Eduardo Ranz cuenta las horas. Este lunes 6 de mayo acompañará a familiares de asesinados por el régimen franquista en una visita a las criptas del Valle de Cuelgamuros, lo hará en condición de abogado de la familia de los hermanos Lapeña, dos hermanos que fueron asesinados por falangistas en 1936. Estará, además, acompañado de Purificación Lapeña, nieta de uno de ellos. El objetivo es dar cumplimiento al primer y, de momento, único auto judicial en materia de memoria en España, que reconoce el derecho de los familiares a trasladar los restos de sus allegados. "Creemos que esta visita es importante porque vamos a conocer el laboratorio y vamos a estar delante de los que pueden ser los restos. No podemos asegurar que encontraremos a los hermanos Lapeña pero sí recibir una explicación diferente". En palabras del abogado esta visita es "en gran medida, reparación".
Hace justo un mes, el pasado 4 de abril, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó el Valle de Cuelgamuros para, según Moncloa, "conocer in situ las tareas de recuperación de 160 víctimas reclamadas por sus familias". Esta visita, que para el abogado fue "positiva", provocó una avalancha de críticas ante Sánchez. Según Ranz, esto se puede deber a que "mucha gente vio por primera vez las imágenes de los que pueden ser los restos de sus antepasados por televisión y no a través de una explicación de carácter emotivo, reparatorio o simbólico".
Otro de los fallos del Gobierno, en la opinión del abogado, es la poca atención que le muestran a las asociaciones de víctimas. "El problema es que nosotros habíamos pedido en julio de 2023 acudir in situ y no tuvimos respuesta. En noviembre del mismo año lo elevamos a través de transparencia y tampoco tuvimos respuesta", destaca Ranz y añade que, tras una protesta, "el día que acudió Sánchez nos notificaron si queríamos acudir nosotros el 6 de mayo".
"Las derogaciones emiten un mensaje: las víctimas del franquismo no importan para nada"
Respecto al reciente informe de la ONU que insta al Gobierno de España a que "tome las medidas necesarias" para preservar la memoria histórica frente a las leyes tramitadas por PP y Vox, el abogado expresa que estas normas de concordia "suprimen la palabra dictadura" porque saltan desde 1939 a 1977 "sin mencionar la peor fase de nuestra historia contemporánea". "También suprimen el mapa de fosas, la colaboración entre comunidades autónomas y gobiernos autonómicos, para determinar el lugar de los cuerpos y hacen peligrar las subvenciones. Es en estas subvenciones donde se abre una vía para acudir al Tribunal Constitucional".
"Concordia en términos jurídicos es un convenio entre dos partes. La ley de Memoria Histórica o Memoria Democrática tiene dos partes, una el Gobierno y otra las víctimas. En el caso de la derogación de estas leyes tenemos una parte que es la ultraderecha, pero no tenemos la segunda parte. También hay que destacar que las leyes de memoria histórica generan derechos, no restan derechos a nadie. La supresión de las leyes autonómicas eliminan derechos a las víctimas, que no se pueden defender", destaca. "Mucho me temo que con el juego de las mayorías, esta derogación emite un mensaje: las víctimas del franquismo no importan para nada".
Eduardo Ranz expone que el caso "más extremo" es el de Castilla y León y critica que el presidente aragonés, Jorge Azcón, expuso que el informe del organismo internacional era "lisa y llanamente mentira" porque, según el dirigente popular, "no se está tramitando ninguna ley". El abogado aclara que "algunas derogaciones de normas ya están publicadas en los boletines oficiales", como es el caso de Aragón. También ha criticado al ejecutivo gallego por eliminar "sin efecto de facto la partida presupuestaria para las víctimas del franquismo". "Esto nos recuerda es que en una guerra la primera víctima es la verdad y, en el caso de la guerra civil española y sus consecuencias, pues la segunda víctima es la cultura. La asignatura de derechos humanos en España todavía nos sigue pendiente".
Por otra parte, Ranz aprueba la gestión del Gobierno español por "partir de oficio" y dirigir a Naciones Unidas este informe, en contraposición del Ejecutivo de Mariano Rajoy que, en 2014, recibió por primera vez la llamada al orden de la ONU. Además, destaca que "lo importante es que tenemos una ley central democrática que asume el deber del Estado ante las exhumaciones y, lo más importante, lo financia".
La historia familiar de Ranz y su pasado como asesor de Justicia
Ranz lleva años luchando por la memoria de las víctimas de la dictadura franquista. Asesora legalmente a familias con antepasados ejecutados y es por esto que, tras investigar sobre nuevos casos, descubrió que en su familia también hubo asesinados por el régimen de Franco. Su bisabuelo, un Guardia Civil leal a la República, fue fusilado en la guerra, mientras que el hermano de éste acabó en México, exiliado tras pasar por un campo de concentración en Francia.
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"Cuando empecé había muy pocos abogados dedicados a resolver estos casos. A raíz de colaborar, conocí mi historia familiar" destaca Ranz a infoLibre para continuar relatando que el franquismo "tenía la idea de eliminar la nacionalidad a los republicanos. Esto se hacía o mediante el fusilamiento o con el exilio. Estos dos hermanos [sus familiares] son la idea que tenía el franquismo de que la única forma de ser español era la suya".
Ranz lucha desde hace 12 años por recuperar los cuerpos de los dos hermanos. "La primera denuncia se registró en el 2012, el auto que ordena la exhumación en el 2016. En estos 12 años hemos acudido a una veintena de instancias judiciales, administrativas, al Tribunal Constitucional, hemos ido al Vaticano, a Naciones Unidas", relata el abogado. A pesar de conseguir este auto, Ranz destaca que la familia y él tienen "una sensación agridulce" por no lograr que estos dos hermanos vuelvan a su lugar natural, Aragón. "El siguiente paso en la recuperación de los cuerpos de estos hermanos es el análisis genético. Un médico forense debe decretar la identidad de las personas buscadas a través del ADN entre nietos y abuelos. Pero esto no acaba con este análisis. Para Ranz, "esto no termina con un acto judicial o una resolución administrativa. Esto terminará el día en que la familia pueda enterrar a su familiar conforme a su religión y sus creencias. El día que se celebre el entierro será el día que esto tenga su punto y final".
Eduardo Ranz también ejerció como asesor de la ministra de Justicia "durante varios meses" en 2018. Dolores Delgado García, la ministra propuesta por el PSOE en aquel momento, tenía como uno de sus objetivos sacar a Franco del todavía denominado Valle de los Caídos, ahora Valle de Cuelgamuros. Lo consiguieron, aproximadamente, un año después, el 24 de octubre de 2019. Para el abogado, esta experiencia fue diferente, pues nunca había sido funcionario: "Fue un trabajo desde una óptica que nunca había vivido, desde la administración".
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