Investigaciones como las realizadas en Gipuzkoa demuestran que la represión no fue solo un fenómeno en un contexto de posguerra
La eliminación física del adversario tras el golpe militar y la inmediata posguerra, provocó que a partir de mediados de la década de 1940 la oposición al régimen fascista se encontrara en el exilio, encarcelada o sepultada. Se impuso entonces la paz de los muertos, unos modos represivos indirectos, intimidatorios, aplicados en todos los ámbitos de la vida social, tanto en la esfera pública como en la privada, en las escuelas, en los centros de trabajo, en los hogares, o en las relaciones entre ambos sexos.
“Y en España paz”, titulaba el diario falangista Unidad en 1945. Un eslogan que el régimen recuperó en 1964 para conmemorar el 25º aniversario del fin de la guerra. Sin embargo, 1964 ya no era 1945, y aunque intentará dar una imagen de estabilidad, los últimos años de la dictadura se caracterizaron por el aumento de la represión directa y la sistemática violación de derechos humanos. Fundamentalmente contra grupos opositores con cada vez más presencia en el espacio público, pero también de forma indiscriminada cuando perdió el control.
El origen de esta nueva y adversa situación para la dictadura lo encontramos en la llegada a la mayoría de edad de una generación que no había vivido la Guerra del 36 ni las formas de represión más crueles de la posguerra. La pérdida progresiva del miedo y el contacto con el exterior propició que jóvenes de diferente extracto social, de diversos sectores profesionales, de ideologías o familias políticas dispares, compartieran un mismo objetivo: derrocar a la dictadura, unirse al mundo, cambiar todo lo que debía ser cambiado.
Pudo cambiar el modelo económico, incluso el discurso en función del contexto internacional, pero su razón de ser se mantuvo intacta
Hego Euskal Herria, y en particular Gipuzkoa, se convertirá entonces en el foco más activo contra el régimen, debido en gran medida a dos factores principales. Por una parte, el pueblo vasco reactivaba su conciencia como tal, en un intento de preservar o recuperar su lengua, su identidad, y en último término, para amplios sectores de la sociedad, su “liberación nacional” frente al asimilacionismo cultural impuesto por el Estado español. En segundo lugar, su condición de territorio fuertemente industrializado, incentivó la movilización de la clase obrera en demanda de una mejora en las condiciones de vida y laborales. Y en el trasfondo de todo ello, un contexto internacional no del todo desconocido para la sociedad vasca a pesar de la censura, y en el que influyó especialmente el auge de grupos de izquierdas en el mundo capitalista y la sucesión de movimientos de liberación nacional en África, Asia y América Latina.
Por tanto, lo que resultó determinante fue la conjunción de estos dos factores, la reivindicación nacional y la social. Una interrelación que fue señalada tanto por agentes del régimen como José Sainz (uno de los máximos responsables de la Brigada Político-Social en este período, sustituto de Melitón Manzanas) refiriéndose a la coincidencia de “los dos virus, el separatista y el del progresismo, en su disconformidad y oposición al Régimen”, como por el filósofo Jean-Paul Sartre, el catedrático de Ciencia Política y abogado Pedro Ibarra, historiadores como Pau Casanellas, antiguos dirigentes de ETA como Mario Onaindia, e incluso instituciones como el Gobierno Vasco a través del programa educativo Herenegun!.
En respuesta, aquella aparente relajación en materia represiva se esfumó rápidamente a medida que la oposición aumentaba sus acciones. La pretendida homogeneización de la economía española con el resto de países capitalistas con democracias parlamentarias estables, se fraguaba mientras se mantenía la excepcionalidad política de una dictadura que no dudaría en generalizar la represión ante cualquier aspiración de cambio político. Una violencia ejercida fundamentalmente mediante el recurso al estado de excepción, la intervención de tribunales militares y ordinarios de excepción de acorde a una legislación de guerra, y el uso de la fuerza por parte de los diferentes cuerpos policiales.
En este sentido, el análisis de la represión ejercida por el franquismo permite medir el alcance real de la violencia de raíz política y, a su vez, el alto grado de desproporcionalidad entre la acción antifranquista de carácter violento y la violencia de Estado. Más aún, los datos permiten afirmar que allí donde el antifranquismo era más fuerte (Hego Euskal Herria, y principalmente Gipuzkoa), la represión fue más dura.
La característica de su acción represiva fue la impunidad con la que actuaron, y el ejercicio de ésta de manera indiscriminada
De los 11 estados de excepción dictados por la dictadura entre 1956 y 1975 en el conjunto del Estado español, cinco se circunscribieron únicamente a provincias vascas (Gipuzkoa y/o Bizkaia). En ningún otro lugar, salvo en Asturias en una ocasión, se dictaron estados de excepción limitados a una provincia en concreto. Los dos de 1968 y el de 1970 se aplicaron exclusivamente a Gipuzkoa. Estos, junto a los dictados para el conjunto del Estado español, supusieron que entre la aprobación del estado de excepción del 3 de agosto de 1968 y la derogación el 5 de febrero de 1971 del decretado el 4 de diciembre de 1970, los guipuzcoanos vivieran diez de esos treinta meses en este régimen de excepcionalidad.
Los tribunales militares y civiles de excepción fueron piedra angular del aparato represivo. Entre 1970 y 1974 se contabilizan alrededor de 1.000 procedimientos penales militares en territorio vasco por “acciones criminales seguidas con motivo de actividades separatistas”. Por su parte, en cuanto a las personas represaliadas por el TOP, si se tiene en cuenta el número de habitantes en cada una de las provincias y se realiza una media ponderada de los procesados por su lugar de nacimiento, las cuatro provincias que conforman Hego Euskal Herria ocupan los primeros cuatro puestos con respecto al número de encausados por cada 10.000 habitantes.
Por su parte, las acciones represoras de las fuerzas policiales fueron llevadas a cabo por los tres cuerpos operativos: Guardia Civil, Policía Armada y el Cuerpo General de Policía, siendo los dos primeros dependientes del Ejército. La característica fundamental de su acción represiva fue la impunidad con la que actuaron, y el ejercicio de ésta de manera indiscriminada, sobre todo en períodos de estado de excepción. El resultado, 911 casos de torturas y más de 700 víctimas en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1960 y 1975.
Pero esta impunidad no sólo se tradujo en torturas, sino también muertos. En controles de carretera, en manifestaciones, en supuestos enfrentamientos, o a consecuencia de esos malos tratos en comisaría. Los estudios elaborados hasta la fecha indican que es en tierra vasca donde se dio el mayor número de víctimas mortales causadas por agentes policiales durante los últimos años de la dictadura franquista. Únicamente en Gipuzkoa se contabilizan 18 fallecidos entre 1960 y 1975: quince en actuaciones policiales, dos fusilados y un suicidio tras haber sido torturado durante días por la policía. De las 18 víctimas solo cuatro eran militantes de organizaciones opositoras armadas.
En definitiva, los movimientos nacionalistas y de izquierdas asentados en Hego Euskal Herria fueron capaces de generar en los años 60 –y hasta el final de la dictadura– la oposición al franquismo de mayor capacidad movilizadora del Estado español. Como réplica, la dictadura volvió a reactivar la represión directa de los años más duros de la inmediata posguerra. De nuevo, los aparatos represivos del Estado franquista volverán a generalizar las acusaciones de “rojo”, “rojo-separatista” o “vasco-separatista” como elemento irrefutable de prueba, en un ejercicio represivo que causó decenas de muertos y centenares de casos de torturas; y que además, abrió un nuevo ciclo violento en el marco del histórico conflicto vasco.
Por tanto, franquismo solo hubo uno. Pudo cambiar el modelo económico, incluso parte del discurso en función del contexto internacional, pero su razón de ser, su aparato represivo, sus principios y objetivos se mantuvieron intactos. Se impuso matando y pereció matando. Siguió vulnerando derechos y libertades básicos de manera ininterrumpida y hasta su extinción. Derechos y libertades que en países con democracias parlamentarias consolidadas estaban en principio garantizados y que por tanto debieran de suponer el disfrute y ejercicio de la vida humana en condiciones de plena dignidad. Continuó utilizando la violencia de manera sistemática contra cualquier forma de oposición, y siguió ejecutando su proyecto renacionalizador basado en la eliminación de cualquier otro concepto de pertenencia a un grupo social o cultura política.
Asimismo, de acuerdo con el historiador Emilio Majuelo, cabe señalar el peligro de fijar el año 1960 como génesis de investigaciones, marcos legislativos y políticas públicas en materia de violencia política, ya que se corre el riesgo de llevar a “una exculpación del régimen fascista” en su uso sistemático de la violencia para centrarlo en la respuesta de los grupos opositores (especialmente ETA), lo que provocaría que la dictadura desapareciera del “objeto de análisis”.
Y es que no son pocas las muestras de blanqueamiento de la dictadura franquista en sus últimos años, incluso desde organismos estatales, en su obsesión por deslegitimizar la actividad antifranquista del nacionalismo vasco en cualquiera de sus variantes. Por ello, resulta necesario resaltar algo tan obvio como que la violencia ejercida por un régimen dictatorial es siempre ilegítima. Pero además, investigaciones como las realizadas en Gipuzkoa, demuestran que la represión, tal y como recordaba Julián Casanova, no fue solo un fenómeno en un contexto de posguerra. Una violencia de Estado que siempre fue en un alto grado cuantitativa y cualitativamente más vulneradora de derechos humanos que la acción antifranquista; afectando esta represión a amplios sectores de la sociedad que nada tenían que ver con acciones violentas contrarias a la dictadura.
El autor: Javier Buces Cabello
Nacido en Sevilla en 1982. Licenciado en Historia por la Universidad de Deusto en 2005. Doctor por la Universidad del País Vasco en 2021 con mención Cum Laude. Investigador de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y profesor asociado de la UPNA. Autor de varias publicaciones relativas a la dictadura franquista y al conflicto vasco en el ámbito local y provincial, entre ellas ‘Oposición, represión y graves violaciones de derechos humanos en Gipuzkoa (1960-1975)’.
