“La memoria de las víctimas del golpe de Estado, la Guerra Civil y la dictadura franquista, su reconocimiento, reparación y dignificación, representa un inexcusable deber moral en la vida política y es un signo de la calidad de la democracia. La historia no puede construirse desde el olvido y el silenciamiento de los vencidos. El conocimiento de nuestro pasado reciente contribuye a afianzar nuestra convivencia sobre bases más sólidas, protegiéndonos de repetir los errores del pasado. La consolidación de nuestro ordenamiento constitucional nos permite hoy enfrentar la verdad y la justicia en relación a nuestro pasado. El olvido no es una opción para una democracia”.
Los objetivos establecidos en este texto, que forma parte del preámbulo de la Ley de Memoria Democrática aprobada en el Congreso en octubre de 2022, no forman parte de las prioridades del candidato del PP a la presidencia del Gobierno.
La memoria democrática en relación al franquismo "no forma parte de mis prioridades", admitió Alberto Núñez Feijóo este viernes en una entrevista en Onda Cero Radio, emisora propiedad del Grupo Planeta. Aunque se considera "absolutamente respetuoso" con "las personas que fallecieron en la guerra [civil]", evitó referirse a ellas como víctimas asesinadas o desaparecidas. "De ambos bandos", añadió, haciendo gala de su equidistancia entre los sublevados y los defensores de la legalidad republicana. La guerra "debería servirnos para no volver a dividir nunca más a la sociedad española".
“España no vive de eso”
Feijóo no quiso aclarar si planea rebautizar Cuelgamuros como Valle de los Caídos y cancelar su transformación en un memorial para todas las víctimas. "Yo no viviré del franquismo en los próximos años", respondió. "Porque España no vive de eso y España no vive de lo que ocurrió hace 80 años".
En línea con el único argumento que ha utilizado hasta ahora contra la ley, aprobada por amplia mayoría en el Congreso, que es el voto favorable de EH Bildu, Feijóo enumeró las medidas que piensa impulsar contra quienes considera los herederos políticos de ETA: una posible reforma legal para impedir que los condenados por terrorismo con penas cumplidas puedan presentarse a las elecciones, la tipificación como delito de la celebración pública de la salida de prisión de esas mismas personas y la adopción de medidas, que no explicó, para "intentar avanzar en las investigaciones de los 379 asesinatos [de ETA] cuya autoría todavía no se ha esclarecido".
Feijóo no siempre ha mantenido esa postura. Cuando era presidente de la Xunta de Galicia, no tuvo inconveniente en discrepar del líder del PP en ese momento, Pablo Casado, después de que este describiera, en junio de 2021, la Guerra Civil como un "enfrentamiento" entre "quienes querían la democracia sin ley y quienes querían la ley sin democracia". "La Guerra Civil", replicó entonces Feijóo, "fue un golpe de Estado, una forma resumida e incompleta de explicar las cosas".
Pelea entre abuelos
Pero todo cambió desde que llegó a Génova. Lo que antes era considerado un golpe de Estado contra un Gobierno legítimo, rápidamente se convirtió en una simple disputa entre antepasados. En noviembre de 2022, en respuesta a una pregunta de los periodistas en Buenos Aires (Argentina), describió la guerra de la siguiente manera: "Hace ochenta años, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, se pelearon y no tiene sentido vivir de los réditos de lo que hicieron. Nos habíamos dado la mano. Y un Gobierno que reabre el rencor y no siembra la concordia es un Gobierno que no respeta la Constitución y la Transición", añadió reprochando la legislación de memoria democrática impulsada por el PSOE y Unidas Podemos.
Atrás quedó la imagen que había cultivado durante más de una década y que se remontaba a octubre de 2008, cuando el PP gallego que él lideraba en la oposición sorprendió al votar a favor de una resolución en el Parlamento autonómico impulsada por socialistas y nacionalistas en la que se condenaba enfáticamente el franquismo.
No fue la única vez que el PP gallego se alejó de la línea tradicional marcada desde Génova en relación a la Guerra Civil y la dictadura. En el verano de 2016, cuando Feijóo ya era presidente de la Xunta y contaba con mayoría absoluta, los conservadores volvieron a votar a favor de una declaración institucional que condenaba el golpe de Estado perpetrado por Franco el 18 de julio de 1936, el régimen dictatorial resultante y los crímenes y la represión cometidos contra los perdedores de la guerra. El documento también recordaba a los republicanos deportados a campos de concentración, donde miles de españoles fueron abandonados a su suerte.
Dignificar la memoria
Todas estas resoluciones respaldadas por el PP de Feijóo abogaban abiertamente por apoyar a las víctimas, resaltando la importancia de continuar las acciones para recuperar y dignificar la memoria, colaborando en la identificación de los desaparecidos y enterrados en fosas comunes. Incluso en algunos casos, los conservadores gallegos promovieron estas iniciativas. A finales de 2018, presentaron una resolución que instaba a la Xunta a coordinar con la Federación Gallega de Municipios y Provincias y la Administración General del Estado las acciones necesarias para facilitar a las familias la localización, exhumación y traslado de los restos de sus familiares, si fuera necesario.
Todo cambió cuando asumió el liderazgo del partido y adoptó la postura clásica del PP respecto a las víctimas del franquismo. Tardó apenas tres meses en prometer que derogaría la Ley de Memoria Democrática, siguiendo los pasos de Pablo Casado.
Donde su predecesor veía "la guerra del abuelo", Feijóo ahora ve poco más que una disputa entre antepasados. El líder del PP ya no parece tener interés en cerrar uno de los capítulos más sangrientos de la historia reciente de España y respaldar a las víctimas. Lo dejó claro cuando se le planteó la exhumación del general golpista Gonzalo Queipo de Llano de la basílica de La Macarena: "A mí me interesa más hablar de los vivos que de los muertos. Creo que la política debe centrarse en los vivos y dejar descansar a los muertos".
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