El 23 de febrero se presentó la primera querella criminal en un juzgado de primera instancia por el “robo de bebés” que se contextualiza como crimen del franquismo, como crímenes de derecho internacional, esto es, en un contexto de crímenes de lesa humanidad.

Esta querella ha sido interpuesta por María José Picó,presidenta de Asociación de Víctimas de Alicante Bebés Robados y Adopciones Irregulares (AVA), debido a la desaparición de su hermana melliza en marzo de 1962 en el Hospital General de Alicante.

Los padres de María José nunca vieron el cuerpo de la niña supuestamente fallecida. Al padre le entregaron una caja claveteada en la que debía ir el cadáver de la niña, caja que tuvo que llevar urgentemente al cementerio de Alicante en un taxi donde le estaba esperando el enterrador y donde la caja quedó depositada en una fosa común. Pasaron décadas hasta que se empezó a hablar de los niños robados. Las dudas se reavivaron, empezaron a investigar y descubrieron numerosas irregularidades en los registros. En 2012 y 2013, dentro de la investigación realizada por la Fiscalía de Alicante, se hicieron dos exhumaciones en la fosa donde supuestamente enterraron el cadáver de la recién nacida, pero en ninguna de ellas se encontraron restos que, una vez realizados los análisis de ADN, tuvieran coincidencia genética con la familia. A pesar de esta evidencia, el caso, como tantos otros, fue archivado.

ESTO VA DE JUSTICIA (1)

El crimen que es objeto de esta querella se contextualiza en el “robo de bebés” que se perpetró durante toda la dictadura franquista y que continuó en algunos casos en los primeros años de la democracia, por represión política, ideológica, moral social o de género. Estos delitos, al producirse durante tanto tiempo, han ido pasando por diferentes fases o etapas con diversidad de victimarios, tipología de víctimas, motivaciones, y también diferentes modus operandi.

En concreto, en la época en que se produce el caso de María José, los niños y niñas desaparecían de las clínicas y maternidades, fundamentalmente, y decían a las madres y familias que el bebé había fallecido. Pero no olvidemos que la participación del Estado siempre estuvo presente, bien directamente, incluso con leyes y decretos en un primer momento, como a través del consentimiento, la ocultación y aquiescencia, posibilitando su continuidad con la participación de figuras de poder y autoridad de las propias instituciones del Estado y de la Iglesia, haciendo caso omiso de estos crímenes, lo que se refleja en las escasas investigaciones que se han realizado y su archivo masivo, en la mayoría de los casos, por prescripción.

Sin embargo, nos encontramos ante delitos de Derecho Internacional que son imprescriptibles, son delitos como la desaparición forzada que solo comienzan a prescribir cuando la persona desaparecida aparece, y tenemos informes de organismos de Derechos Humanos que así lo avalan. Por poner solo dos ejemplos:

  1. El informe de Amnistía Internacional de marzo de 2021: Tiempo de Verdad y Justicia. Vulneraciones de Derechos Humanos en los casos de ‘bebes robados’. Este Informe, después de investigar más de 100 casos, expone que estos delitos podrían constituir un crimen de desaparición forzada y que el Estado tiene la obligación de investigarlos.
  2. El segundo Informe es del Comité contra la Desaparición Forzada, organismo de Naciones Unidas, publicado en octubre de 2021, que afirma categóricamente que el Estado tiene que realizar investigaciones exhaustivas y eficaces, más allá del tiempo transcurrido, de todos los casos para la búsqueda e investigación de los niños y niñas desaparecidos, garantizando su derecho a la identidad, y que el plazo de prescripción solo empieza a contar a partir del momento en que se restituye la identidad de las víctimas. Y, además, esto es importante, que los perpetradores de este crimen sean investigados, juzgados y sancionados de conformidad con la gravedad de los hechos.

A estos Informes también se les puede añadir el del Parlamento Europeo de 2017, que habla de este crimen como un delito de desaparición forzada y contiene 31 recomendaciones para hacer efectiva la labor que tendría y debería hacer el Estado. Por tanto, con esta querella no solo estamos denunciando un caso de bebé robado, sino también el modelo de impunidad que se mantiene todavía a día de hoy por el Estado español, algo contrario al derecho internacional y las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos. Mantener, seguir manteniendo esa impunidad que impide la investigación y el enjuiciamiento de todos estos crímenes que son imprescriptibles resulta incompartible, absolutamente incompatible, con un Estado de derecho.

(1) Intervención en la Rueda de Prensa celebrada el 23 de febrero de 2024. Sede de la Universidad de Alicante, Sala Miguel Hernández.

Para más información sobre el caso de María José Picó y la querella presentada: https://querella.bebesrobados.org/

Testimonio de María José Picó https://youtu.be/xihfntQhSs4

(*) Presidenta de la Asociación “Todos los niños robados son también mis niños”; responsable en CEAQUA del área de «bebés robados»