ESTUDIO HISTÓRICO // LAS PROTAGONISTAS DE UNA CRÓNICA NEGRA
La tesis de Desiré Rodríguez investiga este tema poco estudiado y saca a la luz sus experiencias. Muchas cacereñas anónimas fueron torturadas, encarceladas, fusiladas, desterradas o multadas
Lola Luceño Barrantes
17/12/2017
17/12/2017
No son protagonistas de las crónicas de la época, sus nombres ni siquiera se conocen, pero ellas sufrieron la represión en la Guerra Civil y la posguerra tanto como ellos. Fueron fusiladas, encarceladas, violadas, torturadas y/o despojadas de todos sus bienes. En muchos casos el miedo también ha acabado por sepultar sus historias. Son las cacereñas víctimas del año 36 y de sus dramáticas secuelas: Francisca, Ana, Mercedes, Asunción, Dionisia... Unas eran madres, todas hijas, muchas hermanas. Algunas han vivido para contarlo, aunque por lo general cuentan poco, atenazadas por aquellas vivencias. Otras reposan en fosas comunes o en lugares todavía desconocidos.
«Estas mujeres fueron perseguidas y condenadas, las que menos por defender sus ideas, las que más por estar en el sitio equivocado en el momento equivocado, por ser la mujer, la madre o la hija, lo que se llama el delito consorte, o por ser denunciadas por vecinos, por antiguas rencillas y venganzas personales. Ninguna tenía delitos de sangre, pero fueron condenadas por el régimen, eran consideradas enemigas del nuevo sistema establecido». Así lo explica Desiré Rodríguez Martínez, licenciada en Humanidades, que trabaja en la tesis doctoral ‘La represión de género durante el primer franquismo: la mujer cacereña y su cotidianidad’, dirigida por la catedrática Mª Ángeles Egido. Está investigando todos los casos posibles a través de los expedientes de las condenadas, informes. cartas, testimonios.... «Se trata de visibilizarlas, conocer quiénes eran, cómo eran, a qué se dedicaban, su grado de implicación política...». En suma, «poner nombre de mujer a la represión», afirma.
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Porque ninguna de ellas ha pasado a la historia como lo hicieran Juana Doñas, Tomasa Cuevas o Julia Conesa, reconocidas a nivel nacional. «Sufrieron los mismos atropellos, las mismas vivencias y los mismos miedos», pero las protagonistas de este estudio «son anónimas», subraya la investigadora. «Mi intención es rescatar de los archivos las historias de vidas, los nombres de todas las mujeres cacereñas que pasaron por la cárcel, las que sufrieron pena de muerte, aquéllas a las que se les conmutó la pena, las que fueron asesinadas, las encarceladas por delitos comunes tales como el estraperlo, el infanticidio, etc..., que nos pueden arrojar luz sobre su cotidianidad», explica Desiré Rodríguez.
Francisca Rico con su marido.
«Estas mujeres se vieron afectadas, como ellos, por la persecución política, también se les castigó con las mismas torturas que a los hombres (teas ardiendo en las uñas, descargas eléctricas en las muñecas, en los pezones, latigazos, etc...), pero además sufrieron otras torturas específicas, de ahí que podamos hablar de una represión diferenciada de género, una represión sexuada, ya que muchas fueron violadas, algo de lo que muy pocas de las que sobrevivieron hablaron después», relata la investigadora. También se les rapó el pelo, con el único fin de desvirtualizar su imagen femenina, se les purgó con aceite de ricino y se les ridiculizó ante sus vecinos, con el objetivo de humillarlas públicamente y mermarlas psicológicamente.
Palacio de Mayoralgo, en la guerra, tras el bombardeo.
SECUELAS / Las vivencias en las cárceles dejaron en la mayoría de las mujeres jóvenes consecuencias físicas importantes: «desarreglos hormonales, menopausia adelantada y la imposibilidad de ser madres o serlo fruto de una violación», detalla. «Ésta es la principal diferencia cualitativa entre la represión masculina y la femenina --matiza la investigadora--, ellas no solo eran culpables de defender sus ideas, de luchar en el frente o de pertenecer a algún partido político o sindicatos, ellas eran además culpables de haber sobrepasado los límites de su condición femenina, de haber renunciado a su feminidad», explica la autora del estudio, uno de los primeros en abordar este tema desde una perspectiva de género.
Soportales de la plaza Mayor de Cáceres, protegidos con sacos en los años de guerra.
Y es que los datos son realmente dramáticos. De las 678 víctimas que tiene reconocidas la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (Amececa) en la capital cacereña (vecinos de esta ciudad o de otros municipios y provincias), de momento se sabe que 33 eran mujeres. A 11 se les aplicó el bando de guerra (los ‘paseos’), 16 fueron asesinadas por piquete militar y 7 murieron en la prisión provincial. «Hasta que no se localicen todas las fosas no se conocerá el número de víctimas», lamenta la estudiosa, integrada en varias asociaciones de estudios históricos.
Otras 15 mujeres, según Desiré Rodríguez, vieron conmutada la pena de muerte por largas penas de cárcel. Algunas fueron enviadas a las prisiones, en ocasiones con duras condenas de entre 15 y 30 años. En torno a 75 se vieron despojadas de su patrimonio, por lo general exiguo en aquella época, como así lo recoge el fondo existente en el Archivo Histórico de la Provincia de Cáceres. La Ley de Responsabilidades Políticas les impuso multas y les expropió casas y bienes. Prácticamente se quedaban en la indigencia.
De este modo, «cuando las mujeres salían de las cárceles franquistas, se encontraban con otra cárcel, con una sociedad que las rechazaba, con sus condiciones físicas y psíquicas mermadas, muchas con sus maridos fusilados, con familiares encarcelados o en el exilio, y con sus bienes embargados. Esto dificultó su integración en una nueva sociedad donde no había cabida para ellas, repudiadas. La mayoría no pudieron regresar a sus pueblos debido además a la imposición del destierro», relata la autora de la tesis.
Una existencia muy difícil para estas mujeres, durante un régimen «en el que la represión fue la base de la política franquista. Para ello se utilizó todo un entramado legal, se implantó una jurisdicción militar sobre la civil. En definitiva, la represión se legalizó».
En su investigación, Desiré Rodríguez va conformando una relación detallada de todas las víctimas. En esta lista aciaga también se observa cómo las condenas fueron especialmente duras en algunos municipios cacereños. Por ejemplo en Aldea del Cano, donde se había gestado una agrupación comunista femenina (muchas de ellas acabaron en la cárcel o fusiladas), o en Alía y en la propia capital cacereña, donde Desiré ya tiene identificadas 29 mujeres represaliadas hasta el momento. Todas estas cifras variarán a medida que avance en sus indagaciones.
ANA, FRANCISCA... / En cualquier caso, no son datos, son personas. Desiré Rodríguez ilustra sus vidas para sacarlas del anonimato. Como Ana Luengo, de 30 años, soltera, natural de Aldea del Cano, de profesión matrona y sin antecedentes penales. Fue acusada de colaborar con los marxistas y se aportó como prueba un billete ruso de tres rublos y una carta del Comité de Mujeres contra la Guerra y el Fascio. Ingresó en la prisión provincial de Cáceres el 3 de septiembre de 1936 y se le impusieron 12 años de reclusión.
También Francisca Rico Navarro, de 55 años, casada, natural de Cáceres, profesión su sexo (como se denominaba), penada a muerte con conmutación a 30 años de cárcel y posteriormente, conmutada su pena a 8 años de reclusión (finalmente cumplió 6 años). Se le atribuyó el delito de jactarse de los bombardeos de la aviación roja, deleitándose con la indignación causada en las personas de orden (así denominaban a las personas de derechas). Fue acusada por declaraciones testificales, es decir, por rencillas personales, acusaciones de vecinos...
Mercedes Catalina Aguilar Romo, de 32 años, y Soledad Corchero Juárez, de 21 años, ambas naturales de Alcuéscar, fueron violadas y fusiladas el 28 de agosto de 1936 en una cuneta. Rafaela Brú Casanova, de 38 años, natural de Cáceres, secretaria femenina del PCE, afiliada a Radio Comunista y miembro del Socorro Rojo Internacional, también fue fusilada en 1936. Varios de sus familiares corrieron la misma suerte.
Pero además, la investigadora aborda otro estudio sobre ‘Las acusaciones de adhesión a la rebelión sobre la mujer extremeña. Cáceres y Badajoz. Un estudio comparado’. Resultan muy significativas las diferencias. Por ejemplo, el número de penadas a muerte con conmutación a 30 años de cárcel es muy inferior en Cáceres, donde además el 100% figuraban como amas de casa (es probable que se dedicaran a alguna ocupación no constatable), mientras que en Badajoz muchas sí tenían profesión: jornaleras, vendedoras, matronas... Asimismo, solo el 20% de las cacereñas poseían una adscripción política o sindical, frente al 65% de las pacenses.
En definitiva, la historiadora quiere comenzar a corregir la escasez de estudios enfocados al género femenino durante esta época. Pero en general, considera que si se quiere superar realmente «el trauma que una guerra supone, es necesario conocer la historia, comprenderla, la memoria debe rellenar ese inmenso hueco que supuso el olvido y el silencio». Recuerda que España es hoy «la única democracia» que no ha realizado ninguna investigación sobre la represión, «algo que ha reclamado la ONU en varias ocasiones», y confía en el proyecto de Ley de Memoria Histórica de Extremadura, que se debatirá en 2018 y que incluye la apertura de fosas.
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