Una vez que se produjo el golpe militar, allí donde se impuso, se dictaron de manera inmediata los bandos de guerra que permitían asesinar a cualquiera a quien se considerara desafecto. Esto dio lugar a la fase más dura de la represión, la que con el Ejército de África en cabeza y el grupo de los africanistas, diezmó la población entre julio y noviembre de 1936. Luego, tras el fracaso ante Madrid, la llamada Fiscalía del Ejército de Ocupación, al mando del jurídico militar Felipe Acedo Colunga, inició un recorrido que la llevaría de Málaga a la caída de Cataluña.
En tanto esto ocurría, en el territorio que se iba ocupando tenían lugar una serie de consejos de guerra de carácter ejemplarizante contra las autoridades republicanas que al contrario que la otra represión sí se hizo pública a través de los medios de comunicación al servicio de los golpistas. Este fue el caso, entre otros, de las autoridades civiles y militares de Cádiz en un consejo de guerra que se celebró de inmediato y que sin que quede claro el motivo se desglosó en dos grupos, uno de los cuales fue asesinado antes de que se dictara sentencia. Aquí se muestra en estado puro en qué consistió la justicia de los sublevados.
Francisco Espinosa Maestre
El golpe militar en Cádiz[1]
Tres días después de las elecciones de febrero de 1936 –tras la irrefutable victoria de la candidatura frentepopulista sobre la antirrevolucionaria–, se pudo leer en el Diario de Jerez una idea de larga duración en la derecha española:
Las Derechas –mejor dicho, los españoles– tienen que ir pensando en otra cosa. Con las elecciones no se arregla esto y si se vuelven a convocar hay además el peligro de que nadie vote; porque este straperlo conocido por sufragio inorgánico a nadie convence.
Las derechas, fuera de juego, solo admitirían ya el sistema democrático si los resultados le eran favorables. Y puesto que no era así, por más minoría que fueran, estaban dispuestas a imponerse sobre la mayoría.[2] «Solo con violencia, únicamente por fuerza de las armas, se imponen los mejores«, decía Falange. En las semanas posteriores, en los cinco meses de Frente Popular, se dedicaron a acumular agravios. Aunque lo que destacasen fueran los hechos más llamativos como los incendios y asaltos a edificios religiosos, lo que en realidad más temían era el desarrollo legislativo de proyectos y leyes iniciadas en 1931 y frenadas en el Bienio 1934-35. Especialmente la reforma agraria.
Las autoridades republicanas, por lo que respecta a la trama golpista gaditana, tomaron dos medidas que los sublevados agradecieron: el traslado de los generales José López-Pinto Berizo[3] de Cartagena a Cádiz como Comandante Militar y el de José Varela Iglesias,[4] implicado en una operación antirrepublicana descubierta en abril y confinado en Cádiz a principios de mayo. El foco, por supuesto, radicaba en Sevilla y concretamente en el Estado Mayor de la Segunda División, dirigido por el comandante José Cuesta Monereo, siempre en segunda fila tras el figurón de Queipo. López-Pinto, trasladado por criticar a la corporación municipal de Cartagena, tomó posesión el 11 de marzo y de manera inmediata se puso en contacto con el comandante Cuesta Monereo y el capitán Escribano Aguirre, ambos en Sevilla, a través del capitán de Estado Mayor Jaime Puig Guardiola.
En la trama estaban implicados el comandante Manuel Baturone Colombo (Infantería), el capitán Juan María Muro Marcos (Artillería) y el coronel Pedro Jevenois Labernade, todos en contacto con Varela y López-Pinto. Pensaban que «si el movimiento venía desde un empleo superior al suyo, aun cuando no fuera el orgánico, como por ejemplo si procediera del General Franco o del General Queipo de Llano, obedecerían inmediatamente para dar fin a la vergüenza que representaba el Frente Popular«.[5]
Parte fundamental del plan golpista fue la presencia constante de fuerzas militares en la ciudad desde febrero hasta julio del 36. Dividieron la población en dos sectores, uno para las fuerzas de Artillería y otro para las de Infantería. La derecha veía con pavor acontecimientos como el mitin de la Plaza de Toros al que acudió Largo Caballero o los excesos anticlericales de abril, pero a la vez apreciaban el tono moderado de los republicanos, tanto de Azaña como del diputado Manuel Muñoz Martínez. En todo caso valoraban más los camiones con ametralladoras que recorrían la población día tras día o la sección de artillería preparada para lo que surgiera. Las quejas del gobernador civil Zapico ante semejante despliegue fueron siempre justificadas por el desorden existente.
A finales de junio pasó por Cádiz el general Queipo y ultimó detalles con todos los implicados. Solo ellos sabían el importante papel que la provincia había de jugar como base para tropas africanas trasladadas tanto por mar como por aire. Por eso, por su importancia, el golpe en Cádiz no podía fallar.
Los militares consideraban, tras algunos contactos previos, que la aportación de Falange[6] y del Requeté a la sublevación era «tan insignificante como extraña«. Pues efectivamente, como en otras provincias cercanas, la colaboración civil era irrelevante. Todo dependería de los militares antirrepublicanos y, por encima de todo, de las fuerzas africanas.[7] A veces, como en el caso de Manuel Mora-Figueroa en Cádiz, los falangistas eran también militares. Mora estaba en contacto con Ramón Carranza Gómez, futuro alcalde, en cuya casa de la sevillana Avenida de la Palmera se encontraba el 11 de julio. Precisamente por esa casa pasaron esa misma noche José Fariña Ferreño, delegado del general Sanjurjo, y el capitán Juan Sangrán, enlace entre Sanjurjo y Varela. Querían comunicarle a este que según el viejo Ramón de Carranza, que se hallaba con Sanjurjo en Portugal, sería mejor que se hiciese cargo de Madrid, pero Varela no aceptó.
El día 17 de julio, ya de noche, llegó la noticia de que parte de la guarnición de África se había sublevado en unión de la Marina y se dirigía a Algeciras y Cádiz con fuerzas de Regulares y del Tercio a bordo del «Churruca» y en un correo. Inmediatamente desde Madrid se ordenó preparar la Batería para frenar dicha operación y detener al general Varela, que como favor especial del gobernador pasó bajo control de López-Pinto. En Cádiz tanto el gobernador civil, Mariano Zapico Menéndez-Valdés, como los milicianos, creían aún en la fidelidad de las autoridades militares a la República.
A las 3 de la noche una llamada desde Tetuán informó al general López-Pinto de que los sublevados controlaban la situación[8]. Y solo una hora después Ruiz de Atauri, Jefe de la Base Naval de San Fernando, comunicaba a López-Pinto que se encontraban ya en estado de alarma. A las 6.30 son enviadas dos ametralladoras y 50 artilleros a la Comandancia Militar por orden del teniente coronel Jevenois Labernade. Ante las alarmantes noticias propaladas por Radio Ceuta, el gobernador Zapico ordenó a Radio Cádiz que interfiriera dicha emisión.
A las 9 de la mañana del sábado 18 se reunieron todos los implicados en el Cuartel de Artillería en torno al comandante Baturone y al capitán Puig Guardiola. Sobre las 11 preguntaron al general López-Pinto que cuándo empezaba todo, respondiéndoles este que había que esperar órdenes de Sevilla. Zapico, preocupado por los sucesos y movimientos incontrolados que ocurrían en la ciudad, utilizó la Radio para hacer un llamamiento en defensa de la República, acudiendo al Gobierno Civil y al Ayuntamiento varios centenares de personas. Por su parte la Casa del Pueblo declaró la huelga general. En el Ayuntamiento actuaba de alcalde accidental Rafael Madrid González en ausencia de Manuel de la Pinta Leal, acompañado por concejales como Florentino Oitabán Corona (comunista), Juan Camerino Benítez (comunista), José Miranda de Sardi (sindicalista), Bernardino Jiménez del Moral, Luis García-Martell Pérez o Federico Barberán Díez (socialista). La guardia municipal es desarmada por el capitán de Infantería retirado Antonio Muñoz Dueñas, nombrado delegado gubernativo, al que acompañan los concejales Miranda de Sardi y Rogelio Millán. Las armas son entregadas a la Casa del Pueblo, cuyos miembros levantan barricadas en las cercanías. A la 1.30 los sublevados ordenan a los oficiales que vayan al Cuartel, siendo detenidos varios de ellos y trasladados al Gobierno Civil por grupos de milicianos alarmados ante los extraños movimientos militares.
Poco después Varela, puesto en libertad por orden de Queipo y López-Pinto, y acompañado por varios oficiales, toma el mando de las fuerzas. Pasa por el Cuartel de Artillería, donde ordena a Jevenois la salida de fuerzas contra los centros oficiales, y por el de Infantería, al mando del coronel José Herrera Malaguilla. Los militares dudosos o contrarios al golpe son detenidos. Sobre las 3.30 fuerzas de Infantería y Artillería ocupan los puntos clave de la ciudad y cortan los accesos. El bando de guerra se leyó a las 4 entre silbidos y abucheos de muchos gaditanos. Todo se hace, como en Sevilla, a la espera de la llegada de la tropa de choque, moros y legionarios, que embisten esta vez contra los propios ciudadanos a los que supuestamente debían defender.[9]
Al Ayuntamiento se envió una sección de Infantería con ametralladora. Y también se enviaron fuerzas contra Correos y Telégrafos, cuyo control por los republicanos permitió al gobernador mantener su línea oficial durante unas horas e incluso realizar llamadas de auxilio a varios pueblos cercanos. Los grupos que llegaron de los alrededores fueron todos contenidos por las ametralladoras instaladas en Puerta Tierra y en el fuerte de La Cortadura. La última llamada de socorro lanzada desde la radio la realizaron los concejales Antonio Martínez Jurado y Servando López de Soria a primeras horas de la tarde e inmediatamente fue ocupada la emisora por fuerzas de Artillería. Entonces, según la Historia de la Cruzada, el capitán de Asalto Antonio Yáñez Barnuevo llamó a la emisora amenazando con destruirla. Lo cierto es que a las 21.30 se radió la primera charla de Queipo y tras el discurso una serie interminable de pasodobles, himnos, noticias guerreras y mucha música militar.
Llegó la noche. Toda la ciudad estaba a oscuras. Mientras los sitiadores seguían esperando la llegada del «Churruca», las masas saquean e incendian parte de la ciudad. A primeras horas de la noche se consiguió apartar a los grupos callejeros de los centros oficiales aún controlados por la República. Sobre las 3 horas el Gobierno comunicó a San Fernando el cese de los jefes de la Base Naval, los vicealmirantes José María Gámez Fossi y Manuel Ruiz de Atauri, y el nombramiento como primero y segundo jefe de los capitanes Tomás Azcárate García de Lomas y Virgilio Pérez Pérez. A las 4.30, tras una interminable espera, el «Churruca» y el «Ciudad de Algeciras» fueron divisados desde Torre Tavira.
A las 6 o 6.30 de la mañana se avistaron ya los barcos, que traían un tabor de regulares al mando del comandante Luis Oliver Rubio y un escuadrón pie a tierra también de regulares al mando del capitán Sanjuán, razones sobradas como para que los marineros no se adueñasen del barco hasta dejar la carga y salir de nuevo al mar. Solo entonces el gobernador Zapico se rindió al capitán Juan María Muro. Con él, y mientras el edificio del gobierno civil era invadido por los regulares, salieron entre otros el Presidente de Diputación Francisco Cossi Ochoa, el teniente coronel de Carabineros Leoncio Jaso Paz, el capitán de Corbeta Tomás Azcárate García de Lomas, el secretario del gobernador Antonio Macalio Carisomo, el oficial de Telégrafos Luis Parrilla Asensio y el Jefe de Policía Adolfo de la Calle. Los militares fueron conducidos al castillo de Santa Catalina y los civiles a la Prisión Provincial, desde donde a los pocos días fueron trasladados al barco-prisión «Miraflores», situado en la bahía.[10]
Luego fueron ocupados el Ayuntamiento, defendido por Muñoz Dueñas, Correos y Telégrafos, la Casa del Pueblo y la sede de la C.N.T., ambas tomadas y destrozadas por los regulares. «Los moros«, recuerda José Mora-Figueroa, «al oír unos disparos que nos hicieron en la calle San Francisco se dedicaron a correr la pólvora y los oficiales tuvieron que ordenar alto el fuego«[11]. En la defensa de Telégrafos, entre guardias de Asalto, funcionarios y voluntarios, hubo unas cuarenta personas.
La búsqueda y detención de dirigentes quedó para la Guardia Civil, cuyo Jefe fue nombrado Delegado de Orden Público, pero fue tarea compartida con Falange, siempre presta a tales menesteres. Al mando de los carabineros quedó el comandante Federico Rodríguez Báster. Los barrios más rebeldes, Santa María y La Viña, fueron barridos por los regulares sin contemplación alguna. Ante la huelga general se optó por la táctica habitual de ocupar la ciudad y de enviar a puntos clave a los regulares y a los paramilitares que se van incorporando. Los falangistas, por ejemplo, se reunieron en el Casino Gaditano[12] en la mañana del 18, primero 15 y finalmente 34, incluyendo varios militares retirados como Luis Rodríguez Ponce de León, Arsenio Martínez Campos, Marqués de la Viesca, o los requetés José Barca Romero y Francisco Castellón Díaz. Los falangistas fueron los guías que condujeron a los regulares por los barrios de Cádiz. El grupo de Mora, como el similar creado en Sevilla al mando de Carranza Gómez, era como una selección de la oligarquía local: seis representantes de la familia Mora-Figueroa, cinco Romero Abreu, dos Iraola Rodríguez-Guerra, dos Bustamante Llorente… Destaca también Luis Pardo Maestre, más tarde Jefe Provincial de la Falange onubense. El 21 de julio Manuel Mora-Figueroa y varios fascistas más robaron a punta de pistola dos faluchos de pesca con tripulantes incluidos y se dirigieron a Ceuta, regresando el 25 con 200 legionarios. Pese a que contaban con fuerzas de sobra preferían poner a estos y a los moros en vanguardia.
La desbandada fue general: entre los concejales Sardi y Millán fueron localizados en el Asilo; Oitabán por las azoteas; Ruiz de los Ríos en casa de un amigo. También fueron detenidos el comunista Camerino y el socialista Bernardino Jiménez del Moral. Como dice el informe: «Los dirigentes obreros están unos detenidos y otros fugados, y la masa obrera no da muchas señales de vida, si bien en algunos sitios siguen sonando disparos de pistolas, sin poderse precisar de dónde parten los tiros«[13].
Se quedó con la alcaldía el comandante Eduardo Aranda Asquerino, autor de diversos bandos tendentes a la «normalización» de la ciudad. Aranda era yerno del cacique gaditano Ramón de Carranza Fernández de la Reguera, Marqués de Villapesadilla, y cuñado por tanto de Ramón Carranza Gómez, trepado igualmente a la alcaldía de Sevilla a base de cañonazos. Nombró para gestores a varios militares retirados como Joaquín Escolano Mateo, Manuel Quevedo Torres y Luis Rodríguez Ponce de León, y a varios concejales carrancistas. El Gobierno Civil fue entregado al teniente coronel Antonio Vega Montes de Oca y la Diputación al también teniente coronel José Sánchez Noé.
Los primeros días fueron terribles para los gaditanos. Aunque los centros de poder estaban en manos sublevadas, la población no acababa de asumirlo. Todavía en septiembre se lanzaban advertencias en la prensa contra los vecinos de La Viña y Santa María. Entre el 20 y el 24 hubo momentos delicados: la sublevación de La Línea contra Algeciras, la sublevación del Arsenal de San Fernando, auxiliado por la Escuadra, y las malas noticias, solo conocidas por el mando, del fracaso de Madrid, Valencia, Barcelona, Málaga y otras. Y por encima de todo «el ambiente hostil de gran parte de la población«, especialmente en los barrios citados. Las barricadas, asaltadas por los regulares, estaban en pie aún. Los obreros fueron obligados a deshacerlas y a colocar de nuevo los adoquines a punta de fusil.
Así, Cádiz pudo ser centro de aprovisionamiento y base militar y marítima de los sublevados. O como se dijo en la Historia de la Cruzada: «Cádiz ha cumplido la misión que la geografía le imponía en el iniciado Movimiento Nacional«. El plan de los sublevados respecto a la provincia de Cádiz contaba inicialmente con la toma de tres bases: la capital, Jerez y Algeciras, dos para recibir a las fuerzas africanas y otra, Jerez, como guardiana de las anteriores. Cumplido este, el resto era cuestión de tiempo. Ramón de Carranza llegó a la ciudad el día 26 y solo tres días después fue nombrado Alcalde y Gobernador. «He pedido estos cargos para demostrar mi amor a la Patria en los últimos momentos de mi vida«, dijo para justificarse. Pese a todo Queipo le dio un gran disgusto el 9 de agosto, en que hubo de reducir su patriotismo a la mitad, pues entregó el Gobierno Civil a Eduardo Valera Valverde, militar retirado, gran propietario y gobernador civil de Sevilla en los tiempos de la Sanjurjada, en la que estuvo implicado. No obstante, Carranza, convencido de su genialidad, pidió a Franco que lo nombrara Almirante de la Flota Nacional y a Queipo que lo pusiera al frente del batallón de Cívicos que partieron de Cádiz a Madrid.[14] Tenía 73 años y moriría en septiembre de 1937.
Rebelión militar en Cádiz
Es sabido que las provincias del suroeste cayeron muy pronto en poder de los facciosos, ya que no en vano se situaban alrededor de uno de los principales focos del golpe militar, Sevilla, y fueron las que primero sufrieron la irrupción de las fuerzas africanas al mando de Franco. Como hemos visto, las autoridades republicanas se encontraban en el Gobierno Civil intentando dar respuesta a la declaración del bando de guerra. Poco pudieron hacer frente a lo que se les vino encima y su resistencia solo duró, como hemos visto, desde la tarde del 18 hasta las 7 horas del 19 de julio. Tras entregarse se abrió un expediente judicial contra Mariano Zapico, el teniente coronel Jaso, el capitán Yáñez-Barnuevo, el oficial de Telégrafos Parrilla Asensio, el Presidente de Diputación Cossi Ochoa, el capitán de Fragata Azcárate y el secretario particular del gobernador, Antonio Macalio.
Sin embargo, con posterioridad se establecieron diferentes grados de responsabilidad y los tres últimos fueron juzgados en causa aparte. De esta ya traté en La justicia de Queipo.[15] En aquel momento –hablo de fines de los noventa– el Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla era un caos y solo localicé el sumario relativo a Azcárate, Cossi y Macalio. El instructor fue en todos los casos el mismo, el comandante Joaquín Camarero Arrieta. Hace unos años tuve noticia de que se contaba ya con el procedimiento seguido a los demás, lo cual me ha llevado a completar aquella historia sirviéndome a la vez de algunos trabajos previos y de otros posteriores tanto para el primer bloque del artículo como para el último.[16] Ahora veremos cómo contaron esta historia los militares golpistas.
El sumarísimo 82/36 empezó con los siete mencionados acusados de un delito de rebelión militar. El juez instructor fue, como se ha dicho, Joaquín Camarero Arrieta y en funciones de secretario estuvo el alférez Baldomero Sánchez Cadenas. El primero en declarar el 22 de julio fue el general golpista José Varela Iglesias, que dijo ser el jefe de “las fuerzas del Ejército que redujeron a los revoltosos que ocupaban el edificio del Gobierno Civil”, es decir, a las autoridades legales y democráticas. Cuando tuvo que contar lo ocurrido a partir de las 4 de la tarde del 18 de julio dijo que, al mando de una columna formada por un batallón de Infantería y una batería de artillería, se dirigió al edificio del Gobierno Civil y lo rodearon. Envió al comandante Manuel Baturone Colombo para que se rindieran y como la gestión no tuvo éxito decidieron abrir fuego contra el edificio durante quince minutos, tras lo cual Varela telefoneó al gobernador instándose de nuevo a la rendición.
Para entonces ambas partes tenían ya algunas bajas. En ese momento Varela permitió la salida del edificio de heridos, mujeres, niños y hombres sin armas, justificando no haberlo hecho antes en que no creía que el fuego causase víctimas, ya que su intención era “atemorizar al gobernador para que se entregara”. Tras la salida dio la orden de utilizar la artillería de mayor calibre. Los del edificio se defendían con fusiles y pistolas. Finalmente sobre las siete de la mañana sacaron bandera blanca y se entregaron, noticia que le llegó mientras recibía en el muelle a las fuerzas de regulares recién llegadas de Ceuta.
A continuación prestó declaración el comandante Nicolás Chacón Manrique de Lara, que dirigió dos compañías de fusileros y una sección de máquinas de acompañamiento para publicar el bando de guerra, tras lo cual se dirigió igualmente al Gobierno Civil por la parte del Paseo de Canalejas e Isaac Peral, y cruzaron disparos con fuerzas de Asalto teniendo cuatro bajas, un corneta muerto y un teniente y dos cabos heridos. Por su parte Baturone Colombo, que acompañó a Varela, fue por orden de este al Gobierno Civil para decir al gobernador que se entregasen por haber sido declarado ya el estado de guerra. Contó que vio en el edificio fuerzas de Asalto y “muchos individuos de las fuerzas Marxistas y comunistas, unos con armas y otros que decían que necesitaban armas para defender aquel lugar y que así no entraría nadie”. Zapico se negó a entregarse diciéndole que “no se rendía a ningún poder faccioso” y le preguntó si el general José López-Pinto Berizo no mandaba, a lo que Baturone contestó que él fue precisamente quien declaró el estado de guerra y que la columna estaba al mando de Varela. Dos militares detenidos, el capitán Julio Almansa y el teniente Joaquín Rodríguez Llanos, le pidieron salir de allí pero el gobernador se negó. Luego siguió el fuego hasta que se acordó la salida ya comentada, en la que iban unos treinta hombres.
Uno de los testimonios más duros por haber estado dentro del Gobierno Civil fue el del capitán Julio Almansa Díaz. Fue detenido como otros militares por fuerzas de Asalto cuando se dirigía al cuartel. Contó el intento de salir cuando Baturone entró en el Gobierno Civil. Tras la salida de este varios de los allí congregados aconsejaron al gobernador que se rindiera, sin resultado alguno. Tal decisión llegó a las siete de la mañana del día 19 cuando los vigías que estaban en la terraza del Gobierno Civil anunciaron la llegada al puerto del “Churruca” con sus cinco cañones y de otro barco con regulares a bordo. Según Almansa cuando esto ocurrió el gobernador dijo “Bastante hemos hecho para lo que han hecho con nosotros”.
Preguntado por la actitud de Zapico dijo que cuando se acercaban los soldados al edificio se acercó al balcón y dio el grito de ¡Viva la República!, que fue contestado por un militar con un ¡Viva España!, a lo que supuestamente él contestó: “¡Qué coño Viva España! ¡Viva la República!”. Según Almansa el gobernador ordenó la entrega de armas a los “elementos afectos” al Frente Popular y a las Casas del Pueblo para que “hicieran toda clase de barbaridades por Cádiz”, que asaltaran las casas de particulares y que atacasen a las fuerzas que rodeaban el Gobierno Civil. Así mismo pidió a Madrid aviones que bombardearan dichas fuerzas y, por indicación de una mujer que se encontraba allí, que se dijera por la radio que todos los soldados estaban licenciados y que no obedecieran a sus jefes. Mantuvo igualmente que cuando comenzó el fuego intenso el mando lo ejerció Luis Parrilla Asensio. Añadió que cuando empezó el cañoneo casi todos los presentes pidieron al gobernador que se rindiera.
Del capitán de fragata Tomás Azcárate dijo simplemente que el gobernador confiaba en él y le pedía opinión. Fue este quien informó de la llegada del “Churruca” al puerto y de su poder de fuego. Del teniente coronel de Asalto Leoncio Jaso, que lo vio en el despacho de Zapico dando órdenes a las secciones de carabineros de Chipiona, Rota y Jerez para que atacaran a las fuerzas sublevadas. Añadió que dijo “cuándo se van a convencer de lo que yo he dicho toda mi vida, es decir, que los militares no se metan en política”. Y cuando el gobernador se quejó por teléfono de que todas las tropas le habían sido infieles Jaso le dijo: “Todas no, Sr. Gobernador”, en referencia a las de Carabineros que representaba. De Antonio Macalio, el secretario del gobernador, solo recordó, aparte de que resultó herido, que pasó el tiempo hablando con Madrid y pueblos de la provincia.
Al capitán Antonio Yáñez-Barnuevo lo consideró el alma de la resistencia, junto con Luis Parrilla. Según Almansa, Yáñez ordenó ir a los domicilios de los jefes y oficiales que tenía buena posición y los asaltaran para así obligar a los sitiadores a abandonar las posiciones en torno al Gobierno Civil. Añadió que, estando con Parrilla, este dijo “mañana hemos de formar un Tribunal Popular y fusilar a medio Cádiz”. Habló también de la señora que aconsejó usar la radio y de otros. Finalizó diciendo que “en todo momento la actitud de los que se encontraban en el Gobierno Civil fue correcta” para con los detenidos y recordando que alguien dijo que por qué se había dejado salir con vida a Baturone, a lo que Zapico contestó que eran las leyes de la guerra.
Luego declaró el teniente Joaquín Rodríguez Llanos, detenido igualmente por fuerzas de Asalto cuando se dirigía al cuartel. No hizo uso del arma que llevaba en el bolsillo porque el que dirigía el grupo dijo que “no se hiciera daño a las personas”. En el Gobierno Civil lo recibió Yáñez, quien afirmó que tenía orden del gobernador de detener a los militares. También había soldados detenidos. En sus declaraciones culpó al gobernador Zapico de que, mientras las fuerzas de artillería proclamaban el estado de guerra, daba instrucciones a capitán Yáñez para que se diese a las fuerzas marxistas armamento y municiones. Gritó ¡Viva la República! Cuando las fuerzas se desplegaban por la Plaza de las Cortes. Contó la visita de Baturone y afirmó que creía recordar que en el primer alto el fuego que se hizo “ordenó a unos cuantos individuos que marchasen a la Casa del Pueblo y armasen a todos y salieran a la calle para cometer todo tipo de barbaridades para así distraer a las fuerzas”.
Añadió que le pareció notar que el gobernador tuvo “un momento de volverse atrás al darse cuenta que asumía la responsabilidad de vidas y haciendas de la población”. Cuando ya la situación se agravó con la amenaza de bombardeo trataron de que se rindiera, pero él “se negó diciendo cumplía con su deber”. Cuando un teniente coronel del castillo de Santa Catalina se le ofreció con veinte soldados ordenó que junto con los carabineros atacaran a las fuerzas. La rendición solo llegó cuando vieron la llegada del “Churruca” con fuerzas de Regulares. Dijo también que “trató con nobleza a los presos”.
De Jaso solo comentó que estuvo dando órdenes por teléfono para que los carabineros atacasen a las fuerzas y ordenó la concentración de estos en varios pueblos para dirigirse luego a la capital. Peor parado salió Antonio Yáñez, acusado de dar armas a los marxistas y de indicar al gobernador “el asalto de las casas de jefes y oficiales de dinero de esta población”. Obsérvese que el declarante anterior, el capitán Almansa, acusó de esto mismo al gobernador Zapico. Sobre Parrilla Asensio, siempre en contacto con el gobernador, afirmó que fue junto con Yáñez el que controló la defensa del edificio. Otros tuvieron una actitud pasiva aconsejando la rendición. Aludió igualmente a la presencia de una joven con gafas acompañada siempre de dos jóvenes. Y añadió: “La citada mujer tomo parte activísima y cree el declarante que se captaba (sic) de haber herido a un cabo”.
También prestó declaración el teniente de la Guardia Civil José López Lajarín, otro de los detenidos, quien dijo haberse hecho una idea de la situación cuando el capitán “Yáñez y los comités de huelga subieron en tumulto”, decidiendo que no estaba dispuesto a luchar contra su Patria, representada por el Ejército Español”. Quedó retenido hasta el día siguiente. Preguntado que quiénes estaban allí mencionó, además de los ya conocidos, al padre del diputado Muñoz Martínez y a la hija del comunista Rendón, es decir a la comunista Milagros Rendón, la única mujer presente en el edificio[17]. Según López el gobernador ordenó a los comandantes de puesto la entrega de las armas que tenían en depósito, que los de Asalto entregasen pistolas a los obreros, que estos declarasen la huelga revolucionaria y que “cometieran toda clase de barbaridades”, aunque luego dio contraorden.
Declaran los “rebeldes”
Por fin el 25 de julio prestó declaración Mariano Zapico Menéndez-Valdés, de 45 años y natural de Pola de Laviana (Oviedo), de Izquierda Republicana y comandante de Artillería[18]. A la pregunta de por qué no salió del Gobierno Civil tras la visita de Baturone dijo que
no solo no se creyó obligado a obedecer tras la intimación del Comandante Sr. Baturone, sino que por el contrario creyó y sigue creyendo que con arreglo a la ley fue el Comandante quien debió obedecer la exhortación que como Gobernador le hizo de retirar a cuartel aquellas tropas que estaban procediendo a la declaración de un estado de guerra absolutamente ilegal por cuanto no había sido decretado por el Gobierno legítimo para toda la Nación ni en lo que respecta a Cádiz había dimanado de un acuerdo de la Junta de Autoridades que como gobernador tenía que haber convocado y presidido.
De ahí que no se rindiera. Sobre la entrega de armas a “elementos rojos” dijo que ignoraba de quién pudo partir aquella orden, pero que la asume por la idea de que “era preciso oponerse por cuantos medios fueran eficaces para ello a aquella declaración ilegal del estado de guerra”. En cuanto a la entrega de armas a las Casas del Pueblo con la orden de “cometer toda clase de barbaridades” dijo que era falso, pues “en todo momento pensó en oponerse a las ilegalidades que se estaban cometiendo. Tampoco avisó por teléfono a nadie en tal sentido, como también era falso que se le ofreciera el teniente coronel del Castillo de Santa Catalina, ya que de haber sido así lo habría aceptado».
Preguntado acerca de por qué se encontraban allí los que lo acompañaban explicó que Leoncio Jaso fue requerido por él en cumplimiento del Reglamento de Coordinación de Servicios para casos de alteración del orden público; Tomás Azcárate por orden de su superior de la base naval para que se pusiera a sus órdenes; Antonio Yáñez, en la natural obediencia a la orden que le dio; Francisco Cossi como presidente de la comisión gestora provincial, y Antonio Macalio como su secretario particular. También estaba allí por orden suya el comisario Adolfo de la Calle, compinchado con los golpistas y que sería nombrado Delegado de Orden Público en octubre de 1936, del que luego se sabría que actuó como enlace con López-Pinto. De la gente a quien pidió que fuera al Gobierno Civil solo faltó el teniente coronel de la Guardia Civil Vicente González.
Después, el mismo día 25, declaró Leoncio Jaso Paz, de 59 años y natural de Zaragoza. Dijo que acudió al Gobierno civil por petición del gobernador y se enteró por el comandante Federico Fernández Báster y por el capitán Manuel San Martín Rivas de que desde el Gobierno Civil se había avisado radiotelefónicamente de que “trataba de declararse de un modo faccioso e ilegal el estado de guerra en la ciudad”. El gobernador civil se limitó a hacer uso del llamado decreto de subordinación de septiembre de 1934 (artículos 17 y 18). Añadió que tenía “un arraigado convencimiento de que el militar debe solo militar al servicio de los poderes legalmente constituidos por entender que de no hacerlo así es pecado de deslealtad al mando cuando no crimen de traición…”. Respecto a no abandonar el edificio cuando lo solicitó el enviado por Varela dijo que ni se enteró de la visita de Baturone, pero que de haberlo sabido tampoco lo hubiera hecho “desde el momento en que por boca de la para él legítima autoridad se le confirmó la ilegalidad del movimiento que suponía la declaración del estado de guerra y se le requirió oponerse a él”. Añadió que pesó también el compromiso de fidelidad a la República. En cuanto a órdenes dadas solo reconoció haber tratado de reunir en Jerez las fuerzas de Carabineros de Chipiona y Rota a modo de prevención, pero la orden no llegó a su destino, ya que el paisano que la llevaba fue registrado y tuvo que entregarla a los sublevados. Recordó finalmente que cuando Zapico se quejó de la traición de todas las fuerzas le recordó que las que estaban a su mando se mantuvieron fieles a la legalidad.
El mismo día 25 prestó declaración Tomás Azcárate García de Lomas, de 45 años y natural de San Fernando. Expuso la razón por la que se encontraba en el edificio y mantuvo que de ningún modo se hubiera planteado la rendición estando a las órdenes del gobernador, máxime cuando, al no haber seguido los trámites legales, pensaba que la declaración del estado de guerra era ilegal. Al día siguiente lo hizo Antonio Yáñez-Barnuevo Milla, de 32 años y natural de El Saucejo (Sevilla). Dijo igualmente que se encontraba allí por orden del gobernador y que no se ausentó ni se rindió por no haber recibido órdenes en tal sentido del gobernador, “único del que tiene dependencia”. Tampoco supo de la llegada de Baturone por orden de Varela ni de la orden de rendición y que de haberlo sabido hubiera hablado con el gobernador “para tomar la decisión que él ordenase”. Sobre la entrega de armas a “comunistas y marxistas” afirmó que entregó algunas pistolas a elementos de confianza que representaban a los partidos gubernamentales. Preguntado por si dirigió el fuego contra las fuerzas provocando bajas dijo “que trató de repeler los repetidos ataques de la fuerza sediciosa contra el gobierno”. Y sobre si animó a los marxistas a tomar las calles y atacar las casas de jefes y oficiales mantuvo que pudo animarlos a salir a la calle, pero desde luego no para asaltar los domicilios de militares de derechas y de buena posición, cuyas direcciones conocía. Finalmente manifestó que avisaron a soldados asaltantes para que se apartaran por resultar blanco fácil, pero que no solo no se iban sino que disparaban, y si no hubo más víctimas entre los asaltantes fue porque ellos no quisieron.
El día 26 prestó declaración Francisco Cossi Ochoa, de 37 años y natural del Puerto de Santa María. A las cuestiones habituales de qué hacía en el Gobierno Civil y por qué no se rindió cuando llegó Baturone dijo que ese día estuvo en su despacho de Diputación, que se encontraba en el mismo edificio del Gobierno Civil y que a las 15 horas salió a comer con dos funcionarios en el Restaurante Vasco, tras lo cual supo de la presencia de militares. Y para rendirse “hubiese exigido las condiciones legales que el caso requería”. Él no fue de los que aconsejaron al gobernador que resistiera.
También declaró ese día Antonio Macalio Carisomo, secretario del gobernador. Sobre por qué no se rindió tras la visita de Baturone dijo “que no se rindió cumpliendo instrucciones telefónicas del ministro de Gobernación, que declaró faccioso dicho estado de guerra”. Que su actuación se limitó a trasladar a los alcaldes las órdenes que recibía de Gobernación.
Finalmente el 27 declaró Luis Parrilla Asensio, quien declaró que acudió a ponerse al servicio del Gobierno Civil por orden de su jefe. No se rindió debido a que “su obligación era estar incondicionalmente a las órdenes de la primera autoridad civil de la provincia”. Sobre la acusación de que dijo a Yáñez que había que fusilar a medio Cádiz afirmó que nunca dijo tal cosa. Naturalmente luego tuvo que declarar el jefe de Telégrafos, Francisco Javier Maestre Pérez, que mantuvo que no designó a Parrilla como ayudante del Gobierno Civil, sino que simplemente era uno de los tres que cumplían servicios allí en tres turnos.
“Rebelión militar”
Un Auto de fecha 28 plantea que las autoridades allí reunidas se negaron a acatar tanto el bando de Cádiz como el que firmó Queipo en Sevilla, que también les afectaba. De este modo se negaron a aceptar la petición de Varela y su delegado y además resistieron. Y que por tanto todo ello constituía un delito de rebelión militar, penado por el artículo 237 del Código de Justicia Militar y por el propio bando de declaración del estado de guerra. Por todo ello se les declaraba procesados y se ordenaba que prestasen declaración indagatoria.
En este sentido el mismo día 28 tuvo lugar la declaración de Mariano Zapico, en la que negó que fuera el autor del delito de rebelión. Simplemente estuvo al frente de la resistencia del Gobierno Civil y que “rechaza la potestad de los representantes de este estado de hecho y no de derecho para el ejercicio de la función augusta de administrar la justicia”. Por su parte Tomás Azcárate negó igualmente que fuera autor de tal delito, añadiendo que “creía que el acto celebrado por las tropas era ilegal y violento, y que oponerse a toda rebelión es virtud y deber de todo militar”. Antonio Yáñez negó igualmente el delito, así como que hubiera dicho que había que fusilar a medio Cádiz. Luis Parrilla, Francisco Cossi y Antonio Macalio se limitaron a decir que no eran autores de tal delito.
En esos días llegó el parte de bajas enviado por el regimiento de Infantería. Fueron heridos el teniente Luis Martínez del Cerro, los cabos Francisco Jiménez Giráldez y Juan Jiménez Ramírez y murió el corneta Rafael Soto Guerrero. El día 28 el instructor solicitó copia de las hojas de servicio e informes de todos los encausados. A continuación el instructor Camarero Arrieta dictó auto de procesamiento y expuso lo ocurrido en los días 18 y 19 de julio manteniendo que al no aceptar el bando de guerra decidieron “alzarse en franca rebeldía”. El día 31 Cossi, Macalio y Parrilla pidieron la revocación de dicho auto. El día 2 de agosto una providencia del instructor deja constancia de la orden recibida del auditor Bohórquez Vecina que ordena que se eleve el presente juicio de sumarísimo a plenario en los casos de Zapico, Jaso, Yáñez y Parrilla, y que con los demás, Azcárate, Cossi y Macalio, sigan los trámites ordinarios “debiendo aportarse más elementos de juicio”,[19] que luego veremos en que consistían. Ese mismo día se designó defensor de oficio, tarea que recayó en el comandante Tomás Sevillano Cousillas.
Cuando se le leyeron los cargos a Mariano Zapico, a la pregunta de si tenía que alegar incompetencia de jurisdicción dijo que sí, ya que los hechos que se juzgan tuvieron lugar siendo gobernador civil de la provincia. Y a si tenía algo más que alegar dijo que él “no había cometido delito alguno y solo había cumplido con su deber”. Aprovechó para recordar que se limitó con su escasa fuerza a oponerse al asalto del Gobierno y que nunca llevó la iniciativa ante los innumerables tiroteos que hubo. Rechazó igualmente por injurioso lo dicho por el fiscal de que no permitió dar el grito de ¡Viva España!, al igual que la supuesta orden que dio a los puestos de la Guardia Civil para que entregaran armas. Y en cuanto a si deseaba que se ratificase algo mencionó las declaraciones de los testigos militares y que se comprobase la falsedad de las órdenes dadas a los comandantes de puesto para que entregaran armas a los paisanos.
Luis Yáñez fue más escueto. Afirmó que la jurisdicción de guerra no era competente para juzgarle “por considerar ilegal este estado de cosas”. Pidió igualmente la ratificación de las declaraciones de Almansa Díaz y Rodríguez Llanos, así como la del guardia civil José López Lajarín. Luis Parrilla, consciente ya de la deriva del proceso, respondió que no a todo, incluyendo en ese no tanto si se conformaba con los cargos del escrito fiscal como si le interesaba a su defensa que se ratificaran algunas declaraciones. Por su parte Leoncio Jaso alegó incompetencia de jurisdicción, negó haber dado órdenes en el sentido que decía el fiscal, solicitó que se ratificasen en sus declaraciones los militares aludidos y que se aportara al juicio la orden que dictó cuando se hizo cargo de la comandancia en febrero de 1934.
Como era habitual solicitaron médicos de Sanidad Militar para que reconociesen a los encausados, siendo elegidos Ginés Torrecilla Carrión y Jerónimo Jiménez Fernández. Al mismo tiempo se pidió el documento mencionado por Jaso y que se enviaran telegramas urgentes a las Comandancias de la Guardia Civil. Jaso solicitó el documento porque en él advierte “sobre las reiteradas órdenes dictadas por los poderes públicos prohibiendo a los militares mezclarse en contiendas políticas ni hacer pública y descarada ostentación de estas o aquellas ideas”. Y añadió que el militar “no debe, sin grave pecado de deslealtad, inmiscuirse en las luchas de carácter puramente civil…”. El informe de la alcaldía de Cádiz sobre Parrilla Asensio, firmado por Juan Luis Martínez del Cerro, decía “no es persona de buena conducta, figurando en partidos extremistas y distinguiéndose últimamente en actuaciones contra la Patria”. Por su parte el de la Guardia Civil decía que se trataba de “un agitador y perturbador del orden”, si bien carecía de antecedentes penales.
En cuanto a los telegramas solicitando información sobre la orden de entrega de armas fueron llegando desde el 3 de agosto. En el caso de Jerez resultaba un poco confuso y se hablaba de una orden telefónica del gobernador que pedía la entrega de armas; en Medina Sidonia, Tarifa, El Bosque, Alcalá de los Gazules o en San Roque se recibió la orden pero la Guardia Civil se negó a cumplirla; en Puerto Real, en la madrugada del 19, se recibió también la orden de que recogieran armas de las casas de las familias de orden y las entregaran a los partidos del Frente Popular; y en Puerto de Santa María, Olvera, Los Barrios, Algeciras, Ubrique, Algodonales, Arcos, Chipiona, San Fernando, Villamartín, Rota, Trebujena y Conil no se recibió nada. En algunos casos la orden no vino del Gobierno Civil sino de los propios alcaldes.
Consejo de guerra
El día 3 se consultó a Sevilla sobre la alegación de varios procesados de que la jurisdicción militar no era competente para juzgarlos. La respuesta del auditor Bohórquez Vecina llegó dos días después con la orden de celebración del consejo de guerra, lo cual se comunicó de inmediato a los procesados. El tribunal estaría compuesto por los coroneles Juan Herrera Malaguilla (presidente), Pedro Jevenois Labernade (vocal), Julián Yuste Segura (vocal), José Alonso de la Espina (vocal) y el teniente coronel Rafael Peñuela Guerra (vocal). El vocal ponente fue el temible Felipe Acedo Colunga, el fiscal Eduardo Jiménez Quintanilla, que destacó el agravante de “perversidad”, y el defensor, Tomás Sevillano Cousillas,[20] todos ellos al servicio del golpe militar. En el acta de celebración del consejo de guerra sumarísimo consta que se preguntó a los dos testigos militares que habían estado detenidos en el Gobierno Civil si se afirmaban en sus declaraciones, base de casi todas las acusaciones, a lo cual dijeron que sí. El presidente Herrera preguntó a los acusados si tenían algo que decir, a lo cual todos ellos hicieron diversas manifestaciones de descargo de las imputaciones que les había hecho el fiscal, tras lo cual quedaron reunidos en sesión secreta para deliberar. No consta lo que dijeron los encausados.
El día 6, una vez conocida la sentencia de pena de muerte a todos por rebelión militar, se les notificó y entraron en capilla. La sentencia se cumplió a las 17.30 de ese mismo día en el Castillo de San Sebastián por una sección de Regulares. Junto con ellos fueron asesinados el médico y diputado socialista Rafael Calvo Cuadrado y el obrero Julián Pinto, que estuvo en el interior del Gobierno Civil. Al final, como siempre, las firmas del auditor Bohórquez y la de Queipo. Recordemos lo que se lee en el informe del primero:
La relación de hechos que contiene la sentencia se ajusta perfectamente a la resultancia sumarial y concreta para cada uno de los procesados las imputaciones de los procesados que el Consejo califica con acierto y sanciona con justicia, y como en el procedimiento no se aprecian defectos que puedan producir su nulidad, presto mi conformidad al referido fallo.
En los certificados emitidos por el cementerio se leía además del lugar donde fueron inhumados la causa de muerte: “heridas producidas por ejecución”. Constan también copias de la inscripción en el Registro Civil. Ya en la posguerra pasaron las sentencias al Tribunal de Responsabilidades Políticas “a efectos de responsabilidad civil”. Finalmente pueden verse las fichas de la Estadística Criminal de Guerra en donde a la cuestión de si habían delinquido anteriormente la respuesta es siempre NO.
¿Qué fue de Tomás Azcárate, Antonio Macalio y Luis Parrilla?
Como ya vimos la causa se dividió por orden del auditor Bohórquez. Antes de entrar en ello quisiera recordar algunos momentos del procedimiento que se les abrió. Sabemos la primera declaración sorprendente que hizo el capitán Azcárate el día 25 de julio, cuando al ser preguntado qué hacía en el Gobierno Civil y por qué no se rindió respondió que se encontraba a las órdenes del gobernador y que la declaración del estado de guerra era ilegal, así como las de Cossi y Macalio en el mismo sentido.
El 28 de julio se dictó el Auto de procesamiento. El primer resultando acusaba a todos, empezando por el gobernador, de negarse a rendirse, de hostilizar a “las fuerzas sitiadoras” y de declararse en “franca rebeldía”, constituyendo todo ello “un delito de rebelión militar”. Esa misma mañana se comunicó el auto a los acusados advirtiéndoles de la posibilidad de recurrir y de poder nombrar el defensor que desearan, tanto civil como militar.
Francisco Cossi, natural de El Puerto y de 37 años, se consideró igualmente inocente, al igual que Antonio Macalio, natural de Cádiz y de 33 años. Las declaraciones de Azcárate desmontaban de raíz las bases teóricas de los golpistas no solo al poner de relieve que el estado de guerra había sido declarado al margen de lo que la ley prescribía sino que “todo militar virtuoso y cumplidor de su deber se hubiera opuesto a él”. Podemos imaginar cómo recibirían el Juez Instructor y el secretario semejantes declaraciones.
Entre el 30 de julio y el 1 de agosto recibieron informes de la Guardia Civil, de la Policía y de las nuevas autoridades civiles sobre Cossi y Macalio. Informes político-sociales que nos aclaran que el primero fue alcalde de Cádiz en abril de 1931 y el segundo pertenecía a Izquierda Republicana. Pero mucho más interesante que dichos informes, informes aberrantes en los que se aludía incluso a la vida privada de los citados, son los escritos de recusación del auto presentados por ambos el 30 de julio. Veamos primero el de Francisco Cossi, presidente de la Diputación de Cádiz,
Utilizando el derecho que la Ley me concede y sin entrar en consideraciones que serían totalmente estériles dentro de la anormal situación creada a espaldas y frente al Poder legítimo, entablo recurso de reforma contra el auto por el que se ha decretado mi procesamiento y prisión, para que tanto el uno como la otra queden sin efecto, por ser así de justicia y en mérito a las consideraciones que paso a concretar.
Exponía a continuación Cossi que si se encontraba en el edificio sitiado era exclusivamente por razón de su cargo y no a consecuencia de la declaración del estado de guerra, y resaltaba “lo absurdo, y hablo con el debido respeto”, de su participación en la resistencia. Deducía entonces crudamente su nula participación en tal «rebelión militar«, matizando que si tal delito había existido “no se ha realizado en estas circunstancias históricas y terribles porque atraviesa la Patria con mi cooperación”. Finalmente suplicaba que tanto el auto como la prisión preventiva quedaran sin efecto. Cossi y Macalio designaron como abogado defensor a Andrés López Gálvez.
Por su parte Antonio Macalio mantenía en su escrito que no entendía cómo podía acusársele de rebelión militar “toda vez que no se ha alzado en armas ni contra el poder legítimo constituido en España ni contra ninguno otro poder sea o no legítimo, que esto no es del caso desentrañarlo, constituido en ninguna de sus provincias”. El texto de Macalio no tiene desperdicio:
Hay en este caso Ilmo. Sr. Auditor, un tan extraordinario dislocamiento de conceptos y de hechos que si la ley es para castigar a los culpables y determinar los casos de transgresión de la misma, yo no sabría en estos momentos definir a derecha, si yo soy culpable dentro de esa Ley por la simple coincidencia de encontrarme al lado de quien, en estas circunstancias anormales, pretendía tenerla íntegramente, o por el contrario la culpabilidad, lejos de acompañarme, solo corresponde de un modo exclusivo a quienes –yo no lo sé ciertamente– crearon una situación anormal contraria a la estabilidad jurídica preexistente, estableciéndose una nueva modalidad delictiva cual lo es, sin duda alguna, aquella en que los que rompen la normalidad se erigen en jueces de los que venían sometidos y (?) a la misma.
Continuaba su tremendo alegato Antonio Macalio afirmando que su deber no era sino cumplir las órdenes del gobernador, que nunca fue depuesto, y que en tal menester “pusieron sitio las fuerzas militares al edificio del Gobierno Civil e intentaron la rendición”, estimándolas “la primera autoridad civil de la provincia como elementos rebeldes, contrarios al poder legalmente constituido”. Finalmente, antes de pedir la anulación del procesamiento, concluyó diciendo
que no hay manera alguna, dentro de un orden jurídico rectamente aplicado, de mantener en mi contra las consecuencias de una revolución que, dicho sea con el más profundo respeto y dejando a salvo las que a V.S.I. corresponden, conculca abierta y absolutamente ese orden jurídico que a los primeros que debe merecer respeto es a los que ahora lo invocan en contra de los que trataban de mantenerlo íntegramente hace pocos días.
Si a las declaraciones de Azcárate sumamos las de Cossi y Macalio podemos imaginar el curso que llevaba el proceso. Para colmo el comisario de Policía Adolfo de la Calle declaró que ninguno de ellos utilizó armas y que a partir de cierto momento aconsejaron al gobernador la conveniencia de la rendición.
Luego todo quedó en silencio, paralizado. El 6 de agosto la noticia del fusilamiento del gobernador y sus compañeros debió resultar muy dura para quienes como Cossi, Macalio y Azcárate los consideraban tan inocentes como ellos.[21] La petición de los acusados de fecha 30 de julio para que les defendiera el abogado gaditano Andrés López Gálvez fue neutralizada hasta el día 15 de agosto, ya con Valera Valverde en el Gobierno Civil en sustitución de Ramón Carranza. Para entonces el abogado, que ya debía saber cómo acabaría el asunto, escribió al instructor diciéndole que, careciendo de todo antecedente sobre el proceso, le era imposible aceptar la defensa. Sin duda, la defensa de López Gálvez hubiera constituido un espectáculo absurdo y surrealista. Al día siguiente se les tomó nueva declaración. Cossi y Macalio se reafirmaron en lo dicho; Azcárate, muy decaído ya, como muestra la evolución de su firma, tuvo que dar explicaciones de lo ya declarado, del carácter ilegal y violento de lo sucedido, y de que oponerse a toda rebelión es virtud y deber de todo militar. Dijo entonces “que esas manifestaciones fueron hechas solo por el ambiente y criterio que existía en las personas que estaban dentro del Gobierno Civil, no teniendo otros conocimientos de lo que en el exterior ocurría ni del carácter que el movimiento tenía por haber estado incomunicado”. Era el día 16 de agosto de 1936. El siguiente documento del expediente salta a 30 de noviembre de 1937, y en él el Auditor Francisco Bohórquez, en el último acto de la farsa, solicitaba que la causa volviera a su instructor “a fin de que se acredite en la misma si a los acusados les fue aplicado el Bando de guerra o se manifieste su situación o paradero”.
El 6 de diciembre fue nombrado como nuevo Juez Instructor el comandante Nicolás Chacón Manrique de Lara, que ese mismo día consultó al gobernador civil de Cádiz qué había sido de los encausados. La respuesta, como si no la supieran, llegó el día 9, confirmándose lo evidente: “que les ha sido aplicado el Bando de Guerra”. El último documento del expediente decide el «sobreseimiento definitivo de las actuaciones» por “el fallecimiento de los tres sujetos de referencia por haberles sido aplicado el Bando de Guerra de 18 de julio de 1936”.
Aunque nunca se menciona la fecha en la que fueron asesinados cabe imaginarla por otro documento ajeno al expediente. El 16 de agosto del 36 Azcárate fue sacado del castillo de Santa Catalina y entregado a la Guardia Civil para ser trasladado al Cuartel de Infantería en compañía de Antonio Muñoz Dueñas, defensor del Ayuntamiento.[22] Es más que probable que todos ellos, Azcárate, Dueñas, Cossi y Macalio, desaparecieran ese mismo día.[23] Queda sin embargo ese lamentable espectáculo con envoltorio de consejo de guerra inacabado con sus excepcionales declaraciones, las cuales desmontaron de raíz las acusaciones de los golpistas.[24] Nos quedamos sin saber cómo hubiera sido el informe del Instructor, la composición del Tribunal, los argumentos de la Defensa, el desarrollo de la sentencia con sus considerandos y resultandos, la aprobación del Auditor, la designación de piquetes y de médico, los lugares de fusilamiento e inhumación, y la comunicación del hecho al Juzgado para su inscripción. Ni siquiera desde la perspectiva de la legislación impuesta por los vencedores, que exigía tales trámites en su totalidad, fue un fusilamiento.[25] Es decir, que lo que empezó siendo un Consejo de Guerra acabó siendo un caso más de «aplicación del Bando», es decir, un asesinato. El 21 de diciembre de 1937 Queipo acordó el sobreseimiento definitivo de la causa. Al fin y al cabo, puesto que tan ilegal era el bando como el consejo de guerra y dado que el objetivo era el mismo, daba igual.
La farsa concluyó con el asesinato de las valientes autoridades civiles y militares de Cádiz, defensores de la democracia hasta el final.
[1] Sobre las consecuencias del golpe militar en Cádiz existe ya una abundante bibliografía. Este artículo solo pretende exponer el procedimiento abierto a varias de sus autoridades, del que se ha tratado pero no con el detalle que merece. Para contextualizarlo, como se expone en la nota 16, he añadido información con el fin de exponer la organización del golpe y dejar constancia del destino de los que quedaron fuera de este procedimiento.
[2] En Cádiz el Frente Popular ganó en febrero de 1936 en 31 de sus 41 municipios.
[3] Había sido condenado a muerte con motivo de la disolución del Cuerpo de Artillería y las tremendas reacciones suscitadas entre los militares. Para Cuesta Monereo fue una alegría saber que López-Pinto, «persona de nuestra confianza«, pasaba a Cádiz.
[4] El coronel Varela, condenado por la Sanjurjada, se dedicaba a preparar milicias paramilitares del Requeté. El 19 de marzo del 36 se reunió con otros militares golpistas en Madrid.
[5] Servicio Histórico Militar (SHM), Cuartel General del Generalísimo (CGG), Legajo 273, Carpeta 6.
[6] Los primeros contactos entre el general Varela y José Mora-Figueroa Gómez-Imaz fueron a partir del 11 de julio. Mora decía contar con unos 600 falangistas en la provincia.
[7] Pese al importantísimo papel desempeñado por las fuerzas indígenas resulta evidente el desprecio racista que sentían hacia ellos los propios beneficiarios. En el libro de Eduardo Domínguez Lobato Cien capítulos de retaguardia (alrededor de un diario) (García de Toro, Madrid, 1973), se puede leer: «…tristeza de una raza decrépita, llena de miseria y enriscada amarillez en la mirada»; o también: «Los moros no dicen como los italianos `Oh, bella signorina´. Acometen, gritando como en la guerra. Ellos entienden el amor de otra manera«. Sobre este asunto es necesario leer la obra de Mohammad ibn Azzuz Hakin sobre La actitud de los moros ante el Alzamiento, Algazara, Málaga, 1997). Bien sabía Franco la importancia de la colaboración africana cuando en abril del 37, y en arrebato poético inusual dijo a una delegación marroquí: «Cuando florezcan los rosales de la paz, las mejores rosas serán para el pueblo marroquí«.
[8] Juan Yagüe Blanco se encargó de Ceuta, y Eduardo Sáenz de Buruaga y Juan Beigbeder de Tetuán. En la vorágine fueron ejecutados el general Manuel Romerales Quintero, el delegado de Asuntos Indígenas de la Peña, el Alto Comisario Arturo Álvarez-Buylla Godino, el Jefe del Aeródromo Ricardo de la Puente Bahamonde y sus ayudantes los capitanes José Bermúdez Reina de Madariaga y José Álvarez del Manzano, y los coroneles Juan Caballero López y Arturo Díaz Clemente. Antes, siguiendo el punto «q» de la Instrucción de Mola de 30 de junio –»eliminar los elementos izquierdistas, comunistas, anarquistas, sindicalistas, masones, etc.«–, y solo el 17 de julio, según el propio Beigbeder, fueron asesinadas 189 personas (13 en Melilla, 17 en Tetuán, 12 en Ceuta y 12 en Arcila; 18 en Larache y 18 en Chauen y Alcazarquivir; 21 en Rincón, 27 en Alhucemas, 15 en Nador, 15 en Castillejos, 9 en Río Martín y 9 en Bad Taza, Targuist Segangan y Dar Chaut, y 3 en Zalo (Véase Mohammad Ibn Azzuz Hakin, 1997: 28).
[9] Servicio Histórico Militar. Documentación utilizada: “La sublevación en Cádiz y Jerez”, “Papeles del General Cuesta” y “Memoria. Hechos más relevantes durante los primeros días del Movimiento Nacional en Jerez de la Frontera y pueblos limítrofes”.
[10] Idéntica misión al «Miraflores» cumplió en Sevilla el «Cabo Carboeiro», lugar fatídico en el que tantos sevillanos fueron hechos desaparecer. Mientras tanto, en Huelva, el «Ramón», por orden del Gobernador republicano Jiménez Castellano, servía para proteger de la ira popular a la flor y nata de la derecha onubense.
[11] José Mora-Figueroa, marqués de Tamarón, Datos para la historia de la Falange gaditana, 1934-1939, Jerez de la Frontera, 1974, p. 70.
[12] Dice Mora-Figueroa en su obra: «No me gustaba que pudieran identificar el ideario de Falange con el ambiente político-social del Casino, pero no había otro sitio mejor para concentrarnos» (p. 61). No fue el único caso, también la Falange de Badajoz instaló su sede en el Casino.
[13] Servicio Histórico Militar, CGG, L. 273, C. 6.
[14] Este Batallón tuvo himno con letra de Pemán. Bastará una muestra:
Toda España es un grito de guerra,
todo el viento es consigna y es voz:
¡Españoles: limpiad esa tierra
de la hordas sin Patria y sin Dios!
[15] Se editó primero en 2000 (autoedición) y más tarde en 2005, ampliada, en editorial Crítica.
[16] F. Espinosa Maestre, “Justicia militar y represión fascista en Cádiz”, Historia 16, nº 297, 2001, pp. 74-91, en colaboración con Fernando Romero; “Apuntes para la historia de sublevación militar de julio de 1936 en Cádiz”, rev Almajar, nº 2, 2005, pp. 177-193, y al apartado que dediqué a Azcárate, Cossi y Macalio en La justicia de Queipo. También a la tesis de Alicia Domínguez Pérez, El verano que trajo un largo invierno. La represión social durante el primer franquismo en Cádiz (1936-1945), Cádiz, Quórum, Diputación, 2005 y al interesante trabajo de José Luis Gutiérrez Molina, La justicia del terror. Los consejos de guerra sumarísimos de urgencia de 1937 en Cádiz, Ediciones Mayi, Cádiz, 2014.
[17] Le fue abierta una causa y fue asesinada el 31 de agosto de 1936.
[18] Zapico, nombrado Gobernador de Cádiz el 12 de marzo de 1936, fue uno de los muchos militares pasados a la administración civil. Otros casos serían el del diputado Manuel Muñoz Martínez en Cádiz, el del Gobernador Valera Valverde en Sevilla o el gobernador Fernando Olaguer Feliu en Huelva. Manuel Ballbé Mallol (Orden público y militarismo en la España constitucional, 1812-1983, p. 345) plantea, creo que con razón, la relación existente entre politización de los militares y control del orden público, y entre el poder militar y la ocupación de cargos de la Administración Civil del Estado.
[19] Jesús N. Núñez Calvo, “Los primeros fusilamientos de Cádiz”, en La Voz de Cádiz, 06/08/2006.
[20] Un hermano de este llamado Ángel fue asesinado en Madrid en noviembre de 1936.
[21] Según José Pettenghi Estrada, en «LX Aniversario del 18 de julio de 1936 en Cádiz» (Diario de Cádiz, 18-7-96), López Pinto pidió a Queipo que Zapico fuera al menos juzgado en Consejo de Guerra, lo cual aceptó, pero Queipo no accedió a perdonarle la vida. Esto significa que el consejo de guerra era una farsa, pues la sentencia estaba prefijada. Añade Pettenghi que este, entre otros casos, amargó la vida del general López Pinto, quien consiguió abandonar Cádiz y marchar al frente de combate en diciembre. No parece tener mucho sentido que si estaba amargado en agosto se marchara de Cádiz en diciembre. Pettenghi mantiene una curiosa teoría por la cual López Pinto era militar de talante serio pero bueno, un hombre ingenuo convencido del carácter decimonónico del golpe y contrario a toda violencia además de sometido a presiones diversas; Queipo, por el contrario, convirtió el terror en su arma suprema. Una teoría similar se mantiene en un artículo de gran interés titulado “Tomás de Azcárate García de Lomas. La verdad acerca del fusilamiento de un marino de la República”, publicado el 18-08-99 en el Diario de Cádiz y escrito por Jesús Núñez Calvo.
[22] Según el artículo citado de Jesús Núñez Calvo ese día, tal como reflejó la prensa al día siguiente, perdieron la vida Azcárate, Cossi, Macalio, Muñoz Dueñas, el diputado socialista Rafael Calvo Cuadrado y el obrero Julián Pinto. En dicho artículo se expone que sobre las 3 horas del día 19 el Gobierno legal de la República cesó al vicealmirante José María Gámez Fossi y al contralmirante Manuel Ruiz de Atauri, nombrando en su lugar como jefes de la Base Naval de Cádiz a Tomás Azcárate y al capitán de corbeta Virgilio Pérez Pérez. Es evidente que si alguna esperanza tenían de salvar la vida la perdieron en ese momento. Virgilio Pérez sería eliminado doce días después de Azcárate.
[23] Día en que desapareció igualmente asesinado el general Miguel Campins Aura en las murallas de la Macarena, trasladado de Granada a Sevilla unos días antes.
[24] No será la única ocasión. El 9 de noviembre sería asesinado en Galicia el general Rogelio Caridad Pita, Jefe de la Brigada de Infantería de La Coruña, quien además de defenderse a sí mismo en el Consejo de Guerra que le juzgó espetó a los miembros del tribunal que los únicos rebeldes eran los que estaban juzgando, tal como se recoge en Fernández, Carlos, La guerra civil en Galicia, La Voz de Galicia, 1988, p.106. Es probable que sea la misma Galicia la zona donde los golpistas celebraron el primer Consejo de Guerra contra autoridades civiles y militares. Este tuvo lugar en La Coruña el día 24 de julio, concluyendo con la condena a muerte del gobernador Civil Francisco Pérez Carballo y de Manuel Quesada del Pino y Gonzalo Tejero, respectivamente comandante y capitán de las fuerzas de Asalto.
[25] Por las interesantes memorias del Gobernador de Sevilla Varela Rendueles, y en el capítulo titulado «La rebelión en el banquillo», se deslizan dos errores. Varela aseguraba haber sido el primer civil a quien se concedió el privilegio de un sumario y la solemnidad de una sentencia en febrero del 37, y más adelante añade que Cossi, sentenciado a muerte, fue indultado por Franco y posteriormente asesinado. Ambas afirmaciones son inciertas. Hay otros consejos de guerra anteriores en provincias como Cádiz, Huelva o la propia Sevilla. Ocurre sin embargo que no todos esos consejos llegaron a término, caso por ejemplo de Cossi, que ni fue condenado a muerte ni indultado, aunque sí asesinado. Es probable que el primer civil que pasó por Consejo de Guerra en la II División fuera el Gobernador Civil de Huelva Diego Jiménez Castellano, juzgado el 4 de agosto y asesinado al día siguiente. Por citar otro ejemplo, en la propia Sevilla, en el cuartel del Carmen, fueron juzgados en Consejo de Guerra el día 21 de agosto del 36 los vecinos de Ciudad Jardín Francisco Portales Casamar, empleado municipal, y su cuñado Rafael Herrera Mata, asesinados tres días después en las murallas de La Macarena. También pasaron por Consejo de Guerra en Sevilla y fueron asesinados Rufino Pichaco García, secretario de las Juventudes Socialistas de Cádiz, y José Luis Trechera Moreno, uno de los más activos defensores de la ciudad.
Fuente: Conversación sobre la historia
Portada: ceremonia de sustitución de la bandera republicana por la monárquica en San Juan de Dios (foto: Memoria de Cádiz)
Ilustraciones: Conversación sobre la historia
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada