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El Gobierno de Cantabria plantea que las exhumaciones de los restos de las víctimas de los represaliados de la dictadura se gestionen a través de la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria, con el mismo procedimiento que se emplea para recuperar los restos arqueológicos y paleontológicos.
Es la solución que plantea el Ejecutivo del Partido Popular después de haber derogado en noviembre del año pasado la Ley de Memoria Histórica con los votos de Vox. Este era un texto en el que, entre otras cuestiones, se regulaba el protocolo a seguir para que las familias de las víctimas pudiesen recuperar los restos de sus seres queridos. Precisamente, hace tan solo unos días, el Gobierno central anunció un recurso contra la revocación de esta Ley ante el Tribunal Constitucional.
El futuro decreto para regular el procedimiento de las exhumaciones, publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), ha salido a información pública y durante veinte días se podrán presentar alegaciones o aportaciones ante la Dirección General de Cultura y Patrimonio Histórico a través del Registro Electrónico General y en el resto de registros y oficinas del sector público institucional de Cantabria. La información se puede consultar en la web.
El procedimiento para solicitar una exhumación de las víctimas de la memoria histórica podrá hacerse de oficio o a petición de los interesados: familiares, entidades memorialistas y las asociaciones de familiares de víctimas u otras personas y entidades que acrediten un interés legítimo.
La solicitud deberá acompañarse de pruebas documentales o indicios que la justifiquen. En este sentido, el borrador del decreto exige que se presente un proyecto con un “estudio documental histórico” sobre la localización de la fosa y de las posibles víctimas o un estudio arqueológico de la investigación forense a realizar.
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