La cárcel vieja de Málaga sirvió de prisión y hacinamiento para más de 4.000 presas republicanas que pasaron hambre, miseria y penurias desde la ocupación de la capital por las tropas franquistas en febrero de 1937 hasta 1945. El conocido caserón de la Goleta, en pleno centro de la ciudad, sería la sede principal de la antigua cárcel de mujeres de Málaga, hoy declarado lugar de la Memoria por la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía. En ella se llegaron a albergar en el frío invierno del 37 a más de 400 mujeres en habitáculos en las que apenas había cabida para un centenar. Encarnación Barranquero, historiadora de la Universidad de Málaga destaca en su estudio 'Mujeres malagueñas en la represión franquista', que el perfil mayoritario de las presas rondaba en un 85% entre los 21 y los 40 años de edad. Un 65% eran casadas, mientras que el resto trabajaba como jornaleras y trabajadoras sin especialización. La mayoría de ellas tenían dedicación exclusiva a sus labores, en un 83% y solamente un 1,4 % tenían una profesión cualificada.
Fueron acusadas de delincuentes, alcohólicas y psicópatas, mujeres «degeneradas» con tendencia a la infidelidad, el divorcio o las relaciones lésbicas. Muchas de ellas no sabían leer ni escribir y acabaron siendo obligadas a firmar sus expedientes procesales con el dedo. Tampoco tuvieron posibilidad de defenderse en los consejos de guerra y los juicios sumarísimos abiertos por delitos tan ambiguos como «rebelión» o «atentados contra la moral pública», aunque en realidad poco importaba porque, en la mayor parte de los casos, el régimen franquista ya había dictado sentencia. Miles de mujeres fueron encerradas por ser pareja, madre o hermana; a veces, simplemente, por estar en el lugar equivocado.
El Caserón de la Goleta sirvió durante décadas como cárcel para hombres, con la excepción de algún habitáculo destinado a mujeres, hasta que el pésimo estado de las instalaciones forzó su cierre y la construcción de otro edificio en 1933. La nueva prisión provincial, con agua corriente como destaca la prensa de la época, fue inaugurada el 2 de febrero de 1934. Por entonces había encarcelados 291 hombres y cuatro mujeres. La diputada malagueña Victoria Kent había liderado las mejoras introducidas en el sistema de prisiones, del que era directora, convencida de la necesidad de reformar las cárceles españolas desde un talante más humanista. Declarada la Guerra Civil, la situación cambió de forma radical. A la ocupación franquista en la provincia, en 1937, le siguieron detenciones masivas que obligaron a habilitar el viejo Caserón de la Goleta como cárcel para mujeres pese a las denuncias por insalubridad.
La vida cotidiana de estas presas se encontraba marcada por un fuerte ejercicio de limpieza psicológica por parte de las autoridades franquistas, ya que eran calificadas como seres inferiores y perversos, tal y como destacaba en los informes de aquella cárcel Antonio Vallejo Nágera, jefe de los Servicios Psiquiátricos Militares del aparato franquista. De su experimento con reclusas arrojaba que eran “libertarias congénitas, revolucionaras natas que impulsadas por sus tendencias biopsíquicas constitucionales desplegaron intensa actividad sumadas a la horda roja masculina”. La parafernalia del régimen de Franco las obligaba a cumplir con una serie de obligaciones de acuerdo a las creencias de recato y sumisión del nuevo estado. Por ejemplo, tenían que asistir obligatoriamente a misa, tenían que bautizar a sus hijos e intervenir en todos los actos oficiales que fueran de orden prioritario.
Los familiares se acercaban a diario haciendo largas colas desde las cinco de la madrugada para llevar a las mujeres cestos de comida, una tarea que resultaba agotadora al tener que esperar horas y horas que regresaran de nuevo los centinelas con los cestos de mimbre vacíos.
Las presas hacían una vida comunitaria en el patio donde cosían, elaboraban objetos que vendían sus familias posteriormente, correteaban junto a sus hijos pequeños compartiendo “la pésima comida, la angustia de las ejecuciones, los malos tratos y las vejaciones de las que eran objeto”. Algunas presas como era el caso de María Villanueva, con cierta formación, enseñaban a otras internas analfabetas a leer y escribir mientras mataban el tiempo, sin saber qué les depararían el futuro. El testimonio de Carmen Gómez Ruz, que trabajó como oficinista en la cárcel, ponía en evidencia la escasez de alimentos que vivieron las mujeres presas malagueñas, destacando que el “desvío de dinero que hacían los jefes de prisión con las partes destinadas a las comida nunca los consumían las presas”. Llegó a tal escasez y baja calidad que muchas de ellas realizaron “protestas colectivas hasta conseguir pelar las patatas y las verduras, asegurando al menos cierta higiene en el plato” y la reducción de enfermedades del estómago, muy frecuentes en la época.
Presas sin motivo: Hay que tener en cuenta que en la mayoría de las fichas de las procesadas no consta ninguna condena, ya que casi todas las detenciones “se debían a que el marido o algún hijo continuaba en zona republicana”. Además Queipo de Llano decretaría la orden en toda la comunidad andaluza de que “por cada hombre huido del combate se detuviera a la madre o hermanas en primer lugar y a cuñadas o madrastas en su lugar”.
En un tercio de las sentencias se podía ver como una de las principales causas “se ignora”, sin alegar motivo alguno. Uno de los casos más curiosos recogido en la investigación 'La cárcel de mujeres de Málaga en la paz de Franco', es el de la joven antequerana Dolores Gómez, quien fue detenida junto a su madre en mayo de 1939. Los señoritos de la finca en la que trabajaban acusaron a la familia de votantes del Frente Popular al no haber acudido a la celebración del bautizo de su hijo. Dolores y su madre pasaron dos años en la cárcel de Málaga, mientras que su padre se encontraba desaparecido.
Rosalía Martín Barba es otro de los casos. A pesar de tener 70 años y un hijo ciego continúo en la cárcel largos años, alegando que se trataba de un “roja reconocida de mala conducta, que se alegraba públicamente de los asesinatos cometidos por los marxistas y censuraba la actuación nacional”. Su libertad por tanto, no procedía.
María Margüenda Santana, quien argumentaba que su madre “estaba detenida y que sus cuatro hermanos pequeños se encontraban en el más completo abandono”. El informe emitido por el delegado de Orden Público daba negativa a su libertad, a pesar de tener “buena conducta”. El impedimento se encontraba en que uno de sus familiares se encontraba huido.
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