dilluns, 4 de setembre del 2017

La lucha por el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica en Zamora



http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2017/08/20/familiares-victimas-celebran-tengan-homenaje/1026768.html

Los familiares de las víctimas celebran que, al fin, tengan un homenaje

20.08.2017 | 05:05
Para los descendientes de los represaliados que aún viven en la capital, la instalación de un memorial en honor a esas personas asesinadas injustamente es una manera de mantener vivo el recuerdo de una parte de la historia que durante mucho tiempo ha sido ocultada con el objetivo de hacerla quedar en el olvido. "Es un momento muy grande, para recordar a quienes no hicieron nada malo, solo lucharon por la libertad. Este bonito homenaje tiene mucho sentido, aunque algunos no lo entiendan", señalan las familias.


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La lucha por el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica en Zamora

Homenaje en Olivares a los represaliados

Las familias de los veinte represaliados del barrio zamorano de Olivares en 1936 homenajean a las víctimas muertas en defensa de la libertad

26.08.2017 | 03:18
El Barrio de Olivares visto desde el Castillo en la década de 1960.
Azahara Ramos
Antonino Cabañas Bernardino, Antonio Higuera Vara, Julio Corredera García, Faustino Martín Martín, Tristán Maíllo Lagares o Ángel Salvadores Franco. Son solo algunos nombres de los veinte asesinados del Barrio de Olivares en el año 1936, habitantes de la Calle Abrazamozas, con el comienzo de la Guerra Civil y el control de la provincia por parte de las tropas franquistas. Su recuerdo se mantiene vivo en las mentes de los descendientes de los represaliados, quienes, después de más de ochenta años podrán homenajear a las víctimas a través del memorial instalado recientemente en la zona.
Olivares siempre fue un lugar de tradición artesanal, cuya principal actividad había sido la alfarería y los trabajos manuales, sobre todo a partir del siglo XVIII. La crisis de este sector, a finales del siglo XIX, dio lugar a una mayor dedicación a las labores del campo, y en 1936 la artesanía prácticamente había desaparecido, mientras que la población había crecido notablemente. En el contexto de la Segunda República, los trabajadores se habían asociado en diferentes organizaciones obreras. Los últimos momentos de esta etapa fueron convulsos en todo el país, y Zamora fue el escenario de numerosas reyertas entre derechistas e izquierdistas, algunos de ellos con un final trágico. Es el caso del asesinato de Rafael Ramos Barba por Manuel de Lera, padre de un falangista con quien el primero había tenido un enfrentamiento previamente. Los hechos se produjeron tan solo unos meses antes del comienzo de la Guerra Civil, en mayo de ese mismo año.
De esta forma, el Golpe de Estado del 18 de julio llegó en un clima de desorden en la ciudad, pero también coincidió con la etapa de la siega y la recolección de las cosechas. Los asesinatos se llevaron a cabo al final de este período de trabajo en el campo, y las cifras de muertos en Olivares se cuentan a partir de agosto. Las víctimas de la represión franquista registradas en el barrio asciende a una veintena.
El último descubrimiento de un represaliado en Abrazamozas se dio gracias a Manuela Lozano Martín, quien observó que su tío no aparecía en el listado de homenajeados y rápidamente facilitó la información. La víctima, Faustino Martín Martín, murió asesinado a los veintitrés años tras volver del servicio militar, "no hizo nada malo ni perteneció a ningún partido político, como sí fue el caso de otros miembros de la familia, un día lo sacaron de su hogar, lo llevaron a un centro penitenciario y cuando mi madre y mi abuela fueron a verlo ya no estaba, lo habían matado. Era muy joven y tenía un futuro prometedor", relata su sobrina, quien no vivió estos momentos puesto que nació en 1938, pero toda su vida ha recibido el testimonio de sus padres. En muchas ocasiones señalados, "durante la Dictadura nadie podía decir en público que era de izquierdas, era un tema tabú pero la gente sabía los ideales que tenía cada uno", apunta Lozano.
Siempre con su progenitor en el corazón, Candelas y Andrés Cabañas de la Iglesia, hijos del zapatero Antonino Cabañas, eran unos niños cuando ocurrió la trágica historia, "lo fueron a buscar en su vivienda de Abrazamozas, lo trasladaron a la cárcel, más tarde lo asesinaron", cuentan los hermanos. La víctima era hijo de Lucas Cabañas, alfarero que tenía además era prestamista, que actualmente cuenta con una calle en su honor en Olivares y su sepultura se mantiene en el camposanto de la capital. La familia se enteró del lugar donde yacía Antonino, muerto el dos de septiembre a los cuarenta y siete años, gracias al enterrador, quien les comunicó que estaba en el cementerio, "lo llevaron a un hoyo abierto, donde le dispararon una o varias veces antes de caer en el mismo", según el relato del trabajador del camposanto. En este caso, la víctima había sufrido la cruel represión en ocasiones anteriores, pues lo habían llevado a la cárcel dos veces y allí le habían propinado brutales palizas. Además, recientemente había sido sometido a una deshonra y degradación tras su destitución en el cargo que ocupaba como ordenanza en los Juzgados Mixtos. Cabañas, miembro del PSOE, dejó seis hijos huérfanos que sufrieron la dureza de la Posguerra, época en la que tuvieron que trabajar día y noche para salir adelante, "había mucha hambre y nadie nos ayudaba por ser hijos de un comunista", apunta Candelas. En una ocasión, la mayor de las hermanas empezó a trabajar en una casa, "allí reconoció inequívocamente a uno de los jóvenes que formaban parte del grupo de falangistas que fueron a buscar a su padre antes de matarlo. Después le he cosido trajes a esa persona toda la vida", recuerda Andrés, quien prefiere no mencionar el nombre del individuo al que hace referencia. Como profesional de la moda, Cabañas rememora sus trabajos, durante la Dictadura, para personas de extrema derecha con quien debía mantener un trato cordial.
Antonino Cabañas no fue el único miembro de su familia represaliado, pues su primo Benito Cabañas Jambrina, presidente de la Sociedad de Carpinteros y tesorero del Comité Ejecutivo de la Federación Social de Sociedades Obreras, también fue asesinado. A estos hechos hay que añadir la ejecución de Antonio Higuera Vara a sus cuarenta y un años de edad, casado con Carmen Cabañas, hermana de Antonino. El motivo del crimen, "ser cuñado de nuestro padre", apuntan los hermanos Cabañas.
Otro caso de represión en Olivares es el de Julio Corredera García, asesinado con solo dieciséis años, quien además tenía una gran amistad con dos represaliados más del barrio, José Manuel y Julián López García, ambos hermanos y albañiles. Su nieta, María Ángeles Roncero Corredera, habla de su abuela Paula como la persona que trajo a todos los niños de Abrazamozas al mundo.
La represión también llegó de parte de la Iglesia, "en una ocasión, un sacerdote comentó el número de muertos de aquella noche, a lo que añadió que, entre ellos, los que estuvieran confesados irían al cielo, los demás llegarían al infierno. Ese cura no tiene salvación", recuerda con tristeza Andrés Cabañas.
Valientes, los familiares de las víctimas compartieron su infancia en la Calle Abrazamozas, "el hogar de los Cabañas era un punto de encuentro de todos los habitantes de la vía, siempre estaba abierta", recuerdan. La lucha de quienes defendieron la República vive en sus descendientes, una generación cuyos miembros nacieron, en su mayoría, en la etapa final de la Guerra Civil y soportaron su juventud en un régimen gobernado por los golpistas que ocultaron la verdad y acabaron con la ilusión de una vida en libertad.

La lucha por el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica en Zamora (y III)

Zamora, castigada por la represión

Un consejo de guerra celebrado en agosto de 1936 condenó a prisión a cinco ciudadanos de la capital por "adhesión a la rebelión", todos ellos fueron finalmente asesinados

03.09.2017 | 04:00
Militares y ciudadanos en la puerta de la Audiencia Provincial y la cárcel. 
El motivo, una denuncia pública de la ilegalidad de la sublevación militar del 18 de julio de 1936. Un Boletín de Información de Sociedades Obreras que declaraba la ilicitud del golpe de Estado, a la vez que llamaba a los trabajadores a la huelga con el fin de frenarlo, llevó a la condena a muerte a un ciudadano de la capital, y a la pena de prisión para otros cinco zamoranos por su participación en el mismo, a través de un consejo de guerra. Previamente, por la elaboración del circular fueron condenados Antonio Pertejo y Manuel Antón, el día 3 de agosto de ese año, y posteriormente fusilados el día 7 del mismo mes.
El consejo de guerra contra los seis habitantes de la ciudad se celebró el 25 de agosto. De los acusados, José Ferrero Miranda, de veintidós años, maestro y secretario de la Universidad Popular y dirigente de la Juventud Socialista Unificada, fue condenado a muerte. El resto de las personas fueron sancionadas con penas de reclusión en la cárcel. Sin embargo, todos ellos fueron finalmente asesinados. El daño no terminó aquí, puesto que las víctimas fueron, posteriormente, encausadas por la Jurisdicción de Responsabilidades Políticas, que se encargó de destituir e inhabilitar a los maestros del grupo para ejercer la profesión.
Entre las víctimas se encuentra Trinidad Esteban Bailón, habitante del barrio de Olivares y pintor de diecisiete años de edad cuya sentencia dictó su sometimiento a quince años de prisión por "auxilio a la rebelión", tras haber sido acusado de participar en la distribución del boletín. Trinidad Esteban fue sacado de la cárcel y asesinado el día 17 de septiembre de 1936. Ese mismo día mataron también a José Herrero Rodríguez, albañil de cuarenta y dos años.
El consejo de guerra también se ocupó de una mujer, María Salgado Ferreras, sastra de veintitrés años, a la cual se condenó a los mismos años de cárcel para ser asesinada el 29 de septiembre. Carmelo García Rueda vivió la misma experiencia, era maestro y contaba con veinticuatro años en 1936, fue hallado muerto el 11 de noviembre. Su hermano Adolfo, también docente y de veintidós años, fue asesinado dos días después. La familia de ambos recuperaría los restos de los dos en 1941. Sebastián Lozano Barrios, albañil de veintiséis años, fue otro represaliado por causa de la misma sentencia.
Otro acusado fue José Ferrero Miranda, maestro de veintidós años, secretario de la Universidad Popular y dirigente de la Juventud Socialista Unificada, quien fue condenado a muerte por "adhesión a la rebelión" y fusilado el 4 de septiembre. Su padre, Valentín Ferrero García, que ocupaba el cargo de director pedagógico del hospicio, había sido uno de los primeros asesinados en Zamora tras el Golpe de Estado, y su abuelo, Fabián Miranda, de ochenta y tres años, fue también ejecutado el 29 de octubre. La Guerra Civil también acabaría con la vida de su hermano, Valentín Ferrero Miranda, en 1939.
Después de matar a las seis víctimas, la persecución no se detuvo. El día 26 de agosto de 1936, Raimundo Hernández Cortés, gobernador civil, hizo anunciar la destitución aquellos que tenían cargos como maestros, incluso para aquellos que no ejercían. Estos fueron los hermanos García Rueda y los Ferrero. Más tarde, en 1940, la Comisión de Depuración del Magisterio, abrió unos expedientes por los que se procedió a la inhabilitación perpetua de Carmelo García Rueda y José Ferrero Miranda para el ejercicio de la profesión. Además, la comisión de incautación de bienes llevó a cabo un procedimiento contra sus familiares después de la muerte de los represaliados. Tras la aprobación en 1939 de la Ley de Responsabilidades Políticas, el expediente pasó a esta jurisdicción.
En el contexto de la sublevación militar y el comienzo de la Guerra Civil, Zamora se convirtió en una zona con mucha facilidad para encontrar a personas de izquierdas, debido a la presencia de los militares rebeldes desde el primer momento de la contienda. El golpe de Estado fue planeado minuciosamente meses antes de llevarlo a cabo con el objetivo de eliminar el movimiento obrero y las organizaciones republicanas y de militantes izquierdistas más destacados. En la ciudad, los sublevados contaron con casi todas las fuerzas del orden público, que inmediatamente se pusieron del lado de los golpistas. De esta forma, sus ficheros con los datos de las personas pertenecientes a grupos políticos o asociaciones de izquierdas quedaron en manos de las autoridades militares. La tarea de hacer listas negras muchas veces fue decisiva y determinó que los implicados murieran o no. En el primer caso se encuentran ciudadanos de lugares zamoranos como Torres del Carrizal, Gallegos del Pan o Monfarracinos, entre otros, donde el número de asesinados es elevadísimo y fue dosificado cuidadosamente.Un gran número de víctimas fueron destituidas de sus cargos por asuntos políticos, en muchos casos terminaron encarceladas o asesinadas.
El relato legitimador del sistema que justificaba la Dictadura en los años de su desarrollo también afectó a la ciudad, donde se comprobó que el relato oficial hablaba de unas mil doscientas víctimas en toda la provincia, cifra incompleta, ya que en la actualidad se habla de unas mil quinientas. aunque probablemente la cifra sea mucho mayor. Muchos represaliados no están inscritos en ningún lugar ni tuvieron un procedimiento judicial.
Bajo el lema Verdad, Justicia y Reparación, las diferentes asociaciones que luchan por el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y su recuperación, luchan en todo el país porque no se olviden estos hechos, puesto que el trabajo de las administraciones es nulo. Las agrupaciones de este tipo existen en los distintos puntos del Estado desde hace varios años. Algunos de sus miembros ya estaban involucrados en la resolución de este tema anteriormente. En Zamora, el Foro por la Memoria es el encargado de trabajar en estas tareas e investigaciones.. Sus miembros reclaman que los acontecimientos no queden en silencio por parte de los familiares de los afectados, y además rechazan la forma como se cerró la Transición, que consideran injusta, puesto que los crímenes del Franquismo quedaron indemnes con la Ley de Amnistía de 1977. De esta manera, el objetivo de estas asociaciones es cerrar la impunidad de los crímenes del Franquismo.
La Ley de Memoria Histórica pide el reconocimiento y los derechos de las víctimas republicanas, pero las instituciones cada vez hacen menos por cumplirla, y en las últimas legislaturas no se ha dado presupuesto para ello. En los últimos años, su cumplimiento cuesta cada vez más. Las asociaciones voluntarias no reciben subvención para desarrollar competencias que deberían llevarse a cabo por las administraciones. En Zamora, el Foro por la Memoria tiene claro el establecimiento de bases de datos que contengan información sobre los represaliados o quiénes eran, aunque no siempre se conocen detalles de todos. Para ello, siguen métodos como las entrevistas orales o distintas fuentes.
El barrio zamorano de Olivares recoge los relatos de los familiares supervivientes de algunos asesinados por parte de la represión. En esta situación, muchos casos eran conocidos por la tradición oral aunque no por otras investigaciones, y ninguna asociación ni institución pública había hecho una distribución de víctimas por barrios. Las primeras investigaciones concretaron diecinueve represaliados de la zona, incluidos menores de edad y una mujer. Después, han aparecido tres víctimas más. Tras la instalación de un memorial en honor a esas personas, el acto de homenaje tendrá lugar el próximo 8 de septiembre a las 20.00 horas en el parque de Olivares, al lado de las Aceñas. Todos los ciudadanos, sin excepción, están invitados a acudir. Estarán presentes miembros de la Asociación de Vecinos del barrio, promotora de la realización del monolito, y familiares de los represaliados. Se leerán textos y habrá dos cantantes. También ha sido invitada la Fundación Ramón Acín, que ha permitido el uso de la lápida que el artista proyectó para la Fosa Común de Huesca. El criterio seguido para incluir a los asesinados en 1936 ha sido su muerte en ese año y su pertenencia al barrio.
La realidad de la represión es muy poco conocida, y actos como este invitan a otras personas que la conocen a que la pongan en común. Durante la Dictadura, existió un relato que legitimaba o justificaba el sistema. Reclaman el cumplimento de la Ley de Memoria Histórica, aunque considerada insuficiente, es un paso para el avance en la justicia y la consecución de la aclaración de la verdad y reparación de las víctimas.
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