El Ejecutivo ha movilizado durante la legislatura más de 15 millones de euros para la exhumación de víctimas del franquismo
Miércoles, 5 de julio de 2023. El teléfono suena en casa de Fausto Canales. El hombre, de casi 90 años, descuelga. Y quien habla es el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Es la llamada que llevaba esperando desde hace décadas. Por fin se han rescatado los restos de su padre, Valérico Canales, en el Valle de Cuelgamuros. Y, junto a él, los de otra docena de personas que permanecían inhumadas en el mausoleo que el dictador ordenó levantar tras la Guerra Civil. Es el último hito de una política de memoria que ha sido uno de los pilares de la acción del Gobierno a lo largo de la pasada legislatura. Y que la derecha promete desmontar de arriba a abajo si logra irrumpir en La Moncloa tras las generales del próximo 23J. Seguir avanzando o retroceder décadas. Ahí está la clave.
Arturo Peinado, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, reconoce la labor realizada durante esta legislatura. Aunque no se ha llegado hasta donde le gustaría, sobre todo en materia de justicia, señala que se han producido "ciertos avances". De hecho, considera que es el mandato en el que más pasos se han dado en materia memorialista. "Antes, ni siquiera se hablaba con nosotros y no existía ninguna institución dedicada a la memoria", apunta Peinado, que tampoco se olvida del inmenso trabajo realizado por los colectivos a lo largo de todos estos años.
Uno de los grandes avances ha sido la nueva Ley de Memoria Democrática, que venía a cubrir algunas de las lagunas del proyecto memorialista puesto en marcha por José Luis Rodríguez Zapatero. La norma situaba el peso de la búsqueda de personas desaparecidas durante la guerra y la dictadura sobre los hombros de la Administración General del Estado. Y contemplaba la puesta en marcha de un Banco Nacional de ADN o la creación de una Fiscalía de Memoria. Además, ponía coto a las fundaciones y actos públicos que exaltan la Guerra Civil, la dictadura o sus protagonistas, incidía en la retirada de vestigios franquistas y situaba la educación como uno de los puntos clave con la actualización de contenidos para incluir en los mismos una perspectiva memorialista.
La ley, además, incidía en la resignificación del Valle de Cuelgamuros, el mausoleo franquista ubicado en plena sierra madrileña. Y, para ello, planteaba impulsar un nuevo régimen jurídico para el complejo monumental y sacar al dictador y fundador de la Falange de sus tumbas en la Basílica. Lo primero aún está pendiente. Lo segundo, es misión cumplida. Los restos de Francisco Franco salieron de Cuelgamuros hace ya casi cuatro años. Y los de José Antonio Primo de Rivera el pasado mes de abril. Estos desenterramientos no han sido los únicos llevados a cabo al más alto nivel. Hace solo ocho meses, el general golpista Gonzalo Queipo de Llano era extraído también de la basílica de la Macarena.
Pero las labores de exhumación durante estos cuatro años han ido mucho más allá de las grandes figuras del franquismo. Desde hace un mes, un equipo de especialistas trabaja en las criptas de Cuelgamuros para recuperar los restos de más de un centenar de personas que se encuentran allí inhumadas, en la considerada mayor fosa común de España. Por el momento, al menos una docena de víctimas han sido ya extraídas. Una política de exhumaciones que, más allá del complejo monumental, se ha traducido a lo largo de la presente legislatura en más de medio millar de actuaciones en fosas comunes repartidas por toda la geografía española, según los datos de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.
A la hora de impulsar esta política, el Ejecutivo puso primero en marcha un Plan de Choque y, después, un Plan Cuatrienal de Exhumaciones. En total, se han movilizado, según los datos de Presidencia, más de 15 millones de euros mediante transferencias: la mitad a las comunidades autónomas, seguidas de las entidades locales y, en menor medida, asociaciones y universidades. De hecho, nunca antes un gobierno había presupuestado tanto en materia de memoria. Si en el mandato de Zapatero el máximo para esta materia fueron los 6,25 millones de 2011, y en la de Mariano Rajoy se recortó hasta cero, en la legislatura de Pedro Sánchez no se ha bajado de los 10 millones, alcanzando los 13,95 millones en los últimos Presupuestos Generales del Estado.
Acabar lo empezado o retroceder
Las elecciones del próximo 23J serán clave para la memoria. Básicamente, porque de lo que salga en las urnas dependerá si el país continúa dando pasos a favor de las víctimas del franquismo o vuelve a dejarlas abandonadas. "La memoria histórica es uno de los objetivos a destruir para las derechas", resalta el presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria. Los colectivos son plenamente conscientes de ello. Por eso, en las últimas horas han empezado a mover un manifiesto en el que llaman a la movilización de los progresistas en las urnas. "Para las derechas perpetuar el manto de silencio y olvido, cuando no la mera falsificación histórica, es una apuesta estratégica prioritaria", recoge el texto.
Tanto PP como Vox, en efecto, plantean en esta materia una política de tierra quemada. Ambos son claros y concisos en sus programas electorales. Si llegan a La Moncloa, derogarán la Ley de Memoria Democrática. Dicho esto, desde la formación conservadora proponen una nueva norma "consensuada" que "refuerce los principios democráticos y la reconciliación nacional que fundamentaron el pacto constitucional durante la Transición, así como la convivencia democrática de una sociedad, la española, que aspira a la justicia y al reconocimiento de la verdad". Una vuelta a esa idea de Ley de Concordia que durante años estuvo planteando Pablo Casado. Y a la que también se suma Vox.
La ultraderecha, por su parte, propone en su programa desmantelar todo lo que tenga que ver con las víctimas del franquismo. Ya sea derogando la ley, anunciando la eliminación de la Fiscalía de Sala de Memoria Democrática o prometiendo el cierre de aquellos "chiringuitos públicos ideológicos" relacionados con esta materia. Para Vox, la única ley de memoria posible es la que quieren centrar en las víctimas del terrorismo. "Esta norma impedirá de forma efectiva el enaltecimiento del terrorismo, homenajes a terroristas, actos de humillación de las víctimas o los ataques a las instituciones y símbolos de toda España", recoge en su programa sobre dicha propuesta.
Y mientras la derecha busca un regreso al pasado, la izquierda pretende seguir avanzando en el futuro. Así, tanto PSOE como Sumar proponen, en primer término, continuar con el desarrollo íntegro de la Ley de Memoria Democrática. Ambos quieren poner en marcha en la próxima legislatura el censo público de víctimas de la guerra y la dictadura, impulsar el Banco Estatal de ADN, profundizar en la auditoría de los bienes incautados, continuar con la inclusión de la memoria en el sistema educativo, seguir trabajando en el catálogo de lugares de memoria o fomentar la ilegalización de aquellas asociaciones o fundaciones entre cuyos fines se encuentre la apología del franquismo.
Socialistas y Sumar también proponen en sus respectivos programas avanzar en la resignificación de Cuelgamuros, tanto con la construcción del nuevo régimen jurídico –aún pendiente– para el complejo monumental como con la puesta en marcha de un centro de interpretación. Y aseguran que continuarán con la búsqueda y exhumación de todas aquellas personas que aún en la actualidad, casi medio siglo después del final de la dictadura, siguen tiradas en fosas comunes. En este sentido, el PSOE incluso promete en su programa electoral exhumar todas las fosas comunes localizadas antes de que concluya la próxima legislatura.
Ambos partidos también quieren seguir impulsando iniciativas de reconocimiento del exilio republicano español y del papel activo desempeñado por las mujeres en la lucha por las libertades y la democracia. Una memoria que se extiende hasta el colectivo LGTBI+. "Las políticas han de incluir el reconocimiento del papel cumplido por el movimiento LGTBI+ en la transición democrática. Se dignificarán institucionalmente aquellos lugares o hitos relevantes en esa lucha. Se creará una comisión, con participación académica y de las entidades memorialistas y LGTBI+, que elabore un informe en el que se recoja el estado de la cuestión, señale las insuficiencias de lo realizado y plantee propuestas para políticas de verdad, justicia y reparación", recoge Sumar en su programa.
Los de Yolanda Díaz, además, plantean continuar con la retirada de distinciones a aquellas personas que formaron parte del aparato de represión franquista, algo que ya se ha empezado a revisar durante esta legislatura. Y prometen impulsar una Ley de Bebés Robados que "garantice la búsqueda e identificación de niños y niñas" arrebatados a sus madres durante la dictadura y reconozca públicamente "el impacto que este tipo de violencia ha tenido específicamente en las mujeres durante décadas". Una norma que ya se intentó aprobar durante esta legislatura pero que, sin embargo, terminó atascada en el Congreso de los Diputados.
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