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Investigadores exigen acceso a los fondos de Defensa y Exteriores. El primero cierra su archivo y el segundo mantiene secretos 10.000 informes
Expedientes en el Archivo General Militar de Segovia, entre los que se encontraba un documento de Franco sobre los preparativos del golpe de Estado de 1936. / EL PAÍS
Los historiadores son gente meticulosa, ajena a las premuras que impone la actualidad, acostumbrada a buscar hasta que encuentran ese dato que desmiente o avala su hipótesis de trabajo. Pero eso no quiere decir que no se pueda agotar su paciencia.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, aún no ha cumplido su promesa de revisar un acuerdo del Consejo de Ministros, del 15 de octubre de 2010, que declara secretos casi todos los cables y notas diplomáticas, sin importar su fecha de elaboración. Además, el archivo de su departamento está cerrado a cal y canto desde hace un año, cuando se anunció por sorpresa la mudanza de sus fondos al Archivo Histórico Nacional y al Archivo General de la Administración, dejando en el aire un buen número de tesis doctorales e investigaciones académicas en curso, sin que nadie sepa cuándo podrán reanudarse.
Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, dio carpetazo, poco después de llegar a su cargo, al proyecto de su antecesora, Carme Chacón, de desclasificar, y por tanto sacar a la luz pública, 10.000 documentos militares con más de 40 años.
Todas estas medidas, aparentemente inconexas y derivadas de los recortes presupuestarios, han llevado a la investigación histórica en España a una situación de bloqueo sin precedentes y sin parangón con otros países europeos, que ha privado a los estudiosos de la materia prima indispensable para su trabajo.
Cansados de esperar una solución que no llega, casi 300 historiadores, movilizados a través de H-SPAIN —un foro de debate académico sobre historia contemporánea de España—, se han dirigido al presidente, Mariano Rajoy; a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría; a los ministros de Exteriores, Defensa y Educación, así como a los portavoces de los grupos parlamentarios. Su objetivo es exigir al Gobierno “la inmediata reapertura de dichos fondos y la garantía de su accesibilidad para todos los investigadores en el plazo más breve posible”.
Las adhesiones han llegado de todo el mundo. Entre los firmantes de la carta hay 142 profesores e investigadores de universidades de toda España; 18 de EEUU; 15 de Reino Unido; 10 de Francia; 7 de Alemania; 6 de Italia, y 13 de países como Irlanda, Bélgica, Portugal, Holanda, Hungría, Noruega, Canadá, Japón, Argentina, Puerto Rico o Nueva Zelanda. Así como 41 archiveros e investigadores independientes.
Historiadores del prestigio de Jean-Marc Delauny, Ángel Viñas, Helen Graham, Alfonso Botti o Borja de Riquer respaldan la iniciativa, a la que se han sumado escritores como Rosa Regàs (exdirectora de la Biblioteca Nacional) o diplomáticos como Carlos Miranda (exembajador de España ante la OTAN).
“No puede haber auténtica democracia allí donde no se garantiza a los ciudadanos el derecho a generar una visión crítica del propio desarrollo histórico basado en el acceso al patrimonio documental común”, advierte la misiva. Tras hacerse eco del “profundo malestar producido entre historiadores, archiveros, periodistas y otros grupos sociales por el cierre indefinido e injustificable del acceso a documentos históricos”, los autores de la carta califican de “inverosímiles” los argumentos esgrimidos para no desclasificar 10.000 documentos militares; y de “arbitraria” la decisión de declarar secretos cables diplomáticos que hasta el año pasado podían ser consultados “sin mayores impedimentos por historiadores de todo el mundo”.
No se trata solo del “enorme perjuicio que se está causando a innumerables proyectos de investigación histórica tanto en España como en el extranjero”, alegan, “sino también del daño a la imagen y el prestigio del país más allá de nuestras fronteras” en un momento en que se insiste en la necesidad de recuperarlo.
Los firmantes advierten de que se está incumpliendo la recomendación del Consejo de Ministros del Consejo de Europa sobre una política europea en materia de comunicación de archivos, del año 2000; y el Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos, de 2009, ambos suscritos por España.
En marzo del año pasado, Exteriores negó a varios historiadores documentos aparentemente inocuos sobre relaciones diplomáticas con Alemania o Filipinas entre 1970 y 1982, con el argumento de que habían sido clasificados por un acuerdo de 2010.
En mayo, Morenés descartó desclasificar 10.000 documentos anteriores a 1968, aunque el equipo de Defensa de Chacón aseguró que no afectaban a la seguridad nacional. En julio, Exteriores comunicó a los historiadores el cierre de su archivo y la transferencia de los fondos a dos archivos dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.
“No se trata de una petición de unos pocos para unos pocos”, concluyen los historiadores. “Si bien este llamamiento parte del mundo académico, es a la sociedad en su conjunto a la que se está negando el derecho a conocer por sí misma, al margen de interpretaciones oficiales e interesadas, su propio pasado”.
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