- Las normativas balear y valenciana están a la espera de ser aprobadas en los parlamentos autonómicos
- Aragón y Extremadura acaban de cerrar el borrador, mientras que Cantabria y Canarias todavía están trabajando en sus respectivas leyes
Exhumación de una fosa común.
ARMH
"Que aquellos valores por los que lucharon hombres como los que homenajeamos aquí, de fraternidad universal, eliminación de fronteras, igualdad, libertad y solidaridad y que hoy no están todo lo suficiente que debieran presidiendo la acción de los poderes públicos, vuelvan a estarlo". Con estas palabras, el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, anunció en marzo de 2016 que el Ejecutivo autonómico estaba trabajando en una ley de memoria democrática para la región. Ahora, más de un año después, el borrador ya está finiquitado y en poco tiempo comenzará la tramitación parlamentaria, tal y como anunció el Consejo de Gobierno a finales de abril.
Sin embargo, no es la única comunidad que espera tener cerradas a lo largo del año leyes de memoria propias. Además de Aragón, otras cinco regiones están siguiendo el mismo camino. En la Comunidad Valenciana y en Baleares, los articulados ya están tramitándose en los respectivos parlamentos. En Extremadura, como en suelo aragonés, tienen listo el borrador del anteproyecto de ley, pero aún no se ha iniciado la vía parlamentaria para su aprobación. En Canarias, el grupo de trabajo creado en la Cámara autonómica sigue perfilando el texto, aunque sin dar todavía fechas para su presentación. Y en Cantabria, el Ejecutivo asegura tener ya lista una primera versión del borrador, que quieren ir completando ahora con las propuestas de los colectivos memorialistas.
C. Valenciana y Baleares: en la recta final
El giro a la izquierda del Ejecutivo balear tras las elecciones autonómicas de 2015, unos comicios que pusieron fin a cuatro años de dominio conservador en el archipiélago, permitió a las víctimas del franquismo ser escuchadas de nuevo. Así, en junio de 2016, consiguieron su primera gran victoria: la aprobación en el Parlament de la Ley Balear de Fosas, un texto en el que se establece que el Govern, en manos del PSOE gracias al apoyo de Podemos y Més per Mallorca, se encargará de localizar, identificar y, "si es posible", exhumar a 2.000 personas desaparecidas en las islas durante la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista, además de crear una comisión que elabore un mapa de fosas –unas 60 en Mallorca, Ibiza y Formentera– y un censo de desaparecidos.
Esta normativa se complementará ahora con una ley de memoria democrática a nivel autonómico que, entre otros muchos aspectos, contempla la creación de un inventario sobre simbología franquista y un archivo que unifique toda la documentación del periodo que abarca desde la Segunda República hasta el año 1983. Además, insta al Ejecutivo balear a anular todas las sentencias franquistas vigentes en la comunidad. La proposición de ley fue registrada en el Parlament por los socialistas baleares, Podemos, Més per Mallorca y Més per Menorca a finales de marzo. El articulado se encuentra, según la Cámara balear, pendiente del debate de toma en consideración.
También el giro a la izquierda en la Comunidad Valenciana tras la cita con las urnas de 2015, que puso fin a una década de dominio absoluto del PP, permitió a las víctimas de la dictadura dejar de ser invisibles. Y la memoria histórica volvió a ponerse sobre la mesa, después de haber sido enterrada durante años, con la elaboración de una normativa a nivel autonómico. Así, el pasado mes de febrero el Pleno del Consell dio luz verde al anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, un articulado que contempla la exhumación de las 300 fosas comunes que hay en la región –que costará, según los cálculos de la Generalitat, algo más de 4 millones de euros–, la elaboración de un censo de víctimas o la introducción de este tema en el currículo de ESO y Formación Profesional.
Matías Alonso, miembro del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Comunidad Valenciana, celebra el paso al frente del nuevo Ejecutivo y, sobre todo, el "contacto fluido" con las asociaciones memorialistas a la hora de la elaboración de la normativa, que actualmente se está tramitando en Les Corts. "En la Comunidad Valenciana era bastante necesaria", señala Alonso, que pide que la "tramitación sea con la máxima urgencia posible". Sobre el texto, dice que es "mejor" de lo que se esperaban: "Incorpora elementos importantes que rellenan las lagunas que tenía la ley estatal".
En este sentido, hace referencia, sobre todo, al "cuerpo sancionador" que se recoge en la normativa –entre 200 y 150.000 euros a quien, por ejemplo, no retire los vestigios franquistas–, algo que considera "muy importante" para obligar "a cumplir la ley". También destaca que se contemple la creación del Instituto de Memoria Valenciano, que en su opinión tendría que estar en manos de alguien "que sienta los colores", y de un banco de ADN. "La intención es que todo está listo y aprobado en otoño", concluye el miembro del GRMH.
Extremadura y Aragón: listo el borrador
Extremadura también tendrá en cuestión de meses su propia ley de memoria histórica. El pasado 19 de abril, la comisión de trabajo –constituida por representantes de la Junta, el Proyecto para la Recuperación de la Memoria Histórica en Extremadura (Premhex), la Universidad de Extremadura y tres asociaciones memorialistas de la región–, que se ha reunido desde mayo de 2016 en casi una decena de ocasiones, cerró de forma definitiva el borrador del anteproyecto de ley. Ahora, señala el Ejecutivo regional, el articulado será trasladado a los servicios jurídicos de la Junta y se elevará al Consejo de Gobierno, que se encargará de dar luz verde a la normativa para trasladarla a la Asamblea extremeña y dar inicio así a su tramitación parlamentaria.
Tampoco Aragón quiere quedarse atrás en esta materia. Sólo cinco días después de que la Junta de Extremadura anunciase que ya tenía listo su borrador, el Consejo de Gobierno aragonés conoció cómo sería su propio anteproyecto de ley de memoria. El texto, que ha sido fruto de más de un año de trabajo interdepartamental coordinado desde Presidencia, todavía no es definitivo. "Ahora iniciaremos actos en las tres provincias con asociaciones memorialistas para ver qué es lo que ellos pueden aportar", explican a infoLibre fuentes del Ejecutivo aragonés. Sobre el calendario, esperan que el anteproyecto de Ley llegue al Parlamento autonómico antes de verano para así poder tenerlo aprobado antes de que finalice el año.
El borrador elaborado contempla la creación de un censo de desaparecidos y víctimas de la Guerra Civil, así como de un depósito de ADN. Recoge también el establecimiento del 3 de marzo como el Día de la Memoria Democrática de Aragón. Establece sanciones para quienes incumplen la normativa. Y define ampliamente la consideración de víctima: personas que fueron objeto de condenas dictadas por tribunales ilegítimos; exiliados; los que padecieron confinamiento, torturas e incluso la muerte en campos de concentración y exterminio; guerrilleros antifranquistas; niños robados; mujeres que padecieron humillación, persecución o violación; represaliados por sus creencias políticas, religiosas, orientación sexual u origen étnico; víctimas de trabajos forzados y de desapariciones forzadas...
Cantabria y Canarias
Un poco más rezagadas que las otras cuatro autonomías, pero con firme intención de cerrar una normativa de memoria en sus regiones, se encuentran Canarias y Cantabria. En el archipiélago, el grupo de trabajo para la redacción de una proposición de ley en esta materia ya está perfilando el texto, según afirmó a finales de enero la presidenta del Parlamento canario, Carolina Darias, que explicó que los diputados están trabajando sobre un articulado "cedido" por el Ejecutivo autonómico al que están sumando propuestas de los colectivos memorialistas. Sin embargo, Darias no quiso dar ningún detalle sobre el calendario que manejan.
También el Ejecutivo de Cantabria se ha comprometido a elaborar una ley de memoria autonómica antes de que acabe la legislatura. El anuncio llegó, hace ahora más de un año, por boca del consejero de Cultura, Ramón Ruiz, que afirmó que las instituciones y sociedad "no pueden seguir indiferentes a la memoria de los miles de cántabros que dieron su vida por la democracia y la libertad, ni puede seguir desamparando los derechos de sus descendientes". El anteproyecto, añadió, buscará "el máximo consenso político, así como la colaboración de asociaciones y familiares de víctimas del franquismo".
El consejero de Cultura señaló que el propósito era que entrara en vigor cuanto antes. Aunque no quiso hablar sobre el calendario, aventuró que podría ponerse en marcha en la mitad de legislatura. Sin embargo, cumplido el ecuador de mandato, no se han vuelto a tener noticias sobre los avances en esta materia. infoLibre contactó con el Ejecutivo cántabro y trató, sin éxito, de conocer cuál era la situación actual del proyecto. "En enero, en un acto celebrado en la antigua sede de Tabacalera, el consejero dijo que ya había un borrador redactado y que todavía había que darle algunos retoques y presentarlo antes las asociaciones", cuenta a este diario Isidro Cicero, coordinador del Grupo de Memoria Histórica del PSOE –socio de gobierno del PRC en la comunidad–. Sin embargo, asevera que él "todavía no lo ha visto".
Ponerse a la altura de otros territorios
Queda fuera de este listado Castilla-La Mancha, otra de las comunidades en las que se esperaba durante esta legislatura una ley propia en esta materia. El pasado mes de septiembre, la normativa parecía que se acercaba cada vez más después de que Podemos registrara en las Cortes castellanomanchegas una proposición de Ley de la Memoria Democrática. Sin embargo, sólo un mes después de que la formación morada en la comunidad decidiese romper el pacto de investidura alcanzado con el PSOE, la Mesa de la Cámara decidió admitir el escrito por el que el Consejo de Gobierno expresaba su oposición a la tramitación del articulado. El Ejecutivo, capitaneado por Emiliano García-Page, vetaba la norma escudándose en el aumento de gasto.
Las seis comunidades autónomas tratan de ponerse a la altura de otros territorios que les llevan cierta ventaja en materia de memoria histórica. Navarra, por ejemplo, ya aprobó en 2013 una normativa a nivel regional, con los votos a favor de PSN, Bildu, Aralar-NaBai, Geroa Bai e I-E –que presentó la iniciativa–, la abstención de UPN y el voto en contra de el PP. De esta manera, se convirtió en la primera en elaborar una ley de ámbito regional en materia de memoria histórica. Sin embargo, las asociaciones memorialistas alaban, sobre todo, el trabajo que desde hace años lleva haciendo el Gobierno vasco en esta materia: localización, echumación, identificación...
En la actualidad, además de Navarra, sólo Andalucía tiene su propia ley de memoria. El Pleno del Parlamento andaluz la aprobó a mediados de marzo gracias a los votos favorables de PSOE-A, Podemos e IULV-CA, y la abstención de PP-A y C's. La normativa en la comunidad presidida por Susana Díaz, que ha servido como modelo para todas las que se están elaborando ahora, se organiza en seis títulos, dedicados a las víctimas de la represión, las medidas de reparación, los documentos de la memoria democrática de Andalucía, el fomento del movimiento asociativo y fundacional, la actuación administrativa y el régimen sancionador.
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Exhumación de una fosa común.
ARMH
"Que aquellos valores por los que lucharon hombres como los que homenajeamos aquí, de fraternidad universal, eliminación de fronteras, igualdad, libertad y solidaridad y que hoy no están todo lo suficiente que debieran presidiendo la acción de los poderes públicos, vuelvan a estarlo". Con estas palabras, el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, anunció en marzo de 2016 que el Ejecutivo autonómico estaba trabajando en una ley de memoria democrática para la región. Ahora, más de un año después, el borrador ya está finiquitado y en poco tiempo comenzará la tramitación parlamentaria, tal y como anunció el Consejo de Gobierno a finales de abril.
Sin embargo, no es la única comunidad que espera tener cerradas a lo largo del año leyes de memoria propias. Además de Aragón, otras cinco regiones están siguiendo el mismo camino. En la Comunidad Valenciana y en Baleares, los articulados ya están tramitándose en los respectivos parlamentos. En Extremadura, como en suelo aragonés, tienen listo el borrador del anteproyecto de ley, pero aún no se ha iniciado la vía parlamentaria para su aprobación. En Canarias, el grupo de trabajo creado en la Cámara autonómica sigue perfilando el texto, aunque sin dar todavía fechas para su presentación. Y en Cantabria, el Ejecutivo asegura tener ya lista una primera versión del borrador, que quieren ir completando ahora con las propuestas de los colectivos memorialistas.
C. Valenciana y Baleares: en la recta final
El giro a la izquierda del Ejecutivo balear tras las elecciones autonómicas de 2015, unos comicios que pusieron fin a cuatro años de dominio conservador en el archipiélago, permitió a las víctimas del franquismo ser escuchadas de nuevo. Así, en junio de 2016, consiguieron su primera gran victoria: la aprobación en el Parlament de la Ley Balear de Fosas, un texto en el que se establece que el Govern, en manos del PSOE gracias al apoyo de Podemos y Més per Mallorca, se encargará de localizar, identificar y, "si es posible", exhumar a 2.000 personas desaparecidas en las islas durante la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista, además de crear una comisión que elabore un mapa de fosas –unas 60 en Mallorca, Ibiza y Formentera– y un censo de desaparecidos.
Esta normativa se complementará ahora con una ley de memoria democrática a nivel autonómico que, entre otros muchos aspectos, contempla la creación de un inventario sobre simbología franquista y un archivo que unifique toda la documentación del periodo que abarca desde la Segunda República hasta el año 1983. Además, insta al Ejecutivo balear a anular todas las sentencias franquistas vigentes en la comunidad. La proposición de ley fue registrada en el Parlament por los socialistas baleares, Podemos, Més per Mallorca y Més per Menorca a finales de marzo. El articulado se encuentra, según la Cámara balear, pendiente del debate de toma en consideración.
También el giro a la izquierda en la Comunidad Valenciana tras la cita con las urnas de 2015, que puso fin a una década de dominio absoluto del PP, permitió a las víctimas de la dictadura dejar de ser invisibles. Y la memoria histórica volvió a ponerse sobre la mesa, después de haber sido enterrada durante años, con la elaboración de una normativa a nivel autonómico. Así, el pasado mes de febrero el Pleno del Consell dio luz verde al anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, un articulado que contempla la exhumación de las 300 fosas comunes que hay en la región –que costará, según los cálculos de la Generalitat, algo más de 4 millones de euros–, la elaboración de un censo de víctimas o la introducción de este tema en el currículo de ESO y Formación Profesional.
Matías Alonso, miembro del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Comunidad Valenciana, celebra el paso al frente del nuevo Ejecutivo y, sobre todo, el "contacto fluido" con las asociaciones memorialistas a la hora de la elaboración de la normativa, que actualmente se está tramitando en Les Corts. "En la Comunidad Valenciana era bastante necesaria", señala Alonso, que pide que la "tramitación sea con la máxima urgencia posible". Sobre el texto, dice que es "mejor" de lo que se esperaban: "Incorpora elementos importantes que rellenan las lagunas que tenía la ley estatal".
En este sentido, hace referencia, sobre todo, al "cuerpo sancionador" que se recoge en la normativa –entre 200 y 150.000 euros a quien, por ejemplo, no retire los vestigios franquistas–, algo que considera "muy importante" para obligar "a cumplir la ley". También destaca que se contemple la creación del Instituto de Memoria Valenciano, que en su opinión tendría que estar en manos de alguien "que sienta los colores", y de un banco de ADN. "La intención es que todo está listo y aprobado en otoño", concluye el miembro del GRMH.
Extremadura y Aragón: listo el borrador
Extremadura también tendrá en cuestión de meses su propia ley de memoria histórica. El pasado 19 de abril, la comisión de trabajo –constituida por representantes de la Junta, el Proyecto para la Recuperación de la Memoria Histórica en Extremadura (Premhex), la Universidad de Extremadura y tres asociaciones memorialistas de la región–, que se ha reunido desde mayo de 2016 en casi una decena de ocasiones, cerró de forma definitiva el borrador del anteproyecto de ley. Ahora, señala el Ejecutivo regional, el articulado será trasladado a los servicios jurídicos de la Junta y se elevará al Consejo de Gobierno, que se encargará de dar luz verde a la normativa para trasladarla a la Asamblea extremeña y dar inicio así a su tramitación parlamentaria.
Tampoco Aragón quiere quedarse atrás en esta materia. Sólo cinco días después de que la Junta de Extremadura anunciase que ya tenía listo su borrador, el Consejo de Gobierno aragonés conoció cómo sería su propio anteproyecto de ley de memoria. El texto, que ha sido fruto de más de un año de trabajo interdepartamental coordinado desde Presidencia, todavía no es definitivo. "Ahora iniciaremos actos en las tres provincias con asociaciones memorialistas para ver qué es lo que ellos pueden aportar", explican a infoLibre fuentes del Ejecutivo aragonés. Sobre el calendario, esperan que el anteproyecto de Ley llegue al Parlamento autonómico antes de verano para así poder tenerlo aprobado antes de que finalice el año.
El borrador elaborado contempla la creación de un censo de desaparecidos y víctimas de la Guerra Civil, así como de un depósito de ADN. Recoge también el establecimiento del 3 de marzo como el Día de la Memoria Democrática de Aragón. Establece sanciones para quienes incumplen la normativa. Y define ampliamente la consideración de víctima: personas que fueron objeto de condenas dictadas por tribunales ilegítimos; exiliados; los que padecieron confinamiento, torturas e incluso la muerte en campos de concentración y exterminio; guerrilleros antifranquistas; niños robados; mujeres que padecieron humillación, persecución o violación; represaliados por sus creencias políticas, religiosas, orientación sexual u origen étnico; víctimas de trabajos forzados y de desapariciones forzadas...
Cantabria y Canarias
Un poco más rezagadas que las otras cuatro autonomías, pero con firme intención de cerrar una normativa de memoria en sus regiones, se encuentran Canarias y Cantabria. En el archipiélago, el grupo de trabajo para la redacción de una proposición de ley en esta materia ya está perfilando el texto, según afirmó a finales de enero la presidenta del Parlamento canario, Carolina Darias, que explicó que los diputados están trabajando sobre un articulado "cedido" por el Ejecutivo autonómico al que están sumando propuestas de los colectivos memorialistas. Sin embargo, Darias no quiso dar ningún detalle sobre el calendario que manejan.
También el Ejecutivo de Cantabria se ha comprometido a elaborar una ley de memoria autonómica antes de que acabe la legislatura. El anuncio llegó, hace ahora más de un año, por boca del consejero de Cultura, Ramón Ruiz, que afirmó que las instituciones y sociedad "no pueden seguir indiferentes a la memoria de los miles de cántabros que dieron su vida por la democracia y la libertad, ni puede seguir desamparando los derechos de sus descendientes". El anteproyecto, añadió, buscará "el máximo consenso político, así como la colaboración de asociaciones y familiares de víctimas del franquismo".
El consejero de Cultura señaló que el propósito era que entrara en vigor cuanto antes. Aunque no quiso hablar sobre el calendario, aventuró que podría ponerse en marcha en la mitad de legislatura. Sin embargo, cumplido el ecuador de mandato, no se han vuelto a tener noticias sobre los avances en esta materia. infoLibre contactó con el Ejecutivo cántabro y trató, sin éxito, de conocer cuál era la situación actual del proyecto. "En enero, en un acto celebrado en la antigua sede de Tabacalera, el consejero dijo que ya había un borrador redactado y que todavía había que darle algunos retoques y presentarlo antes las asociaciones", cuenta a este diario Isidro Cicero, coordinador del Grupo de Memoria Histórica del PSOE –socio de gobierno del PRC en la comunidad–. Sin embargo, asevera que él "todavía no lo ha visto".
Ponerse a la altura de otros territorios
Queda fuera de este listado Castilla-La Mancha, otra de las comunidades en las que se esperaba durante esta legislatura una ley propia en esta materia. El pasado mes de septiembre, la normativa parecía que se acercaba cada vez más después de que Podemos registrara en las Cortes castellanomanchegas una proposición de Ley de la Memoria Democrática. Sin embargo, sólo un mes después de que la formación morada en la comunidad decidiese romper el pacto de investidura alcanzado con el PSOE, la Mesa de la Cámara decidió admitir el escrito por el que el Consejo de Gobierno expresaba su oposición a la tramitación del articulado. El Ejecutivo, capitaneado por Emiliano García-Page, vetaba la norma escudándose en el aumento de gasto.
Las seis comunidades autónomas tratan de ponerse a la altura de otros territorios que les llevan cierta ventaja en materia de memoria histórica. Navarra, por ejemplo, ya aprobó en 2013 una normativa a nivel regional, con los votos a favor de PSN, Bildu, Aralar-NaBai, Geroa Bai e I-E –que presentó la iniciativa–, la abstención de UPN y el voto en contra de el PP. De esta manera, se convirtió en la primera en elaborar una ley de ámbito regional en materia de memoria histórica. Sin embargo, las asociaciones memorialistas alaban, sobre todo, el trabajo que desde hace años lleva haciendo el Gobierno vasco en esta materia: localización, echumación, identificación...
En la actualidad, además de Navarra, sólo Andalucía tiene su propia ley de memoria. El Pleno del Parlamento andaluz la aprobó a mediados de marzo gracias a los votos favorables de PSOE-A, Podemos e IULV-CA, y la abstención de PP-A y C's. La normativa en la comunidad presidida por Susana Díaz, que ha servido como modelo para todas las que se están elaborando ahora, se organiza en seis títulos, dedicados a las víctimas de la represión, las medidas de reparación, los documentos de la memoria democrática de Andalucía, el fomento del movimiento asociativo y fundacional, la actuación administrativa y el régimen sancionador.
Sin embargo, no es la única comunidad que espera tener cerradas a lo largo del año leyes de memoria propias. Además de Aragón, otras cinco regiones están siguiendo el mismo camino. En la Comunidad Valenciana y en Baleares, los articulados ya están tramitándose en los respectivos parlamentos. En Extremadura, como en suelo aragonés, tienen listo el borrador del anteproyecto de ley, pero aún no se ha iniciado la vía parlamentaria para su aprobación. En Canarias, el grupo de trabajo creado en la Cámara autonómica sigue perfilando el texto, aunque sin dar todavía fechas para su presentación. Y en Cantabria, el Ejecutivo asegura tener ya lista una primera versión del borrador, que quieren ir completando ahora con las propuestas de los colectivos memorialistas.
C. Valenciana y Baleares: en la recta final
El giro a la izquierda del Ejecutivo balear tras las elecciones autonómicas de 2015, unos comicios que pusieron fin a cuatro años de dominio conservador en el archipiélago, permitió a las víctimas del franquismo ser escuchadas de nuevo. Así, en junio de 2016, consiguieron su primera gran victoria: la aprobación en el Parlament de la Ley Balear de Fosas, un texto en el que se establece que el Govern, en manos del PSOE gracias al apoyo de Podemos y Més per Mallorca, se encargará de localizar, identificar y, "si es posible", exhumar a 2.000 personas desaparecidas en las islas durante la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista, además de crear una comisión que elabore un mapa de fosas –unas 60 en Mallorca, Ibiza y Formentera– y un censo de desaparecidos.
Esta normativa se complementará ahora con una ley de memoria democrática a nivel autonómico que, entre otros muchos aspectos, contempla la creación de un inventario sobre simbología franquista y un archivo que unifique toda la documentación del periodo que abarca desde la Segunda República hasta el año 1983. Además, insta al Ejecutivo balear a anular todas las sentencias franquistas vigentes en la comunidad. La proposición de ley fue registrada en el Parlament por los socialistas baleares, Podemos, Més per Mallorca y Més per Menorca a finales de marzo. El articulado se encuentra, según la Cámara balear, pendiente del debate de toma en consideración.
También el giro a la izquierda en la Comunidad Valenciana tras la cita con las urnas de 2015, que puso fin a una década de dominio absoluto del PP, permitió a las víctimas de la dictadura dejar de ser invisibles. Y la memoria histórica volvió a ponerse sobre la mesa, después de haber sido enterrada durante años, con la elaboración de una normativa a nivel autonómico. Así, el pasado mes de febrero el Pleno del Consell dio luz verde al anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, un articulado que contempla la exhumación de las 300 fosas comunes que hay en la región –que costará, según los cálculos de la Generalitat, algo más de 4 millones de euros–, la elaboración de un censo de víctimas o la introducción de este tema en el currículo de ESO y Formación Profesional.
Matías Alonso, miembro del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Comunidad Valenciana, celebra el paso al frente del nuevo Ejecutivo y, sobre todo, el "contacto fluido" con las asociaciones memorialistas a la hora de la elaboración de la normativa, que actualmente se está tramitando en Les Corts. "En la Comunidad Valenciana era bastante necesaria", señala Alonso, que pide que la "tramitación sea con la máxima urgencia posible". Sobre el texto, dice que es "mejor" de lo que se esperaban: "Incorpora elementos importantes que rellenan las lagunas que tenía la ley estatal".
En este sentido, hace referencia, sobre todo, al "cuerpo sancionador" que se recoge en la normativa –entre 200 y 150.000 euros a quien, por ejemplo, no retire los vestigios franquistas–, algo que considera "muy importante" para obligar "a cumplir la ley". También destaca que se contemple la creación del Instituto de Memoria Valenciano, que en su opinión tendría que estar en manos de alguien "que sienta los colores", y de un banco de ADN. "La intención es que todo está listo y aprobado en otoño", concluye el miembro del GRMH.
Extremadura y Aragón: listo el borrador
Extremadura también tendrá en cuestión de meses su propia ley de memoria histórica. El pasado 19 de abril, la comisión de trabajo –constituida por representantes de la Junta, el Proyecto para la Recuperación de la Memoria Histórica en Extremadura (Premhex), la Universidad de Extremadura y tres asociaciones memorialistas de la región–, que se ha reunido desde mayo de 2016 en casi una decena de ocasiones, cerró de forma definitiva el borrador del anteproyecto de ley. Ahora, señala el Ejecutivo regional, el articulado será trasladado a los servicios jurídicos de la Junta y se elevará al Consejo de Gobierno, que se encargará de dar luz verde a la normativa para trasladarla a la Asamblea extremeña y dar inicio así a su tramitación parlamentaria.
Tampoco Aragón quiere quedarse atrás en esta materia. Sólo cinco días después de que la Junta de Extremadura anunciase que ya tenía listo su borrador, el Consejo de Gobierno aragonés conoció cómo sería su propio anteproyecto de ley de memoria. El texto, que ha sido fruto de más de un año de trabajo interdepartamental coordinado desde Presidencia, todavía no es definitivo. "Ahora iniciaremos actos en las tres provincias con asociaciones memorialistas para ver qué es lo que ellos pueden aportar", explican a infoLibre fuentes del Ejecutivo aragonés. Sobre el calendario, esperan que el anteproyecto de Ley llegue al Parlamento autonómico antes de verano para así poder tenerlo aprobado antes de que finalice el año.
El borrador elaborado contempla la creación de un censo de desaparecidos y víctimas de la Guerra Civil, así como de un depósito de ADN. Recoge también el establecimiento del 3 de marzo como el Día de la Memoria Democrática de Aragón. Establece sanciones para quienes incumplen la normativa. Y define ampliamente la consideración de víctima: personas que fueron objeto de condenas dictadas por tribunales ilegítimos; exiliados; los que padecieron confinamiento, torturas e incluso la muerte en campos de concentración y exterminio; guerrilleros antifranquistas; niños robados; mujeres que padecieron humillación, persecución o violación; represaliados por sus creencias políticas, religiosas, orientación sexual u origen étnico; víctimas de trabajos forzados y de desapariciones forzadas...
Cantabria y Canarias
Un poco más rezagadas que las otras cuatro autonomías, pero con firme intención de cerrar una normativa de memoria en sus regiones, se encuentran Canarias y Cantabria. En el archipiélago, el grupo de trabajo para la redacción de una proposición de ley en esta materia ya está perfilando el texto, según afirmó a finales de enero la presidenta del Parlamento canario, Carolina Darias, que explicó que los diputados están trabajando sobre un articulado "cedido" por el Ejecutivo autonómico al que están sumando propuestas de los colectivos memorialistas. Sin embargo, Darias no quiso dar ningún detalle sobre el calendario que manejan.
También el Ejecutivo de Cantabria se ha comprometido a elaborar una ley de memoria autonómica antes de que acabe la legislatura. El anuncio llegó, hace ahora más de un año, por boca del consejero de Cultura, Ramón Ruiz, que afirmó que las instituciones y sociedad "no pueden seguir indiferentes a la memoria de los miles de cántabros que dieron su vida por la democracia y la libertad, ni puede seguir desamparando los derechos de sus descendientes". El anteproyecto, añadió, buscará "el máximo consenso político, así como la colaboración de asociaciones y familiares de víctimas del franquismo".
El consejero de Cultura señaló que el propósito era que entrara en vigor cuanto antes. Aunque no quiso hablar sobre el calendario, aventuró que podría ponerse en marcha en la mitad de legislatura. Sin embargo, cumplido el ecuador de mandato, no se han vuelto a tener noticias sobre los avances en esta materia. infoLibre contactó con el Ejecutivo cántabro y trató, sin éxito, de conocer cuál era la situación actual del proyecto. "En enero, en un acto celebrado en la antigua sede de Tabacalera, el consejero dijo que ya había un borrador redactado y que todavía había que darle algunos retoques y presentarlo antes las asociaciones", cuenta a este diario Isidro Cicero, coordinador del Grupo de Memoria Histórica del PSOE –socio de gobierno del PRC en la comunidad–. Sin embargo, asevera que él "todavía no lo ha visto".
Ponerse a la altura de otros territorios
Queda fuera de este listado Castilla-La Mancha, otra de las comunidades en las que se esperaba durante esta legislatura una ley propia en esta materia. El pasado mes de septiembre, la normativa parecía que se acercaba cada vez más después de que Podemos registrara en las Cortes castellanomanchegas una proposición de Ley de la Memoria Democrática. Sin embargo, sólo un mes después de que la formación morada en la comunidad decidiese romper el pacto de investidura alcanzado con el PSOE, la Mesa de la Cámara decidió admitir el escrito por el que el Consejo de Gobierno expresaba su oposición a la tramitación del articulado. El Ejecutivo, capitaneado por Emiliano García-Page, vetaba la norma escudándose en el aumento de gasto.
Las seis comunidades autónomas tratan de ponerse a la altura de otros territorios que les llevan cierta ventaja en materia de memoria histórica. Navarra, por ejemplo, ya aprobó en 2013 una normativa a nivel regional, con los votos a favor de PSN, Bildu, Aralar-NaBai, Geroa Bai e I-E –que presentó la iniciativa–, la abstención de UPN y el voto en contra de el PP. De esta manera, se convirtió en la primera en elaborar una ley de ámbito regional en materia de memoria histórica. Sin embargo, las asociaciones memorialistas alaban, sobre todo, el trabajo que desde hace años lleva haciendo el Gobierno vasco en esta materia: localización, echumación, identificación...
En la actualidad, además de Navarra, sólo Andalucía tiene su propia ley de memoria. El Pleno del Parlamento andaluz la aprobó a mediados de marzo gracias a los votos favorables de PSOE-A, Podemos e IULV-CA, y la abstención de PP-A y C's. La normativa en la comunidad presidida por Susana Díaz, que ha servido como modelo para todas las que se están elaborando ahora, se organiza en seis títulos, dedicados a las víctimas de la represión, las medidas de reparación, los documentos de la memoria democrática de Andalucía, el fomento del movimiento asociativo y fundacional, la actuación administrativa y el régimen sancionador.
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