La convocatoria de elecciones para el 23 de julio ha supuesto que, con el precipitado fin de la legislatura, casi sesenta proyectos de ley que se estaban tramitando en las Cortes Generales queden sin aprobarse; y algunos estaban a punto de ver la luz. Entre ellos se encuentra la Ley de bebés robados en el Estado español, que pretende ser para las víctimas una puerta abierta a la solución de este drama, que afectó a miles de personas y cuyas consecuencias las siguen padeciendo hoy muchas familias, que continúan buscando a sus hijos e hijas, hoy adultos y con una identidad hurtada. La sustracción de recién nacidos, perpetrada durante la dictadura franquista y hasta bien entrada la democracia (hasta comienzos de los años noventa, según Amnistía Internacional), es un delito de lesa humanidad que requiere reparación puesto que es un asunto de derechos humanos. El mazazo que ha significado el decaimiento de esta proposición de ley, iniciada en 2017 y con retrasos injustificados, genera frustración, impotencia y desesperanza entre quienes luchan para reparar esta tragedia. Desde colectivos como CEAQUA (Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo) esperan que estos años de trabajo no caigan en saco roto y piden una voluntad firme a las fuerzas parlamentarias surgidas de los próximos comicios para que aprueben por la vía de urgencia una ley indispensable y más que justificada, gobierne quien gobierne. No son ingenuos e intuyen qué pasará si gana el PP y gobierna con Vox: guardarán en un cajón la ley, dado que carecen de la empatía necesaria para ponerse en la piel de las víctimas de bebés robados, un colectivo muy vulnerable por lo sucedido, ya de por sí un crimen atroz, a lo que se añaden las consecuencias emocionales, físicas y psicológicas aún presentes en esas familias. Detrás de ese robo de niños y niñas había razones eugenésicas, políticas, ideológicas, morales, religiosas, sociales o de clase, económicas y de género. Resulta tan doloroso imaginar cómo en cárceles, clínicas, maternidades, centros de internamiento o en cualquier otro establecimiento donde las mujeres pariesen se perpetraron estos delitos, con la participación activa del Estado en un primer momento, que cuesta pensar que alguien pueda oponerse a que exista hoy un amparo legal a los afectados. Es algo que se produjo en todos los rincones del país y cada vez más están aflorando nuevos casos. Aparte de su judicialización, la ley ha de ser aprobada en la próxima legislatura. Las víctimas no pueden esperar más. Ha sido demasiado tiempo aguardando, excesivo el dolor por esa ausencia con la que han vivido cada día de sus vidas. Este tema no incumbe solo a las familias afectadas sino a toda la sociedad española en su conjunto y, como se autodenomina una de las principales asociaciones, «Todos los niños robados son también mis niños». Definitivamente, es tiempo de verdad, justicia y reparación.