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POR DANIEL ARMIROLA R. | PUBLICADO HACE 14 HORAS
Colombia debe evitar, en un momento crucial en su historia, que se repitan los errores cometidos por España para superar y sanar las heridas de su conflicto, en donde el simple olvido no sirvió.
El caso colombiano y la cercanía del país a obtener una paz duradera tras décadas de conflicto es un asunto que atrae a historiadores de renombre mundial, tal como al español Borja de Riquer (Barcelona, 1945). Experto en asuntos de memoria histórica, verdad y reparación a víctimas de la guerra, el académico catalán estuvo de visita en la capital antioqueña.
El historiador fue invitado por la Cátedra Medellín-Barcelona, un proyecto apoyado por las alcaldías de ambas ciudades, y gestionado por la Fundación Kreanta, en conjunto con la Universidad Eafit. Su objetivo fue participar en foros sobre política de memoria histórica, y sus charlas se enfocaron en explicar la Guerra Civil Española (1936-1939), la dictadura franquista (1939-1975), y la transición a la democracia en dicho país (1975-1982).
Tal como afirmó, en diálogo con este diario, Colombia debe garantizar la consolidación de instituciones de memoria en un eventual posconflicto, para evitar algo similar a lo ocurrido en España. Una nación en la que cree persisten las heridas de una guerra olvidada a la fuerza.
¿Su aporte se reduce a la experiencia catalana frente a la guerra o abarca a España?
“Al conjunto del país, aunque hago énfasis en la vivencia catalana durante la guerra y la posterior dictadura franquista. Pero en general, al hablar de las políticas de memoria, puedo decir que estoy vinculado a la única institución de ese tipo que se ha creado en España, que es el Memorial Democrático de Cataluña. Yo he sido el presidente de la Comisión redactora del proyecto y después del Consejo Asesor de Historiadores.
Por tanto, al narrar la solitaria experiencia catalana, estamos también hablando de la notable inexistencia de una justicia reparadora y de verdad en la mayoría del territorio español”.
¿Por qué cree que España no ha avanzado en esta vía?
“Los políticos no han querido. No hubo voluntad de los gobiernos españoles, ni de las autonomías, para crear estos mecanismos e instituciones. En Cataluña, en cambio, hay una gran sensibilidad respecto al tema de las víctimas del franquismo. Hay que recordar que el presidente catalán, Lluís Companys, fue fusilado por Franco el 15 de octubre de 1940, hace 75 años.
Se trató del único presidente de un régimen democrático que fue fusilado en Europa en los años 30 y 40. Companys se exilió en Francia al acabar la guerra civil, lo detuvieron los nazis, lo remitieron a España, y Franco le montó un consejo de guerra y lo fusiló. Por tanto, teniendo un presidente fusilado, miles de represaliados, exiliados, etc, en Cataluña hay gran sensibilidad por las víctimas, y hay más asociaciones en su defensa.
Pero ya no son ellas, se trata de sus hijos y nietos los que esgrimen sus causas. Son muy activos y crearon un clima que hizo que el Parlamento catalán, con un predominio de izquierda bajo el liderazgo de Pascual Maragall, exalcalde de Barcelona, aprobara la constitución del Memorial Democrático (2007)”.
¿Cree que la sociedad española ya sanó esas heridas?
“España fue sometida a un proceso de amnesia, como consecuencia de la transición. Los políticos que negociaron el paso a la democracia cometieron un grave error: imponer el olvido. Olvidar quiere decir dejar heridas abiertas. ¿Pero cuáles quedaron así? Las de las víctimas del franquismo, porque la dictadura ya había honrado a sus muertos durante todo el régimen, ocultando a los otros. Eso es mantener un problema abierto.
Por eso se crearon asociaciones, se movilizaron historiadores, incluso, algunas formaciones políticas, planteando la necesidad de justicia reparatoria, algo aún pendiente en España”.
¿Hubo movimiento en este sentido desde el poder?
“Solo hasta el último gobierno socialista (2004 - 2011) , el de José Rodríguez Zapatero. En 2007 se elaboró la primera ley de memoria histórica española —Franco se había muerto en 1975, un cierto retraso—, pero tiene notables insuficiencias: no crea una institución de memoria del Estado, no hace un censo de víctimas, no ayuda a la localización y exhumación de restos —piensen que en España se han identificado más de 2.600 fosas y se calcula que hay 45.000 personas enterradas en ellas—.
Es una aberración que esta ley no diga cómo abordar estos temas, cómo hacer peritajes con científicos, la exhumación junto a los familiares. El gobierno de España no quiso. Si mucho dice que son ilegales las sentencias de los consejos de guerra franquistas, pero no anula las mismas. Eso sí lo hicieron los alemanes respecto a las sentencias del régimen nazi tanto como las de la Alemania comunista”.
¿Eso indica que vestigios del franquismo siguen teniendo influencia en la política?
“Claramente. Eso se ve en la derecha española, que son los nietos. Llevan en su tradición ideológica el no condenar a fondo el franquismo. Para ellos es desagradable y conviene en cambio no hablar. Dicen que para reconciliarse hay que olvidar, lo cual equivale a ocultar. Y el Partido Socialista Obrero Español, al cual le correspondería la misión histórica de impulsar esto, se ha quedado en insuficiencias.
El resultado son las contradicciones que hay en España. Existe legalmente la Fundación Francisco Franco, que se dedica a la apología del dictador. No solo es legal, sino que está subvencionada con fondos públicos. Esta retiene toda la documentación política de Franco, que debería estar en un archivo histórico nacional, como los documentos de todo jefe de Estado. Eso fue permitido por gobiernos populares y socialistas. Si hoy día usted dice que hay en Alemania una fundación Adolf Hitler o en Italia una Benito Mussolini, sería indignante para todos sus ciudadanos”.
¿Esta forma de proceder causa, en parte, el éxito del independentismo catalán?
“La historia frente a la guerra civil y el franquismo no es un tema central. La cuestión del independentismo es resultado del descontento mayoritario de Cataluña en los últimos 10 años, ante la posición de los catalanes dentro de España. El punto de giro fue el plan del nuevo Estatuto de Autonomía, en 2006, que pese a ser aprobado en el Legislativo en Madrid, y a ser ratificado por todos los catalanes, fue denunciado por el entonces opositor Partido Popular ante el Tribunal Constitucional.
Ese fue un problema jurídico-político muy complejo. ¿Cómo una ley que fue aprobada por el Congreso y Senado, y ratificada en un referendo, puede ser enmendada por un tribunal? Hubo juristas que calificaron esto como un golpe de Estado judicial. Esa corte debe interpretar cómo funcionan las leyes, no puede enmendar al Legislativo. Eso evidenció la politización de la justicia española por presión del Partido Popular.
Encima la sentencia contra el estatuto tardó 4 años en darse, hasta 2010, tal vez esperando que mermara el apoyo y haciendo cosas tan discutibles como no renovar dicha corte a pesar de que un tercio de sus miembros sobrepasaron el plazo de tiempo en que tenían que estar allí. No pasó esto porque al Partido Popular le convenía que se mantuviera esa composición, así estuviera caducada.
Eso provocó una indignación popular notable en Cataluña, con síntomas de desprecio, y generó un movimiento popular de base, ciudadano, que ha desbordado a los partidos políticos y que ha conducido al propio Artur Mas, presidente de la Generalitat, a transitar el camino en el que está Cataluña actualmente ante la intransigencia del gobierno de Mariano Rajoy y su negativa a negociar. En este momento, el máximo fabricante de independentistas es el gobierno popular. En Barcelona se dice en broma:
‘Levantaremos un monumento a Rajoy diciéndole que sin él la independencia no hubiera sido posible’”.
¿Qué puede aprender un eventual posconflicto en Colombia del caso español?
“La situación es muy diferente y no sé si se puedan aprender muchas cosas. En España hubo una guerra civil muy violenta y 40 años de dictadura. Cuando se plantean cuestiones de reconciliación, han pasado muchos años desde la guerra civil y la gente aún teme al franquismo. De allí la cultura del olvido que imponen los políticos. Se dejan muchos temas pendientes. En España se optó por la reconciliación del tiempo, que no es muy positiva. ‘El tiempo irá borrando las heridas’, falso. No se atrevieron a aprovechar el momento histórico de la transición y la nueva Constitución en el 78. Hasta cierto punto es entendible, ya que todo el Ejército era franquista y no hubiera permitido una auténtica reconciliación, admitiendo sus crímenes.
Han pasado muchos años y aún no la tenemos. ¿Qué pasa hoy? Los nietos de las víctimas —porque los hijos casi se han muerto también—, consideran que no se les reconoce. El tiempo no es la solución. Si hay un momento histórico como el que tienen ustedes, es importante aprovecharlo. En mi opinión no debe haber vencedores ni vencidos, y todo el mundo tiene que ceder para buscar reconciliación. Y tiene que participar el máximo de gente, eso no se puede limitar a unos partidos. Debe estar presente la ciudadanía, sin dejar toda la responsabilidad en los políticos”.
En Colombia hay aún sectores que se distancian del proceso, ¿qué opina?
“Es una grave irresponsabilidad histórica no participar, así sea para defender sus posturas, porque eso implica que quieren que la guerra continúe. Y aquí van bastantes años de conflicto sin una salida”
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