dissabte, 26 d’octubre de 2019

EXHUMACIÓN FRANCO “Esto puede acabar con el prior esposado”.


https://elpais.com/politica/2019/10/26/actualidad/1572053788_691699.html#?sma=newsletter_alerta20191026




EL PAÍS reconstruye la negociación con los Franco y todos los incidentes del traslado del dictador. El Gobierno dispuso "un teléfono rojo" en el Valle de los Caídos para comunicarse con Sánchez

Asistentes al entierro de Francisco Franco en el Valle de los Caídos, el 23 de noviembre de 1975 y exhumación de los restos del dictador, el pasado jueves.
Asistentes al entierro de Francisco Franco en el Valle de los Caídos, el 23 de noviembre de 1975 y exhumación de los restos del dictador, el pasado jueves. EFE
“Se puede romper. Yo no garantizo nada”. Fue lo último que dijo el empleado de la funeraria que el jueves sacó el ataúd de Franco de su tumba en el Valle de los Caídos antes de entregárselo, a las 12.30, a sus familiares para que lo llevaran a hombros hasta el coche fúnebre. Temía que el féretro se resquebrajase durante el traslado, y pronunció esas palabras, resignado, después de presenciar el penúltimo pulso entre la familia del dictador y el Estado. Antes del jueves había hecho muchas operaciones aparentemente parecidas, y todas ellas se habían resuelto cambiando el ataúd defectuoso por otro nuevo. Pero el jueves todo era distinto: antes de ponerse delante de la tumba había tenido que firmar un contrato de confidencialidad; la funeraria, al igual que los marmolistas y miembros del Gobierno, habían recibido amenazas de muerte —por carta, con llamadas telefónicas, pintadas, correos electrónicos y en foros ultraderechistas—; esa mañana le observaba una ministra, una nieta del difunto no dejaba de maldecir a las autoridades, y el mundo entero estaba esperando, al menos los 18 países que enviaron periodistas para informar de su trabajo. Era el hombre que iba a desenterrar a Franco 44 años después.
La pelea por el ataúd fue solo uno de los momentos de tensión de una jornada histórica que, como tal, incluyó un teléfono rojo y frases lapidarias que tardarán en olvidarse, como el familiar de un dictador gritando “¡Esto es como una dictadura!” en un forcejeo con la policía en el panteón de Mingorrubio. Lo que sigue es la reconstrucción de la expulsión de Franco de su mausoleo y su regreso a El Pardo.

1. LA NEGOCIACIÓN: “Esto puede acabar con el prior esposado”

La negociación abarca más de un año y tiene tres personajes clave: Francis Franco, el nieto del dictador que cambió el orden de sus apellidos, colocando el Martínez-Bordiú en segundo lugar, para “perpetuar el legado familiar”; su abogado, Luis Felipe Utrera Molina, hijo del ministro franquista José Utrera Molina, y Félix Bolaños, secretario general de la presidencia del Gobierno. Antes del fallo del Supremo avalando la exhumación, Bolaños y Utrera Molina se citaron fuera de La Moncloa, en un hotel que el Gobierno utiliza a veces para reuniones discretas. Entre el 24 de septiembre y el 23 de octubre lo hacen tres veces más, con Francis Franco, en la sede del Ejecutivo. Durante esos encuentros, la familia pide honores militares para el dictador; que los 23 benedictinos que viven en el Valle de los Caídos estén presentes en la exhumación; que el féretro se cubra con la bandera preconstitucional que llevaba el día del entierro, en 1975; que el prior dé una misa en el mausoleo y que ellos puedan sacar a hombros el féretro. El Gobierno rechaza los honores, prohíbe la bandera y la presencia de los benedictinos, acepta un “breve responso” de Santiago Cantera y que los nietos y bisnietos porten el ataúd hasta el coche fúnebre. Todo queda planeado al milímetro.
En esas negociaciones, la familia no logra aclarar si los restos de Franco estarían “embalsamados o solo conservados”, pero pone como “línea roja” la manipulación de los restos. Los nietos del dictador depositan grandes esperanzas en que el prior - que llegó a amenazar por carta a la vicepresidenta con denegarles la entrada-, frene el traslado. El Gobierno pide al arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, que le haga entrar en razón, advirtiéndole de que la primera imagen de la exhumación de Franco puede ser la del benedictino saliendo esposado del recinto. El prior se rebela, pero finalmente, claudica, como lo hace el juez José Yusty, hijo y nieto de almirantes franquistas, que intentó suspender la exhumación alegando riesgos para la integridad física de los operarios. Su causa por la licencia de obra, en todo caso, no habría frenado la operación. Dieciséis meses después de que se conocieran los planes para trasladar a Franco fuera del Valle de los Caídos, el Gobierno tiene vía libre.

2. LA LLEGADA. Rebelión del prior y desafío de Francis Franco

El Gobierno cita al prior en la cafetería del Valle de los Caídos para entregarle su acreditación y reunirlo con la familia, que ha sido recogida en tres puntos de Madrid y trasladada con escolta hasta Cuelgamuros. Santiago Cantera se presenta con cinco benedictinos, pese a que le habían dicho que solo podía entrar él. Dice que necesita “ayudantes” para el responso y que o entran todos o él tampoco. Fran Marín, jefe de gabinete de Bolaños, le comunica por walkie-talkie la situación. Es el encargado de vigilar todo lo que ocurre fuera de la basílica. El secretario general de presidencia, ya dentro, insiste en que debe entrar solo. Finalmente, el prior, se rinde.
Pese a la prohibición expresa del Gobierno, Francis Franco se presenta con una bandera preconstitucional en la mano. La Guardia Civil se lo comunica a Bolaños, que ordena requisarla y entregársela, después de la exhumación, a los familiares que viajarán en coche hasta Mingorrubio en lugar de al propio Francis, que acompañará al féretro en helicóptero. El nieto de Franco protesta, porque quería ponerla sobre el féretro al salir de la basílica.

3. EXHUMACIÓN. Cuerdas naranja fosforito y un teléfono rojo

Comienza a las 10.45. Primero entran tres marmolistas para levantar la losa de 1.500 kilos. Han firmado, al igual que los cuatro empleados de la funeraria, un contrato de confidencialidad. Alrededor de la lápida se ha colocado una carpa para impedir la toma de imágenes, aunque todos han tenido que pasar un escáner y dejar sus teléfonos móviles en unas bolsas preparadas al efecto, excepto Francis Franco, que lo introduce en un maletín porque tardará más tiempo en recuperarlo al ser el único familiar que acompañará al féretro en el helicóptero. Los agentes le dan a elegir entre quedarse el maletín o la llave que lo abre y él escoge el maletín. Dentro de la carpa solo entran, al principio, Cristóbal y Merry Martínez Bordiu; la ministra de Justicia, Dolores Delgado; Bolaños;  el subsecretario de presidencia, Antonio Hidalgo; el forense, Vidal Santos Yusta, director del Instituto de Medicina Legal de jurisdicción estatal y los siete operarios. Todos llevan un mono blanco y una mascarilla.
Merry Martínez Bordíu está furiosa e insulta en repetidas ocasiones a las autoridades, según fuentes del Gobierno. Lleva consigo un bloc en el que, al igual que su hermano Francis, toma notas. Antes de la exhumación se ha sentado en el suelo, junto a la lápida, hasta que Bolaños le ofrece una silla. Su hermano Cristóbal está más relajado e incluso alaba el cuidado de los operarios que usan una radial sobre el suelo y aspiran rápidamente los cascotes. La losa se retira sin incidencias a las 11.30. El aspecto del féretro, cubierto de polvo, parece bueno. Las autoridades respiran aliviadas, porque creen que acaban de evitarse un enfrentamiento con la familia para trasladar los restos a uno de los tres ataúdes que habían hecho llevar (dos de madera y uno metálico) por si, como creían, el de 1975 no estaba en condiciones para el traslado. Uno de los cuatro empleados de la funeraria baja a la fosa con un  frontal de luz. Muestra un trozo de madera que se ha desprendido del ataúd. Dice: “Esto no se pude transportar”.
“¡Qué vergüenza! ¡Estará contenta la señora ministra! ¡Profanadores!”, grita Merry Martínez Bordíu. Nadie le responde. Lee el reglamento de policía sanitaria mortuoria sobre cuerpos embalsamados y llama a su abogado, que espera en un lateral de la basílica con 18 familiares del dictador -de los 22 previstos, finalmente fueron 20-. Luis Felipe Utrera Molina entra en la carpa sin la mascarilla y el mono blanco que llevan los demás.
Los operarios izan el ataúd y lo colocan en una especie de camilla. Está abombado por abajo, un poco abierto en los laterales. El empleado de la funeraria insiste en que no está en condiciones para su  traslado, que se puede romper. El forense coincide. Pero la familia se niega en redondo a cambiarlo. Bolaños pregunta al empleado de la funeraria si hay alguna forma de arreglarlo para que pueda salir. Le colocan una tabla de madera por debajo, ponen clavos en los embellecedores y una especie de correas abrazándolo. Son de color naranja fosforito. El secretario general de presidencia sugiere cubrirlo con una funda marrón que también habían hecho llevar por si fuera necesaria. “De ninguna manera”, responde Merry. Cristóbal habla con ella. Llaman al resto de la familia. Coinciden en que no puede salir con esas “cintas naranjas” y aceptan cubrirlo con la tela marrón sobre la que colocan el pendón familiar, la cruz laureada de san Fernando y una corona de flores.
Sin móviles, las autoridades se comunican con la Guardia Civil y el centro de operaciones mediante un sistema de radio por walkie-talkies y en uno de los laterales del altar han colocado un teléfono fijo del gabinete telegráfico que Bolaños usa dos veces durante la intervención para informar al presidente en funciones de los avances e incidentes. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, también habla con Pedro Sánchez desde el interior de la basílica para comunicarle que se disponen a sacar el féretro.
El prior oficia el responso. Se extiende algo más del minuto pactado. Las autoridades se colocan en ese momento en el lateral opuesto de la basílica y no intercambian palabra con Santiago Cantera. Los familiares no recorren finalmente la nave, de casi 300 metros, con el ataúd a hombros, sino que lo levantan al final, cuando se abren las puertas de la basílica. Pesa 60 kilos. Gritan “Viva España, Viva Franco” al introducir el féretro en el coche fúnebre.

4. EL TRASLADO. “Mi abuelo tenía otros planes”

No hay niebla ni viento y el Gobierno puede poner en marcha el "plan A": traslado en helicóptero. Francis Franco sigue tomando notas. En su libro La naturaleza de Franco, cuando mi abuelo era persona, dejó escrito: “Mi abuelo nunca dijo que le enterraran en el Valle de los Caídos. Nunca creyó que aquel fuese su lugar. Tenía otros planes. Hacía años que mi abuela y él tenían un panteón en El Pardo y siempre pensó que allí, cerca de donde habían pasado la mayor parte de su vida, descansaría. Pero cuando murió, las más altas instancias del país nos preguntaron si nos parecía bien enterrarle al lado de José Antonio Primo de Rivera. Nos habían presionado. Mi abuela accedió a que se lo llevaran al Valle de los Caídos. Después se arrepintió y mi abuela lamentaría durante el resto de su vida no poder compartir con su marido la tumba de El Pardo”. Ahora, reinhumado en esa tumba, la familia anuncia su regreso a los tribunales para intentar enterrarlo en otro sitio.
En el helicóptero viajan nueve personas: el piloto, el copiloto y el mecánico de vuelo; Francis Franco, Utrera Molina, Delgado, Bolaños, el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, y un escolta. El ataúd se coloca entre la cabina y los asientos, que quedan dispuestos de la siguiente manera: el secretario general y la ministra a la derecha, en un asiento doble; detrás, el escolta y Oliver. Y a la izquierda, en butacas individuales, Francis Franco delante y su abogado detrás. Bolaños se coloca entre Franco y Delgado, pese a que por rango no le corresponde ese lugar, para evitar tensiones. No intercambian palabra en 20 minutos (cinco para poner en marcha el helicóptero y 15 de vuelo).  "Iba muy concentrada, pensando en el significado de todo esto. Ha sido muy emocionante, un día histórico para todos los demócratas", declara la ministra a EL PAÍS tras la reinhumación en El Pardo.
Varios operarios portan el féretro con los restos mortales de Francisco Franco hacia el helicóptero para trasladarlo al cementerio de Mingorrubio.
Varios operarios portan el féretro con los restos mortales de Francisco Franco hacia el helicóptero para trasladarlo al cementerio de Mingorrubio. 

5. REINHUMACIÓN. “Franco fue un gran hombre y un gran cristiano”

El Gobierno decidió que los restos de Franco fueran reinhumados en el panteón familiar de El Pardo. Pese a que la familia creyó durante años que era suyo, la titularidad correspondía a Patrimonio Nacional. El pasado verano, el Gobierno lo traspasó a Patrimonio del Estado. Unos días antes de la exhumación ofreció a la familia comprarlo al precio tasado por metro cuadrado, unos 300.000 euros, después de que los nietos manifestaran su temor a que al ser propiedad del Gobierno, dentro de unos años “un presidente de Podemos” quisiera exhumarlo de nuevo para llevarse los restos a otros sitio. La familia rechazó comprarlo. El Ejecutivo ha invertido casi 40.000 euros en su acondicionamiento.
El pacto establece que, al igual que en el Valle de los Caídos no habrá cámaras. Pero Francis Franco se enfrenta a un policía al pasarle este la paleta detectora de metales: “Usted no manda aquí, manda este señor” dice, señalando a Bolaños. El secretario general de la presidencia le recuerda que no pueden utilizar sus teléfonos. La tensión aumenta en Mingorrubio cuando los agentes detectan una señal y piensan que están grabando. “Esto es como una dictadura”, gritan los nietos del dictador.
Previamente, el Gobierno y la familia habían negociado la duración de la misa. Utrera dice que “por lo menos 40 minutos”, Bolaños, 20. Se quedan en 30. Oficia la ceremonia Ramón Tejero, hijo del protagonista del 23-F, que también se desplaza a Mingorrubio para despedir a Franco. Durante la misa, Tejero afirma que el dictador fue “un soldado, un gran español, un gran hombre y un gran cristiano”. Bolaños y Delgado presencian la misa en silencio. El féretro está en todo momento cubierto- ahora sí- por la bandera preconstitucional.
Una corona de flores en el panteón del cementerio de Mingorrubio el pasado viernes.
Una corona de flores en el panteón del cementerio de Mingorrubio el pasado viernes. 

6. EPÍLOGO

El Gobierno está satisfecho con la operación, en la que ha trabajado más de un año, pese a las tensiones con la familia y la concentración de franquistas nostálgicos en Mingorrubio y se queda con una imagen: la de la salida del féretro del Valle de los Caídos, con los tres representantes del Ejecutivo arriba y los familiares, solos, sin honores introduciendo el ataúd abajo, en la explanada. “La democracia ha demostrado su superioridad moral sobre la dictadura. Todo se ha hecho con el máximo respeto, elegancia y dignidad”, afirma Bolaños. Los Franco difunden un comunicado contra “la profanación” –avalada por los tres poderes del Estado-  y hablan de “circo mediático” mientras se quejan de que no les permitieran tomar fotografías o grabar los momentos más delicados: la exhumación y el entierro. El Gobierno ya piensa en el futuro del Valle de los Caídos. Los benedictinos tienen pocas posibilidades de quedarse , aunque la decisión final no está tomada. Quieren trasladar a un lateral la tumba de Primo de Rivera, pero no se opondrán si la familia quiere llevar sus restos a un panteón privado que no sirva de exaltación del franquismo. Y prepara la devolución, en los casos en los que sea posible, de los republicanos allí enterrados sin el consentimiento familiar. Pero víctimas y verdugo han dejado de compartir espacio 44 años después.

dijous, 24 d’octubre de 2019

Muere el doctor Eduardo Vela, el polémico médico involucrado en la trama de robo de bebés.

https://elcierredigital.com/investigacion/750337715/bebes-robados-muerte-doctor-Vela.html


HACE UN AÑO EL GINECÓLOGO SE SENTÓ ANTE LA JUSTICIA POR LA ADOPCIÓN DE INÉS MADRIGAL Y, AUNQUE QUEDÓ PROBA SU PARTICIPACIÓN, FUE ABSUELTO


Doctor Vela en la Audiencia Provincial de Madrid.
Doctor Vela en la Audiencia Provincial de Madrid.
El doctor Eduardo Vela, el único médico juzgado en España por el caso de bebés robados, falleció este lunes 21 de octubre a los 86 años en la capital. Los restos se encuentran en el tanatorio de San Isidro de Madrid. Vela fue director de la clínica San Ramón, epicentro del presunto entramado de bebés robados en España.
En octubre de 2018 la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid absolvió al doctor Eduardo Vela de los delitos de detención ilegal, suposición de parto y falsedad documental en relación a un caso de bebés robados de 1969, por prescripción, aunque los magistrados lo consideraron responsable de los mismos.
Los magistrados consideraron probado “de forma incontestable” durante el juicio que el doctor Vela entregó al matrimonio formado por Inés Pérez Pérez y Pablo Madrigal Revilla, a una niña que no era suya. No obstante, le absolvieron al entender que los delitos estaban prescritos. Consideraron como fecha de prescripción el momento en el que la denunciante alcanzó la mayoría de edad.
Inés Madrigal, presidenta de S.O.S Bebés Robados, fue la mujer que sentó a Vela en un banquillo de los acusados. En junio de 1969, nació en la Clínica San Ramón. Fue un “regalo” de Vela a su madre adoptiva, que falleció en 2013 en medio del proceso penal.
Con 18 años, sus padres le confesaron que era adoptada y en 2010, su madre le contó la verdad detrás de su nacimiento. Y lo llevaron a los tribunales. Miles de casos de bebés robados han sido archivados al estar prescritos, pero el de Madrigal siguió adelante. Su aspiración era que su caso llegue el Tribunal Supremo para que siente jurisprudencia y se reabran las causas archivadas por este motivo.

El doctor Vela a principios de los años 80.

Partos simulados, neonatos fallecidos en extrañas circunstancias, venta de bebés y documentos falsificados pusieron en el punto de mira al doctor Vela, acusado de ser parte fundamental en la trama de sustracción y posterior venta de recién nacidos. ¿Pero quién era realmente Eduardo Vela?
Un bebé muerto congelado para engañar
Nació en la localidad burgalesa de Pardilla en 1932. A finales de la década de los cincuenta contrajo matrimonio con Adela Bermejo Rivas. Con ella compartía su fe religiosa. Su catolicismo exacerbado nunca le pareció contradictorio con el ejercicio de la ciencia de la medicina. Como buen católico llegó a tener una gran familia, formada por siete hijos nacidos entre 1962 y 1977.
Durante años el doctor Vela fue uno de los médicos más reputados de la alta sociedad en el Madrid franquista, especializado en ginecología y obstetricia. Después de servir en varios en hospitales de la capital montó una maternidad privada, la tristemente célebre clínica San Ramón, situada en el Paseo de La Habana y que, con una decena de habitaciones, creen que fue el escenario de varios robos de bebés.
La primera vez que el doctor y los bebés robados aparecieron asociados fue en plena Transición democrática cuando en 1982 la revista Interviú publicó un reportaje destapando la trama. La revista del grupo Zeta llegó a publicar instantáneas del bebé sin vida que usaban para ensañar a las madres a las que convencían de que su niño había nacido muerto. Después el bebé real era vendido a familias pudientes que no podían tener descendencia de forma biológica.

Eduardo Vela y su mujer Adela. 

Tras la publicación del artículo firmado por María Antonia Iglesias, el matrimonio Vela cambió su régimen de bieneshasta entonces gananciales. Desde ese momento el polémico doctor dejó de tener propiedades a su nombre. El eco de lo publicado por Interviú no resonó en instancias judiciales, pero fue lo suficientemente escandaloso como para hacer que el doctor se volviera más cauteloso.
"Olvidaos de eso, nunca encontraréis a vuestros padres"
Fue en 2012 cuando el escándalo de los niños robados empezó a ocupar espacio y horas y horas en los medios de comunicación. La actitud de Vela, siempre prepotente y sin mostrar ningún atisbo de empatía, fue la de escudarse en la religión. Según él, actuaba para evitar abortos y que los niños “se criaran en familias desestructuradas”. Lo que el fallecido doctor entendía por tal, eran hijos de madres solteras o de parejas muy jóvenes con pocos recursos económicos. Todo ello, amparado por la moral nacional-católica de la época.
En 2016 la revista Interviú recogió en un encuentro de Eduardo Vela con una de las víctimas de la trama. La publicación transcribía sus crueles palabras: “De eso hace mucho tiempo. Es mejor dejarlo como está. Olvidaos de eso, nunca encontraréis a vuestros padres”. Además, daba vagas explicaciones sobre la legalidad de su proceder. “Si en una partida de nacimiento pone eso, es porque un juez lo ha autorizado, esos son los casos de adopciones plenas. No ha habido ningún engaño. Se han evitado abortos. Se ha respetado el deseo de las madres de no darse a conocer, como si jamás se hubieran quedado embarazadas. Eso es lo que dice la ley, lo que decía entonces, que había que respetar el deseo de las mujeres, que eran madres solteras, de no dejar constancia de sus embarazos. No se hizo nada malo”, afirmaba tajante Vela.  
Sobre el hecho de recibir dinero, el médico se superaba a sí mismo en cinismo: “¿No se paga ahora también mucho dinero por un niño en China? Pues es lo mismo que antes. Había que pagar los gastos médicos de la mujer que daba a luz, su estancia el tiempo que fuera necesario en alguna residencia para madres solteras; lo normal”. Un ejemplo más de su crueldad es cómo remata la conversación con la supuesta víctima de la trama en el citado reportaje. “Si tu madre no te ha querido, ¿para qué la quieres encontrar? Deja las cosas como están”.

El bebé muerto y congelado que el doctor Vela enseñaba a las madres para engañarlas. 

El doctor Vela fue el único miembro de la trama que llegó a sentarse en el banquillo de los acusados. Sor María, la polémica monja que supuestamente colaboraba en la sustracción de bebés, falleció antes de tener que enfrentarse a la justicia terrenal. Ahora, el doctor Vela que fue absuelto a pesar de probarse su participación en la venta de Inés Madrigal, tendrá que rendir cuentas ante la justicia celestial. Esa en la que tanto creía y que amparándose en ella, pudo destrozar varias vidas.

Justicia abrirá antes de final de año 13 fosas del franquismo.

https://elpais.com/politica/2019/10/22/actualidad/1571768875_032095.html


El Gobierno financia la búsqueda de desaparecidos por primera vez desde la etapa de Zapatero.


fosas franquismo
Exhumación de cadáveres de la Guerra Civil en una cuneta cerca de La Riba de Escalote (Soria), el pasado 27 de septiembre. JAIME VILLANUEVA
Por primera vez desde la etapa del presidente José Luis Rodríguez Zapatero y coincidiendo con el traslado de los restos de Franco, el Gobierno abrirá fosas del franquismo y exhumará a sus víctimas antes de final de año. La actuación afecta a 13 enterramientos en Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana, Aragón y Castilla y León. El importe máximo de cada contrato será de 15.000 euros; 195.000 en total. Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), tacha la medida de “electoralista”.
En julio del año pasado, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, anunció en el Congreso que el Gobierno asumiría el liderazgo en la búsqueda de los desaparecidos del franquismo y elaboraría un censo oficial de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, muchas de las cuales yacen todavía en fosas comunes o en cunetas de las carreteras.

La ley de memoria histórica, de diciembre de 2007, carecía de presupuesto y solo comprometía genéricamente a las Administraciones a “facilitar a los descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten las actividades de indagación, localización e identificación” de los desaparecidos; y a elaborar “planes de trabajo” y establecer “subvenciones para sufragar los gastos derivados” de estas actividades. El Gobierno de Mariano Rajoy mantuvo la ley en vigor, pero redujo a cero las subvenciones, por lo que los descendientes de las víctimas tuvieron que recurrir a las comunidades autónomas o a entidades privadas para sufragar la búsqueda y exhumación de sus familiares.
La Dirección General de la Memoria Histórica ha puesto en marcha un plan de choque que incluye la adjudicación de contratos menores para actuaciones de carácter prioritario en 13 localizaciones, de las que 11 ya tienen financiación. A diferencia de lo que se hizo en la etapa de Zapatero, ahora no se trata de subvencionar a asociaciones para realizar las exhumaciones, sino de contratar a empresas que realicen directamente las tareas adjudicadas.
“El objetivo de los contratos comprende diferentes actuaciones en función de la necesidad del emplazamiento, como pueden ser intervenciones arqueológicas, trabajos de búsqueda y localización, trabajos de estudio y evaluación preliminar de fosas, hasta la excavación, exhumación y análisis genético de los esqueletos exhumados”, explicaron fuentes de Justicia.

9.000 CADÁVERES EXHUMADOS Y 25.000 PENDIENTES

M.G.
Entre 2000 y 2018 se abrieron 740 fosas comunes y se recuperaron más de 9.000 cadáveres, gracias sobre todo al impulso de las asociaciones de la memoria histórica, sostiene el informe elaborado para Justicia por un grupo de 11 expertos coordinados por el forense Francisco Etxeberria. Los expertos instan al Gobierno a liderar estas tareas, lo que permitiría exhumar los restos de unas 20.000 o 25.000 personas; y recomiendan crear un censo de víctimas y un nuevo mapa de fosas; así como una red de laboratorios de genética forense y una base de datos de ADN. Se estima que esta tarea podría completarse en seis años.
El departamento que dirige Dolores Delgado ya hizo a finales del año pasado distintas prospecciones en las provincias de Granada (Alfacar, Viznar y Padul) y Córdoba, pero sin llegar a realizar exhumaciones.
El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha calificado de “lamentable” la actuación del ministerio, criticando que en los 15 meses que lleva el Gobierno de Pedro Sánchez no se hubiera abierto ninguna fosa, con el argumento de que no se habían aprobado los Presupuestos, y se decida hacerlo ahora, “en plena campaña electoral”.
Una portavoz de Justicia ha negado carácter electoralista a la medida y, tras subrayar que no se le ha dado ninguna publicidad, ha señalado que estas actuaciones se enmarcan en el funcionamiento regular de la Dirección General para la Memoria Histórica, vacante después de que su titular, Fernando Martínez, se presentara al Senado.
Las 13 actuaciones previstas, agregó dicha portavoz, están incluidas en el plan de fosas encargado por Justicia al forense Francisco Etxeberria. “La dirección general recibió este informe en septiembre, de ahí que las actuaciones no se hayan iniciado antes”, agregó.
“El Gobierno ha asumido el liderazgo de las políticas de memoria histórica y el compromiso de emprender actuaciones de apertura de fosas para que las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura puedan recibir una sepultura digna, atendiendo también las demandas de las asociaciones memorialistas. Es en este contexto en el que se enmarca esta iniciativa”, concluyó la portavoz de Justicia.