Iba a ser la primera vez que una jueza escuchara a un represaliado del franquismo, pero este viernes la decepción ha cundido, una vez más, entre las víctimas de la dictadura. Ni Julio Pacheco como querellante ni Rosa María García como testigo han declarado finalmente en el Juzgado de Instrucción nº50 de Madrid a pesar de que estaban citados después de que la jueza Ana María Iguacel admitiera a trámite la querella que Julio presentó por torturas en un contexto de crímenes de lesa humanidad. Según ha explicado el abogado Jacinto Lara a la salida de los juzgados, “se ha asignado” al caso a un nuevo juez “de refuerzo” debido “a la carga de trabajo” y él “nos ha comunicado que quiere reexaminarlo”.
El letrado de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) no ha disimulado su sorpresa y ha lamentado que la justicia haya hecho acudir a Julio y a Rosa al juzgado. “Parece ser que lanzaron una notificación ayer, pero no nos ha llegado”, ha afirmado. Lo que el magistrado Fernando Muñoz Leal les ha explicado, de acuerdo con Lara, “es que el caso tiene muchas aristas desde el punto de vista estrictamente jurídico y debe reconsiderarlo”. Es decir, debe evaluar si sigue adelante o archiva la querella.
Esto nos suena muy mal, es una música que ya conocemos y tiene que ver con la aplicación directa de las políticas de impunidad que el Estado español mantiene respecto a los crímenes del franquismo
El abogado considera que lo que ha ocurrido es “una falta de consideración una vez más contra un querellante de crímenes contra la humanidad” y aunque hay que esperar a que el juez resuelva, se ha mostrado desconfiado: “Esto nos suena muy mal, es una música que ya conocemos y tiene que ver con la aplicación directa de las políticas de impunidad que el Estado español mantiene respecto a los crímenes del franquismo”. Aún así, una vez notificada oficialmente la suspensión el equipo jurídico presentará un recurso contra la decisión.
Desde las 8.45 de la mañana, decenas de activistas memorialistas, represaliados y querellantes junto a organizaciones de derechos humanos se han concentrado a las puertas de los juzgados en apoyo a Julio y Rosa, que a esa hora entraban. El jarro de agua fría ha llegado algo más de una hora después, cuando han salido junto a Jacinto Lara. “No hay memoria sin justicia”, han clamado los activistas, que han arropado al querellante y la testigo. “Estoy muy desilusionado, es una vergüenza”, reconoce Julio. Para Rosa lo que ha ocurrido es “una crueldad tremenda” y una “revictimización”.
Amnistía Internacional, Sir[a], Irídia y CEAQUA, que se encontraban presentes este viernes en los juzgados, han emitido un comunicado conjunto en el que denuncian lo “insólito e improcedente” que les parece la suspensión de la declaración, que había sido citada mediante un auto firme. Las entidades apuntan a que “desde los poderes del Estado se quiere impedir” que la causa prospere en línea con los archivos de “las más de cien querellas” presentadas en los últimos seis años por crímenes del franquismo y aunque reconocen que “estos reveses duelen” prometen “seguir trabajando e insistiendo ante los tribunales” gracias “a la dignidad, valentía y fortaleza” de las víctimas y sus familias.
El recorrido que había enfilado hasta hoy la querella presentada por Julio, en la que acusa a cuatro miembros de la Brigada Político Social de torturas, se había convertido ya en un hito: por primera vez una magistrada llamaba a declarar al querellante y ordenaba otras diligencias de prueba. Y es que nunca en España una víctima del franquismo se ha sentando en un juzgado español para denunciar las vejaciones y castigos a los que el aparato represor sometió a miles y miles de personas. La única causa abierta se instruye a diez mil kilómetros, en Argentina. Aquí, las querellas han sido archivadas sistemáticamente.
La denuncia de Julio se dirige contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo y a otros tres policías, Álvaro Valdemoro, José Luis Montero Muñoz y José María González Reglero, todos exmiembros de la Brigada Político Social de Franco. Militante de la Federación Universitaria Democrática Española (FUDE), que se adhirió en los 70 al FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota) fue detenido en Madrid en agosto de 1975. Durante siete días, estuvo encerrado en la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol, hoy sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid, donde fue torturado.
Junto a él y otros militantes del FRAP, fue detenida la que entonces era su novia, hoy su mujer, Rosa María García; él con 19 años y ella con 18. Por eso, también había sido ella llamada a declarar por la jueza Ana María Iguacel.
En la detención, Julio fue acusado de ser el jefe del comando que mató al teniente de la Guardia Civil Antonio Pose. “Eso no lo firmé porque era mentira”, asegura. Tras el infierno de la Dirección General de Seguridad, fue trasladado a la cárcel de Carabanchel y Rosa a la de Yeserías, de mujeres. Salieron en libertad provisional y con fianza el 3 de diciembre, una vez muerto Franco, y se trasladaron a vivir a Valencia un par de años ante el miedo de lo que pudiera pasar. Con el tiempo, se enteraron de que finalmente les habían juzgado por asociación y propaganda ilegal.
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