada por el Gobierno de Zapatero y la aprobación de una “Ley de Concordia” que incluyese “a todas las víctimas” y que hiciese del recuerdo de los hechos históricos “un alegato en favor de la libertad y la paz, la tolerancia y la convivencia”. Ciudadanos, por su parte, prefirió obviar completamente el tema alegando que había que mirar hacia delante. Pero lo que trajo ese futuro fueron unos comicios con unos resultados que obligaban al pacto. Conservadores, naranjas y ultras terminaron recurriendo a la denominada vía andaluza –Gobierno de PP y Cs apoyado desde fuera por Vox– para hacerse con el control de varios Ejecutivos autonómicos y municipales. Y las tres derechas intensificaron la ofensiva contra la memoria histórica.

Los memoriales madrileños y la inacción en Zaragoza

Uno de los casos más sonados fue el registrado en la capital. A finales de noviembre, el Ayuntamiento de Madrid, controlado por naranjas y conservadores, decidió retirar las placas con los nombres de fusilados del Memorial del cementerio de La Almudena, un homenaje que se comenzó a construir durante la etapa de Manuela Carmena y cuyas obras se paralizaron con la llegada de José Luis Martínez-Almeida. Las dos formaciones políticas justificaron el movimiento alegando que no cumplía con la decisión del ya extinto Comisionado de Memoria Histórica de “honrar a todas las víctimas del periodo bélico para evitar nuevos agravios”. Por ello, desde el Consistorio aseguraron que querían levantar un monumento para recordar a “todas las víctimas” entre 1936 y 1944. Sin embargo, lo que realmente acordó el Comisionado, y así consta en el acta de aquella reunión, fue erigir dos memoriales diferentes. Uno para las víctimas fusiladas entre 1939 y 1944, aunque sin incluir los nombres. Y otro, similar y en el mismo camposanto, en recuerdo de las miles de víctimas de la Guerra Civil de 1936 a 1939.

Pero esta no ha sido la única decisión polémica que ha tomado el consistorio de la capital en materia memorialista. El pasado mes de agosto, cuando apenas llevaba un mes en Cibeles, el equipo de gobierno de PP y Ciudadanos anunció que no se llevaría finalmente a cabo la construcción en los terrenos que albergaron de la antigua cárcel de Carabanchel del memorial en recuerdo a los represaliados durante la dictadura, un proyecto aprobado durante el mandato de Manuela Carmena. El consistorio encabezado por José Luis Martínez-Almeida, a pesar de las críticas de PSOE y Más Madrid, ha preferido dedicar dicha partida presupuestaria a dos camiones de la Policía Municipal para el traslado de caballos. Esto ha obligado a la Plataforma Salvemos Carabanchel a poner en marcha un plan alternativo que ha pasado por la instalación de tres placas con los nombres de varios centenares de represaliados en el centro penitenciario. El memorial, financiado por los vecinos, duró sólo un par de días. El pasado lunes había desaparecido.

Otro de los ayuntamientos controlados por la derecha que preferido ponerse de espaldas a la memoria histórica es el de Zaragoza. El pasado mes de julio, el Gobierno de PP y Ciudadanos tutelado por Vox optó por no continuar ejerciendo la acusación en la querella presentada por el anterior equipo de gobierno centrada en los asesinatos, secuestros y torturas cometidos entre 1936 y 1977 en la zona, según informó Público. La decisión se tomó unos días después del sobreseimiento provisional de la causa y bajo la excusa de que “no existen argumentos jurídicos suficientes para desvirtuar el contenido del auto” que daba carpetazo al asunto. En las últimas semanas, además, el consistorio ha acumulado un par de demandas relacionadas con la memoria. La primera está centrada en la decisión del equipo de gobierno de dar carpetazo al expediente municipal sobre el cambio de nombre de varias calles dedicadas a personajes franquistas. La segunda exige al equipo de gobierno que elabore de una vez un catálogo de vestigios franquistas y adopte las medidas necesarias para proceder a su retirada.

Leyes memorialistas y exhumación de Franco

Los dos movimientos judiciales contra el consistorio aragonés se apoyan en la Ley de Memoria Histórica aprobada durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Una norma que se ha convertido en el centro de los ataques del partido liderado por Santiago Abascal desde que desembarcó en el Congreso de los Diputados. Así, en la corta legislatura que se prolongó desde abril a septiembre, el partido ultraderechista no tardó en presentar una proposición de Ley para derogar la iniciativa de 2007. Una ofensiva que trataron de completar con varias baterías de preguntas al Ejecutivo, algo que también han realizado para recabar información sobre activistas LGTBI, trabajadoras de violencia de género o colectivos feministas. Así, las cuestiones solicitaban datos al Gobierno sobre las ayudas otorgadas a asociaciones memorialistas, los cambios en el nomenclátor y su coste o los fondos públicos asignados y los gastos derivados del funcionamiento de la Dirección General de Memoria Histórica.

La ultraderecha también ha aprovechado su presencia en nueve Parlamentos autonómicos para extender su ataque a las leyes memorialistas regionales. Sin embargo, esta ofensiva ha provocado que en varios lugares se queden solos. Las Cortes de Aragón, por ejemplo, han rechazado esta semana la toma en consideración de la iniciativa del partido de Santiago Abascal contra la normativa de memoria autonómica aprobada en 2018. Sólo votaron a favor los tres diputados ultras, mientras que en contra se pronunciaron media docena de partidos –IU, CHA, Ciudadanos, Podemos, PSOE y PAR– y el PP se abstuvo. La extrema derecha ya había recibido un varapalo con una proposición de ley similar en las Cortes de Castilla y León a mediados de noviembre. Aquella iniciativa fue tumbada con el voto en contra de PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos. “No sé cómo llegarán de lejos, pero sé a lomos de quién cabalgan: a lomos del odio”, reprochó a Vox el vicepresidente del Ejecutivo regional, Francisco Igea, quien intervino “para evitar que el silencio de la Junta supusiera aceptar las afirmaciones”.

Como en suelo aragonés y castellanoleonés, los ultras también han colado su discurso contra la memoria histórica en el debate político madrileño. A comienzos de noviembre, por ejemplo, registraron una pregunta interesándose por si el Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso pensaba “alterar” las “denominaciones de centros educativos dedicados a reconocidos comunistas y estalinistas”. Pero cuando más movimiento hubo fue en las semanas previas a la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Sobre esta cuestión, los ultras registraron una proposición no de ley exigiendo al Gobierno regional su personación en los procedimientos abiertos en el Supremo contra la exhumación para, posteriormente, pedir la nulidad de las actuaciones. Además, también preguntaron al Ejecutivo madrileño si se había propuesto promover alguna iniciativa de defensa de la competencia de la Comunidad en materia de policía sanitaria mortuoria frente a lo establecido en la Ley de Memoria Histórica.

Esta última cuestión fue respondida a comienzos de octubre por la presidenta madrileña. Los primeros segundos de la intervención de Ayuso en el Pleno se ajustaron a la pregunta concreta. Sin embargo, la líder del Ejecutivo regional no tardó en entrar al trapo para intentar competir con Vox en esta materia. “¿Por qué estamos hablando ahora de este tema? (…) Porque el PSOE y el presidente del Gobierno, al no tener proyecto y con tal de parecerse más a Podemos que el propio Pablo Iglesias, lejos de promover la unidad de los españoles o de resolver sus problemas, nos dividen. Porque esa es la hoja de ruta de la izquierda española, con un objetivo claro: la Transición, la corona, la bandera y la Constitución”, se arrancó Ayuso, quien aseguró que le espantaba la Ley de Memoria Histórica y “tener que remover heridas o abrirlas”. “¿Y qué será lo siguiente? ¿La cruz del Valle? ¿Todo el Valle? ¿Las parroquias del barrio? ¿Arderán como en 1936?”, culminó la presidenta madrileña.

El frente andaluz

Pero de todas las comunidades autónomas, Andalucía es la que ha actuado como avanzadilla. El primer jarro de agua fría cayó sobre los colectivos memorialistas el pasado mes de febrero, cuando el partido liderado por Santiago Abascal se hizo, nada más y nada menos, con la presidencia de la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico en el Parlamento andaluz, un órgano con competencias en memoria democrática. Un mes después, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, anunciaba que el Gobierno regional estaba preparado para registrar una Ley de Concordia para “mejorar” la Ley de Memoria Histórica y Democrática, aprobada en 2017 sin ningún voto en contra –tanto PP como Ciudadanos se abstuvieron–. Este fue uno de los puntos recogidos en el acuerdo alcanzado entre conservadores y extrema derecha para la investidura de Moreno. Una medida que el PP-A, al contrario que Vox, ni siquiera incluía en su programa electoral para los comicios autonómicos.

En materia presupuestaria, las cuentas que el Ejecutivo andaluz consiguió sacar adelante el pasado mes de agosto recogían un recorte testimonial del 6,9% en la partida presupuestaria dedicada a esta materia. Y suprimían la subvención directa que tenía asignada desde 2016 Todos los Nombres, la red social de la memoria en el sur de España, con información sobre 97.615 represaliados por el franquismo en Andalucía, Extremadura y el norte de África. El Ejecutivo regional decidió dar este paso al considerar que el hecho de que el proyecto recibiera una ayuda de 10.000 euros al año “al margen de la convocatoria de ayudas” suponía un trato de favor. La base de datos nació en 2006 para poner en contacto a familiares de víctimas e investigadores a través de una red de colaboradores altruistas. Poco a poco, con el impulso del sindicato CGT y la asociación Nuestra Memoria, se fue convirtiendo en un contenedor informativo de referencia, consolidándose como la mayor iniciativa de recogida y difusión de datos de represaliados puesta en práctica en España por el movimiento memorialista.
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La herencia empresarial del franquismo

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El periodista Antonio Maestre, ayer en Granada./FERMÍN RODRÍGUEZ
El periodista Antonio Maestre, ayer en Granada. / FERMÍN RODRÍGUEZ

El periodista Antonio Maestre presenta en Granada su libro 'Franquismo S. A.' donde traza la genealogía de las grandes corporaciones empresariales que se lucraron con la Dictadura

JORGE PASTOR
La llegada de la democracia a España, tras la muerte de Franco, aparece en los libros de Historia como la transición de un régimen dictatorial hacia otro de libertades. Un tránsito donde aún quedan puertas que cerrar. De ello habla el libro 'Franquismo S. A.' del periodista Antonio Maestre, que ayer fue presentado en Granada. Concretamente aborda la necesidad de reparar también la memoria económica y empresarial del franquismo y que la sociedad reciba todo aquello que le «expoliaron». No sería algo inédito. En Alemania, por ejemplo, ya se llevó a cabo un proceso de resarcimiento de bienes por parte de la oligarquía que se lucró durante el nazismo. Según Maestre, ahora, tras la exhumación de los restos de Franco y con la previsible formación de un Gobierno sensible en esta materia, se están dando las condiciones propicias para ir dando pasos en esta dirección.
Pasos que aparecen descritos en 'Franquismo S. A.' y de los que este martes se habló de forma profusa en el salón de actos del Complejo Administrativo Triunfo, que se llenó en una charla donde intervinieron, además de Maestre, la médica forense y concejala Elisa Cabrerizo y Miguel Ángel del Arco, director del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada. Pero ¿cuál sería ese primer paso para la reparación? A juicio de Maestre, lo primero que habría que hacer es que se fijara en los currículos académicos una disciplina que abordara la memoria, la conciencia y la consecución de derechos. Y lo segundo empezar por la restitución de toda la riqueza que atesoraron los Franco para continuar con otros patrimonios obtenidos de manera «ilegítima» tanto durante la Guerra Civil como posteriormente en los años de la represión y la Dictadura.


Patrimonio vastísimo

Un patrimonio que, según Maestre, resulta imposible de cuantificar, pero que obviamente es vastísimo. Y refirió el caso de grandes compañías españolas que, siguiendo su trazabilidad, provienen de entes empresariales que crecieron y se hicieron grandes por su colaboracionismo y por estar al servicio del Régimen. Maestre cita a Iberdrola, Acciona, Fenosa (Naturgy) y ACS, entre otras. En el caso de Andalucía, dedica parte de 'Franquismo S. A.' a las fortunas que manaron de los lazos de sangre de los caballistas negros de la burguesía de la región.
Maestre comentó que 'Franquismo S. A.', ilustrado en portada con una fábrica humeante que emerge sobre un nicho de calaveras, «nace de la inquietud propia y de haber leído mucho sobre procesos de reparación en países como Alemania». «He recogido todo lo que se había hecho sobre el tema de forma diseminada y lo planteo a modo de reportaje de investigación periodística, poniendo el foco en las empresas que se lucraron por la corrupción, el crimen, el tráfico de influencias o las relaciones de parentesco», comenta Antonio Maestre, quien agrega que a lo largo de las 288 páginas traza su tesis y defiende que ha llegado el momento de abordar este asunto, «acometiendo los cambios legislativos que sean necesarios» para darle a sus dueños, los ciudadanos, todo lo que les usurparon. 'Franquismo S. A.' (editorial Akal) se comenzó a vender a finales de noviembre, apenas una semana después de que los restos de Franco fueran sacados del Valle de los Caídos, acabando de esta forma con uno de los grandes símbolos del Franquismo.
«En la Guerra Civil –explica Maestre– se produjo un cambio de guardia empresarial, de tal forma que los afines escalaron para hacer negocio». Esto conllevó, al mismo tiempo, un cambio productivo que alimentaba un modelo autárquico centrado en sectores como el de la construcción o el hidroeléctrico. Aunque también se benefició a otras actividades como las navieras o la banca, «que siempre gana», ironizó Maestre.
Antonio Maestre es diplomado en Documentación por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos. Después de varios años realizando trabajos en marketing, prensa, documentación, jardinería, hostelería y logística, se recicló como periodista, profesión que ejerce en diversos medios. Escribe de forma habitual en La Marea, una ocupación que compagina con una columna semanal en 'eldiario.es' y otra en La Sexta.