El golpe de estado de julio de 1936 supuso el inicio de un verdadero calvario para las religiones minoritarias.
El 13 de octubre de 1931, en el debate parlamentario sobre la futura Constitución, Manuel Azaña, a la sazón, ministro de la Guerra, tomó la palabra para pronunciar uno de sus más importantes discursos y con él la frase que la derecha siempre le ha echado en cara “España ha dejado de ser católica”.
En realidad, España no había dejado de ser católica, había dejado de ser por primera vez en su historia un estado confesional católico, una cosa bien distinta. De hecho, el número de fieles de otras iglesias era muy reducido en 1936 como lo demuestra que, sobre una población total de 28.810.000 habitantes que había entonces, solo 22.000 eran seguidores de las diferentes congregaciones protestantes las cuales estaban presentes en apenas 147 localidades del país. Finalizada la contienda, en 1939, su número de se vió reducido a la mitad y su implantación se mantuvo solo en 33 municipios.
En cuanto a los judíos, hasta la Primera Guerra Mundial eran escasísimos los que residían en la Península. Entre 1914 y 1930 se produce la llegada de los procedentes de Turquía y de Grecia, inmigración estrechamente ligada al desmembramiento del Imperio Otomano. Durante los años 1931-1936, España acoge a un gran número de refugiados que huyen del ascenso del nazismo. Al estallar la Guerra Civil, cerca de 6.000 judíos vivían en la península, 5.000 de los cuales lo hacen en Barcelona. Al final de la contienda apenas quedan unos cientos. En Melilla, la población hebrea se estimaba en 6.000 personas.
Por lo que hace referencia a los musulmanes, a excepción de en la zona del Protectorado y Ceuta y Melilla, su número era muy reducido y apenas hay datos de su presencia más allá de las zonas mencionadas. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que cerca de cien mil marroquíes de entre 16 y 50 años fueron reclutados por el Ejército de Franco en las cabilas del Protectorado del Norte así como en los miserables poblados del Ifni y trasladados a la Península en barcos y aviones alemanes.
La religión en el franquismo
Sin embargo, la evolución de la España franquista no haría más que confirmar los temores de los protestantes de que la Iglesia Católica recuperaría, en caso de victoria de los insurrectos, los privilegios de que disfrutaba antes de 1931 y de que, las otras confesiones religiosas, serían marginadas cuando no perseguidas.
El 21 de septiembre de 1936 se dictó una Orden por la que se dispuso que las enseñanzas de la Religión e Historia Sagrada fueran obligatorias en las escuelas nacionales En estas se impuso, asimismo, por Orden Circular del 9 de abril de 1937 la devoción a la Virgen María mediante la colocación de su imagen, preferiblemente en la advocación de la Immaculada Concepción y se establecieron las formas en las que el maestro debía instruir a los niños en esa devoción.
El presidente de la Comisión Depuradora Provincial de Baleares, Bartolomé Bosch Sansó a fines de octubre de 1936, defendía la presencia de la religión en las escuelas y la naturaleza católica de España en estos términos:
Tanta sangre derramada sobre el suelo sería inútil, si, reincidiendo en las mismas culpas, quisiéramos edificar la grandeza de la España futura, prescindiendo de la Religión, fundamento insustituible de la Moral y de la prosperidad de un país. No es posible hablar de una España grande, una y libre prescindiendo de la Religión Católica, pues, España o no será, o será católica. Si desde los Centros de enseñanza se ha hecho la revolución comunista, des de (sic) los mismos se ha de hacer la contrarrevolución, poniendo por cimientos de España las verdades eternas del Enviado de Dios para salvar a los pueblos.
La incautación de bienes de las confesiones no católicas se llevó a cabo mediante la acción de las Delegaciones de Asuntos Especiales y del Servicio de Recuperación de Documentos. Muchos lugares de culto protestantes fueron asaltados, incautados o temporalmente retenidos o incluso destruidos por las bombas de la aviación sublevada, como ocurrió con uno de los templos de la Iglesia Española Reformada Episcopal (IERE) de Valencia.
A medida que iba avanzando la guerra, más evidente se hacía que la Iglesia Católica no tan solo recuperaría los privilegios de que disfrutó hasta 1931 sino que, en perfecta simbiosis con los sublevados (con notables pero escasas excepciones, como la del obispo de Vitoria Mateo Múgica), gozaría de un poder nunca alcanzado hasta entonces. El proceso de desmantelamiento del estado laico avanzaba a toda máquina. Todo esto remataría en 1939, el gobierno dictatorial decreta la ilegalidad de todas las religiones en España salvo la católica.
Ya el 7 de junio de 1941, el Gobierno de Franco y la Santa Sede celebran un convenio sobre el ejercicio del privilegio de presentación para el nombramiento de obispos, acordándose la vigencia del Concordato de 1851 que en su artículo 1 decía lo siguiente: “La Religión Católica, Apostólica , Romana, que con exclusión de cualquiera otro culto continúa siendo la única de la Nación Española, se conservará siempre en los dominios…
Un calvario para las religiones minoritarias
Las agresiones contra capillas, inmuebles y domicilios privados pertenecientes a minorías religiosas eran protagonizadas por escolares y estudiantes universitarios al término de la catequesis, por asociaciones juveniles, políticas y religiosas de carácter ultraderechista (como el asalto a la capilla evangélica de Águilas, Murcia, en 1940), pasando por los imputables a funcionarios afanosos de hacer méritos.
El golpe de estado de julio de 1936 supuso el inicio de un verdadero calvario. Los sublevados veían en las confesiones minoritarias y, muy especialmente, en los protestantes un aliado del bando republicano y de los regímenes democráticos occidentales. En el caso de los musulmanes, por razones de pragmatismo (la existencia del Protectorado de Marruecos y la incorporación de miles de combatientes africanos a sus tropas), el régimen se vio obligado a permitir la religión islámica. Esa sería una segunda conclusión.
La persecución religiosa no se dio exclusivamente (fundamentalmente e durante el primer año del conflicto) en la zona gubernamental sino que también (y durante todo el mismo y en la posguerra) también en la zona franquista. Una sustancial diferencia, además, es que nunca en el territorio controlado por la República se legisló en contra de una determinada confesión lo cual sí que sucedió en la España de Franco en la cual se instauró el catolicismo como religión del Estado.
Fuente: Ser Histórico
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada