Al Ayuntamiento acepta que no se siguieron los trámites pertinentes para la filmación mientras la Asociación memorialista lamenta los destrozos irreparables en el complejo. Ambas entidades trabajarán en un nuevo protocolo para evitar que vuelva a suceder.
MADRID
Ubicado en la localidad madrileña de Bustarviejo, el destacamento penal franquista que allí se conserva pasó de ser un lugar de memoria a convertirse en el taller de trabajo para una productora. La idea: utilizar dos de los barracones por los que pasaron cientos de presos trabajadores de la dictadura como un hospital de Afganistán de los años 90 para una película. La mala praxis por parte del Ayuntamiento, que reconoce su error, ha tenido consecuencias. La Asociación por la Memoria Histórica Los Barracones denuncia ciertos desperfectos en el único espacio de estas características que se conserva en España: movimiento de terrenos en el suelo, repintar algunas partes de la fachada, perforación en las paredes y la irreparable destrucción de una parte de un muro ubicado en las letrinas del complejo.
El viernes día 9 de julio fue la fecha elegida para el rodaje, pero todo había empezado dos semanas antes. "Cuando fuimos a ver qué ocurría nos encontramos con todo un taller de carpintería para preparar el decorado del rodaje, con maquinaria, en las letrinas, uno de los lugares más emblemáticos, y también lo utilizaban de almacén", cuenta José Luis Hernán, presidente de la mencionada asociación. A los 15 días que duró la preparación del rodaje se sumaron otros dos más de recogida del material. "Al final, hemos enumerado los desperfectos, algunos irreparables como el muro de las letrinas y las perforaciones en las paredes para meter los tacos", continúa el mismo Hernán.
La posición del Consistorio es clara: no se efectuaron de forma correcta los trámites. Ejemplo de ello es que nadie avisó a Dirección General de Patrimonio de la Comunicad de Madrid de esta intervención en un complejo de estas características. Felipe Blasco, alcalde del PP en Bustarviejo, lo reduce a "un problema de comunicación" entre los actores implicados. "También revisaremos la ordenanza, que fija en 300 euros lo que el Ayuntamiento cobra por cada día de rodaje, pero no se explicita nada sobre las jornadas de preparación", completa el regidor. En este caso en concreto, fue Tanausú Luis Perera, concejal de Hacienda, también del PP, y segundo teniente de alcalde en el municipio, quien firmó la orden que propició los hechos. Él mismo aclara que "la productora realizó algunas actuaciones de las que no había informado previamente".
Aumento de la fianza ante posibles desperfectos
Ahí entró en juego Miguel Martín, el único concejal de Memoria Histórica en un pueblo de la Comunidad de Madrid. Este socialista, primer teniente de alcalde en el municipio, confirma que la orden le llegó algo tarde, pues de su gestión se encargó Perera y la coordinadora de Cultura de Bustarviejo. "Cuando bajé a ver lo que estaban haciendo les dije que no podían utilizar las letrinas como taller, y también vi muchos andamios tirados por dentro. Bastante desorden, en definitiva, así que les dije que lo solucionaran o que si no me vería obligado a parar el montaje y ya veríamos si la grabación", en sus propias palabras.
A continuación, el Ayuntamiento decidió redactar un segundo decreto en el que ya se permitían ciertas actuaciones por parte de la productora que antes no estaban reflejadas y se modifican algunos términos económicos. En un primer momento, el Ayuntamiento cobró 150 euros de fianza a la productora, una cantidad "irrisoria" según la Asociación memorialista. Después, dicha cuantía pasó a ser de 1.500 "para salvaguardar que la productora no cause ningún desperfecto grave", en términos de Martín. La empresa depositó el dinero y les dijo que ellos mismos estarían "muy vigilantes" con el asunto.
La fianza aún no se ha devuelto a la productora, ni ésta tampoco la ha solicitado. Según el concejal de Memoria Histórica, "hay que verificar que todo está en condiciones". Asimismo, Martín también confiesa no haber dado comunicación a Patrimonio de estos hechos, ni antes de los mismos ni después. "Eso lo vamos a reflejar en un protocolo en el que queden claro todos los trámites a seguir para que esto no vuelva a suceder", agrega el edil.
El valor del patrimonio histórico
Álvaro Falquina es el arqueólogo que estudió el destacamento penal de Bustarviejo, erigido en esa zona para la construcción de la línea del ferrocarril Madrid-Burgos durante la dictadura franquista y cuya mano de obra procedía de los presos. "El lugar está protegido por la Ley de Patrimonio porque todas las intervenciones que se han hecho en el lugar han tenido su permiso: se han entregado los proyectos, los informes preliminares y las memorias", añade el experto. Además, con la aprobación de la nueva Ley de Memoria Democrática , aprobada recientemente por el Consejo de Ministros, este espacio tendría una protección particular que se sumaría a la que ya le otorga la primera ley citada.
Pero, ¿qué peligros se corren con estas intervenciones externas en lugares de este tipo? Falquina responde: "Ello afectaría al conocimiento histórico de una época sensible a nuestro presente, con implicaciones sociales, políticas y económicas. Desperfectos en un espacio así, que ya ha sido estudiado, afectaría al conocimiento de otros destacamentos penales sobre los que no hay esta consideración o estudios arqueológicos. Todo ello redundaría en no saber cómo fue la vida cotidiana de miles de personas en este país durante los años 40 y 50 del siglo XX, ya que apenas tenemos información de la gente que vivía presa en este tipo de espacios penales".
Otras intervenciones de la productora
Hernán desgrana las actuaciones por parte de la productora en los barracones, y vuelve a la parte del complejo dedicada a las letrinas: "Ahí hay un muro de ladrillo que originalmente era vertical y servía como la mínima intimidad que tenían los presos. Ese muro está en un estado muy delicado y vimos que se habían caído algunas líneas de ladrillo y que lo habían pisado", describe. También colocaron dos puertas ficticias mediante el uso de yeso y cemento, aunque eso "más o menos lo han quitado", concretiza el presidente. Él mismo añade que la empresa expandió zahorra, una especie de piedrecitas pequeñas con argamasa cimentada, en la entrada del destacamentos y que tampoco se puede quitar, aunque este aspecto no preocupa en demasía a la Asociación ya que se resolverá con el paso del tiempo.
Por otra parte, el camión que echó la zahorra sí causó otro destrozo. El vehículo rompió y echó abajo uno de los paneles informativos, así que tendrá que ser el seguro del propio camión quien haga frente a su reposición, tal y como confirman desde el Ayuntamiento. Blasco, el alcalde del PP, afirma que el destacamento es una referencia para el pueblo: "Cualquier elemento histórico hay que protegerlo, porque la historia no se crea, solo se recuerda. Este destacamento es una referencia para saber su origen y las consecuencias tan negativas que tuvo", en sus propios términos.
Asimismo, Luis Toledo, vicepresidente de la Asociación de Los Barracones, remarca que según el convenio con el Ayuntamiento estas cuestiones deben ser tratadas directamente entre la junta directiva de la agrupación memorialista y el alcalde, aunque por costumbre y para ser "operativos" lo hacían con el concejal de Memoria Histórica. Asimismo, dice desconocer qué concejal firmó el decreto aunque les "sorprendería bastante" que lo hubiera hecho Perera, el de Hacienda, tal y como sucedió.
"Yo nunca he estado en un frente de guerra, pero aquello parecía… Unos 25 camiones, carpas, habían montado un comedor tipo cattering y la grabación duró desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde con centenares de personas y algunos animales", describe el propio Hernán recordando aquel 9 de julio. Así pues, la intervención de la productora en el destacamento penal de Bustarviejo no ha causado todos los desperfectos que sí alarmaron a la Asociación al principio, coinciden con el Ayuntamiento.
Sea como fuere, un nuevo protocolo de actuación en el municipio explicitará todas estas cuestiones que pasaron inadvertidas en un primer momento y cuyos efectos podrían haber sido muchos más graves que los presentes. "El compromiso del equipo de Gobierno y de este concejal en particular es que no vuelva a ocurrir. Si ahora hemos estado a verlas venir, esto no será así la próxima vez", concluye Martín, el concejal de Memoria Histórica.
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