En cinco años los juzgados han archivado las 116 demandas presentadas en España, 50 de ellas de represaliados valencianos
Patricia Canet denuncia "el asesinato y desaparición forzada" de su tío abuelo, un jornalero de Cullera fusilado en Paterna en 1941
Daniel Galán, Lucila Aragó, Aràdia Ruiz, Patricia Canet y Olga Franco, de Amnistía Internacional. / Ceaqua
Inasequibles al desaliento, las víctimas valencianas del franquismo y sus familiares continúan presentando querellas en los juzgados por crímenes contra la humanidad cometidos durante la Dictadura y la Transición. Tras un total de 116 denuncias archivadas en en toda España, alrededor de medio centenar de ellas de represaliados valencianos fusilados en Paterna o torturados tras ser detenidos por la Brigada Político Social en los años setenta, hoy han presentado la denuncia número 117. Se trata de la querella que ha interpuesto Patricia Canet en los juzgados de Paterna "por el asesinato y desaparición forzada" de su tío abuelo, Juan Canet, un jornalero de Cullera que con 24 años fue fusilado el 13 de octubre de 1941 en Paterna y enterrado en la junto a otros 12 ejecutados.
"Condenado a muerte por 'adhesión a la rebelión' en un Consejo de Guerra presidido por militares golpistas, que se habían alzado en armas contra un gobierno legítimo, ninguna autoridad comunicó en su momento donde fue fusilado ni enterrado su cuerpo", explican desde la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua), plataforma que reivindica la investigación judicial de "los crímenes franquistas, constitutivos de crímenes contra la humanidad y que hasta la fecha continúan impunes".
"Romper el muro de la impunidad"
Lucila Aragó, miembro de Ceaqua y tras ser detenida en septiembre de 1975, destaca que "cada querella que se presenta es una oportunidad de romper el muro de impunidad levantado por la resistencia de gran parte de la judicatura española a aplicar el derecho internacional, que deja claro que los crímenes de lesa humanidad ni prescriben ni pueden ser amnistiados".
Medio siglo después de la muerte del dictador, Francisco Franco, Aragó insiste "en que ya es la hora de acabar con el fin de la impunidad en España, por lo que pedimos a los partidos políticos que deroguen la Ley de Amnistía de 1977, que impide investigar los crímenes del franquismo, y que los jueces y juezas sepan que tienen la obligación de conocer y aplicar la legislación internacional".
Patricia Canet ha subrayado que "la rabia es el motor de reparación de las injusticias" que le mueve a llevar a los juzgados "el asesinato, porque para mí no fue un fusilamiento", de su tío abuelo Juan. "El franquismo sociológico lo ha intentado todo para que no presentemos esta querella y, por tanto, hacerlo es una victoria", ha añadido. Esta profesora de Historia, que también preside la asociación de familiares de la fosa 146 de Paterna, relata que Juan Canet "era un jornalero de Cullera sin filiación política alguna, de una familia muy humilde que fue encarcelado después de la guerra por unos delitos totalmente inventados".
Retrado de Juan Canet, jornalero de Cullera, fusilado en Paterna en 1941 / Archivo familiar de Patricia Canet
"Fue una cruda venganza vecinal"
"Fue una cruda venganza vecinal, de un fascista, que entró en el domicilio de los Canet al grito de '¡En esta casa alguien debe morir!', y se lo llevo secuestrado”, recuerda Patricia. Relata que al no encontrar en casa al hermano mayor, Vicent, sargento del ejército republicano, que había huido a Francia, se llevaron detenidos a Juan y a su otro hermano, Enrique, el abuelo de Patricia. Este último, tras estar encarcelado en Sant Miquel dels Reis y Gandia, también fue condenado a muerte, pero la pena le fue conmutada por 30 años de prisión y estuvo trabajando como esclavo del franquismo en la reconstrucción del Alcázar de Toledo. No salió en libertad hasta 1946. Patricia explica que los restos de la fosa 146 fueron exhumados entre diciembre de 2023 y enero de 2024, "y de los 13 supuestamente enterrados , lo cual es una doble desaparición". Más de un año después todavía sigue a la espera de que las pruebas de ADN confirmen si su tío abuelo está entre las tres víctimas desenterradas.
Primeras excavaciones en la fosa 146 de Paterna / L-EMV
La querella ha sido redactada y presentada por Aràdia Ruiz, abogada de la Cooperativa El Rogle de València y miembro del equipo jurídico de Ceaqua, y está respaldada por Amnistía Internacional Valencia, la Plataforma de Asociaciones Familiares de Víctimas del Franquismo de las Fosas Comunes de Paterna, Coordinadora de Asociaciones de Memoria Democrática y Acció Ciutadana contra la impunitat del franquisme (Plataforma de suport a la Querella Argentina).
Aràdia Ruiz, que califica como "desalentador que hasta ahora solo nos hayamos encontrado con la frustración de la judicatura española, que ha archivado todas las querellas, anuncia que van a seguir intentándolo y "con solo ganar una sería una victoria de todos". "Estamos hablando de más de 300.000 bebés robados durante la dictadura y más de 140.000 personas todavía enterradas en las cunetas, lo cual es un crimen de lesa humanidad que nunca prescribe", insiste.
El caso de Juan Canet, recalca la letrada, "es una desaparición forzada y la querella rebate todos los argumentos del archivo de las 115 denuncias anteriores a partir del derecho internacional, los Derechos Humanos y las recomendaciones de la ONU para que en España se investiguen los crímenes de lesa humanidad del franquismo, que es una anomalía que todavía sigan impunes".
Derogación de la amnistía de 1977
La abogada de El Rogle denuncia que los juzgados les han archivado todas las querellas porque la Ley de Amnistía de 1977 todavía está en vigor, "pese a que nació nula de pleno derecho, pues seis meses antes España había firmado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que prohíbe que cuando hay crímenes de lesa humanidad puedan existir leyes que los amnistíen". "El abecé básico del derecho internacional es que los crímenes de lesa humanidad no prescriben nunca, pero aquí nos encontramos con el problema de que la judicatura española no considera que durante el franquismo se cometieron crímenes de lesa humanidad", lamenta Aràdia Ruiz. Además, añade que la judicatura española "obvia que ley de 1977 lo que impide es la pena, no que se investiguen los crímenes". "El objetivo de las familias, y más en las fosas de Paterna, no es sentar a nadie en el banquillo, sino que se investiguen y que construya un relato de la verdad", asevera
"El discurso es desesperanzador, pero vemos que el muro de la impunidad se empieza a agrietar", destaca la abogada en referencia a la querella presentada por Carolina Martínez, nieta de una de las 2.238 víctimas de la dictadura enterradas en las fosas del cementerio de Paterna, "que consiguió que se le llamara a declarar, pero al final el juzgado canceló la cita con el argumento de que faltaba un informe, decisión que hemos recurrido". Por todo ello, Aràdia Ruiz, insiste en que "tiene sentido seguir presentando querellas, y seguir luchando, tenemos esperanza de tener algún día una sentencia judicial que diga que el franquismo fue una dictadura criminal y genocida y se repare a las víctimas".
La querellante, Patricia Canet (en el centro), junto a representantes de las entidades que apoyan la demanda. / Ceaqua
"No vamos a dejar de luchar"
Desde la plataforma de familias de víctimas de las fosas de Paterna, Daniel Galán, reitera que no van a dejar de luchar "porque se haga justicia algún día, incluso hemos ido hasta Argentina a declarar, el contra el franquismo". "No nos basta con haber enterrado dignamente a nuestros familiares, sino que necesitamos que se haga justicia con ellos y que se reconozca que fueron crímenes de lesa humanidad. No fueron fusilamientos, sino asesinatos institucionalizados por un Estado dictatorial, y esperamos que algún día se nos dé la razón", añade.
Esta querella número 117 cuenta también con el respaldo de las diputadas autonómicas Mercedes Caballero (PSPV) e Isaura Navarro (Compromís), que han participado en el acto público de presentación de la misma. Caballero, secretaria de Memoria Democrática del PSPV, ha subrayado que "verdad justicia y reparación no son palabras huecas, son objetivos para los que necesitamos de la presentación de las querellas porque eso pone en la agenda pública un tema sobre el que hay demasiada gente en este país que no quiere que se hable". "Desde el PSPV apoyamos la presentación de querellas y seguir haciendo públicos estos asesinatos del franquismo, pues en la Comunitat Valenciana estamos viviendo un momento de retroceso. Por eso, desde el Gobierno de España vamos a llevar al Tribunal Constitucional la mal llamada ley de concordia democrática valenciana del PP y Vox"
Respaldo de PSPV y Compromís
En este sentido, Caballero ha anunciado que la previa al recurso al Constitucional que fue aplazada por la dana, "se celebró la semana pasada y fue una reunión fundamentalmente técnica en la que el Gobierno puso sobre la mesa los puntos de la ley que van en contra los Derechos Humanos y todo parece indicar que la ultraderecha manda hoy en el Consell no va a aceptar dar marcha atrás, por lo que se llevará la ley al Constitucional".
Navarro, por su parte, ha criticado que "vivimos en una pseudodemocracia porque los tratados internaciones de verdad, justicia y reparación no se han aplicado nunca en España". "Me preocupa mucho que la gente joven esté abrazando postulados del franquismo a través de Vox, que tiene como altavoz al gobierno de la Generalitat", ha alertado. La diputada de Compromís lamenta que "España no ha roto aún con el fascismo, pues la justicia fascista continua publicando sentencias, y para un juez que quiso hacer su trabajo, el juez Garzón, lo apartaron de la carrera judicial". "En España el fascismo está demasiado vivo, por eso esta querella es superimportante y más ahora que el futuro pinta muy negro", concluye Navarro.
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