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La Justicia admite un recurso de un grupo contrario a las exhumaciones al entender
que se dañaría al resto de cadáveres
Tumba de Jose Antonio Primo de Rivera,fundador de FE de las JONS,en Cuelgamuros / Getty Images
El recurso fija la medida cautelar de suspensión del acuerdo del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial que concedía la licencia de obras a Patrimonio Nacional para comenzar esos trabajos de rehabilitación en las criptas de Cuelgamuros.
El recurso que ha sido admitido ha sido presentado por la Asociación para la Reconciliación y la Verdad Histórica, un grupo contrario a la normativa de la Memoria Democrática y próximo a los postulados franquistas.
La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica solicitaba la suspensión alegando el "Derecho fundamental a la intimidad de los fallecidos y de sus familias y necesidad de respetar el sagrado reposo eterno que se vería vulnerado si se accede a ejecutar las obras manifiestamente ilegales solicitadas".
Además, añadía en su escrito ante el juez que "cuando se trata de realizar obras por parte de un ayuntamiento o de una Administración Pública, que impliquen demolición de edificaciones, viviendas o similares, de forma incesante los tribunales acceden a la suspensión de la ejecutividad del acto recurrido, pues de llevarse a cabo las citadas obras, en caso de que finalmente se resolviese el proceso contencioso en litis de forma favorable al recurrente".
El juez concluye que, de procederse a la inmediata ejecución de las previsiones contenidas en la licencia impugnada, "se producirían modificaciones en un elemento integrado en un Conjunto de protección integral que harían inefectivo el fallo de una sentencia que fuera estimatoria, lo que resultaría contrario a la tutela cautelar".
Por ello, considera "razonable evitar actuaciones que resulten irremediables antes de que se haya examinado el fondo del asunto que en este recurso se ha planteado".
Así las cosas, cabe recurso contra esta resolución, pero este nuevo procedimiento va a demorar aún más la exhumación de los restos de los hermanos Lapeña, cuyos familiares obtuvieron una sentencia que les daba el derecho a la devolución de los restos de los suyos, dos hermanos asesinados por falangistas en 1936 en la zona aragonesa de Calatayud.
Y cinco años después la familia sigue esperando la ejecución de esa sentencia como los restos de 36.000 españoles siguen esperando una solución que no llega. Eso si, el responsable de esos miles de muertos ya está fuera desde hace dos años.
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