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Cerrábamos el año con dos noticias relacionadas con los campos de concentración franquistas, concretamente con dos de ellos, el de San Marcos en León y el de Albatera en Alicante y se nos informaba en los primeros días del nuevo año, y vía diario El País, de la culminación de la retirada de la simbología franquista en los edificios y cuarteles de la Guardia Civil, con cierto retraso a lo lo que hubiera sido deseable y deseado. Valorémoslo en esta primera columna de 2021.
Un informe, publicado allá por el año 2011, señalaba que de los edificios de titularidad estatal que aún mantenían vestigios de exaltación a la dictadura -(escudos, placas, mosaicos, etc, etc…-, 38 pertenecían a la Benemérita. El documento en cuestión elevaba a 43 los lugares con simbología a eliminar ocupados por el cuerpo armado, pero esos cinco restantes están ubicados en lugares no pertenecientes al Ministerio del Interior, pero sí de la administración pública, por los que su retirada no ha sido efectuada, según señala el periódico que recoge esta información, aunque no entendemos el por qué.
Esta acción, de obligado cumplimiento para el Estado desde la aprobación en 2007 de la llamada ley de memoria, se inició durante el último periodo del gobierno de Zapatero y se concluyó el otoño pasado; entre ambos intervalos temporales, que tan sólo ocupan un puñado de meses, queda el vacío de las legislaturas integras de M. Rajoy y su continua negativa a dotar de presupuesto y desarrollar políticas de memoria en nuestro país, si exceptuamos, eso sí, el pago de los gastos destinados a la repatriación de los restos de soldados pertenecientes a la División Azul y que se inició con el gobierno de los populares sin reticencia alguna a destinar dinero público.
Los campos españoles de la muerte
El estudio arqueológico, la reconstrucción del campo de Albatera, su historia –que comenzaría como centro de trabajo para unos 1400 prisioneros de guerra en 1937 –y sin registro de muertes conocido durante este primer periodo- y terminó como campo de concentración y muerte para decena y media de miles de republicanos, civiles y militares, en 1939, desde el mes abril al de octubre-, el trabajo en la fosa común existente –que ayudará a cuantificar fallecidos por enfermedad, hambre o fusilamientos y torturas- en los seis meses que se mantuvo hasta su definitivo desmantelamiento y una más que deseable conversión en centro de memoria y de interpretación, ayudará a mantener viva la dureza de la represión con que el régimen del general Franco se mantuvo durante tanto tiempo.
Por tanto, la importancia de la señalización de lugares donde se ha practicado la represión es, cuanto menos, importante –alguna experiencia de ello tiene nuestra asociación- y necesaria. Y que el actual Parador Nacional de San Marcos señale, en ubicación pública y accesible a todos, que el antiguo monasterio, hospital de peregrinos y cárcel, fue además campo de represión franquista, es más que justa. Intelectuales de distinta disciplinas así lo ha apoyado y avalado con su firma aun sin conocer, u obviándolo tal vez, que ya existe tal reconocimiento desde 2010 en el museo anexo al parador de turismo, al que se tiene que acceder, evidentemente, para encontrarte con él, un monolito de yeso con panel explicativo, cuya imagen se encuentra reproducida hasta en la Wikipedia. No sobran denuncias hacia la barbarie franquista; faltan inequívocamente, como faltan acometidas de estudio, de reconocimiento, de recuperación, pedagogía y puestas continuo valor de lucha por la democracia en otros recintos de internamiento y represión que son bien conocidos y tan necesarios de mantener nuestra memoria democrática –Valdenoceda, Castuera, La Algaba, San Simón, Miranda, Tetuán… y así hasta trescientos, según la última cifra ofrecida por el estudio de Carlos Martínez, y por los que pasaron cerca del millón de compatriotas- y hacer frente al revisionismo histórico creciente.
Y terminamos con un dato esperemos que esperanzador para los familiares de las personas enterradas en la basílica de Cuelgamuros: Patrimonio Nacional, organismo que gestiona el complejo, ha reconocido el derecho de otra familia reclamante más, los Isart, a recuperar los restos del abuelo allí inhumado. Ya son más de treinta las que esperan desde 2019 que Patrimonio haga realidad este sueño que en realidad es un derecho hasta ahora imposible de llevar a cabo. Basta recordar la odisea vivida por la familia Lapeña, con el aval de un juez a su favor para hacerse con los cuerpos reclamados y sin resultado favorable hasta ahora. De momento, de Cuelgamuros sólo ha salido Franco.
Twitter: @foroporlamemori
Web: http://www.foroporlamemoria.es
Correo-e: asociacion.foroporlamemoria@yahoo.es
Un informe, publicado allá por el año 2011, señalaba que de los edificios de titularidad estatal que aún mantenían vestigios de exaltación a la dictadura -(escudos, placas, mosaicos, etc, etc…-, 38 pertenecían a la Benemérita. El documento en cuestión elevaba a 43 los lugares con simbología a eliminar ocupados por el cuerpo armado, pero esos cinco restantes están ubicados en lugares no pertenecientes al Ministerio del Interior, pero sí de la administración pública, por los que su retirada no ha sido efectuada, según señala el periódico que recoge esta información, aunque no entendemos el por qué.
Esta acción, de obligado cumplimiento para el Estado desde la aprobación en 2007 de la llamada ley de memoria, se inició durante el último periodo del gobierno de Zapatero y se concluyó el otoño pasado; entre ambos intervalos temporales, que tan sólo ocupan un puñado de meses, queda el vacío de las legislaturas integras de M. Rajoy y su continua negativa a dotar de presupuesto y desarrollar políticas de memoria en nuestro país, si exceptuamos, eso sí, el pago de los gastos destinados a la repatriación de los restos de soldados pertenecientes a la División Azul y que se inició con el gobierno de los populares sin reticencia alguna a destinar dinero público.
Los campos españoles de la muerte
El estudio arqueológico, la reconstrucción del campo de Albatera, su historia –que comenzaría como centro de trabajo para unos 1400 prisioneros de guerra en 1937 –y sin registro de muertes conocido durante este primer periodo- y terminó como campo de concentración y muerte para decena y media de miles de republicanos, civiles y militares, en 1939, desde el mes abril al de octubre-, el trabajo en la fosa común existente –que ayudará a cuantificar fallecidos por enfermedad, hambre o fusilamientos y torturas- en los seis meses que se mantuvo hasta su definitivo desmantelamiento y una más que deseable conversión en centro de memoria y de interpretación, ayudará a mantener viva la dureza de la represión con que el régimen del general Franco se mantuvo durante tanto tiempo.
Por tanto, la importancia de la señalización de lugares donde se ha practicado la represión es, cuanto menos, importante –alguna experiencia de ello tiene nuestra asociación- y necesaria. Y que el actual Parador Nacional de San Marcos señale, en ubicación pública y accesible a todos, que el antiguo monasterio, hospital de peregrinos y cárcel, fue además campo de represión franquista, es más que justa. Intelectuales de distinta disciplinas así lo ha apoyado y avalado con su firma aun sin conocer, u obviándolo tal vez, que ya existe tal reconocimiento desde 2010 en el museo anexo al parador de turismo, al que se tiene que acceder, evidentemente, para encontrarte con él, un monolito de yeso con panel explicativo, cuya imagen se encuentra reproducida hasta en la Wikipedia. No sobran denuncias hacia la barbarie franquista; faltan inequívocamente, como faltan acometidas de estudio, de reconocimiento, de recuperación, pedagogía y puestas continuo valor de lucha por la democracia en otros recintos de internamiento y represión que son bien conocidos y tan necesarios de mantener nuestra memoria democrática –Valdenoceda, Castuera, La Algaba, San Simón, Miranda, Tetuán… y así hasta trescientos, según la última cifra ofrecida por el estudio de Carlos Martínez, y por los que pasaron cerca del millón de compatriotas- y hacer frente al revisionismo histórico creciente.
Y terminamos con un dato esperemos que esperanzador para los familiares de las personas enterradas en la basílica de Cuelgamuros: Patrimonio Nacional, organismo que gestiona el complejo, ha reconocido el derecho de otra familia reclamante más, los Isart, a recuperar los restos del abuelo allí inhumado. Ya son más de treinta las que esperan desde 2019 que Patrimonio haga realidad este sueño que en realidad es un derecho hasta ahora imposible de llevar a cabo. Basta recordar la odisea vivida por la familia Lapeña, con el aval de un juez a su favor para hacerse con los cuerpos reclamados y sin resultado favorable hasta ahora. De momento, de Cuelgamuros sólo ha salido Franco.
Twitter: @foroporlamemori
Web: http://www.foroporlamemoria.es
Correo-e: asociacion.foroporlamemoria@yahoo.es
Publicado en el Nº 341 de la edición impresa de Mundo Obrero febrero 2021
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