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Un paso en la búsqueda de desaparecidos en España
Una iniciativa ciudadana, que recogía muestras genéticas para la identificación de las víctimas de la Guerra Civil sin ninguna ayuda institucional, finalmente se incorpora a un programa del gobierno catalán.
El gobierno catalán recuperó los restos óseos de una fosa de la dictadura en el cementerio de Tremp.
PáginaI12 En España
Desde Barcelona
Los esfuerzos, hasta ahora sordos para las instituciones, del primer banco de ADN de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil española, por fin recibieron respuesta. El gobierno de Cataluña firmó este lunes la cesión por parte de la Universidad de Barcelona (UB) de las 180 muestras genéticas que el banco de ADN de víctimas de la Guerra Civil recolectó desde el año de su creación, el 2012, para incorporarlas a la base de datos del Programa de Identificación Genética que el septiembre pasado impulsó la Generalitat (el órgano máximo de gobierno en Cataluña).
El consejero de Asuntos exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia, Raül Romeva, el consejero de Salud, Toni Comín y el rector de la UB, Joan Elias, agradecieron la tarea de los impulsores del banco de ADN y celebraron que finalmente Cataluña cuente con un programa público para la investigación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo. Tal como destacó Romeva en el Palacio de la Generalitat, el acto de este lunes “sirve para unir trayectorias y voluntades diversas, de la sociedad civil y de las instituciones, que confluyen en un mismo objetivo: devolver la dignidad perdida a todas las víctimas forzadas de la violencia de la Guerra Civil y de la dictadura franquista”.
Después de que Marc Antoni Malagarriga, la Dra. Carme Barrot y Roger Heredia, presidente del Banco de ADN, tocaran muchísimas puertas, llamaran a medios de comunicación locales y estatales e, incluso, comparecieran en el Parlamento de Cataluña para denunciar la inacción de la Generalitat en materia de memoria histórica, sin ningún resultado, el acuerdo firmado con el gobierno supone, por fin, un avance en este camino.”Ahora sí que se ve un compromiso real para implicarse en la recuperación de la memoria, porque hasta ahora sólo había homenajes y exposiciones. Ahora sí que dispondremos de políticas de identificación, que es lo que han hecho en Argentina o Balcanes”, afirma Roger Heredia, miembro del grupo de policía científica de los Mossos d’Esquadra (las fueras de seguridad catalanas) y uno de los impulsores del banco de ADN. “Ahora lo que queremos es que se empiecen a abrir fosas. Es fundamental que se empiecen a cruzar los datos: el ADN de las familias con el ADN de los restos humanos ya exhumados en Cataluña, así como con el de todos los que todavía quedan por exhumar, unos 500 en Cataluña, para que no pase como con nosotros, que empezamos a recolectar muestras en 2011 y todavía esperamos la apertura de fosas. ¡Los familiares directos desaparecidos se están muriendo!”, alerta Roger.
La conmemoración este año del 80 aniversario del estallido de la Guerra Civil y el 85 de la proclamación de la Segunda República sirvió de marco a la Generalitat para dar impulso a la, tan demandada, renovación de las políticas públicas de memoria histórica. “Hay que tener presente que la transición se hizo a partir de un proceso de reforma iniciado desde la legalidad de la dictadura y que uno de sus déficits más graves fue la institucionalización de la desmemoria colectiva”, reza el texto que encabeza el Programa de Identificación Genética lanzado por el gobierno de Cataluña en septiembre del 2016. Con esta declaración de intenciones, la Generalitat puso en marcha un proyecto integral con la voluntad de situar a Cataluña como un país que respeta y protege su memoria, después de cuarenta años de silencio y olvido por parte de las instituciones. El Departamento de Asuntos exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia está informando a los más de 5500 registrados de toda Cataluña en el Censo de personas desaparecidas, sobre el procedimiento para solicitar la extracción de muestras genéticas en los centros médicos públicos y el Hospital Vall de Hebrón de Barcelona ya se encargó de las primeras 700 pruebas, de manera totalmente gratuita para los usuarios.
Además de las pruebas de ADN a los familiares de desaparecidos, el programa incluye la identificación genética de los restos óseos exhumados de personas desaparecidas y, por eso, el Departamento de Asuntos exteriores presentó el Plan de fosas 2017 que permitirá realizar al menos una cuarentena de actuaciones este año. “Ahora es prioritario abrir las fosas, recoger el ADN y compararlo con las familias, no podemos esperar más”, recuerda Roger Heredia, presidente del Banco de ADN. “Nosotros seguiremos hasta que todas las fosas de nuestro país estén exhumadas, las comparativas genéticas realizadas y todos los familiaresrecuperados”.
La Ley de Memoria Histórica que rige en el Estado español desde el 2007 incumple el tratado internacional por el cual, en los países donde hubo un conflicto bélico, los gobiernos están obligados a costear la identificación de sus víctimas, y entonces la norma dictada por el gobierno de Mariano Rajoy dispone que serán las mismas familias las que, a su cargo, pagando la exhumación y encontrando la fosa, podrán buscar los restos de sus parientes.
En Cataluña la situación es un tanto diferente porque, según la Ley de fosas creada en 2009, no tiene que ser la familia la que pague la apertura sino la Administración y, además, con el apoyo de la ONU –que en septiembre del 2013 y enero del 2014 visitó España para vigilar su incumplimiento sistemático de los derechos humanos y la justicia universal– el Parlamento de Cataluña reaccionó ante la insistente demanda de las víctimas e instó al Gobierno catalán a promover el banco de ADN e investigar los restos de miles de víctimas de la represión franquista que siguen todavía sin identificarse.
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