NUEVO LIBRO DE GRAN IMPORTANCIA.
CUADERNO DE CAMPO USADO POR LA ARDF DESAPARECIDOS en sus prospecciones, excavaciones, exhumaciones, CARTUCHERÍA USADA EN LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA.
Asociación por la Recuperación de los Desaparecidos en el Franquismo
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7 octubre 2021 21:11 CEST
El cine de Pedro Almodóvar siempre ha tenido un trasfondo social y político, pero nunca de manera tan explícita como en su nueva película, Madres paralelas. Su protagonista, Janis, interpretada por Penélope Cruz, es bisnieta de víctimas de la Guerra Civil y lucha por abrir las fosas y sacar de ellas a sus familiares.
A propósito de este estreno, nos acercamos con datos a la situación de las fosas comunes en España, que ha merecido ya llamadas de atención de organismos internacionales como el Comité sobre Desapariciones Forzosas de la ONU.
En España no hay un número oficial de personas desaparecidas debido a la falta de una investigación efectiva por parte del Estado sobre las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura de Franco (1939-1975) y la Guerra Civil Española (1936-39).
La falta de un registro único y actualizado de fosas comunes y de víctimas dificulta la adopción de un plan estatal para la exhumación y recuperación de los restos de las personas desaparecidas. Mientras tanto, los familiares de las víctimas sufren una angustia constante, una especie de duelo “congelado” al no poder enterrar a sus seres queridos desaparecidos conforme a sus creencias.
Según datos extraídos del mapa de fosas creado por el Ministerio de Justicia en el 2011, actualmente dependiente del Ministerio de la Presidencia, están registradas 4 265 fosas y se han contabilizado un total de 57 911 víctimas. Se estima que hay alrededor de 100 000 personas desaparecidas.
Del total de fosas registradas, 326 han sido exhumadas totalmente, 899 no están intervenidas, 496 han sido trasladadas al Valle de los Caídos y de 2 263 no se especifica su estado.
Según estos datos, solamente el 8,4 % de las fosas registradas por el Estado han sido exhumadas totalmente. Del total de víctimas registradas por el Estado, destacan 12 988 en Aragón, 12 112 en la Comunidad de Madrid, 8 012 en Cataluña, 6 627 en Andalucía y 5 430 en Asturias.
Sin embargo, estos datos oficiales distan mucho de las cifras reales. El informe estatal sobre el estado de exhumaciones de las fosas comunes de la guerra civil y la dictadura franquista de 2019 detalla que 785 fosas han sido exhumadas entre 2000 y 2019 y se han recuperado 9 698 cuerpos. En Andalucía, el gobierno regional tiene contabilizadas 708 fosas y un número estimado de víctimas de 45 556.
En Cataluña, entre 1999 y 2018, se hicieron 41 actuaciones en fosas comunes y se recuperaron los restos de 345 personas. El mapa autonómico
Sin embargo, estos datos oficiales distan mucho de las cifras reales. El informe estatal sobre el estado de exhumaciones de las fosas comunes de la guerra civil y la dictadura franquista de 2019 detalla que 785 fosas han sido exhumadas entre 2000 y 2019 y se han recuperado 9 698 cuerpos. En Andalucía, el gobierno regional tiene contabilizadas 708 fosas y un número estimado de víctimas de 45 556.
En Cataluña, entre 1999 y 2018, se hicieron 41 actuaciones en fosas comunes y se recuperaron los restos de 345 personas. El mapa autonómico catalán registra 525 fosas, de las cuales 251 están confirmadas y 274 son probables y tiene registradas 12 154 víctimas. Asimismo, en Cataluña, 66 643 víctimas de juicios sumarísimos han sido identificadas y reparadas gracias a la Ley 11/2017, de 4 de julio, de reparación jurídica de las víctimas del franquismo, que permite declarar nulos los consejos de guerra ocurridos entre 1938 y 1978, por considerarlos contrarios a la ley y vulnerar el derecho a un juicio justo.
La mayoría de las personas represaliadas en territorio republicano fueron localizadas, exhumadas, identificadas y enterradas en sus lugares de origen después de la Guerra Civil en virtud de disposiciones legales dictadas en 1939.
En los años de la transición democrática se llevaron acabo algunas exhumaciones sin rigor científico que se paralizaron con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. El miedo de los familiares hizo que las víctimas de la represión franquista no empezaran a ser exhumadas hasta bien entrada la democracia, siendo el punto de inflexión la apertura de la fosa de Priaranza del Bierzo en el 2000. A raíz de esta actuación se creó la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que daría lugar al inicio de un proceso asociativo en torno a la Memoria.
Desde entonces, la recuperación de los restos de las personas desaparecidas ha quedado principalmente en manos de los familiares de las víctimas, que han tenido que recurrir a las subvenciones del Estado (suspendidas entre 2011 y 2021) para realizar los trabajos de exhumación contando con la participación voluntaria de antropólogos y expertos. Además, el impulso de las exhumaciones de las fosas comunes a nivel regional depende del partido político en el poder, creando desigualdades para las víctimas en función de la región.
Así, comunidades como Andalucía, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Euskadi, Illes Balears y Navarra han promovido políticas de memoria, mientras que otras, como Asturias, han optado por no abrir fosas, pero sí señalizar los lugares de memoria y la existencia fosas. En cambio, en Cantabria, Madrid y Murcia el número de exhumaciones es muy reducido por la falta políticas activas de memoria.
El derecho a la verdad ha sido señalado por las Naciones Unidas como uno de los pilares de la lucha contra la impunidad, junto con el derecho a la justicia y el derecho a obtener reparación y las garantías de no repetición.
El derecho a saber la verdad se invoca generalmente en un contexto de violaciones graves de los derechos humanos y tiene una doble dimensión individual y colectiva. Las víctimas y sus familias tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima. Además, el derecho a la verdad es de carácter colectivo y, por tanto, la sociedad en su conjunto tiene derecho a conocer las atrocidades ocurridas en el pasado para prevenir y garantizar que no se van a repetir en el futuro.
El fenómeno de la desaparición forzada, por su gravedad y su práctica generalizada en muchos países, ha sido calificado como crimen de lesa humanidad. El hecho de considerarse un crimen de lesa humanidad debe su importancia sobre todo a las consecuencias jurídicas que ello implica, como la imprescriptibilidad del delito y la inadmisión de leyes de amnistía.
En España, la Ley de Amnistía de 1977 ha impedido cualquier investigación sobre las graves violaciones de derechos humanos del pasado, incluso la apertura de fosas comunes. A este respecto, no se puede olvidar que el propio Tribunal Supremo de España, en relación con las desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Civil y el Franquismo, ha reconocido en la STS 101/2012, de 27 de febrero, que “los hechos (…) son de acuerdo con las normas actualmente vigentes, delitos contra la humanidad en la medida que las personas fallecidas y desaparecidas lo fueron como consecuencia de una acción sistemática dirigida a su eliminación como enemigo político”.
Las exhumaciones, tanto de las personas desaparecidas como ejecutadas extrajudicialmente que se encuentran en fosas comunes, tienen por finalidad no sólo aclarar la verdad de los hechos ocurridos, sino también restituir la dignidad de las víctimas y de sus familiares y promover el acceso a la justicia.
Por un lado, las exhumaciones tienen una dimensión humanitaria que implica la identificación y restitución de los restos de las personas desaparecidas y ejecutadas a sus familiares para que puedan “cerrar” el duelo congelado y puedan ser enterradas conforme a sus creencias. Aparte de la dimensión humanitaria, las exhumaciones pueden ser relevantes también en el marco de un procedimiento judicial para que los restos exhumados puedan constituir una prueba y al mismo tiempo permitir establecer los hechos y circunstancias que dieron lugar a la desaparición forzada o ejecución extrajudicial.
En enero de 2016, a petición de la jueza argentina Maria Servini de Cubría y mediante un exhorto internacional, se abrió una fosa común en el cementerio de Guadalajara en donde estaban enterrados los restos de 22 fusilados entre noviembre de 1939 y febrero de 1940.
Ascensión Mendieta, de 90 años, buscaba los restos mortales de su padre Timoteo Mendieta, que fue secretario general del sindicato UGT de Sacedón en 1936 y fusilado en 1939 por sentencia de muerte de las autoridades franquistas. Ana Messutti, una de las abogadas que lleva la querella argentina que investiga los crímenes de la represión franquista, señala que lo importante del caso es que “Ascensión Mendieta no solo tendrá los restos sino una resolución judicial que le diga que su padre fue asesinado”.
El derecho a la verdad perdura mientras no se esclarezca la suerte o paradero de la persona desaparecida y la falta de una investigación rápida y efectiva vulnera el derecho a la verdad y el acceso a la justicia. El derecho a la verdad también permite restablecer la dignidad de las víctimas y constituye una medida de reparación. Su denegación provoca sufrimiento y angustia a los familiares de las personas desaparecidas y constituye un trato inhumano según los tribunales internacionales de derechos humanos.
En España es imprescindible una política estatal de búsqueda de las personas desaparecidas, que no dependa de partidos políticos ni ideologías y que cumpla con la justa expectativa de los familiares de recuperar los restos de sus allegados y saber la verdad de lo que ocurrió. La exhumación de las fosas no sólo es una cuestión humanitaria, sino que también es una cuestión de justicia, que debe hacerse de oficio, sin esperar a que las víctimas inicien las actuaciones.
El pasado 27 de septiembre de 2021, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU volvió a insistir en la necesidad de que España remueva los obstáculos que impiden las investigaciones de casos de desapariciones forzadas y búsqueda de personas desaparecidas, como la Ley de Amnistía de 1977, además de la necesidad de acelerar la creación de un banco de ADN centralizado que permita la identificación de las víctimas.
A CORUÑA
El Comité de Memoria Histórica de Celanova, en Ourense, ha logrado localizar a los familiares de uno de los siete soldados republicanos asturianos fusilados en esa localidad por las tropas de Joaquín Ríos Capapé, el jefe de la Bandera de Falange de Marruecos originario de la localidad gallega, que viajó a Galicia con sus tropas para celebrar la toma de Madrid en marzo de 1939.
Los restos de los represaliados fueron hallados este año en una fosa común del cementerio de la localidad, y la investigación del Comité permitió conocer sus identidades. Pero nada se sabía de sus descendientes. De hecho, la familia del primero de los asesinados cuyos parientes han podido ser localizados no tenía noticias suyas desde que fue internado en 1939 en el campo de concentración de Celanova, uno de los más mortíferos del franquismo en Galicia.
El Comité de Celanova lleva meses buscando a los familiares de los muertos. Entre ellos a los de Abelardo Suárez del Busto, un albañil de 28 años que formaba parte de las últimas tropas de la defensa republicana de Asturias. Abelardo intentó huir a Francia con sus compañeros a bordo de un barco, el Gaviota, tras la caída de Gijón, pero todos fueron capturados por las tropas franquistas y, tras ser sometidos a un Consejo de Guerra, enviados a Celanova después de pasar por el siniestro campo de concentración de Camposancos, cerca de Tui, en Pontevedra.
Las tropas de Ríos Capapé fusilaron a Abelardo el 22 de septiembre de 1939. El tribunal que lo juzgó junto a varios de sus compañeros le condenó a muerte tras dar por probada su militancia en la UGT y en la Federación Anarquista Ibérica, una de las organizaciones políticas más activas en las primeras décadas del siglo pasado. También le acusaron de participar en el asalto a dos cuarteles militares franquistas durante la guerra.
Tras descubrir la fosa y estudiar los documentos forenses y eclesiásticos que relacionaban a los cadáveres hallados en ella con la represión desatada en Celanoa por las tropas de Ríos Capapé, los técnicos del Comité de Memoria empezaron a investigar para encontrar a las familias de los represaliados.
La única pista que tenían era un breve comentario en un blog firmado en el 2009 por Graciela, una mujer que preguntaba si alguien sabía qué había sido de Félix Suárez Del Busto, uno de los presos de Celanova. Pero el blog había sido desactivado hacía tiempo.
Graciela, a quien su familia conoce en realidad como Gracia, es junto a María José y Luis Enrique una de las tres nietas de Abelardo. Y explica la razón de que buscara a su abuelo Félix, y no a Abelardo: "Se llamaba Abelardo Félix, pero en casa siempre escuché referirse a él como Félix. En el 2009 intenté buscarlo. Tiempo después, dejé un poco de lado el asunto. Pero mi hermana María José y mi sobrina Irene me dijeron que debía insistir", cuenta.
El Comité inició la investigación sobre la fosa a finales de 2020. Había información sobre los fusilamientos y los nombres de los siete asturianos figuraban en publicaciones del historiador Domingo Rodríguez Teijeiro, de la Universidade de Vigo. Además, había otras evidencias "en fuentes orales indirectas de la existencia de la fosa en el cementerio parroquial de Celanova", aseguran fuentes de la organización.
El Comité publicó las actas de defunción de los siete asesinados e hizo públicas las causas que se llevaron contra ellos y que permanecen en el Archivo Militar de Ferrol. Trasladaron la documentación a la Dirección General de Memoria Democrática de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Asturias, que dirige Begoña Serrano, y a las asociaciones memorialistas asturianas. Y lograron localizar a las descendientes de Abelardo.
"Era hijo de un carretero. Era albañil. En casa eran muy pobres. No sabía leer ni escribir, por eso en los escritos de la causa aparece su firma con el dedo", explica Gracia, Graciela.
"Emilia, mi abuela, sabía que su marido había estado preso en Celanova. Su hijo mayor, Enrique, murió. Fue otro mazazo para ella, que se casó después por segunda vez. Mis padres emigraron a Francia y mi hermana y yo nos criamos con ellos. Mi madre murió hace tres años, justo un 3 de octubre. Este domingo, durante el aniversario, me dio por buscar en Facebook cosas sobre Celanova. Encontré la página del Comité, la información sobre el acto de la semana anterior en el patio del instituto, donde había estado la cárcel, con el Gobierno asturiano. Y apareció el nombre de mi abuelo… En seguida se lo dije a la familia, y mi sobrina Irene decidió escribir al Comité. Por eso estamos aquí", afirma.
Fuentes del Comité de Memoria de Celanova aseguran que la asociación es partidaria "de que se proceda a exhumar los restos que pudieran hallarse" en la misma fosa en la que se encontró el cadáver de Abelardo. Una iniciativa que, al amparo de la nueva ley de memoria democrática, en trámite parlamentario, "puede llevar adelante cualquier Administración pública", aseguran.
El Comité también es partidario, si así lo desean los familiares, de que puedan realizarse las correspondientes pruebas de ADN, "para confirmar" definitivamente las identidades de los asesinados. "Una vez realizada esta labor, la decisión sobre que hacer con los restos corresponderá a las familias o, en ausencia de familiares, al Gobierno de Asturias". "Mientras tanto, el Comité trabajará para que los nombres de los siete asturianos sean recordados en el lugar" y que éste "sea tratado como un espacio de memoria", concluyen.
