¿QUIÉNES SE SUBLEVARON EL 18 DE JULIO DE 1936?: LA GRAN COALICIÓN POLÍTICA CONTRA EL FRENTE POPULAR

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Por Roberto Muñoz Bolaños . 26 julio, 2017 en Siglos XIX y XX

Han pasado ochenta y un años desde que comenzara la Guerra Civil española. Pero todavía sigue existiendo el convencimiento, en una parte muy importante de la sociedad española, de que su origen estuvo en un golpe de Estado militar fascista, apoyado única y exclusivamente por la élite económica del país, cuyo objetivo era acabar con el proyecto progresista representado por la II República, que gozaba de las simpatías de la casi totalidad del pueblo español.

Nada más alejado de la realidad. La sublevación que comenzó el 17 de julio de 1936 fue consecuencia de la articulación de un frente contrarrevolucionario cívico-militar en el que, junto a los oficiales del Ejército, participaron la casi totalidad de las organizaciones políticas que no se habían integrado en la coalición izquierdista Frente Popular (FP) –vencedora de las elecciones del 16 de febrero de 1936–, cuyos simpatizantes superaban el 40% de los votos emitidos en esos comicios.

Todo empezó en 1931

Ese frente cívico-militar fue el resultado de una dinámica acumulativa cuyo origen puede fijarse el 11 de mayo de 1931, cuando se produjo una explosión anticlerical en Madrid y otras ciudades de España, ante la pasividad del Gobierno Provisional de la II República. Ese día, las masas católicas conservadoras comenzaron a percibir que la izquierda tanto burguesa como obrera no estaba dispuesta a respetar sus derechos religiosos porque las consideraban excluidas del nuevo régimen. Percepción que se convirtió en una realidad legal con la aprobación de la Constitución republicana gracias a la mayoría de izquierdas, a la que las masas conservadoras nunca consideraron aceptable. Ante esta disyuntiva, a las organizaciones políticas de la derecha y a sus simpatizantes se les plantearon cuatro posibles alternativas.

La primera, resignarse y aceptar pasivamente el nuevo régimen con su fuerte componente anticlerical y su programa rupturistas. Esta alternativa no se consideró.

La segunda, colaborar con las fuerzas republicanas de izquierda, para atemperar y cambiar la legislación contraria a los intereses conservadores y católicos. Esta posibilidad podría haber sido una realidad si la principal organización conservadora, la Confederación Española de Derechas autónomas (CEDA), dirigida por José María Gil-Robles, se hubiera declarado leal a la República, y no sólo la hubiera aceptado por imperativo legal. En este sentido, la ambigüedad de este líder y del partido que encabezaba, de la que luego se arrepentiría en el exilio, fue clave para que no existiese una alternativa conservadora republicana capaz de alternarse en el poder con la izquierda. Además, contribuyó, sin duda, a la radicalización de la izquierda proletaria, especialmente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que sería una de las causas principales de la Guerra Civil.

La tercera, modificar la constitución republicana desde la legalidad. Este fue el proyecto político de la CEDA hasta diciembre de 1935. El objetivo era transformar la república en un régimen autoritario corporativo católico, como lo era, por ejemplo, Austria bajo la jefatura del líder socialcristiano Engelbert Dollfuss. Se trataba de un plan legalista, pero, como lo era el proyecto republicano plasmado en la constitución de 1931, sectario porque sólo se correspondía con los deseos de un porcentaje de la sociedad española. La negativa del presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, a otorgar su confianza a Gil-Robles para que se convirtiera en presidente del Consejo de Ministros hizo imposible esa reforma constitucional.

La cuarta, la sublevación violenta contra el régimen republicano. Esta alternativa fue la preferida por los sectores monárquicos, tanto los alfonsinos –organizados en un minoritario partido denominado Renovación Española (RE)bajo el liderazgo de Antonio Goicoechea, aunque su figura más carismática era José Calvo Sotelo–, como los carlistas–agrupados en la Comunión Tradicionalista (CT), cuyo dirigente más destacado fue el abogado sevillano Manuel Fal Conde–. Ambas organizaciones políticas, especialmente la primera, representaban a la élite económica que no estaba dispuesta a aceptar el programa rupturista de la II República y tuvieron el apoyo de algunos militares como los generales Emilio Barrera Luyando, Luis Orgaz Yoldi o Miguel Ponte y Manso de Zúñiga, el coronel Eugenio Sanz de Larín o el teniente coronel Valentín Galarza Morente. Posteriormente, se unirían otros como el coronel José Enrique Varela y sobre todo el general José Sanjurjo Sacanell. Sería este último –junto a Barrera– el que encabezaría el fallido y minoritario golpe de Estado del 10 de agosto de 1932, que terminó en un completo fracaso.

1936, las dos dinámicas contrarias al régimen republicano

No obstante, cuatro años después, los monárquicos conseguirían su objetivo, atrayendo a su estrategia golpista a la casi totalidad de las organizaciones políticas conservadoras y a un sector mayoritario de las Fuerzas Armadas. Esto fue posible porque en 1936 existían dos dinámicas que no se habían manifestado en el primer año de vida de la república.

La primera, el temor a una revolución proletaria, convertido en una realidad tras la sublevación armada de las Alianzas Obreras, encabezadas por el PSOE, en octubre de 1934, revolución que si bien había fracasado, podría convertirse en una realidad desde el Gobierno, pues los mismos líderes que la habían encabezado, especialmente el socialista Francisco Largo Caballero, se habían convertido en los triunfadores de las elecciones del 16 de febrero de 1936.

La segunda, la política de enfrentamiento con la derecha desencadenada por los Gobiernos del FP a partir del 17 de febrero de 1936, que se manifestó en:

– La pasividad ante la anarquía desencadenada por las masas de izquierda especialmente en las zonas rurales.

– El sectarismo que les llevó a convertir a las milicias armadas de izquierda en auxiliares de las Fuerzas de Orden Público.

– La persecución de las organizaciones y militantes de la derecha, llegando a ilegalizar al partido fascista Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FE de las JONS), con la excusa de que poseían armas; algo que también tenían en abundancia las milicias del PSOE y del Partido Comunista de España (PCE).

A esta situación de enfrentamiento que caracterizó los meses de marzo, abril y junio especialmente –“Primera Trágica”–, también contribuyeron los pistoleros de la derecha, especialmente falangistas, financiados por la élite económica, que desencadenaron una campaña terrorista contra los militantes de la izquierda; siendo respondidos por éstos.

Estas dos dinámicas permitirían articular lo que el historiador Julio Gil Pecharromán ha denominado la “Gran Coalición” política contra el FP, componente civil del frente contrarrevolucionario que organizó el general Emilio Mola Vidal, el Director, a partir del 20 de abril de 1936, bajo el liderazgo de Sanjurjo.

Mola sería la figura clave de toda la operación. De ideología liberal y republicana hasta 1931, de tal manera que incluso había protegido al dirigente socialista Indalecio Prieto tras la fracasada sublevación republicana de Jaca, de 1930; su postura política cambiaría radicalmente tras la proclamación de la II República como consecuencia de la persecución a la que le sometió el Gobierno de Azaña, que terminaría provocando su expulsión del Ejército. Reintegrado en el mismo durante el Bienio radical-cedista (1934-1935), alcanzaría en este periodo el destino más importante del Ejército español: la Jefatura Superior de las Fuerzas Militares de Marruecos. Pero, de nuevo, la llegada de Azaña sería acompañada de su cese, siendo enviado a Pamplona como gobernador militar de Navarra. En su persona, por tanto, se unían dos elementos: el rencor hacia la izquierda y el temor a una revolución proletaria. Estos dos elementos, particularmente el segundo, eran comunes a un porcentaje elevado de los militares españoles. Pero Mola presentaba otras dos características particulares: inteligencia y capacidad. Así lo reconoció el político socialista, antiguo miembro de la Federación Universitaria de Estudiantes (FUE) e hijo del general Cabanellas, Guillermo Cabanellas: “Entre lo opaco del generalato español, la figura de Mola destacaba por su inteligencia y capacidad”.

Fue precisamente esa inteligencia la que llevó a Mola a plantear una conspiración “amplia” donde cupiesen todos los enemigos del FP, desde la extrema derecha hasta los republicanos moderados, con el objetivo de legitimar y dotar de una base social lo más extensa posible a la operación. Para lograr este último objetivo, que suponía crear una “Gran Coalición” política contra el FP, buscó la centralidad ideológica en el programa de la sublevación, como punto de encuentro entre todas las organizaciones de la derecha. Este planteamiento quedó plasmado en una instrucción secreta titulada “El Directorio y su obra inicial” y fechada el 5 de junio de 1936, donde no solo se establecía el carácter militar del nuevo gobierno, sino también las primeras medidas que tomaría, entre las que destacaban:

– Separación de la Iglesia y del Estado, libertad de cultos y respeto a todas las religiones.

– Absorción del paro y subsidio a los obreros en paro forzoso comprobado.

– Extinción del analfabetismo.

– Plan de obras públicas y riegos de carácter remunerador.

– Creación de comisiones regionales para la resolución de los problemas de la tierra, sobre la base del fomento, de la pequeña propiedad y de la explotación colectiva donde ella no fuere posible (…)

EL DIRECTORIO se comprometerá durante su gestión a no cambiar en su gestión el régimen republicano, mantener en todo las reivindicaciones obreras legalmente logradas.

Se trataba por tanto de un programa político de corte reformista, que resultaba más fácil de aceptar para FE de las JONS y para los republicanos liberal y conservadores –PRR de Lerroux, el PRLD de Melquíades Álvarez, Partido Republicano Conservador (PRC) de Miguel Maura, Partido Republicano Progresista (PRP) de Niceto Alcalá Zamora, y el Partido Agrario Español (PAE), de Ángel Alcázar de Velasco– que para la CEDA, RE o CT.

En esta “Gran Coalición” que Mola tejió, el sector más “izquierdista” estuvo constituido por los partidos republicanos liberales y conservadores citados. Se trataba de organizaciones minoritarias y carentes de masas. Sin embargo, algunos de sus líderes todavía conservaban un importante prestigio entre las clases medias republicanas moderadas, por lo que Mola trató de atraérselos con objeto de legitimar la sublevación, presentándola como una operación contra el Gobierno, y no contra el régimen.

Así, el Director informó a Melquíades Álvarez de lo que se preparaba a través de su hombre de confianza, Hipólito Jiménez Coronado, que, con su permiso, se convirtió en un enlace entre Mola y otros conspiradores. La misma actitud tuvo con Alejandro Lerroux, a quien puso en antecedentes de lo que preparaba, y al que el 17 de julio, un hombre del general, el comisario de Policía Santiago Martín Báguenas, le avisó de que la sublevación estallaría ese mismo día en Marruecos, y al día siguiente, en el resto de España. El veterano líder republicano decidió ponerse a salvo entonces.

Mola también tuvo especial interés en atraerse a un político republicano conservador, Miguel Maura, quien tenía la legitimidad republicana por ser uno de los firmantes del Pacto de San Sebastián que dio origen a la II República, y la conservadora, por haber sido uno de los máximos defensores de una coalición antimarxista para las elecciones del 16 de febrero y de la dictadura republicana para acabar con el desorden existente en la “Primavera Trágica”. Los generales Mola, Miguel Cabanellas Ferrer y Gonzalo Queipo de Llano de Llano, que junto a Manuel Goded Llopis, constituían el núcleo militar republicano de la conspiración, pensaron que Maura, por su prestigio entre los sectores conservadores y por su carácter moderado, sería la persona adecuada para presidir el gobierno de partidos de derechas que sustituiría al directorio militar, una vez finalizado el conflicto civil, que se presumía corto.

Gil-Robles y Juan Ignacio Luca de Tena –dueño del diario monárquico ABC–, estaban también de acuerdo con esta propuesta. Sin embargo, Miguel Maura se negó a cooperar con los conspiradores. La misma actitud mantuvo Alcalá-Zamora, también firmante del Pacto de San Sebastián y primer presidente de la República. No obstante, aunque ni Maura ni Alcalá-Zamora apoyaron la sublevación, si lo hicieron la mayor parte de sus seguidores. Mención aparte merece el PAE, partido republicano conservador representante de los grandes y medianos propietarios de tierras fundamentalmente castellanos, el cual, a pesar de la persecución que sufrió tras los comicios de febrero de 1936, se mantuvo dentro de la legalidad hasta el asesinato de José Calvo Sotelo el 13 de julio. A partir de ese momento, la mayoría de sus dirigentes y seguidores se unieron a la conspiración.

Si los republicanos liberales y conservadores representaron la “izquierda” de la “Gran Coalición”, la CEDA, constituía el “centro”. Tras los comicios de febrero, y como consecuencia de la radicalización política y el desorden existente, Gil-Robles había dado por muerto su objetivo de reformar legalmente la República, a la vez que observaba cómo los elementos juveniles del partido –Juventudes de Acción Popular (JAP)– lo abandonaban para ingresar en FE de las JONS, y cómo él mismo era desplazado de facto del liderazgo de la oposición por Calvo Sotelo. En estas condiciones, el líder cedista, contactado por los conspiradores, decidió integrar a su partido en la “Gran Coalición”. Así, no sólo entregó 500.000 pesetas de los fondos electorales de la CEDA a Mola y realizó distintas gestiones, sino que elaboró un conjunto de instrucciones reservadas para sus militantes en relación con la futura sublevación:

1ª. Todos los afiliados se pondrían inmediata y públicamente al lado de los elementos militares.

2ª. Las organizaciones del partido ofrecerían y prestarían la más amplia colaboración, sin el menor carácter partidista.

3ª. Los elementos jóvenes se presentarían en el acto en los cuartales para vestir el uniforme del Ejército y colocarse bajo el mando de los jefes militares, huyendo todo lo posible de formar milicias o batallones propios en los que se veía un grave peligro de particularismo e indisciplina.

4ª. Los elementos de la C. E. D. A. se abstendrían de todo acto de represalia, actuando contra los izquierdistas responsables por conducto de los Tribunales militares ordinarios o extraordinarios, y siempre con garantías para los reos.

5ª. Los elementos del partido evitarían a toda costa luchas patriotas por la hegemonía, aun a trueque

6ª. El partido prestaría la máxima ayuda pecuniaria posible a las autoridades militares.

El componente fascista de la “Gran Coalición” lo representaba FE de las JONS. Esta organización política decidió colaborar en la conspiración de Mola y las otras fuerzas de la derecha; máxime cuando la situación de su líder José Antonio Primo de Rivera –encarcelado por las autoridades desde el 15 de marzo de 1936–, se había tornado imposible dentro del régimen republicano.

Rafael Garcerán, su pasante, y Agustín Aznar fueron los encargados de la comunicación directa con el Director, entregándole dos cartas de José Antonio donde ofrecía el apoyo “pleno y sin condiciones” del partido al Ejército, pero también defendía que tras el triunfo de la sublevación “surgiría potente el credo de la Falange la que habría que ensanchar y dar participaciones en los destinos del Nuevo Estado”. Según el ayudante de Mola, el comandante Emiliano Fernández Cordón, estas cartas llenaron a Mola de “emoción patriótica que no podía ocultar, ya que derramó alguna lágrima al leerlas”. No obstante, a pesar de este ofrecimiento “pleno y sin condiciones”, Primo de Rivera no se sentía cómodo en el proyecto de Mola. Él siempre había apostado por una operación entre militares y falangistas que hubiera permitido a su partido alcanzar una posición de poder en el periodo de paz.

Sin embargo, la incorporación a la conspiración de organizaciones como la CEDA y RE, con sus potentes cuadros dirigentes y su experiencia de Gobierno, colocaban a los dirigentes falangistas en una posición de inferioridad. Este temor quedó reflejado en una misiva fechada el 28 de junio, que envió a su amigo Miguel Maura desde Alicante donde había sido trasladado el 5 de junio: “Pero ya verás: ya verás cómo la terrible incultura, o mejor aún, la pereza mental de nuestro pueblo (en todas sus capas) acaba por darnos o un ensayo de bolchevismo cruel y sucio o una representación flatulenta de patriotería alicorta a cargo de algún figurón de la derecha. Que Dios nos libre de lo uno y de lo otro”. A pesar de esta prevención por el resultado de la conspiración, Primo de Rivera mantuvo una colaboración total con los planes de Mola.

La “derecha” de la Gran Coalición la representaban los monárquicos, tanto alfonsinos como carlistas. Los primeros agrupaban a la élite tradicional, siendo por tanto minoritarios y con nulo peso popular, a pesar del carácter carismático de su líder de facto, Calvo Sotelo. Pero, más allá de estas limitaciones, habían sido el sector político más comprometido con la destrucción del régimen republicano, por lo que apoyaron desde el primer momento el plan de Mola aportando al mismo dos elementos. Por un lado, su trama militar, donde destacaba el teniente coronel Galarza, convertido en jefe del Estado Mayor de la conspiración, y los generales Orgaz y Ponte. Y por otro, sus contactos internacionales, que permitieron firmar una serie de contratos para la compra de armamento en Italia, dotando de un cierto apoyo internacional a la conspiración. No obstante, este hecho por si sólo no puede ser la base que permita afirmar que la sublevación de 1936 fue un golpe de Estado fascista o fascistizado, ya que la inmensa mayoría de sus participantes no profesaban esta ideología.

La posición de los carlistas fue muy distinta. Fal Conde era contrario a cooperar con el resto de partidos, salvo que se aceptaran sus demandas en materia política: restablecimiento de la bandera bicolor, desaparición de todas las organizaciones políticas una vez que triunfase la sublevación, oficialidad de la religión católica, etc. Si no se les daban garantías en este sentido, los tradicionalistas estaban dispuestos a sublevarse contra la II República en solitario. Pero, el propio delegado nacional también reconocía que “en teoría habría muchas fórmulas de esa garantía, pero en la práctica, todas o casi todas se sustentan en la fe que merezcan los hombres que intervienen. No me merecen esa fe los militares, los políticos derechistas ni algunas personalidades tradicionalistas”. Al final, serían esas “personalidades tradicionalistas”, como Joaquín Baleztena, el conde de Rodezno y José Luis de Oriol, junto a la intervención del propio Sanjurjo, las que resolverían el enfrentamiento que se produjo entre Fal Conde y el general Mola, uniendo la CT a la “Gran Coalición”.

Mención aparte merecen los dos partidos nacionalistas conservadores con los que los conspiradores entraron en contacto para incorporarlos a sus planes: el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y la Lliga Catalana.

Los nacionalistas vascos habían entrado en contacto con monárquicos y miembros de las organizaciones de la derecha en abril de 1936, mostrándose favorables a apoyar la sublevación. Sin embargo, cambiaron de postura gracias a la acción del socialista Indalecio Prieto, que les ofreció el estatuto de autonomía –por el que tanto habían laborado desde 1931– a cambio de su lealtad al régimen republicano. José María de Areilza, alfonsino vasco y con excelentes relaciones en el mundo del nacionalismo, intentó una gestión a última hora, pidiendo a los dirigentes militares de la sublevación que estudiaran la posibilidad de proporcionar a las provincias vascas un sistema autonómico con fueros y concierto económico. Esta propuesta también fue realizada a los dirigentes del PNV, probablemente a su primo, el diputado vizcaíno José Horn Areilza, un integrista católico y líder de la minoría parlamentaria nacionalista vasca en las cortes. Pero la negociación no siguió adelante “porque faltaba el interlocutor valido con autoridad suficiente por parte de los conspiradores”, con lo que fue imposible incorporar a los nacionalistas vascos a la “Gran Coalición” antes del 18 de julio.

La posición de la Lliga, un partido que representaba a la élite burguesa catalanista, y que carecía de masas que pudieran apoyar la sublevación era diferente. En Cataluña, la sublevación estaba en manos de una organización militar de extrema derecha, la Unión Militar Española (UME), que era profundamente anticatalanista, por lo que no existía una vía de negociación. Además, esta región tenía un estatuto de autonomía concedido por la II República.

Esta situación colocaba a la Lliga –conservadora y regionalista– en una posición contraria a cualquier sublevación contra el Gobierno, como quedó reflejado en una carta que su líder Francesc Cambó escribió a su hombre de confianza Juan Ventosa y Calvell, el mismo 18 de julio de 1936: “Creo que lo peor que podría pasar en España sería que una militarada y una reacción derechista prematura echase del poder a los hombres del Frente Popular antes de que éstos se hayan desacreditado ante los suyos y se hayan enfrentado con la masa neutra que les dio su voto el 16 de febrero”. No obstante, a pesar de este alejamiento de los objetivos de los sublevados, Joaquín María de Nadal, secretario de Cambó, estuvo al tanto de lo que se preparaba, y el 14 de julio, recibió la visita de “un ilustre militar” que le informó que la sublevación se produciría entre el 18 y el 20 de julio. Esta información, a la que no dio importancia, se la pasó a Cambó –que curiosamente se marchó de vacaciones en esas fechas–, pero no hizo lo mismo con las autoridades españolas ni de la Generalitat.

Conclusión

A modo de conclusión, podemos decir que la sublevación que comenzó el 17 de julio de 1936 fue apoyada por la mayor parte de las fuerzas políticas conservadoras y las masas que simpatizaban con ellas. Con esa toma de posición, no sólo ampliaron la base social del golpe de Estado, sino que también manifestaban su oposición al proyecto revolucionario representado por la II República. Una oposición que se había originado en los primeros años del régimen, pero que se incrementó como consecuencia de la radicalización de la izquierda y de la inestabilidad e inseguridad que había caracterizado el periodo comprendido entre febrero y julio de 1936.

Este conjunto de organizaciones políticas serían unificadas en 1937 en un nuevo partido de corte fascista denominado Falange Española Tradicionalista y de las JONS, pero esto no significó su fin. Pues siguieron existiendo de facto, conformando las diferentes familias del franquismo que compartirían el poder durante los treinta y seis años, dotándole de un pluralismo político limitado. Esta sería la característica fundamental de este sistema político que, si bien fue conservador, nacionalista y autoritario, nunca fue fascista; ya que los seguidores de esta ideología no fueron dominantes ni antes ni después de la sublevación de julio de 1936; no pudiendo imponerse, por tanto, al resto de los integrantes de la “Gran Coalición”, aunque lo intentaron en diversas ocasiones.

No obstante, en este sistema de pluralismo limitado hubo dos sectores políticos que, aunque habían apoyado la sublevación, carecieron de una posición explícita en el nuevo régimen: los republicanos conservadores y los nacionalistas de derechas.

El franquismo, a pesar del apoyo que recibió de los mismos una vez comenzado el conflicto –incluyendo el de las organizaciones del PNV de Álava y Navarra y también de los dirigentes de la Lliga, especialmente del propio Cambó– no sólo no permitió que se conformaran como familias, sino que ejerció la represión sobre algunos de sus miembros; aunque otros colaboraron con el régimen a título individual. No obstante, a todos los integrantes de estos sectores políticos les garantizó un orden social, económico e incluso cultural en el que se sintieron relativamente cómodos, aunque la España de Franco no fuera una república ni reconociera jurídicamente las diferencias regionales, más allá precisamente del cupo de Álava y Navarra.