dissabte, 9 de desembre del 2023

El ángel mexicano de Azaña que lo salvó del infame falangista 'cazarrepublicanos'

 https://www.publico.es/culturas/angel-mexicano-azana-salvo-infame-falangista-cazarrepublicanos.html#md=modulo-portada-bloque:2col-t1;mm=mobile-big

Juanarete y Manuel Granell retratan en el cómic 'Plomo y gualda' a los refugiados españoles durante el exilio del presidente de la Segunda República en Francia.


Manuel Azaña, en el cómic 'Plomo y gualda', de Juanarete y Manuel Granell.
Manuel Azaña, en el cómic 'Plomo y gualda', de Juanarete y Manuel Granell.  GP Ediciones

Manuel Azaña podría ser simplemente la excusa. Un presidente en el exilio, perseguido por las huestes franquistas, en una Francia atestada de refugiados españoles. Un intelectual que, antes de intuir el final de sus días, atraviesa los Pirineos con la firme convicción de no regresar a España. Un hombre encamado que ya no podrá verse forzado a la extradición, pero tampoco ser un republicano más embarcado en un buque rumbo a Veracruz.

El subtítulo de la novela gráfica alude, sin embargo, a su entierro en Francia. Y el título, a un imborrable recuerdo de juventud, cuando cabalgaba por los montes de Alcalá de Henares junto a su hermano y, oteando el horizonte, proclama: "Plomo y gualda tenían los cielos, con fulgores de maravilla". Una escena que se proyecta una y otra vez en su cabeza, poco antes de su fallecimiento, en una habitación del Hôtel du Midi de Montauban.

"Es el macguffin que hemos empleado para hablar de personajes como Juan Negrín, Lluís Companys o Cipriano Rivas Cherif, hermano de Dolores, la esposa Azaña, así como de otras personalidades muy cualificadas de la Segunda República perseguidas por el Servicio Exterior de Falange", explica el guionista Juan Pérez Fernández, Juanarete, coautor de Plomo y Gualda (GP Ediciones), cuyas ilustraciones corren a cargo de Manuel Granell.

Así, el protagonista del cómic es, en realidad, Luis Rodríguez Taboada, embajador de México en Francia y encargado de organizar, por orden del presidente Lázaro Cárdenas, la evacuación de los refugiados españoles. El ángel de la guarda de Azaña, aunque también se empeñó en auxiliar a figuras como Negrín o Carmen Ibáñez, la mujer de Cipriano, secuestrado por la Gestapo y condenado a muerte, pena conmutada por treinta años de cárcel.

"El punto de partida es la persecución de Falange Exterior a los refugiados republicanos, sobre todo a Azaña, un personaje crucial porque representa a la máxima autoridad española en el exilio francés", añade Juanarete, quien introduce a un siniestro personaje como antagonista de Luis Rodríguez: el agente franquista Pedro Urraca, que acosa al presidente, con la ayuda de la Gestapo, cuando ya es un hombre postrado y vencido.

Esa "inquina rencorosa" es descrita por la prologuista de la novela gráfica sin tapujos. Gracias a las memorias del embajador mexicano, "hoy podemos conocer con detalle la enconada persecución a la que Franco sometió a Azaña hasta su lecho de muerte", la habitación del citado hotel, convertido en una extensión de la legación diplomática del Gobierno de Cárdenas, que protege al presidente de los cazadores de rojos que lo acechan.

Viñeta del cómic 'Plomo y gualda. Entierro mexicano de Azaña en Francia', de Juanarete y Manuel Granell.
Viñeta del cómic 'Plomo y gualda. Entierro mexicano de Azaña en Francia', de Juanarete y Manuel Granell. 

"Esta actitud abyecta del funcionario servil personifica la vileza de Franco, que se venga de forma tan cobarde de quien le precedió en el puesto de jefe del Estado", escribe Loreto Urraca, cuyo apellido les resultará familiar. "Me avergüenzo de ser la nieta de un ruin", confiesa la autora de Entre hienas (Funambulista), donde ajusta cuentas con su abuelo, responsable de la detención de Companys, el presidente de la Generalitat que luego sería fusilado.

No escatima adjetivos para calificar a "los ojos de Franco en Francia", desde "chivato" hasta "hiena", si bien Juanarete va más allá de su misión en un régimen de Vichy rendido ante los nazis y lo tilda de ser "abyecto y despreciable", pues, más allá de un "facineroso", fue "un usurpador y un ladrón que robó cómo pudo, cuánto pudo y a quién pudo", incluidos a los judíos que huían del Tercer Reich, por lo que en 1948 la Justicia gala lo juzgó en rebeldía y lo condenó a muerte por colaborar con Hitler.

Pese a que el cómic es historia, tampoco conviene destripar cada detalle, aunque el lector asiste a la impotencia de Azaña dando tumbos por Francia acompañado de su familia: "La guerra ha aniquilado mi utilidad política. Me ha inscrito en el cuerpo de inválidos", afirma quien fue un traidor para Pasionaria. "Estaba en el punto de mira de los franquistas, pero los comunistas y los anarquistas también lo tenían cruzado, por lo que podemos hablar del personaje más odiado y vilipendiado por ambos bandos", asegura Juanarete.

Con Pedro Urraca pisándole los talones, Luis Rodríguez improvisa una legación diplomática en el Hôtel du Midi, donde los falangistas y los nazis vigilan el vestíbulo mientras el capitán Antonio Haro y los simpatizantes del presidente lo protegen "heroicamente". El amparo que le proporciona Lázaro Cárdenas refleja que, además de las motivaciones ideológicas y humanitarias, para su Gobierno la intelectualidad era un valor a preservar y una fuente de riqueza que debía recalar en su país.

"Entre los exiliados se hallaba la flor y la nata política, literaria, económica y profesional, que era bienvenida en Latinoamérica", concluye Juanarete, quien estima la meritoria labor de Cárdenas y sus diplomáticos para salvar a los refugiados españoles. Sin embargo, Azaña nunca pudo partir a Veracruz con su esposa, Dolores, quien se exilió con su hermana Adelaida y su cuñada Carmen, cuyo marido, Cipriano, se reencontraría con ella en 1947 tras salir de prisión.

Viñeta del cómic 'Plomo y gualda. Entierro mexicano de Azaña en Francia', de Juanarete y Manuel Granell.
Viñeta del cómic 'Plomo y gualda. Entierro mexicano de Azaña en Francia', de Juanarete y Manuel Granell. 

Por las páginas de Plomo y gualda también desfilan Winston Churchill, Philippe Pétain o el ministro falangista Ramón Serrano Suñer, el Cuñadísimo. No obstante, destaca la labor de Felipe Gómez-Pallete, secretario de Azaña en el exilio y encargado de ponerle una inyección letal en el caso de que corriese peligro de ser capturado y extraditado a España. Pese a la orden que había recibido, su médico personal prefirió suicidarse antes que tomar esa decisión.

"Le había jurado a don Manuel inyectarlo de muerte cuando le viera en peligro de caer en las garras franquistas. Ahora que lo siento de cerca me falta el valor para hacerlo. No queriendo violar este compromiso, me aplico yo mismo la inyección para adelantarme a su viaje", le escribió al embajador mexicano. Unas líneas que forman parte de la historia, como muchas otras, aunque tamizadas por la labor de edición y síntesis de Juanarete, artífice junto a Granell de la recreación de la infructuosa caza de Azaña.

Manuel Granell: "Apenas había fotos de las mujeres"


¿Cuál fue el reto de ilustrar un relato histórico como este?


La documentación es importantísima, porque trabajo con personajes muy conocidos. El reto ha sido reflejar esa época lo mejor posible y que todo, desde un coche hasta un uniforme, sea real y creíble. Y, por supuesto, que no haya gazapos.

¿Cómo refleja la psicología de los personajes, porque algunos son menos conocidos?

Sin duda, lo más difícil ha sido dibujar a las mujeres, porque en aquella época no las fotografiaban. Claro que hay fotos de la mujer de Azaña, pero de grupo, en fiestas o ya de mayor. En cambio, de joven existen pocas. En el caso de Carmen Ibáñez, por ejemplo, solo encontré la foto carné de cuando se exilió en México. No hay nada sobre ellas, por lo que me las tuve que inventar…

Siempre le ha gustado la documentación, aunque debe resultar complicado colorear una vida en blanco y negro.

Junto a ese trabajo, también me interesan los años treinta. No obstante, una de las dificultades es que las fotografías de la época son en blanco y negro. Por eso, si quieres saber de qué color era, por ejemplo, un uniforme, tienes que visitar los museos militares.

En todo caso, no es un color estridente.

El de los originales resulta más vivo, pero en las reproducciones queda un poco apagado porque el papel es más absorbente. Sin embargo, ese efecto ha gustado porque le da un tono más de la época, como gastado.

Y cómo le da vigor a la trama, porque hay mucho movimiento y también acción.

Es un libro dinámico, en el que el lector también asiste a la irrupción de la Segunda Guerra Mundial. La misión del dibujante, como la del cineasta, es saber ver un guion: "¿Tú cómo lo harías?". En mi caso, lo estoy leyendo y ya me lo imagino: lo estoy viendo.

En el fondo, ilustra el exilio, un protagonista más del cómic.

Una parte muy importante, por eso es un cómic muy didáctico. Más allá del dibujo, habla del desplazamiento, del destierro, de vivir en otro lugar… Hay un detalle que quizás haya pasado desapercibido, pero en las viñetas del exilio suele haber un fotógrafo. O sea, siempre hay alguien que lleva una cámara consigo. Es mi homenaje a esos grandes profesionales, porque sin ellos no tendríamos esas imágenes tan valiosas.

"Por ser honrado muero pobre": Javier Elola, el juez que odiaba la injusticia y fue asesinado por el franquismo

 https://www.infolibre.es/politica/honrado-juez-muero-pobre-javier-elola-fiscal-incomodo_1_1660805.html?utm_source=infoLibre&utm_campaign=9d4656c627-EMAIL_CAMPAIGN_10_26_2022_15_37_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1967a1cfd3-9d4656c627-105384885


El magistrado y fiscal general Javier Elola, en el centro.

Cuando el régimen republicano estaba a punto de desmoronarse, Francisco Javier Elola y Díaz Varela pudo haber salvado la vida. Sólo tenía que recorrer un puñado de kilómetros y cruzar la frontera con Francia. Pero no lo hizo. A diferencia de otros muchos juristas, el magistrado del Tribunal Supremo y primer fiscal general de la Segunda República se quedó en Barcelona. Y allí fue detenido por las autoridades franquistas. Él sabía que no había hecho nada malo. Que sólo había cumplido con sus deberes constitucionales. "El Estado naciente podrá calificarnos de afectos o desafectos, de leales o de sospechosos, de confianza o desconfianza, pero jamás como rebeldes", defendía. Sin embargo, el jurista fue condenado a muerte por quienes algún día fueron sus compañeros. Y fusilado en el Campo de la Bota de Barcelona.

Elola siempre fue un firme defensor del Estado de Derecho. Por eso no cabía en el nuevo régimen de no derecho instaurado por sus verdugos. Él, que se mantuvo leal al orden constitucional y democrático, considerado reo de rebelión por instruir causas contra quienes, realmente, se habían alzado en armas contra la Segunda República. "El procesamiento y asesinato del juez era parte de la gestión de la memoria y la historia que hacen los verdugos: negar el pasado, manejar el relato y borrar sus culpas", detallan los historiadores Lourenzo Fernández y Antonio Míguez en el libro En memoria de Francisco Javier Elola (Tirant Lo Blanch), promovido por la Fiscalía General del Estado para sacar del olvido al jurista ochenta y cuatro años después de su asesinato.

Nacido en la localidad lucense de Monforte de Lemos, la historia del juez comenzó a escribirse a comienzos del siglo XX. En 1905, cuando apenas llegaba a la treintena, Elola consiguió aprobar la oposición a la carrera judicial y fiscal. Comenzó a ejercer en Vigo. Y en los años siguientes estuvo destinado en Luarca, Sarria, Ponte Caldelas o La Biscal. Durante la dictadura de Primo de Rivera, dio sus primeros pasos en el asociacionismo judicial como presidente de la llamada Unión Judicial. Y entró a formar parte como vocal de la llamada Junta Organizadora del Poder Judicial, precedente remoto del actual Consejo General del Poder Judicial. Un cargo al que, sin embargo, no tardó en renunciar dada la resistencia del régimen a colmar las ansias regeneracionistas.

La imagen que Francisco Javier Elola Somoza tiene de su abuelo es la transmitida durante décadas en el seno de la familia. Al fin y al cabo, él nació doce años después de su asesinato. "Fue un juez de enorme prestigio, tanto dentro como fuera de España", recuerda en conversación con infoLibre. En julio de 1926, de hecho, fue elegido por el Gobierno para asistir al I Congreso Internacional de Derecho Penal, celebrado en Bruselas. Y tres años después, al segundo cónclave de este tipo en Bucarest. Un prestigio que le terminaría convirtiendo en el primer fiscal general de la Segunda República. Un "honor erizado de dificultad", como él decía, que tuvo una gran acogida. "Que me sentencie el pueblo, que es para mí el más alto tribunal, si no cumplo con mi deber", decía Elola.

Su nieto, además, le recuerda como una "magnífica persona" de "carácter marcadamente progresista". Sólo hay que ver, completa al otro lado del teléfono, algunas de las sentencias dictadas a lo largo de su carrera. Fallos transgresores para la época en la que le tocó vivir. En los juicios sobre el impago de alquileres, siempre terminaba respaldando al inquilino que no podía hacer frente al pago o a la subida anual impuesta por el propietario. E impedía los desahucios. "Incluso falló en contra de un casero hidrófobo recordándole que el acto de bañarse no podía ser motivo de sanciones contra su inquilino", apunta la investigadora María Torres en uno de los capítulos del libro, cuya elaboración se ha encargado de coordinar el fiscal César Estirado.

Impronta dejó también una sentencia de 1932, en la que condenaba a un hombre casado a pagar una pensión mensual a una joven de 16 años a la que había engañado. O sus discursos a favor del divorcio poco antes de que la Constitución republicana contemplase la disolución del matrimonio: "Soy convencido partidario de la legalización civil del divorcio en su sentido más amplio. Constituye la liberación de un vínculo que pretende unir en vano lo que el corazón rompió. Debe acometerse su implantación bajo la fórmula contenida en el principio de la 'discrepancia objetiva' o motivación 'sine causa' por el disenso de los cónyuges, estimado en conciencia, mediante el seguro y libre arbitrio judicial y con garantías sociales y económicas para los hijos".

"Los jueces son eminentemente conservadores, cuando no retrógrados"

Elola apenas ocupó el cargo de fiscal general del Estado durante un par de meses. Dimitió en cuanto se le nombró magistrado del Supremo. Una condición que compatibilizó durante un tiempo con la de diputado. Fue elegido para las Cortes Constituyentes por el partido radical de Alejandro Lerroux, si bien coincidiendo con el giro derechista de la formación decidió pasar a ser independiente. Durante esta etapa en la política, sus intervenciones se alejaban de la política general y tenían la justicia como tema principal. Elola siempre defendió la independencia judicial. Pero, al mismo tiempo, no le gustaba la idea de "un poder judicial fuerte, absoluto, autónomo y único". No quería oír hablar de una "oligarquía judicial" que el día de mañana pudiera "imponerse y enfrentarse con la democracia".

Algunos de los discursos del juez en aquellas Cortes Constituyentes deslizaban cierta desconfianza sobre el funcionamiento del sistema. "Hay que reconocer que los jueces tienden, evidentemente, al conservadurismo; son eminentemente conservadores, por no decir retrógrados"apuntaba en el hemiciclo. Y añadía: "La magistratura está acostumbrada a fundar su criterio, a establecer principios con fórmulas cabalísticas, y algunas veces arbitrarias, desnaturalizando en absoluto el sentido de las Constituciones y el sentido de la democracia, y por eso, al atribuirse ese poder a los jueces, lo que se hace es no sólo invadir las funciones del Parlamento, [...] sino imposibilitar la vida continua y normal del derecho".

Tras el golpe de Estado de 1936, Elola fue nombrado presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y designado como magistrado especial para la instrucción de la causa abierta por el intento de rebelión en Madrid, en el que el principal procesado era el general golpista Joaquín Fanjul Goñi. Un procedimiento en el que Elola defendió con firmeza, a pesar del delicado contexto sociopolítico, la necesidad de un juicio justo. Él era partidario de admitir las diligencias de prueba de descargo propuestas por la defensa del general. Por eso, el hecho de que se llevase a cabo un juicio sumarísimo en apenas tres horas contra el principal acusado generó un rechazo enorme en el juez, quien finalmente acabaría siendo apartado del procedimiento.

Elola, al que luego se le designaría como instructor de otro expediente por la rebelión militar a nivel nacional, también se negó a participar en los Tribunales Populares. Algo que, de hecho, provocó un tenso enfrentamiento con el entonces presidente del Supremo. Y también se negó a que se condenara sin pruebas a algunos compañeros de la judicatura a los que el Servicio de Inteligencia Militar acusaba de actuar en favor del bando golpista. "Trágicamente, algunos de estos magistrados que realmente sí estaban confabulados con el bando rebelde, una vez socorridos por Francisco Javier, abandonaron a éste a su suerte cuando poco después sufrió la represión más arbitraria", recuerda el fiscal Estirado en el libro que ahora recupera su memoria.

"Salvó muchas vidas"

Elola fue detenido en Barcelona a comienzos de 1939. Y en menos de un mes se estaba celebrando ya su Consejo de Guerra, lo que evidencia el carácter prioritario que los golpistas daban a este caso. Al juez se le acusó de rebelión por las causas que había instruido contra responsables del golpe de Estado de 1936. Y de poco sirvieron las declaraciones de testigos poniendo en valor el sentido de humanidad de un magistrado que siempre que podía votaba a favor de la concesión de indultos. "Salvó muchas vidas", señaló en el procedimiento un compañero del Supremo recordando el caso del doctor Gómez Ulla, al que se le conmutó la pena de muerte tras ser condenado por intentar pasarse al bando golpista. "Su actuación fue irreprochable", dijo otro testigo.

Pero su futuro ya estaba escrito mucho antes de aquel paripé al que se llamó juicio. El 18 de abril de 1939, el Alto Tribunal de Justicia Militar confirmó la condena a muerte del magistrado. Y tres semanas después, el 13 de mayo, Elola fue ejecutado al alba en el Campo de la Bota de la Ciudad Condal. Aquella sentencia, además, dedujo testimonio para incautar sus bienes. "Pero mi abuelo no había dejado prácticamente nada. Sólo cuatro huérfanos", recuerda hoy su nieto. Lo único que encontraron fueron unas acciones por valor de 18.000 pesetas, que primero se embargaron y posteriormente se devolvieron tras una reforma de la Ley de Responsabilidades Políticas que elevó a 25.000 pesetas el mínimo para ejecutar una sanción de este tipo.

"Por ser honrado juez, muero pobre", escribía Elola el 30 de abril de 1939, pocos días antes de ser fusilado, desde la Prisión Militar de Barcelona. Aquella carta, que aún conserva la familia, fue remitida a su amigo Felipe Sánchez-Román, catedrático de Derecho, al que le pedía, antes de que cayesen "sus despojos en la tierra como simiente" y su alma fuese "a regiones de libertad", que hiciera todo lo que estuviese en su mano para poner a sus hijos "en camino de un honroso porvenir" y para que ellos pudiesen limpiar su nombre. "Habrán de instar lo necesario para que se revise mi proceso ante el mundo. [...] Y que la justicia sea estricta, sin odio, sin venganza, pero recta y firme", continúa la misiva. Y concluye: "Cuando suene la hora sonará la de la justicia y la libertad por las que muero".

Vila-real avanza en la exhumación de su fosa común: ya hay 22 víctimas localizadas

 https://castellonaldia.elmundo.es/comarcas/vila-real/vila-real-avanza-en-la-exhumacion-de-su-fosa-comun-ya-hay-22-victimas-localizadas-LJ17878399


La fragmentación de los huesos complica la labor para reconstruir los esqueletos al completo, pero faltan las pruebas de ADN de cuatro familias que lo han solicitado

sábado, 9 diciembre 2023 - 14:10

La Concejalía de Memoria Democrática del Ayuntamiento de Vila-real ha recibido las conclusiones de los trabajos realizados por la empresa especializada ArqueoAntro para exhumar e identificar los restos conservados en la fosa común del Cementerio Municipal con el objetivo de localizar a víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo.

Las conclusiones de estos primeros trabajos de recuperación y análisis constatan que los restos óseos localizados corresponden al menos a 22 individuos aunque, debido al estado de fragmentación de los restos, los expertos advierten que no será posible la individualización completa de los esqueletos.

El equipo de ArqueoAntro, dirigido por Miguel Mezquida, señala además en su informe que, aunque se han observado diferentes huesos y fragmentos de hueso con signos de violencia, resulta imposible determinar si se trata de víctimas de la Guerra Civil o de la represión franquista, por lo que será decisivo el análisis genético posterior a partir de las muestras que faciliten las familias interesadas en localizar a víctimas.

En este sentido, si bien la exhumación de la cripta del Cementerio Municipal ha sido impulsada por el Ayuntamiento a petición de la familia de José Pla Pitarch, represaliado por el franquismo y asesinado el 16 de agosto de 1939, como ya anunció el alcalde de la ciudad, José Benlloch, este trabajo para reparar la dignidad y la memoria de las víctimas se ofrece a todas las personas interesadas en localizar a familiares. De hecho, otras tres familias han demandado también la identificación de restos para tratar de localizar a sus víctimas.

La concejala de Memoria Democrática, Sabina Escrig, ha agradecido el trabajo y profesionalidad del equipo de ArqueoAntro “que nos ha permitido dar un paso fundamental en el proceso de restauración de la memoria democrática para reparar la dignidad de las personas que murieron durante la Guerra Civil y la represión y cuyas

familias tienen derecho a recuperar sus restos y darles sepultura”. Una restauración de la memoria “amparada por la Ley de Memoria Histórica y la Ley de Memoria Democrática valenciana que, como siempre hemos dicho, no trata de enfrentar a bandos ni de abrir ninguna lucha, sino que es una cuestión de derechos, justicia democrática y dignidad, independientemente de las circunstancias de cada persona”, remarca Sabina Escrig.

Un alcalde del PP tendrá que cambiar el nombre de diez calles con nombres franquistas tras años de batalla judicial

 https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/social/alcalde-pp-tendra-cambiar-nombre-diez-calles-nombres-franquistas-anos-batalla-judicial_1_10744715.html


Plaza del Generalísimo en Fuensalida


Fuensalida, una localidad de no más de 13.000 habitantes, a medio camino entre Toledo y Madrid. Su nombre es famoso porque es una de las 'ciudades del calzado' más importantes de España. Cuenta además con otra particularidad: es de las localidades del país con más nombres que homenajean a la dictadura franquista. Hasta ahora. O por lo menos, hasta un futuro cercano, ya que una sentencia judicial dice que estos nombres deben cambiarse.

Tras las elecciones del pasado 28 de mayo, será un alcalde del PP el que deberá encargarse del cambio de denominación: José Jaime Alonso, que también fue viceconsejero de Educación en el Gobierno de María Dolores Cospedal.

Son diez las calles cuyo nombre deberá ser modificado: la dedicada al General Asensio, General Mola, General Moscardó, General Varela, General Yagüe, la que homenajea a los 'Héroes del Alcázar', la calle Onésimo Redondo, la dedicada a Queipo Llano, la calle 18 de julio y la calle General Barrón. Además, se deberá sustituir el nombre de la plaza Generalísimo y el la plaza José Antonio. 

En un principio se solicitó también el cambio de la calle Millán Astray, pero esta petición fue recurrida por la 'Plataforma Patriótica Millán Astray' y el recurso fue aceptado, por lo que se retiró la calle del proceso judicial.

Uno de los pueblos con más calles franquistas

Aunque es difícil conocer realmente la situación del callejero con alusiones franquistas, Fuensalida es, según todos los registros realizados hasta ahora, uno de los lugares con más calles de este tipo de todo el país. Según el proyecto 'Debería desaparecer', que recopila miles de vestigios franquistas en el callejero español, encabeza la lista junto a otros lugares como León o la localidad murciana de San Pedro del Pinatar, que también ostentan por lo menos una decena de calles en su plano.

La sentencia la interpuso la Asociación para la Defensa de la Ley de Memoria Histórica y la Retirada de los Símbolos Franquistas, un pequeño colectivo de juristas de Salamanca que inició varios procesos allá por el año 2017. La sentencia que afecta a Fuensalida se resolvió a finales de 2022. La tardanza se debe a que hubo una serie de recursos al primer auto judicial de hace ya seis años y en el proceso llegó incluso a personarse la Asociación 'Plataforma Patriótica Millán Astray'. Finalmente, la calle Millán Astray se sustrajo del litigio y se mantiene con ese nombre en la localidad.

Gorka Esparza, uno de los miembros de la asociación, explica que ahora preparan una demanda de ejecución forzosa de sentencia y que la presentarán de manera “inminente”. “Es un proceso que en general no es rápido, nunca lo es un contencioso, y los juzgados nos han puesto muchas zancadillas”, resalta el abogado.

Comenzaron con una serie de recursos en varios ayuntamientos, y poco a poco fueron “abandonando” la tarea memorialista, gracias a la acción de “un senador y un abogado” que aceleraron la retirada de los símbolos. “Aunque en Castilla-La Mancha ha sido a regañadientes”, reflexiona.

El senador en cuestión es Carles Mulet, ya exrepresentante de Compromís en la Cámara Alta, que movilizó una serie de requerimientos a centenares de municipios por toda España para la retirada de simbología franquista y cambio de denominaciones de calle. El abogado al que hace referencia Esparza es Eduardo Ranz, experto en memoria histórica y que ha movilizado una serie de iniciativas para el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.

La situación en Toledo, “especialmente llamativa”

Los recursos que inició en 2017 la asociación comenzaron de la manera más sencilla: consultando el INE. “Empezamos a mirar uno por uno y la situación en Toledo era especialmente llamativa”, señala Esparza. Llamativa en cuanto eran decenas las calles dedicadas a figuras franquistas.

De hecho, el caso de Fuensalida ya es el último de varios que se han resuelto, a pesar de que se les “atascó”, porque hubo incluso un recurso que quiso poner en cuestión su “legitimación” para exigir el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica en la región, ya que venían de la vecina Castilla y León. El Tribunal Superior de Justicia regional les dio finalmente la razón en 2019, para continuar con los procesos judiciales. También iniciaron procedimientos en localidades como Recas, Malpica de Tajo o San Román de los Montes.

“Fuimos muy cautos entonces. Ahora, con la nueva Ley de Memoria Histórica, incluso se podría apelar al cambio de otras calles que hacen referencia, por ejemplo, a la División Azul. Entonces no lo teníamos muy claro, pero ahora el proceso se ha ido acelerando y casi todos los ayuntamientos los han ido quitando”, finiquita Esparza.

Ahora, con la nueva Ley de Memoria Histórica, incluso se podría apelar al cambio de otras calles que hacen referencia, por ejemplo, a la División Azul.

Gorka Esparza  Abogado

El alcalde dice que cambiará las calles, pero lamenta el “perjuicio”

El alcalde de Fuensalida deberá acatar la sentencia, que es firme, puesto que no se interpuso ningún recurso de apelación en su contra, José Jaime Alonso ha acusado al anterior equipo de Gobierno local liderado por el socialista Santiago Vera, de mantener “oculto” el fallo judicial. El Ayuntamiento actualmente estudia varias propuestas para el cambio de nombre.

“Va a haber alguna novedad con ilustres fuensalidanos, tantos hombres como mujeres que representan los valores del pueblo. Estamos navegando entre documentos para rescatar ese sentir de la gente”, ha afirmado Alonso, según informa Fidel Manjavacas.

Alonso ha declarado que aunque acatará la ley, “sin ningún tipo de rechazo social ni corriente contraria a cambiar el nombre de las calles”, también ha señalado que la situación supondrá un “perjuicio de manera innecesaria” para los residentes y que muchas de las personas afectadas han ido a preguntar si tienen que cambiar el nombre en sus escrituras o la dirección en los comercios.

El mismo Ayuntamiento, que actualmente está ubicado en la plaza del Generalísimo, deberá llevar a cabo estos cambios, como la documentación, membretes, informar a Correos de España o al registro. Así lo ha señalado Alonso, que ha resaltado el coste económico que podrá tener la medida para las arcas municipales.

“Hay que adaptarse la legislación que hay, pero lo coherente es que este proceso judicial hubiera sido todo lo transparente que debe ser, que los funcionarios hubieran tenido conocimiento de cómo se va produciendo y que el Ayuntamiento hubiese preguntado a los vecinos si consideraban oportuno o no recurrir -la sentencia-. Lo que no cabe de una persona responsable es ocultar la sentencia y guardarla en un cajón”, finaliza el alcalde.

El exalcalde se defiende

Por su parte, Santiago Vera ha asegurado que “no se ocultó nada”. El exalcalde socialista, actualmente director general de Acción Social en Castilla-La Mancha, en la Consejería de Bienestar Social, ha lamentado el “desconocimiento” del nuevo alcalde de la localidad. “Tendría que ser más prudente porque si no va a acabar en los tribunales”, ha advertido en declaraciones a Toledodiario.

Vera señala que tras los resultados de las elecciones municipales del pasado mes de mayo, quiso “dejar rematado” este y otros “asuntos judiciales y administrativos” ante de dar el relevo en el gobierno municipal.

Explica que no se llevó a cabo el cambio, porque “teníamos claro que teníamos que hacerlo desde el consenso y el PSOE no tenía mayoría en el Pleno”. Vera también reprocha la valoración que hace Alonso de su cumplimiento. “Decir que cumplir la ley es un perjuicio, es digno de todo un independentista catalán y un auténtico disparate de quien se salte la ley cuando quiere”, ha criticado en relación a las palabras de Alonso.

IU promovió en 2016 la primera Marcha por la Memoria Democrática en la localidad, para llamar la atención de unas 17 denominaciones franquistas en la localidad. La entonces concejala de la formación, Patricia Ballesteros, recordaba que la iniciativa era “para que nunca se nos olvide quienes fueron los generales golpistas ni los nombres de quienes lucharon por la libertad de nuestro pueblo”.