dissabte, 30 de novembre del 2024

Presentación del libro "2000 del Winnipeg, diario de a bordo" de Josu Chueca Intxusta.

 La compañera Aurore envia una  información adjunta relativa a la presentación (en francés) en la Casa de América Latina (Paris) el 16 de diciembre a las 19h del libro 2000 del Winnipeg, diario de a bordo de Josu Chueca Intxusta, quien estará. Pide se transmita a los simpatizantes de nuestra causa.


De:Aurore SARDA 
Date:28 nov. 2024 17:36
Objet:République Espagnole




Salut amis et camarades,

Je vous transmets une invitations à la  Maison d’Amérique Latine 217 Bd St Germain pour le 16 décembre à 19H  

Je l’ai reçue hier soir de la part de l’auteur qui est le cousin d’une amie d’enfance qui vit en Espagne.
Je pense que je n’ai pas besoin de vous parler du Winnipeg et encore moins de Pablo Neruda que nous connaissons tous depuis longtemps….

J’espère que vous serez intéressés et que vous pourrez assurer le relai auprès des sympathisans que vous connaissez. Merci à vous!

Peut-être à bientôt, amical souvenir

Aurore SARDA-OMELLA.

La familia de Arturo Ruiz pide la desclasificación de los documentos de su asesinato: «queremos saber la verdad»

 https://rebelion.org/la-familia-de-arturo-ruiz-pide-la-desclasificacion-de-los-documentos-de-su-asesinato-queremos-saber-la-verdad/


Fuentes: El Diario

Su hermano pide al Gobierno acceso a la investigación de la muerte de Arturo a manos de un ultraderechista, fugado en Argentina, quien ha reconocido ser el autor de los disparos y que nunca fue juzgado.

Tenía 19 años y aquel 23 de enero de 1977 un integrante de Guerrilleros de Cristo Rey lo asesinó de dos tiros mientras participaba en Madrid en una manifestación por la amnistía. Arturo Ruiz es una de las casi 300 personas que durante la Transición perdieron la vida a manos de ultraderechistas y las Fuerzas de Seguridad del Estado. Se sabe quién lo mató, José Ignacio Fernández Guaza. Nunca se le pudo juzgar por haber huido de España y vivir más de cuatro décadas con identidad falsa.

Fernández Guaza vive hoy en Argentina, desde donde se vanagloria de sus hazañas de pistolero. Ahora, el hermano de Arturo, Miguel Ángel Ruiz ha pedido la desclasificación de toda la información relativa a la investigación judicial que sobrevoló el asesinato. “Solo queremos saber la verdad”, repite como un mantra.

Arturo Ruiz García nació en Granada en 1957. Cuando Guaza lo mató, estudiaba y trabajaba como albañil. Aquella fría mañana de enero tan solo sería el comienzo de una semana trágica. Al día siguiente vendría la muerte de Mari Luz Nájera tras el impacto de un bote de humo lanzado por la Policía para dispersar una manifestación, precisamente, pidiendo justicia para Arturo. El mismo 24 de enero por la noche tuvo lugar la masacre de los Abogados de Atocha.

“Queremos saber quién pagó a este señor para que se dedicara a ir pegando tiros a militantes de izquierdas; quién le ayudó a huir, porque sabemos que fue gracias a la Guardia Civil; quién le ha protegido tantos años; de dónde salieron esas armas compradas por el Estado español; y sobre todo queremos saber qué ocurrió y por qué el Estado se niega a reabrir el caso”, se explaya Miguel Ángel, hermano de Arturo.

Él será el que presente un escrito en la Secretaría de Estado de Seguridad, en el Ministerio del Interior, para requerir la desclasificación de toda la documentación que obre en su poder sobre el asesinato de Arturo. “Lo pedimos en el ejercicio del derecho a la verdad que reconoce a las víctimas del franquismo y la transición la Ley de Memoria Democrática”, añade.

Ese es uno de los principales escollos judiciales a los que se enfrentan, pues más allá de que el Tribunal Supremo y el Constitucional ya han rechazado la reapertura del caso, que piensan recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, los delitos han prescrito y no son considerados de lesa humanidad.

Sin embargo, Miguel Ángel, que ha cogido el relevo de su otro hermano Manuel Ruiz en la lucha por la memoria de Arturo, sostiene lo contrario: “Sabemos que Guaza estaba ligado al Estado y tenía una fuerte relación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Estos pistoleros llegaban a donde los agentes no podían llegar con tanta facilidad, que era a asesinar chavales. Esa connivencia con el Estado sí podría suponer un crimen de lesa humanidad”.

Guaza huye, el Estado olvida

Aquel día Guaza no estaba solo. Junto a él se encontraba Jorge Cesarsky, propietario de la pistola disparada, ligado a la Dirección General de Seguridad y al grupúsculo filofascista Fuerza Nueva. El proceso judicial llevado a cabo a finales de los 70 terminó con una condena contra él por un delito de terrorismo y tenencia ilícita de armas. Tenía 50 años entonces y debería haber pasado seis en prisión, aunque apenas cumplió un año de cárcel al ser beneficiario de la Ley de Amnistía, esa misma que Arturo Ruiz reclamaba en las calles.

Guaza contaba con 29 años cuando mató a Arturo y, en este caso, integraba la organización Guerrilleros de Cristo Rey y su ligazón era con la Guardia Civil, para quien trabajaba en los servicios de información, tal y como él mismo declaró.

Los pasos que siguió Guaza en su huida, ha quedado demostrado, recalaron primero en Euskadi. Desde allí llamó a su pareja para que mandara dinero a un amigo suyo, guardia civil. Huyó primero a Francia, donde se le perdió el rastro. “La connivencia fue tal que durante el juicio ni siquiera apareció el DNI de este hombre”, denuncia Miguel Ángel. Destaca, asimismo, el hallazgo de un maletín con 400 cartuchos de 9 milímetros en la casa de Guaza.

La relación entre el pistolero y el aparato del Estado se hizo aún más patente cuando la hermana de Guaza declaró que “realizaban funciones que la Policía no podía hacer”. Además, su pareja declaró también ante el juez, en 1977, que Guaza trabajaba para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

El asesino no se arrepiente

Para Miguel Ángel, lo más sangrante de la historia todavía estaba por llegar. En noviembre del año pasado, el diario El País dio con la ubicación del asesino, en Buenos Aires. Descrito por los periodistas como “un tipo alto, corpulento, de pelo cano y frondosa barba blanca”, les llegó revelar “la vida al límite de un prófugo bien conectado con ejércitos, servicios de inteligencia y las autoridades españolas de los estertores del franquismo”, tal y como recogió la crónica.

Reconoció ser el asesino de Arturo Ruiz sin atisbo de arrepentimiento. “Por eso ahora queremos que el Estado español desclasifique la documentación, para poder conocer la verdad”, reitera una y otra vez Miguel Ángel. En este sentido, también reclaman que la justicia española colabore con María Servini, la jueza argentina que investiga los crímenes del franquismo y la Transición y que hasta en dos ocasiones ha pedido diversa información al Estado español. “La respuesta ha sido nula desde España”, denuncia el hermano de Arturo.

Desde su punto de vista, y ahora Miguel Ángel habla como integrante del Colectivo de Olvidades de la Transición (COT), “no hay ningún interés en el estamento político para tratar este asunto”. También recuerda cómo José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González rubricaron la carta de apoyo al exministro franquista Rodolfo Martín Villa, ministro de Gobernación y responsable de las fuerzas de orden público en enero de 1977, cuando declaró ante la jueza Servini.

Una Transición modélica con casi 300 asesinatos

El hermano de Arturo reivindica su derecho a conocer la verdad, tal y como establece la Ley de Memoria Democrática. “Quiero que este caso sirva para abrir la puerta a todos los demás, aunque desconozcamos todavía muchos de ellos”, enfatiza. El portavoz del COT, Javier Almazán, cifra en 280 las personas asesinadas desde 1973 hasta 1983 a manos de ultraderechistas y cuerpos policiales. “El problema es que no hay un registro oficial, así que nosotros nos encargamos de documentarlos como podemos”, introduce.

Almazán llegó al COT por ser hermano de Ángel, quien perdió la vida con 18 años tras cinco días intentando recuperarse de la brutal paliza que varios policías le propinaron cuando se manifestaba por la abstención en el referéndum de la Ley para la Reforma Política. “Queremos que cambie el relato de la Transición modélica sellada en el abrazo entre Suárez y Carrillo. Aquí nos jugábamos la ruptura o la reforma, y mucha gente murió en las calles reclamando libertad”, comenta.

El portavoz del colectivo denuncia que el asesinato de Arturo Ruiz no se incluya dentro de los derechos que otorga a las víctimas y sus familias la Ley de Memoria Democrática: “Dicen que el caso está prescrito, incluso que el crimen no tuvo connotación política. Eso es negar que el agua moja. Evidentemente, Guaza no solo actuó ese día, y lo hizo con la ayuda del Estado”. Miguel Ángel, el hermano de Arturo, sentencia: “Aquí hay mucha gente que quiere que olvidemos, pero nunca lo vamos a hacer. Yo no lo haré mientras siga vivo. Solo queremos saber la verdad, aunque sea muy incómoda para algunos, pero es nuestro derecho”.

Fuente: https://www.eldiario.es/sociedad/familia-arturo-ruiz-pide-desclasificacion-documentos-asesinato-queremos_1_11861205.html

'Cuando hablan los huesos' o las historias 'enterradas' en el cementerio de Cádiz

 https://www.diariodecadiz.es/cadiz/cuando-hablan-huesos-historias-enterradas-cementerio-cadiz_0_2002895952.html

Este 30 de noviembre, a las 11.30 horas en el Teatro del Títere, se presenta el libro donde se resumen los trabajos de exhumación de los restos de víctimas del franquismo en el camposanto gaditano

El arqueólogo José María Gener y el historiador José Luis Gutiérrez Molina coordinan esta obra que recoge también una reproducción de los libros del cementerio y semblanzas de cada represaliado identificado en estos documentos

El vaciado del cementerio de San José de Cádiz costará 700.000 euros y un tiempo de 6 meses


El historiador José Luis Gutiérrez Molina y el arqueólogo José María Gener, con la obra 'Cuando hablan los huesos'.
El historiador José Luis Gutiérrez Molina y el arqueólogo José María Gener, con la obra 'Cuando hablan los huesos'. / Jesús Marín

Cádiz/Con el mismo cuidado con el que tantas veces lo hemos visto trabajar sobre la tierra removida del antiguo cementerio de Cádiz, José María Gener, pasa las páginas del libro donde se resume la encomiable gesta de localizar, analizar y registrar los restos de las víctimas del franquismo que descansaban (mucha palabra es) en el clausurado camposanto gaditano. Fue el arqueólogo municipal el encargado de dirigir esta tarea durante siete años en los que a su lado ha permanecido el doctor en Historia Contemporánea y miembro de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Democrática de Cádiz, José Luis Gutiérrez Molina. Este sábado, ambos buscadores incansables de la reconciliación con nuestro pasado, por oscuro que sea, presentan en el Teatro del Títere a partir de las 11.30 horas, y acompañados por el teniente de alcalde de Memoria Democrática, José Manuel Cossi, Cuando hablan los huesos. Y todo lo que de ellos han escuchado.  

“Finalizando ya la última campaña de exhumaciones, creíamos que era conveniente hacer un libro en el que se contara todo el proceso por el que hemos pasado en el cementerio de San José. Un libro donde quedara constancia del trabajo realizado, pero también de las historias de todas las víctimas del franquismo que allí estaban enterradas”, explica Gener sobre las intervenciones que entre 2016 y 2023 se han sucedido en las sepulturas y en las fosas comunes del antiguo camposanto de la ciudad. De todas ellas, eso sí, existen informes accesibles para la ciudadanía en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Cádiz. Pero Cuando hablan los huesos... Cuando hablan los huesos es “otra cosa”. Es más.

Porque la obra coordinada por Gener y Molina, donde están cosidas las voces de todos los profesionales que han puesto su esfuerzo y trabajo en estas campañas (Fátima Barreiro, Francisco J. Moncayo, Enrique Estévez, Jesús Román, “que era el arqueólogo encargado de la primera intervención”, y Pedro Sibello), contiene los pormenores de unos trabajos desarrollados “hasta en 9 campañas diferentes” algunas, ciertamente, “complicadas”; un interesante espacio para la contextualización histórica; unas breves, pero necesarias semblanzas de las personas asesinadas por los golpistas, “para que no caigan en el olvido”, dicen; y hasta un lugar reservado para el homenaje y para la emoción en forma de “cartas abiertas” que Gener y Molina han querido brindar a los familiares de las víctimas. “Llora un rato, eso no es malo. Todos los que estamos aquí, lo hemos pasado igual”... Leemos y recordamos tantas jornadas...

Porque eso ocurre cuando se escucha hablar a los huesos. Se llora, sí, pero se despierta, y hasta se agradece. “También con este libro, con esta especie de cierre de nuestro trabajo en este área en el cementerio, hemos querido manifestar el compromiso institucional con la Memoria Democrática que han mostrado tanto el concejal del anterior equipo de Gobierno, Martín Vila, como el actual, José Manuel Cossi, ambos, de alguna forma, están presentes en la edición de este libro”, se congratulan.

Por eso Cuando hablan los huesos, del que Cemabasa, con la ayuda de Ayuntamiento y Diputación de Cádiz, han editado 1.000 ejemplares, “no aspiraba a ser tanto un libro de carácter científico, que también lo es, sino una manera de dar voz a todo el conjunto de personas y organismos que han participado en este trabajo, tanto las instituciones, como los técnicos, las familias y los voluntarios”, relatan al alimón.

Una “obra colectiva”, la definen, donde los coordinadores se han preocupado por hacer “accesible” a través de “un lenguaje muy divulgativo” todos los capítulos dedicados a las intervenciones arqueológicas y la recopilación histórica del proceso. Con sus “éxitos”, con sus “obstáculos y dificultades” y con ese componente de sorpresa y de emoción que también ha sido inherente a este proceso.

Así, no puede dejar de recordar Gener aquel sondeo número 3 de la fosa norte que un día de junio de 2018, el último día del cierre de la campaña, no defraudó las esperanzas que él y su equipo tenían puestas en la prospección. “Sabíamos que había pocas posibilidades, pero sí la probabilidad de encontrar antes del cierre de campaña los restos de las víctimas y así fue, sobre la bocina”, ríe junto a Gutiérrez Molina, otro de los testigos de aquellos días decisivos para destapar esta fosa común del patio 1 de San José.

En este libro se recuerda por escrito el emocionante momento y también, en imágenes, mucho de los que dio de sí aquella fosa y la que se situaba al sur. Las imágenes de las marcas de los culatazos de los rifles, de los orificios de bala en la cabeza, pero también en las manos, “por lo que deducimos que esas personas no estaban atadas cuando las asesinaron, pues pusieron la mano delante de sus caras”, nos hace fijarnos el arqueólogo, se suceden demostrando que, efectivamente, “los huesos nos hablan”. Junto ellas, las fotografías de esos otros objetos que han sobrevivido a la tierra encima –quizás porque la crueldad se redobla cuando se apodera de lo cotidiano– nos inquietan aún más: una ficha de dominó, una cajita de pastillas Juanola, un peine, una cuchara, un cepillo de dientes...  

“Y después, esta obra cuenta con dos últimas partes muy importantes, la de las semblanzas de todas las víctimas cuyas identidades se conocen por estar registradas en los libros del cementerio, y la de las tablas que hemos construido para registrar todo lo que estaba en esos libros referente a las víctimas, quiénes eran, si se precisa o si se registra como desconocido, de dónde viene el cuerpo, la edad, la procedencia, cuándo fue enterrado”, precisa Gutiérrez Molina que al igual que Gener, y como en muchas otras ocasiones, se siguen maravillando por “lo completo y detallado” que están identificados los enterramientos en el cementerio de San José, donde “por la razón que sea” y dentro “de la barbarie”, se siguió actuando “como si no hubiera pasado nada”.

Así, en este libro se deja testimonio, de una forma o de otra, de las 101 víctimas localizadas en el cementerio gaditano –43 en sepultura, 37 en la fosa norte y 21 en la fosa sur– de las que, hasta ahora, sólo “2 han sido identificadas con ADN”, hay 5 con identificación presuntiva, “es decir, que estamos casi seguro que son ellos y lo vamos a cotejar con ADN”, 62 restos de los que también se tienen las muestras de las familias para hacer esta prueba, “pero también tenemos 19 restos que los tenemos identificados porque coinciden los datos de los registros con lo obtenido en la excavación, pero no tenemos familias para hacer la prueba”, lamentan.

De hecho, estas tablas, este libro, es también un mensaje en una botella para los familiares de las personas que alguna vez dieron vida a esos restos. Los huesos hablan, dicen Gener y Gutiérrez Molina, con ADN y sin ADN. Y en este libro que coordinan lo hacen alto y claro. Sólo hay que estar dispuestos a escucharlos.

Ayuso no quiere memoria histórica en la sede de su Gobierno: “Es una barbaridad vincular este edificio con el franquismo”

 https://www.eldiario.es/sociedad/ayuso-no-quiere-memoria-historica-sede-gobierno-barbaridad-vincular-edificio-franquismo_1_11860876.html

Un activista reclama en la Puerta del Sol que la Direccion General de Seguridad (DGS) se convierta en un Lugar de Memoria.

Marta Borraz

29 de noviembre de 2024 22:39 h

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Cuando Jesús Rodríguez estaba encerrado en aquel calabozo sin apenas luz, escuchaba las pisadas de quienes pasaban al lado atravesando la Puerta del Sol de Madrid. Era 1974 y acababa de ser detenido y torturado por participar en una reunión preparatoria de las protestas contra la pena de muerte de Salvador Puig Antich. Se encontraba en el centro de detención más importante de la dictadura, cuyos sótanos estaban coronados por unos ventanucos situados en la parte alta que daban directamente al exterior. Hoy, 50 años después, cuando pasa por delante de aquellos huecos que se ven por fuera del edificio a ras de suelo, todavía se estremece: “Cuando estaba allí metido pensaba mucho en que aquella gente que oía caminar y no tenía ni idea de lo que allí pasaba. ¿Queremos que siga siendo así?”.

Jesús, que fue militante de la Liga Comunista Revolucionaria y acabaría encerrado dos veces más allí, se refiere a la estrategia que ha desplegado el Gobierno de la Comunidad de Madrid para evitar que la Real Casa de Correos, el edificio que albergó la Dirección General de Seguridad y hoy es sede del Ejecutivo autonómico, sea recordado como centro de torturas del franquismo. Es un proceso que el Gobierno de Pedro Sánchez inició hace un mes con el objetivo de declarar al edificio como Lugar de Memoria Democrática, pero el PP de Isabel Díaz Ayuso ya ha anunciado que usará “todos los resortes legales” a su alcance para evitarlo.

Así, por un lado, el Gobierno autonómico ha presentado alegaciones en las que pide al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que archive el expediente y, por otro, el Grupo Popular en la Asamblea de Madrid ha registrado una enmienda a una ley que estaba tramitándose para garantizar que la instalación de cualquier placa o distintivo en el edificio, que es Bien de Interés Cultural (BIC), requiera “la previa autorización” del Consejo de Gobierno de la Comunidad. Además, el texto establece que no se autorizará ninguna “que pueda perjudicar o generar confusión sobre la Real Casa de Correos como sede de la Presidencia”.

La decisión del ministerio dirigido por Ángel Víctor Torres de designarla como Lugar de Memoria Democrática, una figura contenida en la ley homónima, se basa en la consideración de la Dirección General de Seguridad como “referente y símbolo de las violaciones de derechos humanos durante el franquismo”. El objetivo es “rescatar del olvido y reconocer a quienes sufrieron humillaciones, torturas o encontraron la muerte en sus dependencias” y “contribuir al conocimiento de la verdad de lo que ocurrió con la finalidad de que nunca vuelvan a ocurrir hechos similares en nuestro país”.

Pero declarar de este modo un espacio o inmueble no es solo algo simbólico, sino que va acompañado de la instalación de “placas, paneles o algún distintivo memorial”, además de que se impulsen medidas “de difusión e interpretación de lo acaecido” en ellos. Es lo que llevan tiempo reclamando las asociaciones de víctimas –entre ellas La Comuna, a la que pertenece Jesús Rodríguez– y lo que se aprobó el pasado octubre en la Comisión Constitucional del Congreso a través de una proposición no de ley que pedía al Gobierno la colocación de una placa en la fachada que recordara que allí fueron detenidas y torturadas miles de personas.

Las campanadas y el Kilómetro 0

Sin embargo, la oposición del PP madrileño es frontal: “Tratar de vincular este edificio histórico con el franquismo es una auténtica barbaridad. La Real Casa de Correos tiene más de 250 años de historia y ha sido testigo de múltiples acontecimientos que ha vivido nuestra ciudad y nuestra región y, además, ha tenido distintos usos”, ha justificado el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín. El también portavoz del Gobierno ha apelado a “la neutralidad, la pluralidad, el respeto a la historia, la imagen institucional, el significado y el uso actual de la sede de la Presidencia” que define como un “símbolo de concordia para todos los madrileños”.

La Comunidad considera que el ministerio "interpreta de forma sesgada la historia" porque apunta a que el tiempo de uso de la Real Casa de Correos como DGS –entre 1939 y 1979– fue "ínfimo" y esto "no puede transformar su verdadera significación histórica

Además de algunos de los usos que en el pasado tuvo el edificio, entre ellos sede del Ministerio de Gobernación durante la Segunda República, la consejería enumera como argumentos que “en la memoria de todos los madrileños y españoles” la Puerta del Sol “se vincula, por ejemplo, con la celebración cada año de las campanadas y con el Kilómetro 0 de las carreteras radiales”. Así, la Comunidad considera que el ministerio “interpreta de forma sesgada la historia” porque apunta a que el tiempo de uso de la Real Casa de Correos como DGS –entre 1939 y 1979– fue “ínfimo” y esto “no puede transformar su verdadera significación histórica”.

En sus alegaciones, la Comunidad de Madrid expone que el inicio del trámite por parte del ministerio “vulnera las competencias” autonómicas y “ataca el funcionamiento de una institución de autogobierno” y denuncia además “la total falta de lealtad institucional” con la que, asegura, “ha actuado el Estado, sin comunicación previa a su publicación en el BOE de un asunto tan relevante”. Y, además, al margen del expediente, el PP de Madrid ha enmendado la proposición de Ley de Medidas para la Mejora de la Gestión Pública con el objetivo de “defender la verdad, la historia y el uso actual de este edificio”.

Por su parte, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática defiende su actuación y señala el procedimiento que establece la Ley de Memoria Democrática para estos supuestos. “Las declaraciones de Lugares de Memoria pueden plantearse por dos vías: a petición de asociaciones o instituciones o de oficio por parte de la propia Secretaría. En este caso se han dado las dos”, argumenta una portavoz, que apunta a que “una vez incoado el expediente y hecho público a través del BOE se informa a las entidades que tienen que ver con la propiedad para que emitan informe o presenten alegaciones, como ha hecho la Comunidad de Madrid”.

La DGS, epicentro de la represión

El historiador Pablo Alcántara, que ha investigado a fondo el edificio y ha reconstruido la Dirección General de Seguridad, destaca el papel que este organismo desempeñó durante la dictadura. “Durante más de 40 años no fue un edificio cualquiera de la administración franquista, fue el epicentro de la represión. La DGS coordinaba los servicios policiales de todo el Estado, no solo de Madrid. Y en sus calabozos se practicaron todo tipo de torturas físicas y psicológicas. Eso es algo que merece su reconocimiento en cualquier Estado democrático”, esgrime el experto, que acusa al Gobierno autonómico de “doble rasero” al “considerar válidos unos hechos históricos y no otros”.

Se refiere a las tres placas que sí permanecen instaladas en el edificio: una la que conmemora el levantamiento del 2 de mayo de 1808, otra en homenaje a las víctimas del 11M y una última a los muertos por la pandemia de Covid. “¿Hay un pasado que sí se puede reivindicar y otro que no? Eso es usar la Historia a su antojo, eso sí que no es neutralidad”, reflexiona el historiador.

En el mismo sentido se expresa Jesús Rodríguez, cuyo caso de torturas en la DGS forma parte de la querella en Argentina que investiga los crímenes del franquismo. “Claro que es un edificio que tiene su historia y es muy importante para nuestro país. Eso lo asumimos, de hecho no estamos pidiendo que sea identificado y se considere solo DGS, para nada, pero no se puede negar que lo fue y que quienes allí estuvimos sufrimos una violación muy grave de los derechos humanos. Eso no es anular su historia, es contarla completa”, remacha.

Aunque ahora ha desplegado sus herramientas para intentar vetar la colocación de una placa en el edificio, el Gobierno de Ayuso ya se había opuesto antes a ello. En octubre, cuando el Gobierno inició el trámite, el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Mariano de Paco, aseguró que se trataba de “un intento desesperado de atacar a la presidenta” y en abril García Martín acusó a quienes hacen la propuesta de “estar constantemente revisando la Historia”. “Sobre las placas que están instaladas o que se puedan instalar en la fachada de la Real Casa de Correos, le digo que en este momento hay tres placas y son las únicas que hay y las únicas que habrá”, afirmó en un mensaje reiterado después por la propia Ayuso en redes sociales.

Las víctimas y asociaciones que lo reclaman consideran “una anomalía” que tantos años después aún cueste tanto hacer memoria y miran a otros lugares como la Escuela de Mecánica de la Armada de Buenos Aires, el principal centro de tortura de la dictadura argentina hoy convertido en memorial o la sede en Lisboa de la que fuera la policía política de Salazar, donde “hay una placa que lo recuerda”, explica Jesús Rodríguez. Aunque la inmensa mayoría de centros de detención del franquismo que existieron en muchas ciudades no están señalizados, no hace falta irse fuera para ver un ejemplo: en la comisaría de Via Laietana de Barcelona una placa recuerda la represión política que allí se ejerció.

“Fuimos miles y miles de personas las que pasamos por la DGS, el principal centro neurálgico de la tortura en España. ¿Cómo no va a ser recordado esto? ¿Qué otra cosa vamos a recordar? Es un ejercicio de salud democrática, es reparación para las víctimas y una vacuna para que nada así pueda repetirse en el futuro. Un país que no reconoce su pasado es un país enfermo”, zanja Rodríguez.