dimarts, 18 de juny del 2024

El presidente del Parlament balear de Vox rompe la foto de una víctima fusilada por Franco, Aurora Picornell, y echa a dos diputadas socialistas

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Esther Ballesteros

Mallorca —

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En una escena inédita, el presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), ha desatado la polémica este martes al arrancar y destrozar en pleno debate un retrato de Aurora Picornell, icono del republicanismo en Mallorca fusilada por el franquismo, toda vez que ha ordenado retirar las fotografías de otras víctimas del fascismo que los diputados del PSIB-PSOE y los ecosoberanistas de Més han colocado en sus mesas durante la toma en consideración de la Proposición con la que Vox, con el apoyo del PP, pretende derogar la Ley de memoria democrática balear.

Dirigiéndose a la vicepresidenta segunda y la secretaria segunda de la Mesa, Mercedes Garrido y Pilar Costa, respectivamente, Le Senne les ha exigido que retirasen los retratos de Picornell y las 'Rojas del Molinar' que tenían expuestas: “Ya los han tenido un buen rato”, les ha proferido, a lo que Garrido le ha respondido: “Estos retratos están aquí como acto de justicia y como acto de reparación de mujeres asesinadas por verdugos falangistas”. Acto seguido, el presidente del Parlament ha cerrado violentamente el ordenador de Garrido, ha roto las imágenes y ha ordenado la expulsión de las socialistas, lamentándose de que “esto no había sucedido en 40 años. La Mesa debe ser neutral”. “Me hubiera gustado comportarme de otra manera, pero no me han dejado alternativa”, ha espetado.

“¿Ya tienen el espectáculo que han venido a buscar?”, ha continuado el máximo responsable de la Cámara autonómica, mientras el portavoz socialista, Iago Negueruela, le preguntaba “qué desórdenes pueden promover las fotos de mujeres asesinadas durante el franquismo”. Ante la indignación expresada por los diputados de la oposición, Le Senne ha continuado aplacando sus críticas. “Si no aceptan el orden tendré que expulsarlos a todos. Podría ser más estricto y he tenido manga ancha”, ha manifestado entre las risas de sus compañeros de partido y los guiños del portavoz del PP, Sebastià Sagreras, a la oposición. Tanto PSIB como Podemos y Més per Mallorca han pedido en bloque la dimisión del presidente parlamentario.

El episodio ha tenido lugar inmediatamente después de la intervención del parlamentario del PSIB Omar Lamín, quien ha criticado el “retroceso inadmisible” que supondrá la derogación de la Ley y, con ello, “su compromiso con la verdad, la justicia y la reparación”. “No podemos permitir que la voz de la memoria y de las víctimas sea borrada y silenciada. No podemos permitir que el pasado sea olvidado. Las víctimas del franquismo merecen que su lucha sea reconocida y sus derechos, respetados. No podemos permitir que su memoria sea atacada”, ha recalcado.

La tensión ha continuado sobrevolando la sesión plenaria cuando, en otro momento, la diputada de Podemos Cristina Gómez, al subir a la tarima, se ha girado para dirigirse a Le Senne y le ha criticado que “haya empleado la fuerza física” y “permita que [Vox] haya acusado al PSOE de ser los únicos con las manos manchadas de sangre”, como había manifestado momentos antes el diputado de extrema derecha Sergio Rodríguez. “No es que tenga que pedir disculpas, es que está tardando en dimitir”, le ha espetado.

Por su parte, el PP ha dejado este martes el camino despejado a Vox para derogar la Ley balear de memoria y reconocimiento democráticos. Durante el último pleno ordinario celebrado en el Parlament antes del verano, los conservadores han confirmado su apoyo a la supresión de la normativa aludiendo a supuestas “duplicidades, disfunciones y solapamientos” con la Ley de memoria democrática estatal, contra la que los populares votaron en contra.

La diputada popular Cristina Gil ha lamentado durante su intervención, recogiendo el testigo de la extrema derecha, que “la memoria, lejos de unirnos, nos separa”, al tiempo que ha apelado a ponerla “al margen de intencionalidades políticas”. En esta línea, ha aseverado que, con la derogación de la normativa balear, continuará teniendo “plenamente aplicable” la Ley estatal 20/2022 de memoria democrática. Asimismo, ha criticado a las formaciones de la oposición que “hablen de derechos humanos” y que aludan “a la opinión personal de unos relatores de la ONU a los que Pedro Sánchez encargó un informe en un supuesto que no es el nuestro”. 

Por su parte, el diputado de Vox Sergio Rodríguez, encargado de defender la iniciativa, ha señalado a los socialistas que “lo primero que deberían hacer, antes de realizar leyes de memoria, es pedir perdón por su parte de responsabilidad en el inicio de la Guerra Civil y en la represión posterior del bando republicano”, acusando al PSOE de ser “el único partido heredero de aquel periodo y el único partido en esta Cámara que tiene las manos manchadas de sangre”. “Podrán derribar cruces e intentar falsear la historia pero no conseguirán enfrentar a los españoles de forma violenta y fratricida”, ha espetado, recriminando que la ley que prevén derogar “cercena libertades”. 

La ya práctica derogación de la normativa balear ha desatado la reacción de organismos internacionales como la ONU y Amnistía Internacional así como de numerosas organizaciones ciudadanas. Esta misma mañana, unas 200 personas han clamado a las puertas de la Cámara autonómica contra la eliminación de una normativa pionera a nivel estatal que ha permitido a las instituciones públicas investigar las violaciones de derechos cometidas por los fascistas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Al grito de “sin memoria no hay democracia”, “fascistas, fuera del Parlament” y “Memoria, justicia, verdad y reparación” y con varias banderas republicanas ondeando, la protesta ha sido convocada por la asociación Memòria de Mallorca con el objetivo de mostrar su rechazo a la iniciativa de la extrema derecha.

A través de una carta dirigida al PP, el colectivo ha exigido de los conservadores su consideración hacia “las más de 2.000 víctimas asesinadas” por el fascismo en Balears, “las más de 10.000 víctimas encerradas en prisión” durante el periodo de la Guerra Civil y la dictadura franquista, las que “sufrieron condenas y sentencias a muerte manifiestamente injustas”, las que fueron “ejecutadas extrajudicialmente” y las que “sufrieron desapariciones forzadas”, además de tener presente “el sufrimiento que están ocasionando de nuevo a sus familias”.

“Todas ellas están reconocidas en la Ley citada y todas ellas tienen la consideración de víctimas de violaciones de los derechos humanos con los derechos a la verdad, la justicia, la reparación, las garantías de no repetición y la memoria”. “Cojan sus nombres y háganlos suyos como personas que nos precedieron en la lucha por la democracia demostrando así que son un partido democrático; posiciónense al lado de las víctimas, defiendan, con la no toma en consideración de la derogación a petición de la extrema derecha de una Ley que sólo ha otorgado derechos y beneficios, que la memoria no es una cuestión de partidos políticos sino de derechos humanos”.