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PATRIMONIO MEMORIA HISTÓRICA
Después de expulsar al arqueólogo Alfredo González-Ruibal de la basílica de Cuelgamuros, Patrimonio Nacional crea unas instrucciones para actuar en el espacio con una orden a sus trabajadores que sólo los monjes benedictinos resolverán las incidencias.
A raíz de la expulsión de la basílica del Valle de los Caídos del arqueólogo Alfredo González-Ruibal, Patrimonio Nacional, responsable de la gestión del monumento, acaba de emitir a sus empleados una “instrucción respecto de la actuación del personal del Patrimonio Nacional en el interior de la basílica”.
EL ESPAÑOL ha tenido acceso al documento en el que se aclara que la custodia corresponde a la Abadía benedictina erigida en dicho recinto monumental y regulada por un decreto de 1957. Sin embargo, ha dictado ahora unas normas para el personal dependiente de Patrimonio Nacional, que presta su apoyo a los benedictinos. El manual de uso sólo tiene un punto y una orden para sus empleados: que se abstengan de intervenir directamente, salvo en caso de urgencias. Y en este caso sólo podrá intervenir para remediarlas el personal de seguridad.
“Ante cualquier incidencia que se plantee en el interior de la Basílica del Valle de los Caídos, el personal del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional deberá poner inmediatamente dicha circunstancia en conocimiento de la Abadía benedictina, para que, en el ejercicio de sus facultades de custodia, ésta adopte las medidas que considere oportunas”, se puede leer en el mando firmado por la consejera gerente.
Un manual de uso
Este “manual de uso del Valle de los Caídos” entrará en vigor el día de su firma. Es decir, hoy jueves 27 de julio de 2017. Hasta el momento no había protocolo en la actuación del interior del monumento y basílica. Este hecho confirma lo que el propio Alfredo González-Ruibal denunció a raíz de su expulsión después de apartar un ramo de flores de la tumba de Francisco Franco: “El Valle de los Caídos es un patrimonio negativo y va a seguir siéndolo si no se interviene en él. En estos momentos no está interpretado, no está explicado, no está contextualizado, está al servicio de Franco. Allí se sigue fomentando la exaltación de la visión de la dictadura y lo mínimo que debemos hacer es convertirlo en museo”.
Lo que más llama la atención del comunicado de Patrimonio Nacional es el amparo normativo de una ley franquista de 1957. Es decir, la Ley de 1982 que se creó para regular la gestión de Patrimonio Nacional no se está ejecutando. De esta manera, la institución real dependiente de Presidencia se desinhibe y cede la potestad a los monjes benedictinos, que serán quienes tendrán que aplicar la Ley de Memoria Histórica en el espacio. Hay que recordar que la Fundación Francisco Franco mantiene un centro floral, que renueva semanalmente, en las tumbas de Primo de Rivera y Franco.
Lavarse las manos
En el comunicado tampoco se especifica la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. De hecho, la expulsión del arqueólogo se trata como un incidente pasajero, en el que desde este momento los empleados tienen que desaparecer ante cualquier problema. Si esto es así a partir de este momento, ¿la persona que echó a González-Ruibal se extralimitó en sus funciones? ¿O se considera una "situación de manifiesta urgencia"? Tal y como demuestra en esta instrucción, Patrimonio Nacional no quiere tener nada que ver con la aplicación de la Ley de Memoria Histórica y cede a los monjes la potestad del espacio.
Tampoco existe un código de buenas prácticas para los trabajadores, como ocurre en otras instituciones monumentales y culturales, como el propio Palacio Real. Ni se aclara la titulación ni la formación del personal que hace cumplir las normas y las leyes que gestionan el espacio. Pero el informe aclara que la gestión de los servicios no depende de Patrimonio Nacional.
Desde presidencia de Patrimonio Nacional confirman a este periódico que se ha redactado un informe sobre lo ocurrido el pasado sábado, pero aclaran que no se hará público.
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