HALLADOS 12 CADÁVERES EN LA NUEVA EXCAVACIÓN
Migqel Mezquida, de pie, contempla los trabajos en la fosa 113. Foto: EVA MÁÑEZ.
1/06/2017 -
VALÈNCIA. La titular del juzgado número 2 de Paterna ha decidido abrir diligencias por los fusilamientos del franquismo acaecidos en el cementerio de esta localidad valenciana al concluir la Guerra Civil. La magistrada adoptó la decisión tras visitar la exhumación que se está realizando en la actualidad en el camposanto paternero, a instancias del equipo de investigadores que, financiados por la Diputación de València, han comenzado a excavar en la fosa 113, la más grande exhumada hasta el momento en la Comunitat Valenciana.
Tras el decepcionante resultado de la primera excavación, en la que apenas se hallaron dos cadáveres, el equipo que lidera el arqueólogo Miguel Mezquida inició el pasado 22 de mayo las nuevas excavaciones en la infame fosa 113. El proyecto, impulsado por un colectivo de familiares de las víctimas que preside el periodista y escritor Santi Vallés, aspira a poder recuperar los cadáveres de en torno 60 personas que fueron ejecutadas y enterradas en dos sacas que tuvieron lugar el 18 de enero de 1940 y el 19 de septiembre de 1941.
La nueva excavación ha resultado ser muy fructífera y en apenas una semana los arqueólogos han hallado al menos una docena de cuerpos, con evidentes signos de haber sufrido muerte violenta, con cráneos agujerados por impacto de bala. Asimismo se han encontrado casquillos de bala, posiblemente disparados por los fusiles de sus asesinos. Siguiendo el protocolo de actuación que se dictó en 2011, Mezquida informó de los hallazgos en la mañana de este jueves a la Policía Nacional de la localidad.
Tras unos momentos de cierta confusión, desde la Policía se sugirió al equipo de arqueólogos del colectivo ArqueoAntro que se pusieran en contacto con la jueza de guardia. Poco después de mediodía Mezquida, Vallés, el director antropológico Javier Iglesias y la diputada de Memoria Histórica Rosa Pérez, de la Diputación de València, se trasladaron a los juzgados donde mantuvieron un primer encuentro con la titular del juzgado.
En dicho encuentro los directores técnicos le resumieron a la jueza sus trabajos así como lo que esperaban encontrar en la excavación. Habida cuenta el hallazgo de ya como mínimo 12 represaliados, la juez solicitó a los técnicos una copia de los permisos de la Conselleria de Cultura y del Ayuntamiento de Paterna para realizar los trabajos, a lo que añadieron una copia de la relación de los fusilados que se espera encontrar en la fosa.
Poco después, sobre las tres de la tarde la Policía Nacional hizo acto de presencia en el cementerio para visitar la fosa, y tras ellos llegó la Policía Judicial. En torno a las cuatro de la tarde se personó la juez y poco después el médico forense, Manuel Polo Cerdá, del Instituto de Medicina Legal de València, visitaron también las excavaciones y, tras analizar los hallazgos y examinar visualmente los restos, la juez tomó la decisión de abrir diligencias.
Este se hecho traducirá en que a partir de ahora los gastos de los estudios posteriores a la exhumación y la identificación correrán a cargo del Estado, así como que la fosa pasa a partir de ahora a tener vigilancia policial. La exhumación se realizará cadáver a cadáver y se mantendrá la cadena de custodia de cada uno de los restos, para garantizar su correcta preservación. Igualmente, la identificación se realizará uno a uno. “Será un poco más lento”, admitía Santi Vallés, “pero sienta un precedente muy importante para otras asociaciones de familiares que decidan iniciar procesos similares en toda España”, comentaba a Valencia Plaza. Además, la juez ha permitido que sea ArqueoAntro quien prosiga las excavaciones, con lo que se garantiza la continuidad de las labores, si bien a partir de este viernes lo harán bajo supervisión judicial.
“Estamos muy satisfechos”, comentaba a media tarde del jueves Santi Vallés entre lágrimas, una vez confirmada la actuación judicial, “tanto por la decisión de la jueza como por la colaboración que hemos recibido de la Diputación de València y, sobre todo, por el trabajo del equipo de arqueólogos y antropólogos, con Mezquida al frente, que han sido siempre muy respetuosos y nos han explicado en todo momento lo que iban a hacer y por qué”.
Al pasar a estar judicializada la exhumación, los descendientes se garantizan que el proceso de identificación seguirá un procedimiento judicial que puede ser usado como prueba en futuros procesos de reclamación en otras instancias judiciales, así como que el reconocimiento de los cuerpos será realizado por parte del Instituto de Medicina Legal de València.
Asimismo, abre la vía a que, si sentara jurisprudencia, las familias de los asesinados por la represión franquista que yacen en cunetas en otros lugares de España puedan reclamar a la Justicia que actúe en casos concretos de los que hay sobrada documentación, con lo que sería el Estado el que costearía los trabajos, al menos, de identificación de los cadáveres, normalmente muy elevados. 76 años después de ser asesinados, por fin la Justicia española investigará sus muertes.
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