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"Nada es igual, si alguien desaparece" es el nombre de la campaña con la que Amnistía Internacional quiere denunciar las más de 100.000 desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y el franquismo en España, que sigue sin investigar los crímenes cometidos en este periodo.
Lo hace con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas para recordar que éstas no son "un hecho puntual" y la "respuesta para las familias se prolonga en el tiempo de manera permanente hasta que no se sepa qué pasó con sus seres queridos", ha señalado el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán.
Para dar cuenta de lo que supone esa ausencia, la organización ha recurrido a series de ficción para preguntarse qué ocurriría si faltara alguno de sus personajes más emblemáticos.
¿Qué sería de los Simpsons sin Marge, de Juego de Tronos sin Tyrion Lannister, de Verano Azul sin Julia o de Cuéntame sin Antonio e Inés Alcántara?, es la pregunta que hace Amnistía en su campaña, en la que borra estos personajes de los carteles de las series para tratar de ilustrar lo que es una desaparición forzada.
"No importa que sean recientes como en el caso de Siria o México, o se hayan producido hace décadas como en España", afirma AI para recalcar que todas tienen un denominador común: "sus familiares serán sometidos a una lenta y prolongada angustia psicológica, pueden ser extorsionados a cambio de información, o pueden ser amenazados por seguir buscando la verdad".
Los efectos económicos en algunas de estas familias "pueden ser muy negativos", ya que la legislación de numerosos países obliga a presentar un certificado de defunción para optar a ayudas.
A pesar de ello, en España "se sigue privando del derecho a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo".
De los más de 114.000 crímenes de derecho internacional denunciados ante la Justicia, la mayoría corresponden a desapariciones forzadas.
Al menos cinco mecanismos de Naciones Unidas han constatado que España "ni investiga ni deja investigar" estos crímenes, como el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, que en 2013 se mostró "especialmente preocupado por el cierre, archivo, paralización o mínima investigación de cualquier proceso" para esclarecerlos y juzgarlos.
Tampoco ha colaborado con la justicia argentina, que investiga la querella que interpusieron en 2010 las víctimas del franquismo, rechazando hasta en dos ocasiones extraditar a los procesados a Argentina e impidiendo que la jueza de aquel país María Servini de Cubría interrogase a los 19 acusados, además de víctimas y testigos.
Dentro de sus acciones, AI puso en marcha una recogida de firmas, que ya suma 189.000, para recordar al ministro de Justicia, Rafael Catalá, cómo los casos de desaparición forzada durante la Guerra Civil y el franquismo siguen estando vigentes en la actualidad.
La Convención Internacional para la protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas ha sido firmada por 96 países y ratificada por 57. Los últimos en ratificarla ha sido República Checa, Sri Lanka y Suiza. España la ratificó en 2009.
Según los últimos datos del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas de junio de 2016, desde 1980 siguen abiertos 44.159 casos en 91 estados, siendo Irak (16.560), Sri Lanka (12.349), Argentina (3.446), Argelia (3.168), Guatemala (3.154), Perú (3.006), El Salvador (2.673) y Colombia (1.260) los que aglutinan las mayores cifras.
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