La fosa, sobre la que se erige ahora un columbario con restos exhumados de 1.786 víctimas, es un ejemplo de la indiferencia, la crueldad y el clasismo del régimen
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Unos bloques ondulados de hormigón gris rompen desde hace unos días con las monótonas filas de nichos blancas y horizontales que ordenan el cementerio sevillano de San Fernando. Esos sillares rompen deliberadamente la estética del camposanto hispalense para llamar la atención sobre el lugar que durante 87 años ocultó uno de los ejemplos de la violencia de la Guerra Civil y el franquismo: la fosa común de Pico Reja. La mayor de España y la segunda mayor de Europa Occidental después de la de Srebrenica, en Bosnia Herzegovina, según sostiene la Sociedad de Estudios Aranzadi, que ha coordinado al equipo de técnicos forenses en la exhumación. En los tres años que ha permanecido abierta, se han extraído de la fosa más de 10.000 restos mortales; de ellos, 1.786 de represaliados por la sublevación y la dictadura, que ahora descansan en el osario-memorial que se ha levantado sobre ella, a la espera de que las muestras de ADN permitan ponerles un nombre.
Cuando se iniciaron los trabajos el 20 de enero de 2020, el equipo de arqueólogos de la sociedad Aranzadi pensaba que iba a lidiar con un trabajo de exhumación de unas 850 víctimas de la represión y 253 personas muertas por otras razones, ceñido a un período comprendido entre 1925 —cuando se creía que se había abierto la fosa― y septiembre del 36, justo en el inicio de la Guerra Civil. Pronto, las evidencias demostraron que se enfrentaban a un reto mayor y de extrema complejidad.
“Había depósitos de víctimas intactos, otros removidos, enterramientos colectivos, víctimas en ataúdes... Se pasó de una cronología de dos meses del 36 a adentrarnos hasta finales de los 40”, explica Juan Manuel Guijo, el antropólogo que ha dirigido los trabajos de exhumación. La profundidad donde fueron hallados los restos de los represaliados asesinados en el verano del 36 ha demostrado que fue entonces cuando se abrió la fosa, porque no se han encontrado vestigios anteriores. Posteriormente, se fueron mezclando con los cadáveres de otros grupos de población, como presos fallecidos por el hambre, enfermos, personas con amputaciones, niños… “En la fosa no descansan en paz porque están en posiciones inverosímiles, luego se desplazan, se les acumulan otros cadáveres sin ningún protocolo funerario. Eran, con todo el respeto, los parias de la época. Esta es la fosa de los despojos”, resume Guijo.
Se han sacado de la tierra 10.076 restos de seres humanos: 1.786 represaliados del franquismo y más de 8.000 que nada tienen que ver con las víctimas de la dictadura. “Pico Reja es la morfología de la represión franquista”, describe el antropólogo. El hecho de que no se respetara esta fosa —que, en teoría, se abrió para alojar y ocultar a los ajusticiados durante los primeros meses de la sublevación (especialmente violenta en la capital andaluza)— es, para el arqueólogo, una muestra de la “impunidad y la falta de consideración hacia los seres humanos” de los responsables del régimen en ese momento. Durante los primeros años del franquismo, se abrió y reabrió para arrojar los cadáveres de quienes vivían en la marginalidad sevillana. “Es una indiferencia que no hemos visto en otras fosas y escenifica la semilla del odio que iba a germinar después, el sadismo que supone no tener a las víctimas como personas dignas de consideración y seguir removiendo sus cadáveres con restos de otras personas que también eran los parias de la sociedad”, sostiene.
Pico Reja es una poderosa evidencia de la “gran represión” que los sublevados ejercieron en los primeros meses de la Guerra Civil en Sevilla y de su estrategia por eliminar las pruebas de esa opresión, de acuerdo con el historiador José María García Márquez, uno de los que más datos maneja sobre las identidades de quienes pudieran estar enterrados allí. “Entre el 20 de julio y el 31 de diciembre del 36, los datos oficiales hablan de que se fusilaron a 2.900 personas en Sevilla, pero en el Registro Civil solo constan 97 inscripciones, de las que 44 se corresponden con los integrantes de la columna minera que vino de Huelva”, señala García Márquez. “La logística de la muerte es muy particular. Cuando se está fusilando durante tanto tiempo hay que abrir y cerrar las fosas”, añade. El experto entiende que la suma de nuevos cadáveres a lo largo de la década de los 40 es también otro ejemplo de la represión durante la dictadura y del “trato diferenciado y clasista” de sus dirigentes. “Muchos eran mendigos, enfermos o personas que no podían pagarse un funeral o un ataúd. Y presos que murieron de hambre. Porque el hambre hizo estragos en la ciudad de Sevilla. El hambre se convirtió en un arma de guerra por parte del régimen”, añade.
Monedas acuñadas por el III Reich para datar la fosa
Las monedas españolas acuñadas en 1937 —con la leyenda: segundo año triunfal― en la Austria del III Reich por orden de Ramón Serrano Suñer, pero que en España empezaron a circular en 1938, son de los pocos restos, junto con pequeñas medallas, suelas de zapatos o un botón de uniforme municipal, que los arqueólogos han encontrado entre los huesos de las víctimas de Pico Reja. Esas piezas fueron clave para datar la fecha de la muerte de algunas de ellas, evidenciando que la fosa no se cerró en el 36, como se había establecido. La dendrocronología de un árbol que se había plantado sobre la sima permitió fijar en la segunda mitad de los 40 la fecha en la que allí empezó a echar raíces, confirmando que la fosa siguió siendo usada entonces. El maxilar superior de un diente también arrojó la terrible noticia de que un cráneo con un impacto de bala en el parietal pertenecía a un niño de 12 años.
“Este agujero de esta calavera es de un tiro, y como esta, mil más. Esto es lo que se ha documentado en Pico Reja. Se le está diciendo a la sociedad que la represión existió, que fue verdad y que no podemos dejar de explicarlo”, señala el historiador José Villa. “La dictadura fue capaz de anular la historia y de crear el miedo a conocerla”, abunda. Para Villa, las 1.786 víctimas identificadas y el resto de cadáveres que se fueron acumulando después constatan que el golpe militar no fue una respuesta puntual, sino que formó parte de un proceso sociopolítico fraguado desde mucho tiempo atrás: “Pico Reja pone de relieve la crueldad de unas clases sociales que no estaban dispuestas a perder el poder absoluto que habían detentado. Los asesinados: obreros, jornaleros o republicanos, son para ellos basura, residuos, ese es su valor social”.
El niño de 12 años es el cadáver más joven con signos de violencia encontrado en Pico Reja. “Pero hay varios menores de entre 16 y 17 años con impactos de bala en la fosa. También mujeres, un 10% de las víctimas, más de las que esperábamos”, indica Guijo. Una de ellas podría ser Reyes Santos, modista de Triana que pertenecía a las juventudes comunistas y había escrito un artículo sobre una asociación de mujeres antifascistas. “Se la llevaron de casa en agosto del 36 y un día, mi tía que era la que iba a llevarle comida a la cárcel todos los días, volvió solo con su reloj, que se había parado a las 3.30 de la madrugada”, cuenta su nieta, Lola Díaz, que aún no ha podido visitar el columbario. Su abuela tenía 30 años y la madre de Díaz apenas tenía recuerdos de ella. “En casa la que hablaba del asunto era mi tía abuela”, se lamenta.
Las evidencias físicas no han permitido realizar identificaciones. Cada cadáver tiene su propio informe en el que se da cuenta de todos los detalles físicos y morfológicos, y de las evidencias de torturas, que permitirán acotar la búsqueda cuando se coteje con el ADN.
Las asociaciones memorialistas han sido las principales responsables de que los arqueólogos hayan hecho hablar a la tierra para sacar a la luz la realidad y el alcance de la masacre perpetrada por los sublevados durante la Guerra y en la Dictadura y que quisieron sepultar bajo la arcilla. Vaciada Pico Reja, es el turno de la cercana fosa de Monumento. “Queda mucho por investigar, parece que se va a encontrar un número de cadáveres similar”, indica Guijo. Los historiadores han documentado que tras el golpe de Estado todo Sevilla se convirtió en una cárcel y en una fosa. Pico Reja lo confirma casi nueve décadas después. “Los arqueólogos tocan la historia con las manos, nosotros con los papeles”, afirma García Márquez.
El ADN, la asignatura pendiente
El columbario de Pico Reja oculta la fosa, pero no entierra nada. “Nos deja un sabor agridulce, porque llega tarde. Muchos hijos y víctimas, que estaban vivas, han fallecido en este tiempo. El ADN ahora mismo es clave, pero se está haciendo un cuello de botella en el laboratorio de Granada”, advierte Luis Naranjo, excomisionado de la Memoria Histórica y portavoz de la Asamblea Memorialista. El equipo de Aranzadi ha enviado al laboratorio de referencia de la Universidad de Granada 1.107 muestras de las víctimas halladas en Pico Reja, y faltan 450 más por enviar, lo que sumaría un total de 1.557. De ellas, la Junta ha confirmado a EL PAÍS que se han analizado 300 y que, después del cotejo con 298 de familiares, no se han hallado coincidencias. Los primeros resultados han tardado mucho tiempo en llegar. “Después de más de 80 años, el ADN está muy deteriorado y hay que ser muy conscientes de que va a ser complicado hallar coincidencias. Pero hay que agilizar. No pueden pasar otros 80 años en tener los resultados. La Junta debe duplicar el convenio con el laboratorio [300.000 euros] porque, hasta ahora, les habían llegado 100 muestras, pero hay que sumar las 1.000 de Pico Reja, las de Cádiz, las de Nerva y las que vendrán”, advierte José Estanislao, presidente de la Coordinadora por la Memoria de Andalucía.
SOBRE LA FIRMA
Redactora jefa en Andalucía. Ha desarrollado su carrera profesional en el diario como responsable de la edición impresa y de contenidos y producción digital. Formó parte de la corresponsalía en Washington y ha estado en las secciones de España y Deportes. Licenciada en Derecho por Universidad Pontificia Comillas ICAI- ICADE y Máster de EL PAÍS.
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