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La presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, preguntó el pasado jueves al bloque de la izquierda en la Asamblea de Madrid si, tras la exhumación de Franco, volverían a arder iglesias como en el 36, una afirmación fuera de tono que quizá pueda explicar su asesor de comunicación Miguel Ángel Rodríguez, conocido por unas polémicas declaraciones que ya le han costado condenas por injurias. Lejos de entender esta afirmación como un desliz, Ignacio García Aguado, su vicepresidente y portavoz de Ciudadanos, decidió echarle un capote reconvirtiendo esta afirmación en una defensa de la democracia frente a la tiranía. Esto quedaría en nada si no fuera porque la quema de iglesias es un argumento recurrente utilizado por los conservadores y nacionalcatólicos españoles para atacar al progresismo.
Es evidente que, si conservadores y nacionalcatólicos pueden acusar al progresismo de la quema de iglesias, se podría caer en la falacia de acusar a estos del pistolerismo o de la inestabilidad creada por las guerras carlistas a lo largo del siglo XIX, una falacia similar a la de acusar a los españoles de la cruenta conquista de América. Sin embargo, al ser una falacia bastante recurrida, es necesario aportar algunos datos para desmentir este mito o, por lo menos, comprender las causas y el contexto que lo acompañan.
Federico Casal. Motines Anticlericales 1835.
1. La quema de iglesias no empieza con la Segunda República
La primera gran quema de iglesias comienza tras la muerte de Fernando VII y el inicio de la primera guerra carlista, primero con la matanza de frailes de 1834 y después en los motines anticlericales de 1835. Los motivos de estos levantamientos fueron la respuesta del pueblo a la represión dirigida por la Iglesia contra los liberales partidarios de la monarquía parlamentaria, represión que se inicia en 1814 con la vuelta del absolutismo y que se extiende a lo largo de la década ominosa (1823–1833), con ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones y vejaciones públicas a la oposición política, pero también desencadena estos levantamientos el apoyo de la iglesia a los Carlistas en contra del gobierno de España.2. Los asesinatos de sacerdotes no son exclusivos de la izquierda
El primer asalto a templos y edificios religiosos lo encabezan los absolutistas en julio de 1822, cuando, tras la sublevación de la Guardia Real en Madrid en contra de la monarquía parlamentaria, partidas antigubernamentales dirigidas en gran parte por clérigos absolutistas asaltan edificios religiosos para ejecutar a los clérigos liberales. También durante la semana trágica de Barcelona en 1909, dirigentes del Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux encabezan asaltos a conventos y edificios religiosos.3. Los ataques no tienen que ver con lo religioso sino con lo político
Así lo reflexionó la Iglesia durante la guerra contra la ocupación francesa en 1808, en la que se debatió si era más importante la cuestión religiosa o la cuestión política (vox dei–vox populi) al hablar de los clérigos afrancesados. Finalmente la cuestión se saldó con la implicación de la Iglesia en la política, iniciando la represión contra los afrancesados, como atestigua la ejecución de los sacerdotes Juan Diego Duro y Cándido Mendivil —arrastrados por caballos hasta la muerte—, y el exilio de casi 200 sacerdotes a Francia tras el inicio de la guerra de independencia.
Sacerdotes vascos encarcelados en la cárcel de Carmona (Sevilla) tras la Guerra Civil. Fundación Sabino Arana.
4. El franquismo también represalió a sacerdotes
No solo hay que tener en cuenta la represión contra los curas vascos durante la guerra, que atestigua un telegrama papal de 1936 protestando por estos hechos, sino también la existencia de la cárcel concordataria de Zamora, donde fueron procesados durante el franquismo alrededor de un centenar de religiosos que ahora están sumados a la Querella argentina contra los crímenes del franquismo, que instruye la juez María Servini de Cubría.
5. El primer ataque anticlerical fue una respuesta a la represión de la Inquisición
Uno de los primeros ataques que se hicieron contra la Iglesia por parte de la izquierda fue el asalto en 1820, tras el levantamiento de Rafael de Riego, de las cárceles de la Inquisición. Este ataque se produjo por el malestar latente que había provocado en el pueblo, por un lado el boicot de la Iglesia a las Cortes de Cádiz y la conspiración para la vuelta del absolutismo. Por otro lado, por la publicación en 1817 de una relación de los represaliados de la Inquisición por parte del exiliado Juan Antonio Llorente, quien fue canónico de Toledo y exsecretario de la Inquisición durante el reinado de Fernando VII, una información que ya circulaba de forma clandestina desde 1809.
6. El golpe de estado de 1936 no lo desencadenó la violencia anticlerical
Según el historiador Manuel Alvarez Tardío, especializado en estudios sobre el anticlericalismo en España, entre febrero y junio de 1936 se produjeron 957 actos de violencia en contra del clero, entre edificios incendiados o asaltados, atentados contra edificios y agresiones a personal religioso. Sin embargo según el historiador Eduardo González Calleja, especializado en violencia política en la edad contemporánea, entre 1931 y 1936 se produjeron 2629 asesinatos, de los cuales 1550 fueron causados por fuerzas del orden y 455 eran guardias civiles y carabineros. Sin contar estos últimos, el 90% de los asesinados eran militantes de izquierda, datos que no muestran ninguna diferencia en cuanto a violencia política con el resto de países europeos en procesos de transición hacia el Estado liberal democrático moderno.
Ante estos datos, cabe preguntarse si hubiera surgido un sentimiento anticlerical en España si la Iglesia hubiera decidido mantenerse en el terreno moral en lugar de convertirse en actor político, y es precisamente esta cuestión la clave para comprender por qué se quemaron iglesias en España a lo largo de los dos últimos siglos- Y es que es imposible comprender este sentimiento sino como una respuesta al poder de la Iglesia y la represión que ejerció contra el pueblo cada vez que tuvo ocasión, la última de ellas tras la aprobación de la Ley de responsabilidades políticas de Febrero de 1939, que inició la represión del régimen franquista.
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