Pese al inicio de los trabajos preliminares, aclara a las familias que reclaman que si los restos están mezclados deberá abrirse un proceso para escuchar a otros afectados
Patrimonio Nacional, la entidad que gestiona el Valle de los Caídos junto a la abadía benedictina del recinto, ha enfriado notablemente las expectativas de las familias que han solicitado exhumaciones de restos enterrados en el cementerio de la Guerra Civil y cuyos trabajos previos comenzaron el lunes, tras una sentencia firme que les daba la razón. La institución ha precisado en una nota las dificultades para que se lleven a cabo, al menos a corto plazo, debido a los nuevos trámites burocráticos y legales que deberían acometerse a partir de ahora.
La intervención preliminar del lunes, simplemente una inspección con microcámaras para constatar el estado del lugar y si es viable la entrada de los forenses, fue saludada por los familiares como “un día histórico” y el primer paso para que se cumplan sus reclamaciones. Lo cierto es que ha sido el resultado de una batalla judicial de seis años de la familia aragonesa Lapeña, que exige los restos de los hermanos republicanos Manuel y Ramiro Lapeña, fusilados en 1937 y arrojados a una fosa común, para darles "una sepultura digna". A su causa se han unido otras familias, también de descendientes del bando franquista. Sin embargo, Patrimonio pone nuevos obstáculos, tomando como base de los informes de la Abogacía del Estado. Aclara que si las conclusiones de los peritos, previstas para finales de mayo, ven posible el acceso a la cripta se deberá pedir un dictamen al Consejo Médico Forense y, si los restos solicitados están mezclados con otros, a causa del deterioro del osario, será necesario iniciar un nuevo y complejo proceso en el que se valoren los derechos de otras familias afectadas.
“Si finalmente se comprueba que los columbarios en los que pueden encontrarse los restos de los hermanos Lapeña se han convertido actualmente en un osario, en el que se encuentran confundidos con los restos cadavéricos de las demás personas inhumadas en el mismo piso (…), deberá hacerse saber esta circunstancia a su familia, para que interponga una demanda en el correspondiente proceso declarativo ante la Jurisdicción ordinaria”, explica Patrimonio. En este proceso, sigue matizando la entidad, “deberían figurar aquellas personas identificadas cuyos parientes se encuentren inhumados en el mismo piso (…), así como aquellas otras que respondan a la oportuna citación por edictos, a realizar en los lugares de que procedan los restos cadavéricos que se encuentran en ese lugar”. En resumen, se presenta como otro largo y problemático itinerario judicial en el que deberían tener voz otras familias que quizá no den su consentimiento a las exhumaciones. La sentencia, opina Patrimonio, deberá “valorar los intereses en conflicto y la aplicación del principio de proporcionalidad en las actuaciones requeridas”.
Eduardo Ranz, abogado de los Lapeña, así como de los parientes de Pedro Gil y Juan González, caídos en el bando rebelde y que también habrían obtenido permiso para las exhumaciones, ha declinado hacer valoraciones sobre la nota de Patrimonio. “Por elegancia y por respeto a la profesionalidad del personal científico, preferimos no hacer declaraciones hasta que se conozca el contenido del informe”, señala.
Esta posible nueva fase, en un conflicto que parecía canalizado tras seis años de litigio judicial y que sentaba un precedente para reclamaciones similares, vuelve a demostrar las dificultades que están encontrando las familias que solicitan restos de sus seres queridos en el Valle de los Caídos. En el mayor cementerio de la Guerra Civil hay más de 33.000 difuntos, muchos de ellos trasladados al mausoleo sin permiso ni conocimiento de sus familias, en ambos bandos Tras seis años de proceso judicial contra Patrimonio Nacional, una sentencia firme dio la razón a los Lapeña en marzo de 2016, pero han tenido que esperar dos años a que se ejecutara este lunes. Esa demora se debió a la negativa del prior de la abadía que gestiona el lugar, que se oponía a la exhumación por considerar que el cementerio del Valle de los Caídos es religioso, no público. El monje presentó un contencioso en la Audiencia Nacional. La controversia se agudizó el mes pasado con su plantón al Senado, donde fue llamado a comparecer en la comisión de Justicia. Replicó que si los senadores querían escucharle fueran a verle al monasterio. Finalmente fue desautorizado públicamente por el presidente de la Conferencia Episcopal y retiró el contencioso. Este mismo lunes se produjo un nuevo encontronazo en la puerta de acceso al Valle. Los familiares quisieron estar presentes mientras se realizaban los primeros trabajos, pero Patrimonio no les permitió pasar.
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