dimarts, 15 d’octubre de 2019

En Málaga hay 7.800 desaparecidos de dictadura franquista, la provincia con más desaparecidos de toda España.



https://www.emartv.es/2019/10/14/malaga-desaparecidos/



Publicado por  el octubre 14, 2019, a las 09 : 23 AMImprimir
En Málaga hay 7.800 desaparecidos de dictadura franquista, la provincia con más desaparecidos de toda España
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Reportaje Memoria Histórica
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Fosas Cerradas, heridas abiertas. Un reportaje de: Alejandro Berrocal, Clara Gamarra, Alejandro Guevara, Eduardo Herrera, Ana López y  Francisco Márquez, alumnado de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Málaga.
540.000 asesinados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. El segundo país con más desaparecidos, 140.000 personas.  Datos a sangre fría que representan el terror que supuso la Guerra Civil y el Franquismo. El decreto-ley aprobado por Franco olvidaba a las víctimas y el sufrimiento provocado por la guerra. La amnistía del 77 de Adolfo Suárez perdonó la represión a la que fue sometido el bando perdedor. Pero ningún político, dictador o ley puede hacer olvidar a 40.000 personas que lucharon y que siguen enterrados en fosas comunes.

80 años del campo de concentración de A Guarda

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/a-guarda/2019/10/09/80-anos-campo-concentracion-guarda/0003_201910V9C6991.htm





VIGO / LA VOZ 


El Sindicato de Pensionistas y Jubilados de CC.OO. de Vigo, en colaboración con la Unión Comarcal, realizará mañana una ofrenda floral en el antiguo colegio de los jesuitas de Camposancos, en A Guarda. Allí, hace 80 años, los sublevados franquistas crearon un campo de concentración de prisioneros republicanos. El homenaje de los sindicalistas se centrará en el muro situado detrás del antiguo cementerio de Sestás, donde existe una fosa común en la que están enterrados 49 personas asesinadas en aquel campo.
A partir del golpe de Estado de julio de 1936, el colegio jesuítico, germen de la Universidad de Deusto, fue reconvertido en un campo de concentración adonde los sublevados llevaron a cientos de personas que se opusieron al levantamiento anticonstitucional del general Franco. Dicen los investigadores que el edificio llegó a albergar a 2.000 personas en unas condiciones infrahumanas. A las sacas realizadas impunemente por los miembros de la Falange, que acababan con el asesinato del elegido, se le sumaban una muy deficiente alimentación y unas condiciones sanitarias que derivaban en todo tipo de enfermedades, especialmente la entonces temida tuberculosis.

La actividad como campo de concentración se mantuvo durante toda la guerra, por lo que tras los primeros detenidos procedentes de los pueblos del Baixo Miño, llegaron los prisioneros de guerra, sobre todo, del frente del norte de España. Tras la guerra, este centro fue controlado por el organismo de Prisiones mientras no se crearon otras cárceles estables en Galicia.
Paralelamente, en ese mismo lugar, a partir del año 1937, se instaló el Tribunal Militar número 1 de Asturias, que dicto 225 penas de muerte, de las que 151 se ejecutaron.
Hace unos años, el director del Museo Municipal Quiñones de León, José Ballesta, y el filólogo Ángel Rodríguez Gallardo realizaron un estudio sobre los grafitis realizados en las paredes del edificio por los presos para dejar constancia de la historia de aquellas personas desposeídas de todos los derechos por el régimen franquista.
Todos los bienes de los jesuitas habían sido confiscados por el Gobierno republicano cuando esta orden religiosa fue expulsada de España en 1932. Como ocurrió con el colegio de Vigo, en Teis, a mediados de los años cuarenta del pasado siglo, el Gobierno devolvió a los jesuitas todos aquellos bienes.
El colegio de Camposancos, construido en el tramo final del siglo XIX, no volvió a ser utilizado por los jesuitas salvo de forma esporádica. La asociación Hispania Nostra tiene este edificio incluido en su lista roja de patrimonio en peligro.

Casi 250 cuerpos de víctimas del franquismo llevan dos años en un almacén tras una disputa por un busto de Pablo Iglesias .

https://www.publico.es/politica/250-cuerpos-victimas-franquismo-llevan-anos-almacen-disputa-busto-pablo-iglesias.html


PSOE, UGT y Ayuntamiento de Valladolid, gobernado por socialistas, acordardon incluir en un memorial dedicado a las víctimas de la dictadura un busto del fundador del sindicato y del PSOE. La ARMH de Valladolid, que se encargó de la exhumación de las víctimas y custodia sus cuerpos, rechaza que sean enterrados bajo símbolos partidistas. 

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Los restos de 247 víctimas del franquismo están guardados en un almacén de la ARMH de Valladolid.- ARMH VALLADOLID

247 cuerpos de víctimas del franquismo en Valladolid llevan dos años en un almacén a la espera de un destino. Fueron exhumados entre 2016 y 2017 de varias fosas comunes del cementerio del Carmen por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid con apoyo económico durante gran parte de la exhumación del Ayuntamiento de Valladolid. Su destino iba a ser un memorial, a petición de la ARMH, que el Consistorio construiría a apenas unos metros de esas fosas en sustitución de uno de los dos monumentos que UGT y PSOE tienen en el cementerio de Valladolid para honrar a las víctimas de la guerra civil en terrenos sobre los que tienen reconocidos derecho indefinido de uso. Sin embargo, el memorial ya ha sido construido y las 247 víctimas continúan en un almacén.
¿Qué ocurre? Pues que el Ayuntamiento de Valladolid, UGT y el PSOE local acordaron el pasado 3 de abril que el memorial incluyera un busto de Pablo Iglesias (como en el anterior monumento) y los símbolos de UGT, PSOE y también de la ARMH de Valladolid. Sin embargo, la ARMH de Valladolid, que custodia los cuerpos tras su exhumación, considera inaceptable este acuerdo, del que no forma parte, y rechaza enterrar a las víctimas bajo símbolos partidistas, en este caso, de un partido político, de un sindicato y del fundador de ambos.
El busto de Pablo Iglesias, situado en uno de los monumentos de PSOE-UGT, que ha originado la polémica.- UGT
"La ARMH lo que quiere es que el nuevo memorial no tenga ningún símbolo de ningún partido u organización en concreto, que es lo que marca la ONU para todos los memoriales de víctimas del mundo. No es un capricho nuestro que no queramos enterrar a las víctimas de la represión franquista bajo el busto del fundador del PSOE y de la UGT, es lo que marca la ONU", explica a Público Julio del Olmo, presidente de la ARMH Valladolid. De hecho, Del Olmo no rechaza que se reconozca la cesión por parte de UGT y PSOE, simplemente rechaza que estos símbolos partidistas estén en una posición "preferente".  
Por su parte, el sindicato UGT considera innegociable la presencia del busto de Pablo Iglesias en el memorial, "tal y como estaba en el anterior monumento", es decir, en un lugar importante; así como la presencia de las siglas de PSOE y UGT ya que son las organizaciones que tienen el derecho de uso de los terrenos y así lo refleja -insiste- el acuerdo firmado por UGT, Ayuntamiento y PSOE el pasado 3 de abril
"Nosotros no autorizamos la realización de ese memorial. En julio del año pasado recibimos el aviso de que habían empezado unas obras en uno de nuestros monumentos, donde hay restos de los nuestros, y escribimos al Ayuntamiento pidiendo que se pararan esas obras ya que no contaban con nuestro permiso (...) El 7 de septiembre de 2018 el Ayuntamiento nos dirige otra carta en la que reconoce nuestro derecho de uso del terreno y que allí hay restos de nuestra gente. También nos pide disculpas por haber actuado sin nuestro permiso y nos emplaza a negociar. Llegamos a un acuerdo el día 3 de abril", explica a Público el vicesecretario regional de UGT, Evelio Ángulo. 
El acuerdo al que hace referencia Evelio Ángulo fue suscrito, según sus propias palabras, por el Ayuntamiento de Valladolid, el PSOE y la UGT y contempla, además de la colocación del busto de Pablo Iglesias, la inclusión en el memorial de la siguiente frase junto a los logos de PSOE y UGT: "Este memorial se erige en un espacio que la UGT y el PSOE tienen cedido a perpetuidad por el Ayuntamiento de Valladolid y que ambas organizaciones ya tenían dedicado a todas las víctimas de la Guerra Civil". Asimismo, Evelio Ángulo también señala que el acuerdo incluye que se incluya el logo de la ARMH bajo la siguiente inscripción: "Los restos que se encuentran en la cripta son los recuperados en esta zona del cementerio".
Una de las fosas que exhumó la ARMH de Valladolid entre 2016 y 2017.- ARMH VALLADOLID
La ARMH de Valladolid, por contra, no acepta el contenido de dicho acuerdo y rechaza entregar los cuerpos para que sean inhumados bajo símbolos partidistas. De hecho, la ARMH ha solicitado al Consistorio el acuerdo en cuestión para poder estudiarlo y hasta la fecha no ha podido tener acceso al mismo. Este medio también ha solicitado a UGT una copia del mismo para tener constancia documental del mismo, pero solo ha obtenido una lectura parcial del mismo.
Por tanto, la situación en la actualidad es que hay un memorial construido para las víctimas de la dictadura con dinero del Ayuntamiento de Valladolid  pero que está completamente vacío por esta polémica con el busto del fundador del PSOE y de UGT.

Un senador del PSOE apuesta por un memorial sin busto

En este contexto, los familiares de las víctimas que han podido ser identificadas han pedido a Manuel Escarda, nuevo secretario general del PSOE de Valladolid, candidato al Senado por los socialistas en estas elecciones y que ha colaborado con la ARMH de Valladolid en multitud de ocasiones, que medie para resolver esta situación y poner punto final a la cuestión. En conversación telefónica con PúblicoEscarda aboga por un memorial que no incluya el busto de Pablo Iglesias y tampoco las siglas del PSOE, de UGT ni de ninguna otra organización. 
"Es cierto que PSOE y UGT tienen la cesión del derecho de uso del espacio, pero hay que ser generosos. El informe de Pablo de Greiff, relator especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de la ONU, fue claro y dijo que cuando hablamos de monumentos de reparación, como es este caso, hay que evitar los símbolos partidistas. No tanto pensando en el pasado y sí en el futuro. Tiene que haber un memorial con todas las víctimas, que son víctimas de la guerra civil, personas que sufrieron persecución y muerte por defender la democracia y, por tanto, son víctimas del franquismo. Creo que eso es lo importante para el futuro y eso tiene que estar por encima de cualquier criterio partidista y te lo está diciendo el nuevo secretario general del PSOE de Valladolid", explica Escarda a Público
Manuel Escarda, de hecho, defiende que el busto de Pablo Iglesias puede continuar en el cementerio, pero en el otro monumento que PSOE y UGT mantienen a apenas unos metros del memorial de la discordia. De hecho, Escarda cree que este conflicto se resolverá, que tiene datos para ser optimista y pide no olvidar datos importantes, como que el Ayuntamiento de Valladolid ha financiado la construcción de un memorial para las víctimas del franquismo. 
Mientras tanto, la realidad es que hay 247 víctimas en un almacén a la espera de que se encuentre una solución al conflicto. Y que estos cuerpos son solo una parte de los 567 personas que fueron enterradas en fosas comunes en el cementerio de Valladolid, procedentes en su mayoría de asesinatos extrajudiciales o de fusilados tras juicios sumarios. 

La Ley de Responsabilidades Políticas, paradigma de la crueldad de la dictadura franquista.

https://www.nuevatribuna.es/articulo/cultura---ocio/ley-responsabilidades-politicas-paradigma-crueldad-dictadura-franquista/20191008183532166952.html

¿Por qué no aplicamos en España a la memoria histórica el rigor y las consecuencias aplicadas en Europa a las víctimas tras la Segunda Guerra Mundial?

La Ley de Responsabilidades Políticas, paradigma de la crueldad de la dictadura franquista
Una de las características del régimen franquista durante y después de la guerra civil fue su extraordinaria dureza y crueldad con la disidencia política. Fue implacable e inmisecorde. No se detuvo ante nada ni ante nadie. Aquel que pensaba diferente tenía que ser castigado con dureza, perseguido, incluso, después de la muerte. Para conocer los españoles la catadura moral y la extraordinaria crueldad de la dictadura de Franco nos puede servir una primera referencia de Helen Graham en su libro Breve historia de la guerra civil.
Franco no puso reparos cuando los nazis le propusieron despojar de la condición de prisioneros de guerra a los miles de republicanos españoles que se hallaban en su poder, accediendo así a que fueran enviados de los stalags (campos de prisioneros de guerra) a los campos de concentración. Fue la negativa de Franco a reconocer la nacionalidad española de los prisioneros lo que abrió la vía a la deportación. En efecto, las autoridades nazis anunciaron su política el 25 de septiembre de 1940, durante la visita a Alemania del lugarteniente de Franco, Ramón Serrano Suñer, ministro del Interior (y en octubre de 1940, también de Asuntos Exteriores) y jefe de la Falange. A partir de entonces los republicanos españoles fueron recluidos en muchos campos de concentración diferentes: Dachau, Oranienburg, Buchenwald, Flossenburg, Ravensbrück, Auschwitz, Bergen-Belsen, Neuengamme y, sobre todo, Mauthausen. Lugares donde murieron alrededor de 10.000 republicanos españoles.
El régimen franquista tenía las ideas muy claras, como acabamos de ver. Había que exterminar cualquier disidencia, en pro de construir la nueva España. A tal finalidad no se debían reparar medios por crueles que estos fueran. Los “enemigos” del Régimen tenían que ser perseguidos hasta en las tumbas. Como fue el del concejal socialista y ugetista del Ayuntamiento de Zaragoza, Bernardo Aladrén Monterde. A pesar de haber sido asesinado con un tiro en el cráneo, a principios de agosto de 1936, las autoridades franquistas le sometieron a un juicio en febrero de 1941, a través del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Zaragoza, para averiguar su comportamiento político durante los años de la II República. Ni en la tumba le permitieron descansar. ¡Qué nivel de maldad!
TribunalNacionalRRPPLa actuación de este Tribunal se fundamenta en la Ley de 9 de febrero de 1939 de Responsabilidades Políticas. Es una auténtica aberración jurídica. De lo que se trata es justificar jurídicamente la persecución a la disidencia. Acusar de subversión a aquéllos que precisamente defienden el régimen democrático vigente, no deja de ser un hecho lamentable. Y aquellos que se sublevan son los que dictan la Ley. El mundo al revés. Las víctimas convertidas en verdugos. Se penalizaba así, con carácter retroactivo, conductas que eran totalmente legales cuando se habían producido. Según Eduardo Montagut, se trata de uno de los ejemplos más claros de vulneración del derecho por cuatro razones básicas. En primer lugar tenía un carácter retroactivo. En segundo lugar, unía en una misma ley las responsabilidades de personas físicas y de personas jurídicas. Su principal característica era lo que Serrano Suñer denominó la “justicia al revés”, es decir, la aplicación de penas para los que se hubieran atenido a la defensa del orden constitucional republicano y no hubiera colaborado con la sublevación. Y, por fin, establecía un sistema judicial extraordinario, politizado y no independiente, al ser nombrado por el gobierno.
Ya en la Exposición de Motivos de la Ley aparecen todo un conjunto de párrafos que impresionan por su cinismo y desvergüenza.
Próxima la total liberación de España, el Gobierno, consciente de los deberes que le incumben respecto a la reconstrucción espiritual y material de nuestra Patria, considera llegado el momento de dictar una Ley de Responsabilidades Políticas, que sirva para liquidar las culpas de este orden contraídas por quienes contribuyeron con actos u omisiones graves a forjar la subversión roja, a mantenerla viva durante más de dos años y a entorpecer el triunfo, providencial e históricamente ineludible, del Movimiento Nacional….
El párrafo siguiente, que está también en la Exposición de motivos de la Ley, lo he puesto en negrita, porque considero hay que leerlo detenidamente. Es de una hipocresía y maldad insuperables. Insisto, hay que leerlo con tranquilidad y bien sentado en el sillón.
La magnitud intencional y las consecuencias materiales de los agravios inferidos a España son tales, que impiden que el castigo y la reparación alcancen unas dimensiones proporcionadas, pues estas repugnarían el hondo sentido de nuestra Revolución Nacional, que no quiere ni penar con crueldad, ni llevar la miseria a los hogares. Y por ello, esta Ley, que no es vindicadora, sino constructiva, atenúa, por una parte, el rigor sancionador, y, por otra, busca, dentro de la equidad, fórmulas que permitan armonizar los intereses sagrados de la Patria con el deseo de no quebrar la vida económica de los particulares….
En la parte del articulado se declara la responsabilidad política de las personas, que desde 1º de octubre de 1934, y antes del 18 de julio de 1936, contribuyeron a crear o a agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima a España y de aquellas otras que, a partir de la segunda de las fechas, se hayan opuesto o se opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o pasividad grave.
En cuanto a las causas de responsabilidad, quedan incursos en responsabilidad política, además de otros casos. Haber desempeñado cargos directivos en los partidos citados en el artículo 2º, que citaré luego, así como haber ostentado representación de los mismos en cualquier clase de Corporaciones y organismos tanto públicos como privados; haber estado afiliado a los citados políticos antes del 18 de julio de 1936… Esta es la lista de entidades que eran declaradas fuera de la ley y cuyos bienes pasaban a poder del Estado, era extensa: Acción Republicana, Izquierda Republicana, Unión Republicana, Partido Federal, Confederación Nacional del Trabajo, Unión General de Trabajadores, Partido Socialista Obrero, Partido Comunista, Partido Sindicalista, Sindicalistas de Pestaña, Federación Anarquista Ibérica, Partido Nacionalista Vasco, Acción Nacionalista Vasca, Solidaridad de Obreros Vascos, Esquerra Catalana, Partido Galleguista, Partido Obrero de Unificación Marxista, Ateneo Libertario, Socorro Rojo Internacional Partido Socialista Unificado de Cataluña, Unión de Rabasaires, Acción Catalana Republicana, Partido Catalanista Republicano, Unión Democrática de Cataluña y Estat Català, así como todas las Logias masónicas y otras entidades, agrupaciones o partidos filiales de análoga significación a los expresados.
Las sanciones podrían ser restrictivas de la actividad, limitativas de la libertad de residencia y económicas. Estas últimas se harán efectivas, aunque el responsable falleciere antes de iniciarse el procedimiento o durante su tramitación, con cargo a su caudal hereditario, y serán transmisibles a los herederos que no hayan repudiado la herencia.
Las instituciones a las que incumbe entender en materia de responsabilidades políticas son:
  1. Al Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas.
  2. A la Jefatura Superior Administrativa.
  3. A los Tribunales Regionales.
  4. A los Juzgados Instructores Provinciales.
  5. A las Audiencias.
  6. A los Juzgados civiles especiales.
En estos Tribunales predominaban miembros del ejército y de F.E.T. de las JONS. En los Juzgados Instructores Provinciales, los Jueces Instructores serán oficiales del Cuerpo Jurídico Militar y los secretarios serán brigadas, sargentos o soldados.
El expediente de responsabilidad política se iniciará, en virtud de sentencias dictadas por la Jurisdicción Militar, por denuncia escrita y firmada de cualquier persona natural o jurídica, y por propia iniciativa del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas o a propuesta de cualesquiera Autoridades Militares o Civiles, Agentes de Policía y Comandantes de Puesto de la Guardia Civil. La competencia para conocer de los expedientes de responsabilidad política corresponde al Tribunal Regional del territorio de la vecindad del presunto responsable.
Tan pronto como el Tribunal Regional reciba una denuncia y la estime de su competencia  dará parte detallada del inicio de la incoación del expediente al Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas y remitirá la denuncia o comunicación con los documentos que a ellas pudieran acompañarse y copia de la providencia de admisión, al Juez Instructor Provincial que corresponda.
El Juez Instructor a su vez citará al inculpado para que comparezca en 5 días; pedirá urgente remisión de informes del presunto responsable al Alcalde, Jefe Local de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, Cura Párroco y Comandante del Puesto de la Guardia Civil del pueblo en que tenga vecindad, acerca de los antecedentes políticos y sociales del mismo, así como de los bienes de su pertenencia. Estos informes, que deberán emitirse en el plazo de 5 días, se reclamarán también de la Jefatura Provincial de Policía, si el inculpado residiera en capital de provincia, y si no fuera conocido el domicilio, interesarán dichos informes del servicio de Información y Policía Militar y de la Delegación Nacional de Información e Investigación de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S. El anuncio de la incoación del expediente se publicará en el BOE. y  en el Boletín de la Provincia.
He estudiado todo el expediente de responsabilidades políticas de Bernardo Aladren Monterde, compuesto de numerosos documentos. Reflejaré algunos para hacernos una idea de cómo trabajaba la justicia franquista. Merece la pena tocar los documentos.
TRICOLORba_0El documento  nº 23
El 17 de noviembre de 1942 del Juez Instructor Provincial se remite al Presidente del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas el Oficio siguiente:
“Se inició la instrucción de este expediente contra el vecino de esta Capital, fallecido, BERNARDO ALADRÉN MONTERDE, el 12 de marzo último, en virtud de orden de proceder de 28 de febrero anterior.
Además de los informes que determina el Art. 48 de la Ley fueron también interesados de esta Secretaría del Orden Público, de la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos en Salamanca y con referencia a bienes de esta Delegación de Hacienda, uniéndose a las contestaciones recibidas.
Prestaron declaraciones, los propuestos a iniciativa de este Instructor por la Comisaría de Investigación y Vigilancia de esta Capital, como solventes moralmente y conocedores de la actuación político-social del inculpado.
Por haber fallecido el encartado, según se acredita en certificación obrante, dióse lectura de cargos e hiciéronse las oportunas prevenciones a su viuda Dª Asunción Maza Lalaguna, según diligencia, quien en consecuencia presentó relación jurada de bienes, no formulando escrito de descargos ni proposición de prueba.
Según diligencia, se publicó el pertinente anuncio de incoación de este expediente en el Boletín Oficial de la provincia, no habiéndose publicado en el del Estado a pesar de haberlo interesado repetidamente.
De la información y prueba practicada se infiere que el expedientado BERNARDO ALADRÉN MONTERDE, de arraigada ideología marxista y perteneciente  al partido socialista y U.G.T. , en los que desempeñó cargos directivos, ejerciendo así mismo con dicho matiz los de diputado provincial y concejal del Ayuntamiento de esta Capital, se distinguió por un sectarismo político y como activo propagandista y organizador de mítines, manifestaciones y del periódico “Vida Nueva”, y representó como apoderado al candidato del Frente Popular, Pablo García Lafuente en las elecciones de febrero de 1936, considerándole incurso en los apartados B), C), E), F), J) y K), del artículo 4º de la Ley básica de esta jurisdicción, sin la concurrencia de circunstancias modificativas.
Y así mismo se estima que el inculpado, que únicamente tenía a su cargo a su esposa, poseía bienes valorados en 500 pesetas, ascendiendo a 3.000 los de la propiedad de la viuda.
No obstante, este Tribunal con su superior criterio acordará lo que mejor proceda en Justicia.”
Documento nº 26.
Aparece otro Auto del Tribunal Regional, del Juez Pascual Santandreu, en el que se especifica que el inculpado tiene bienes e ingresos que unidos a los de sus familiares no alcanzan la suma de 25.000 pesetas.
CONSIDERANDO: Que se halla, por tanto, comprendido este expediente en el caso a que se refiere el artículo 8º de la Ley de 19 de febrero último, atendido el estado de solvencia económica y social del expedientado, por lo que procede, de conformidad con lo dispuesto en el mismo, acordar el sobreseimiento del expediente, dando cuenta de los cargos que en él resultan al Gobernador Civil y Jefe Provincial de F.E.T. y de las J.O.N.S.
Vista la disposición legal citada y demás pertinentes.
SE SOBRESEE el presente expediente seguido contra Bernardo Aladrén Monterde de Zaragoza por insolvencia del inculpado, y dése cuenta de los cargos que en aquél resultan al Excelentísimo Sr. Gobernador Civil y Jefe Provincial de F.E.T. y de las J.O.N.S a los efectos ordenados en el artículo 8º de la Ley de 19 de febrero último.
En el mismo día se notificó al Fiscal de la Audiencia que quedó enterado, que quedó enterado, tal como firma el Secretario. Pedro de la Fuente.
A continuación, mediante Diligencia se libró notificación al encartado.
Documento nº 27
Se refleja la Notificación a la esposa, con el siguiente texto: Zaragoza 11 de junio de 1942- Teniendo en mi presencia a Asunción Maza Lalaguna, le notifiqué por lectura íntegra en anterior auto-sobreseimiento de todo lo cual quedó enterada, por no saber firmar estampa la huella dactilar de que como Secretario; certifico: J.Mª San Agustín.
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Termino con una reflexión. La situación de España en relación con la dictadura fascista es anómala. El contraste con el resto de Europa es desolador. Mas, todo tiene una explicación. Evidentemente que son distintas la Guerra Civil y el Holocausto, pero en ambos casos hubo víctimas inocentes que piden justicia. Además la Guerra Civil fue el preámbulo de la Segunda Guerra Mundial y hubo un vínculo entre ambas. Lo específico del caso español es que, a diferencia de lo ocurrido en otros países, aquí el pueblo luchó, murió y mató por defender la República, es decir, por luchar contra el fascismo. Esto no ocurrió en Alemania, donde Hitler subió al poder a través de las elecciones. O en Italia, donde Mussolini realizó su entrada triunfal en Roma. O en Francia, donde, con un ejército muy superior al español, la lucha contra el fascismo duró dos semanas. Esa es la gran diferencia entre España y Europa. En Europa gracias a que el fascismo fue vencido, se hizo posible un juicio legal a los criminales y el desarrollo de una memoria histórica. En España, sin embargo, la República fue derrotada dos veces: por el fascismo y por los aliados, como decía Indalecio Prieto, cuando pedía que los aliados consumaran el plan de liberación de Europa del fascismo. ¿Por qué no aplicamos en España a la memoria histórica el rigor y las consecuencias aplicadas en Europa a las víctimas tras la Segunda Guerra Mundial? Pues, porque en España según Antonio García Santesmases se ha producido el olvido de la memoria republicana. Este proceso se inicia cuando los aliados deciden no intervenir en España. En ese momento ya el pasado no cuenta, el destino de España ya no se va a vincular a su pasado, sino hacia el futuro. La experiencia de la República ya no cuenta, lo que cuenta es otra cosa. Por un lado, la consolidación del franquismo, y, por otro, la aparición de una oposición antifranquista; pero lo común a los dos casos es el olvido. Ni el franquismo ni la oposición quieren saber nada de la República. Los dos grupos sociales plantean el pasar página. Y es comprensible que el franquismo lo hiciera. Pero, ¿por qué la oposición tampoco quiere recordar? Esto es lo enigmático e interesante, porque esto explica lo que va a ocurrir luego en la Transición Democrática. Historiadores como Santos Juliá aducen que en los años 50 tuvo lugar ya la reconciliación de las dos Españas porque se encuentran luchando contra el fascismo hijos de los vencedores y de los vencidos. Es el gran argumento. España ya se ha reconciliado, ha superado su pasado en los años 50. “¡No vamos, en los años 70, a abrir un proceso ya cerrado!”. La consecuencia de esta teoría de la reconciliación era callar las voces del exilio, argumento que se ha impuesto como un mantra en la Transición, lo cual es una auténtica falacia intelectual, además de una perversa inmoralidad. Y ese olvido supone que muchos hoy se oponen con visceralidad a la exhumación del Dictador, y se oponen, porque no  fue posible un juicio legal a los criminales como exigencia democrática, si se hubiera hecho ese juicio no tendríamos que soportar que los Aguado, Díaz Ayuso, Monasterio o Sánchez Drago envalentonados defiendan que el cuerpo de Franco se mantenga en el Mausoleo del Valle de los Caídos, como símbolo de la Victoria y, por supuesto, de la Derrota de los que lucharon en defensa de la República. Esta es la explicación. Pero no deja de ser una auténtica inmoralidad. Quieren con ello una tercera derrota de la República.