40 AÑOS DE LA LEGALIZACIÓN DEL PARTIDO COMUNISTA
ESPECIAL
ALTA TENSIÓN
Militantes y dirigentes del PCE, entre ellos Ramón Tamames e Ignacio Gallego, celebran la legalización del Partido Comunista. Manuel Barriopedro. EFE
La legalización del PCE soliviantó al Ejército: el país estuvo al borde del golpe de Estado
"He tenido que negociar con los militares hasta las cinco de la mañana y, a pesar de la calma, la situación es muy peligrosa. Todavía no me he acostado. Pepe, pide al PCE máxima prudencia, que traten de evitar reacciones contrarias. Me preocupa especialmente la Marina".
Son las diez de la mañana del lunes 11 de abril de 1977, dos días después del Sábado Santo rojo. Cuando José Mario Armero, enlace secreto de Suárez con Carrillo, descuelga el teléfono, escucha la voz cansada, pero nerviosa, del presidente. Poco después, se hace pública la dimisión del ministro de Marina, almirante Pita de Veiga, quien muestra así su profundo desacuerdo con la decisión tomada por el Ejecutivo de legalizar al Partido Comunista de España. Entre el 11 y el 15 de abril, el país está al borde de un golpe de Estado. No es rumor, ni siquiera percepción del Gobierno, es riesgo real, evidente, porque la tormenta levantada tras la legalización no sólo es política, sino que afecta, sobre todo, al Ejército. Los "sempiternos enemigos de España" -así tildaba a los comunistas la propaganda de la dictadura- se convertían ahora en adversarios que, tras las elecciones generales previstas para junio, podrían ocupar sus escaños en el Congreso de los Diputados. "Intolerable", concluirá una cúpula militar anclada en los principios del 18 de Julio y cada vez más distanciada de un Gobierno al que considera traidor, débil e incompetente.
Suárez lo preveía, pero constata que la tormenta militar no tardaría en caer cuando el 10 de abril, al día siguiente de legalizar a los comunistas, se reúne en la Zarzuela con el Rey, el general Alfonso Armada (secretario e íntimo consejero del Monarca) y el marqués de Mondéjar, jefe de su casa militar. Airadamente, Armada pone de manifiesto que considera la decisión un serio error. Suárez, sin ambages, le contesta que no está dispuesto a que se cuestione su autoridad y que la legalización del PCE es estrictamente necesaria para legitimar la reforma hacia la democracia. Sin el concurso del principal partido de la oposición antes de las primeras elecciones, las libertades habrían sido simple juego de artificio sin contenido real, pura fachada, inasumible para las potencias europeas occidentales.
El Rey calla. Suárez lo ha mantenido informado, aunque al margen de la decisión final de legalizar al PCE, pues se trata de una operación cuyo riesgo asume el presidente en solitario, implicando lo menos posible a la Jefatura del Estado. Armada insiste en que la aceptación de Carrillo y los suyos es tan injusta como improcedente, lo cual hace concluir a Suárez que la brecha entre el Gobierno y el Ejército es cada vez más insalvable. Habrá que prepararse para sortear la tempestad.
EN PIE. Santiago Carrillo y Adolfo Suárez se negaron a cumplir la orden de Tejero cuando irrumpió el 23-F: "¡Todo el mundo al suelo!".TVE
Pero la lluvia de críticas, procedentes del Instituto Armado, no cesa. En la prensa o en privado, muchos militares acusan a Suárez de traidor, pues en la reunión mantenida con la cúpula del Ejército el 8 de septiembre de 1976 aseguró, por activa y por pasiva, que, "con sus actuales estatutos", el PCE no sería legalizado. Es cierto, lo dijo, y también es cierto que, ese mismo día, su enlace, José Mario Armero, estaba reunido en el Hotel Commodore de París con Santiago Carrillo para negociar la posible concesión del pasaporte al líder comunista. Sin embargo, el presidente no mintió en septiembre de 1976, y el archivo personal de Armero lo demuestra, pues a lo largo de todo ese año, Suárez niega sistemáticamente el pasaporte a Carrillo y, desde luego, no quiere la legalización del PCE antes de las elecciones de junio del 77.
Ello no es óbice para que, al mismo tiempo que cierra la puerta a los comunistas, pulse la actitud de su líder de cara al cambio político en curso, sopesando las posibilidades de que, en un futuro más o menos próximo (desde luego, Suárez prefiere después de las elecciones de junio), el PCE pueda ser aceptado si asume las reglas de juego de la democracia. Por eso, insiste ante los militares: "Con sus actuales estatutos, el PCE no entrará".
EL CRIMEN DE ATOCHA
El violento mes de enero de 1977, la impresionante muestra de madurez y responsabilidad del PCE durante el entierro de los abogados laboralistas asesinados por la ultraderecha en Atocha y el posterior cambio en los estatutos del partido, presentados en el Registro de Asociaciones Políticas el 11 de febrero de 1977, hacen cambiar a Suárez de opinión. Y a ello hay que añadir las encuestas que maneja sobre el escaso apoyo de la sociedad española al PCE, junto a los propios cálculos electorales del presidente, que prevé -con acierto- la fragmentación del voto de la izquierda si a la misma cita electoral concurren, por separado y en liza, los socialistas y los comunistas.
Consciente de que en el fondo necesita políticamente a Carrillo, Suárez se reúne en secreto con su antagonista el 27 de febrero de 1977. Armero actúa de nuevo como abogado conciliador, auténtico forjador del consenso entre Adolfo y Santiago, facilitando el lugar del encuentro: un chalé a las afueras de Madrid. Allí, ambos líderes constatan la relación simbiótica que les une, y apuestan por legalizar al PCE antes de junio, comprometiéndose a la mutua ayuda para sortear los obstáculos que, seguro, plantearán los extremos.
Algunos de esos extremos están agazapados en las salas de Banderas, desde donde se afirma que el almirante Pita da Veiga dimite porque, entre otras cosas, se enteró por la prensa de la legalización de los comunistas. Pero el almirante no ha conocido la noticia por los periódicos; Gutiérrez Mellado se lo ha comunicado -a él y a los otros dos ministros militares del Gobierno: Álvarez-Arenas y Franco Iribarnegaray- en una reunión que mantienen el 6 de abril. Gutiérrez Mellado les dice que el PCE será legalizado en los próximos días, aunque no especifica la fecha porque ni siquiera él la sabe. "Eso sí", advierte, "si tenéis alguna pregunta o alguna objeción que hacer al presidente del Gobierno, o algún escrúpulo de conciencia, estará toda la mañana en su despacho". La objeción no vino esa mañana, el "escrúpulo de conciencia" no se manifestaría hasta el día 11, con la dimisión del ministro de Marina.
La tensión alcanza su punto álgido tres días después, el 14 de abril, cuando el Consejo Superior del Ejército hace público un comunicado donde acepta, "como hecho consumado y por disciplina", la decisión unilateral del Gobierno de legalizar al PCE. Y añade que las Fuerzas Armadas se comprometen a, "con todos los medios a su alcance, cumplir ardorosamente con sus deberes para con la Patria y la Corona". La amenaza de golpe era evidente, si bien esta versión finalmente publicada edulcoraba una anterior donde podía leerse que "el Ejército se declara preparado para resolver los problemas por otros medios si es necesario", pues el Instituto Armado, decía aquella primera nota, "manifiesta su disgusto por la forma en que el Gobierno ensucia la imagen del Rey".
PRIMER COMITÉ CENTRAL DEL PCE LEGAL
Lo más grave es que la publicación de este comunicado coincide con la celebración del primer Comité Central del PCE en la legalidad. Reunidos en el Hotel Meliá Castilla de Madrid, Carrillo y sus correligionarios reciben del presidente Suárez una noticia demoledora: el Gobierno no puede garantizar la seguridad del cónclave comunista, pues en las próximas horas puede producirse un golpe militar de imprevisibles consecuencias. Armero habla por teléfono con Suárez desde la cafetería del Meliá Castilla y, apresuradamente, toma nota en una servilleta de papel de las recomendaciones -casi exigencias- de Adolfo a Santiago: "Aceptar la Bandera Nacional, la monarquía, la unidad de España y renuncia a la violencia".
Al día siguiente, 15 de abril, en una multitudinaria rueda de prensa pronunciada en el gran salón de reuniones del Meliá Castilla, el secretario general del PCE se dirige solemnemente a los periodistas en los siguientes términos: "Nos encontramos en la reunión más difícil que hayamos tenido hasta hoy desde que terminó la guerra. En estas horas, no digo en estos días, digo en estas horas, puede decidirse si se va a la democracia o se entra en una involución gravísima [...]. No dramatizo: digo en este minuto lo que hay". La bandera rojigualda, junto a la comunista, está desplegada a la espalda de Carrillo, que con este gesto espectacular, solicitado por el Gobierno, pretende sortear el malestar militar y conjurar el peligro de golpe.
Aquél día los militares no se movieron, pero la herida seguiría supurando. Suárez se convirtió en el objetivo a batir para buena parte de la cúpula del Ejército y, con el tiempo, también para una considerable proporción de una clase política que, tanto dentro como fuera del Ejecutivo, comenzaba a conspirar contra el presidente. Aquél 15 de abril de 1977, la tempestad desencadenada con la legalización del PCE parecía disiparse, pero una nueva tormenta -casi perfecta- se incubaba al combinar el malestar militar, el azote de ETA, el acelerado desgaste del presidente durante el tránsito político, la dura oposición, las disensiones en el seno de UCD y la emergencia de planes que preveían un gobierno de concentración, con militar al frente (al estilo De Gaulle) para sacar al país del marasmo en que, a la altura de 1980, se encontraba. Las zozobras provocadas por la legalización del Partido Comunista se habían superado, pero aquél terremoto agrietó sin remedio la relación entre Suárez y las Fuerzas Armadas. Y el 23-F vendría a corroborarlo.
* Alfonso Pinilla García es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Extremadura y autor de 'La legalización del PCE. La historia no contada', Alianza Editorial, 2017
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