Angelina Gatell Comas (Barcelona 1926-Madrid 2017).
https://es.wikipedia.org/wiki/Angelina_Gatell
dissabte, 16 de setembre del 2023
El Govern relanza el Memorial Democràtic con una nueva sede y más recursos.
La ley de memoria que obligará a retirar símbolos franquistas recibe el primer aval del Parlament
Memorial Democràtic instalará 95 adoquines 'stolpersteine' en 2023
Relanzar el Memorial Democràtic y blindarlo de los vaivenes a los que ha estado sometido en sus dieciséis años de existencia en función del gobierno de turno. Este es el propósito del actual Govern para esta institución que fue concebida en 2007, durante el segundo 'tripartit', para preservar la memoria democrática de Catalunya del periodo que va de 1931 a 1980. Su trayectoria ha sido convulsa, con años minorizada por recortes de presupuestos -sobre todo los de la crisis con Artur Mas como 'president'-, cambios de liderazgo, de ubicación física y también de 'conselleria' de referencia, ya que durante este tiempo ha dependido de Interior, de Relacions Institucionals, de Exteriors y, finalmente, de Justícia. Una inestabilidad con la que ahora la titular de este departamento, Gemma Ubasart, se ha propuesto acabar.
En un acto este jueves por la tarde en la Universitat de Barcelona con figuras memorialistas de referencia se ha oficializado que en el año 2025 el Memorial se trasladará a un edificio de 1.300 metros cuadrados de propiedad -el de la ubicación actual en el Raval es de alquiler- en la calle Ciutat número 13, muy cerca del Palau de la Generalitat, una proximidad que, resaltan desde la 'conselleria', no es baladí y se enmarca en un plan para potenciar la institución.
A principios de esta misma legislatura, con la dirigente Lourdes Ciuró como 'consellera', se defendió que el Memorial se ubicara en la Prefectura Superior de Policía de Via Laietana, opción que quedó descartada por la negativa reiterada del Gobierno de Pedro Sánchez a ceder el edificio para convertirlo en espacio de memoria.
El del Memorial Democràtic no se trata solo de un cambio físico, sino que también se dotará al ente de más recursos y personal para que despliegue las competencias que tiene asignadas. Se trata, ha defendido Ubasart, de poner el Memorial "en el centro" y que su actividad y valores fundacionales no se vea alterado por los cambios de Govern. Una "nueva etapa" que capitanea Jordi Font como director y que pivotará en cuatro líneas estratégicas de trabajo a partir del año que viene.
Por un lado, se ha fijado como objetivo consolidar el Banc de la Memòria Democràtica, que conserva, cataloga y difunde bibliografía de la Segunda Guerra Mundial y del tardofranquismo. Se actualizará el censo de personas deportadas a campos nazis y la base de datos del coste humano de la guerra. Otro de los ejes es reforzar la red de espacios de memoria, identificando los que aún no están reconocidos como tal. Se potenciarán también los vínculos con la comunidad universitaria para impulsar la investigación y, por último, fortalecer una red de profesorado para sensibilizar sobre memoria democrática en las aulas de la etapa educativa obligatoria.
"Apelación a la memoria republicana"
Ubasart y Font han defendido durante el acto que la institución debe ir más allá de preservar el conocimiento para tener proyección pública e incidir en la "profundización" de la calidad democrática del presente. Eso pasa también por centrarse en las víctimas de los años de represión, pero también en otras memorias "silenciadas" como la de las mujeres y de la resistencia y los sujetos activos políticamente. "Hay que hacer una apelación a la memoria republicana como antecedente de la democracia actual", ha asegurado la 'consellera', que ha apostado por la interacción del Memorial también con el ámbito municipal.
Desde que asumió el rol de 'consellera' de Justícia en octubre del año pasado, Ubasart ha convertido el impulso de las políticas de memoria en buque insignia de su mandato, tanto a nivel de reconocimiento de figuras republicanas y espacios hasta ahora en el ostracismo institucional como de avanzar en la exhumación de fosas e identificación de víctimas. Además, el pasado mes de marzo la nueva ley de memoria, que obligará a la retirada de simbología franquista en toda Catalunya en un plazo de dos años, recibió el primer aval del Parlament.
Luz verde a la exhumación de las fosas comunes de San Rafael y la Salud de Córdoba.
El Ayuntamiento de Córdoba ha firmado el contrato del servicio de exhumación, preservación y custodia de restos óseos y muestras biológicas de las fosas comunes de los cementerios de San Rafael y de Nuestra Señora de la Salud
Dicho contrato se ha formalizado con la UTE Themis Córdoba por un importe de 1.362.782 euros y contempla dos lotes. El primero de ellos, con un presupuesto de 1.209.724,58 euros, se refiere a los trabajos previstos en la Zona Alta–San Plácido, Virgen de los Dolores y Cuadro Número Cuatro del cementerio de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba, mientras que el lote dos, con un importe de 153.058,95 euros, se centra en la fosa común de la zona ajardinada Zona 6 de San Rafael.
El plazo de duración del contrato, formalizado hoy por el delegado de Contratación, Jesús Coca, se prolonga hasta el 31 de diciembre de 2025.
Con la puesta en marcha de estos trabajos se da cumplimiento al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Córdoba, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba para la exhumación e identificación de represaliados del franquismo en las fosas comunes de los cementerios municipales de San Rafael y de Nuestra Señora de la Salud.
divendres, 15 de setembre del 2023
La Fiscalía de Memoria Democrática se persona en la causa por las torturas a Julio Pacheco en 1975.
Este viernes ha declarado durante más de una hora, narrando en el juzgado las torturas que sufrió por parte de cuatro policías de la Brigada Político-Social, entre ellos presuntamente el comisario jubilado Villarejo.
MADRID
ACTUALIZADO:Con aplausos y vítores, así han recibido a Julio Pacheco a su salida del juzgado tras declarar este viernes, durante una hora, ante la titular del Juzgado de Instrucción 50 de Madrid sobre las torturas que sufrió en la Dirección General de Seguridad en el verano de 1975. Pacheco es la primera persona que declara ante un juez en este sentido.
La Fiscalía de Memoria Democrática, dirigida por Dolores Delgado, se ha personado en el procedimiento para investigar el presunto delito de torturas en el contexto de crímenes de lesa humanidad denunciado por Julio Pacheco, cuya querella es la primera del centenar presentado en el Estado español en los últimos años en ser admitida a trámite.
Este viernes, Julio Pacheco (Madrid, 1955) ha declarado ante la jueza Ana María Iguácel, después de que el pasado 14 de julio se suspendiera sorpresivamente la declaración al dejar la jueza el asunto en manos de un juez de refuerzo.
Pacheco denuncia torturas a manos de al menos cuatro agentes de la Brigada Político-Social, la Policía política de la dictadura, en el verano de 1975 al ser detenido; y señala entre otros al comisario jubilado José Manuel Villarejo.
El letrado Jacinto Lara ha matizado que la Fiscalía adscrita al juzgado no se ha pronunciado aún respecto a la querella, aunque ha sido el fiscal ordinario el que más preguntas ha efectuado este viernes a Pacheco, mientras que la fiscal de Memoria Democrática se ha limitado a tomar notas, según el querellante.
"El que esté presente en la declaración una fiscal adscrita a la Fiscalía de Memoria es positivo", ha dicho Jacinto Lara, que además ha valorado el interrogatorio: "Por el contenido de las preguntas que han hecho, bien orientadas, tendentes al esclarecimiento de los hechos, creemos que es muy positivo".
Según el querellante, el fiscal del juzgado le ha preguntado bastantes cosas, para "aclarar la querella, más datos, ha sido muy puntilloso".
También ha declarado, como testigo, la pareja de Julio Pacheco, Rosa García Alcón, detenida también en la misma operación contra la juventud disidente y que también fue torturada en la Dirección General de Seguridad. Precisamente los agentes presionaron a Julio Pacheco obligándole a presenciar los malos tratos a su compañera.
Julio Pacheco ha mostrado su satisfacción tras la declaración. "Me he sentido cómodo, la jueza ha estado receptiva", ha dicho a los medios.
La jueza, que abrió diligencias el pasado mes de mayo, ordenó tomar declaración en calidad de investigados a Villarejo y a otros tres policías: José María González Reglero, Álvaro Valdemoro y José Luis Montero; estos tres agentes habrían fallecido, según fuentes jurídicas, pero será el juzgado el que lo tendrá que confirmar y decretar previsiblemente el archivo para ellos.
Pacheco ha explicado a la prensa que el procedimiento continúa y que lo siguiente podría ser la declaración del comisario Villarejo.
Los cuatro agentes investigados eran miembros de la Brigada Regional de Investigación Social (BIC) y aparecen como participantes en la detención de Pacheco y otros 36 militantes antifranquistas en el verano de 1975, según ha comprobado Público en documentos internos policiales.
Las diligencias de la jueza
La jueza considera que la querella de Pacheco presenta
"características que hacen presumir la posible existencia de delitos" y ordena que se recabe de la Dirección General de la Policía la completa identificación y filiación de los agentes investigados.
Además la jueza ha librado oficio para que el Archivo Histórico Nacional y la Dirección General de la Policía aporten el expediente completo de Julio Pacheco respecto a su detención. Hay que destacar que después de tres meses en la prisión de Carabanchel, el Tribunal de Orden Público (TOP) le puso en libertad con los cargos de asociación ilícita y propaganda ilegal, y una fianza de 30.000 pesetas. Nunca se llegó a celebrar juicio contra Julio Pacheco.
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