Los trabajos de excavación de la fosa XXXVI, a cargo de la empresa arqueológica Drakkar, finalizaron hace una semana con el hallazgo de restos óseos desarticulados que apuntan al traslado de los restos
El pasado viernes 5 de noviembre el alcalde de Aspe, Antonio Puerto, junto con la consellera de Participació, Transparencia, Cooperaciò i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, y varios familiares de víctimas del franquismo visitaron los trabajos de excavación en la fosa XXXVI del cuadro 12 del Cementerio Municipal de Alicante. Según el archivo cementerial y distintas fuentes orales, en este lugar se encuentran los restos de 22 personas fusiladas el 26 de junio de 1941, entre ellas once aspenses, tres mujeres y ocho hombres. En la fosa supuestamente también descansaban los restos de otros vecinos de Benissa, Callosa del Segura, Torrevieja, Elche y Alicante. Sin embargo, tras la intervención, los técnicos de la excavación de la empresa arqueológica Drakkar sugirieron que, en algún momento, la fosa pudo ser removida y los cuerpos trasladados a otro lugar que por el momento se desconoce.
Durante la visita, los técnicos se encontraban a una profundidad de 2,20 metros, nivel en el cual se podían apreciar los restos óseos parciales en conexión anatómica de una persona. Al parecer el único hallazgo de un esqueleto completo —solo faltaba el cráneo— a lo largo del proceso, según explicó Jorge García, el arqueólogo que dirigió los trabajos, quien aseguró que hasta ese descubrimiento únicamente se habían observado “restos óseos desarticulados”. Cabe destacar que el equipo ya estaba excavando sobre el nivel geológico, lo que supone el final de la fosa.
“Llevo viniendo al cementerio desde los cinco años y mi padre siempre hacía la misma pregunta: ¿Ha habido movimiento de tierra? relata Antonia Santonja, vecina de Aspe y nieta de represaliado. A su lado, Paco Alcolea, quien busca a su abuelo, Francisco Alcolea Cremades, detenido en julio de 1939 y enviado a la prisión vieja de Novelda. Paco recuerda que su abuela hablaba muy poco de este tema, pero su tía tenía 12 años cuando se lo llevaron y mantenía el recuerdo intacto. “Mi padre se escondió cuando vio a la Guardia Civil pensando que venían a por él también, tenía cinco años”, explica Alcolea sobre el momento de la detención.
Francisco Alcolea Cremades estuvo en prisión desde julio del 39 a abril del 41, momento en que lo trasladaron al Reformatorio de Adultos de Alicante. Su nieto afirma emocionado que durante un año y medio su abuela caminó de Aspe a Novelda “día sí y día no” a llevarle comida y ropa. “Mi tía nos contó que la última vez que lo vio fue a través de una de las ventanas del reformatorio, la siguiente vez sería ya muerto en el cementerio”, recuerda Alcolea, quien se muestra “desanimado” ante la posibilidad de que no encuentren los restos, y se pregunta cómo comunicar la noticia a su padre y tío, los hijos de la víctima: “no sé qué se les puedes decir ¿Cómo se dice algo así?”.
Alcolea visitó el 5 de noviembre junto a Antonia el lugar donde tenían la certeza de que se hallaban los restos de sus familiares. Ahora les cuesta entender que la fosa pueda haber sido manipulada con posterioridad de la misma forma que la XXXVI, y que los restos puedan haber sido trasladados al osario, o en el peor de los casos para ellos, al Valle de los Caídos.
“Llevo viniendo al cementerio desde los cinco años y mi padre siempre hacía la misma pregunta: ¿Ha habido movimiento de tierra? relata Antonia Santonja, vecina de Aspe y nieta de represaliado. A su lado, Paco Alcolea, quien busca a su abuelo, Francisco Alcolea Cremades, detenido en julio de 1939 y enviado a la prisión vieja de Novelda. Paco recuerda que su abuela hablaba muy poco de este tema, pero su tía tenía 12 años cuando se lo llevaron y mantenía el recuerdo intacto. “Mi padre se escondió cuando vio a la Guardia Civil pensando que venían a por él también, tenía cinco años”, explica Alcolea sobre el momento de la detención.
Francisco Alcolea Cremades estuvo en prisión desde julio del 39 a abril del 41, momento en que lo trasladaron al Reformatorio de Adultos de Alicante. Su nieto afirma emocionado que durante un año y medio su abuela caminó de Aspe a Novelda “día sí y día no” a llevarle comida y ropa. “Mi tía nos contó que la última vez que lo vio fue a través de una de las ventanas del reformatorio, la siguiente vez sería ya muerto en el cementerio”, recuerda Alcolea, quien se muestra “desanimado” ante la posibilidad de que no encuentren los restos, y se pregunta cómo comunicar la noticia a su padre y tío, los hijos de la víctima: “no sé qué se les puedes decir ¿Cómo se dice algo así?”.
Alcolea visitó el 5 de noviembre junto a Antonia el lugar donde tenían la certeza de que se hallaban los restos de sus familiares. Ahora les cuesta entender que la fosa pueda haber sido manipulada con posterioridad de la misma forma que la XXXVI, y que los restos puedan haber sido trasladados al osario, o en el peor de los casos para ellos, al Valle de los Caídos.
Como consecuencia del resultado de la intervención en la fosa XXXVI, la consellera Rosa Pérez Garijo quiso poner en valor la importancia del archivo cementerial para conocer la verdad. “Si hay pruebas evidentes de que las fosas comunes del Cementerio de Alicante han sido tocadas, hay que tenerlo en cuenta para futuros proyectos de intervención”, destacó la consellera. Por su parte, el alcalde de Aspe, Antonio Puerto, insistió en que la impunidad no puede existir de forma permanente y en que “hay que actuar” para responder a la demanda de los familiares.
Pérez Garijo hizo referencia al éxito en la recuperación de restos óseos en el Cementerio de Paterna (València) y añadió que su “única pena” es no haber podido experimentar, por el momento, lo mismo en Alicante. En relación con la problemática expuesta, el alcalde de Aspe y la consellera insistieron en que se darán “todos los pasos necesarios en conjunto” para averiguar en virtud de la información disponible el lugar donde se han podido depositar los cuerpos.
La Causa Calpena y la industria alpargatera en Aspe
Al estallido de la guerra, tras el golpe de Estado del 36, Aspe, municipio del interior de Alicante, como el resto de la provincia quedó en zona republicana hasta el final de la contienda. En el contexto de los años 30, el municipio aspense fue escenario de una serie de huelgas y paros para la mejora de los derechos laborales de la industria alpargatera de la mano de la Sociedad de Socorros Mutuos de Alpargateros e industrias afines y el Renacer Femenino. Como resultado de estas huelgas, varios dirigentes obreros fueron detenidos y enviados a prisión, otros muchos tuvieron que cambiar de profesión por el veto a trabajar como alpargateros, al revelarse contra el sistema, según cuenta el historiador aspense José Ramón García Gandía en su tesis doctoral La Guerra Civil en Aspe. Las dos caras de la represión. El caso de la familia Calpena (2016, Universidad de Alicante).
Durante la Guerra Civil, el empresario alpargatero Ramón Calpena Cañizares, su hijo; Luis Calpena Pastor y su yerno; Javier González Avellán fueron arrestados por las autoridades republicanas y condenados a tres meses de privación de libertad en el Campo de trabajo de Totana. Meses más tarde, a petición de la familia ante las autoridades, los condenados fueron puestos en libertad la noche del 7 de julio de 1937. Sin embargo, cuando llegaron al pueblo, los tres miembros de esta familia fueron víctimas de un linchamiento en la plaza del Ayuntamiento que acabó con la vida de dos de ellos y la de un tercero días más tarde. Posteriormente, ante la repercusión de los hechos a nivel nacional se remitió el expediente de instrucción al Tribunal de Espionaje y Alta Traición al considerar tales actos de desobediencia a la República, que estaba intentando acabar con los focos de violencia incontrolada en la retaguardia republicana. A consecuencia, 23 personas fueron detenidas y se abrió una causa contra ellas por asesinato. El juicio se celebró en diciembre de 1937 y, dos meses después, el Tribunal Popular de Alicante declaró sobreseída la causa contra los 23 acusados.
Una vez acabada la guerra, la oficina de Información e investigación de la Falange Española Tradicionalista (FET) y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas (JONS) de Aspe tramitó una denuncia dirigida al cuartel de la Guardia Civil Local que tramitó Ramón Calpena Pastor, hijo, hermano y cuñado de las víctimas. Tras la denuncia, en plena represión franquista, se detuvo en varios momentos procesales a 60 personas, entre ellas varios dirigentes políticos y sindicales. De las 60 encausadas, únicamente 10 habían sido juzgadas también en 1937. La sentencia, dictada en abril de 1941, condenó a 19 personas a pena de muerte y a otras 41 a distintas penas de prisión que oscilaron entre los seis y los 30 años. A los condenados a muerte los fusilaron en la tapia del paredón de Rabasa y sus cuerpos fueron trasladados al Cementerio de Alicante en la misma mañana del fusilamiento.
El historiador José Ramón García Gandía insiste en que existen “pruebas fehacientes” de que estuvieron ahí, y que lo que queda ahora es iniciar una “investigación exhaustiva” para conocer si se llevó a cabo algún traslado ya sea al osario del propio cementerio o a otro lugar. El historiador explica que cuando surgió la posibilidad de encontrar los cuerpos, se puso “a trabajar en ello con el único objetivo de cerrar el círculo” porque “a nivel humano esperas una solución”, señala García Gandía sobre los trabajos de excavación que se están llevando a cabo en el cementerio.
Las fosas comunes del franquismo en el Cementerio de Alicante
El 22 de febrero de este año la Asociación Científica Arqueo Antro llevó a cabo en la Fosa X los primeros trabajos de excavación y exhumación de fosas del franquismo en el Cementerio de Alicante, con la búsqueda de once personas fusiladas el 25 de mayo de 1940, más de 80 años después del final de la guerra civil española. Tras cuatro semanas de trabajo, el equipo técnico no consiguió localizar en la zona excavada los restos de las víctimas arrojadas a la fosa según los libros cementeriales, aunque durante la intervención sí se localizó un proyectil y un fragmento de cráneo con una fractura perimortem. Sería la primera prueba irrefutable de un posible movimiento de tierra en las fosas comunes del cementerio sin el conocimiento de los familiares.
La represión franquista fusiló a 723 personas en la provincia de Alicante entre 1939 y 1945, según la tesis doctoral del historiador ilicitano Miguel Ors. En la capital provincial se centraliza el mayor número de ejecuciones, y el Cementerio Municipal se convierte en un enclave fundamental en el destino de los represaliados. Con 401 personas ejecutadas y arrojadas en 41 fosas comunes entre el cuadro 12 y el 19, este lugar se transforma para muchas personas en la única vía de honra y memoria a sus seres queridos. Ahora, 80 años más tarde, los implicados en esta lucha heredada, que tras décadas de silencio ya va por su cuarta generación, se preguntan si realmente este trozo de terreno sigue albergando los cuerpos sin vida de sus familiares.
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