La represión franquista en Badajoz, a ras de suelo
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Lejos de los personajes históricos, las grandes batallas o los importantes desplazamientos de tropas durante la Guerra Civil, el historiador Francisco Espinosa ha querido mostrar “la historia a ras de suelo, el día a día”, dice por teléfono. Lo que le sucedió a la gente anónima de la provincia de Badajoz —en la que él nació— durante los primeros meses de la contienda, cuando, tras la ocupación de las tropas franquistas, se desató la represión contra todo el que fuera sospechoso de rojo. Espinosa ha reunido en Por la sagrada causa nacional (Crítica) 60 casos del millar de expedientes, cada uno de al menos 80 páginas, que empezó a consultar hace más de veinte años en el Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla. “Es una documentación que ofrece una dimensión de la guerra que no se ha abordado”, añade. Con ese material ha publicado un libro sobre pequeñas historias en una veintena de localidades, que no por ello dejan de ser terribles, contienen asesinatos, robos y abusos sobre los que muestra cómo habitualmente se hizo la vista gorda “en juicios pantomimas”.
Espinosa señala que en un primer momento de la lucha se aplicaron en la provincia pacense “los bandos de guerra, que permitían todo, incluso la eliminación de la gente, una represión brutal que fue común para la España occidental, las zonas que cayeron en los primeros meses”. El estudio de Espinosa ofrece como novedad que saca a la luz “nombres tanto de los vencidos como de los que formaron parte del aparato represivo”. Entre los primeros, Facunda Gaspar, viuda del zapatero de 60 años Casimiro Madera, al que se llevaron de su casa “junto con otros detenidos, golpeándolos con las culatas de los fusiles”. En el expediente, iniciado tras presentar Gaspar la denuncia, se aporta un informe médico, su propia declaración, las de testigos para elaborar un relato, con la frialdad del lenguaje procesal, que concluye que a Madera le dispararon en la cabeza, en San Vicente de Alcántara, el 27 de julio de 1936. Un año después se sobreseyó la causa porque se consideraba que la muerte era fruto de un combate.
Investigador de la Segunda República y la represión tras el golpe militar, Espinosa (Villafranca de los Barros, 66 años) conoce el terreno, ha publicado, entre otras obras, La justicia de Queipo (2000), La columna de la muerte (2003), sobre el avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz, y La primavera del Frente Popular (2007). Según sus cálculos y los de otros estudios que ha consultado, las víctimas mortales “que eran de derechas sumaron unas 1.500” en los primeros compases de la guerra, mientras que “por la represión de los sublevados y los grupos que tomaron el poder, hasta 1944, las de izquierdas llegaron a 13.000”. Además, fue coordinador científico del proyecto Todos los Nombres, una gran base de datos en Internet, promovida por la CGT, de represaliados en Andalucía, Extremadura y Norte de África. Esta base tiene como fin recuperar el recuerdo de “cientos de familias que desconocen la suerte de sus seres queridos” y utilizan su web para “preguntar sobre paraderos o circunstancias concretas que conciernen a personas con nombre y apellidos”.
Documentos destruidos
En estos últimos hechos tuvieron un papel protagonista, por un lado, “la Legión, los Regulares y los soldados marroquíes, porque iban en cabeza de las tropas y una vez tomado un pueblo se les dejaba unas horas para hacer lo que quisieran, matar y robar”. Después, los militares delegaban el orden en la Guardia Civil, las derechas del pueblo y las milicias falangistas, “que fueron el brazo ejecutor del propio Ejército”. El historiador afirma que en Falange se permitió, con este fin, el ingreso en sus filas de “numerosos ladrones, asesinos y delincuentes comunes”. Con el tiempo, paradójicamente, se convirtieron en un remedo de chivo expiatorio por parte del régimen: “Con la derrota de Alemania e Italia en la guerra mundial, se redujo su poder. Muchos se quitaron la camisa azul y las oligarquías prefirieron culpar a Falange de los desmanes porque ya no se veía a falangistas”. Una responsabilidad diluida, aunque el historiador entresaca algunos personajes siniestros, como Manuel Gómez Cantos, capitán de la Guardia Civil, nombrado delegado de Orden Público en Badajoz, o el nazi Ernest Moerl, instructor de milicias de Falange, un tipo violento y bebedor, que se dedicaba a recaudar dinero para la causa.
En cualquier caso, las nuevas autoridades judiciales “blindaban a estas personas por muy mal que hubieran actuado” debido a sus acciones de guerra en el bando franquista. Una cuestión que aún hoy es difícil de investigar para los historiadores por un hecho que apunta Espinosa: “En 1977, durante la Transición, siendo Rodolfo Martín Villa ministro de la Gobernación, ordenó la destrucción de los archivos provinciales del Movimiento”.
Tras los primeros meses de “gran matanza”, hasta finales del 36, buena parte de la provincia de Badajoz “quedó ya en una situación de posguerra, se ocupa el poder y se forma la base sobre la que se construye la autoridad franquista”. Además, ayudaron factores que llevaron al bando de Franco “a dar un barniz a la represión de cara al exterior a partir de 1937”. Mantener los apoyos de Alemania, Italia y Portugal, por un lado, y por otro informes propios que advirtieron de que “había que usar a los prisioneros y presos de forma útil, porque el nuevo régimen podía quedarse sin mano de obra, y las prisiones estaban atiborradas”. Se creó entonces “una maquinaria judicial, con consejos de guerra sumarísimos que, aunque a un ritmo menor, siguió matando a gente que había tenido un papel notorio en la República”. Una situación de horror que solo se atenuó con la derrota de los fascismos.
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