https://www.infolibre.es/noticias/politica/2019/09/29/las_exhumaciones_pendientes_tras_decision_sobre_franco_aqui_estan_acordando_del_asesino_no_las_victimas_99290_1012.html
MEMORIA HISTÓRICA
Álvaro Sánchez CastrilloDesde 1959 hasta 1983 fueron enterradas en Cuelgamuros 33.847 personas, según los datos de Patrimonio Nacional - Algunos de estos restos fueron exhumados de fosas comunes y reinhumados en el mausoleo franquista
- Miguel Ángel Capapé, presidente de Arico y marido de Purificación Lapeña, señala que "las cajas" con restos "que se puedan identificar con la población" sean devueltas a esas localidades
Álvaro Sánchez CastrilloDesde 1959 hasta 1983 fueron enterradas en Cuelgamuros 33.847 personas, según los datos de Patrimonio Nacional
Publicada el 29/09/2019 a las 06:00Actualizada el 27/09/2019 a las 22:57
Manuel y Antonio Ramiro Lapeña, cuyos restos podrían estar en el Valle de los Caídos.
ARMH
La decisión del Tribunal Supremo de dar luz verde a la exhumación del dictador Francisco Franco y vetar su posterior reinhumación en la cripta de la catedral de La Almudena, en pleno centro de Madrid y junto a la simbólica Plaza de Oriente, ha supuesto una clara victoria para el movimiento memorialista. Sin embargo, la guerra por resignificar el complejo monumental, que podría embarrarse aún más tras la decisión de la familia del dictador de acudir al Tribunal Constitucional, no ha acabado. Todavía faltan por resolver escollos como el de la presencia del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, en un lugar preeminente de la Basílica. O el de las miles de víctimas del franquismo que fueron enterradas sin previo aviso en Cuelgamuros y cuyos restos, que se encuentran repartidos en los diferentes osarios distribuidos por el templo, están intentando recuperar sus familiares desde hace años. Porque, como señala el presidente de Arico, Miguel Ángel Capapé, “aquí se están acordando del asesino y no de las víctimas”. “Lo que queremos es que saquen a los nuestros”, completa en conversación telefónica con infoLibre.
La salida de las víctimas enterradas junto al verdugo fue una de las recomendaciones que puso sobre la mesa hace casi ocho años la Comisión de Expertos sobre el Futuro del Valle de los Caídos. En un informe fechado el 29 de noviembre de 2011, este grupo planteó que una reconversión del complejo monumental en un lugar de memoria tendría que pasar necesariamente por la “dignificación” del cementerio. Para ello, consideraba fundamental rescatar a todas estas víctimas trasladadas al mausoleo franquista sin el consentimiento de sus familiares “del hacinamiento” de sus restos y del anonimato. “Respecto a las reclamaciones presentadas de devolución de los restos de algunos familiares, la Comisión entiende que les asiste un derecho moral a que se satisfaga en la medida de lo posible dicha reclamación. En cuanto a la viabilidad de su identificación, exhumación y devolución, la Comisión ha llegado a la conclusión de que el deterioro de las criptas y de los columbarios, unido al volumen de restos enterrados, hace prácticamente imposible, como norma general, la identificación individualizada”, completaba el informe.
En busca del cumplimiento de ese “derecho moral” están Capapé y su mujer, Purificación Lapeña, que desde hace una década tratan de encontrar, recuperar y dar digna sepultura a los restos de los hermanos Lapeña. Manuel y Antonio Ramiro, veterinario y herrero de profesión, respectivamente, nacieron en Villarroya de la Sierra (Zaragoza) y siempre estuvieron muy ligados a la CNT. Con el estallido de la Guerra Civil, ambos fueron detenidos. El 14 de agosto de 1936, Manuel fue fusilado en el barranco de La Bartolina. Dos meses después, Antonio Ramiro corrió la misma suerte en la tapia del Cementerio Municipal de Calatayud, donde fue arrojado a una fosa común. Luego, señala Capapé en base a testimonios recogidos, sus restos podrían haber sido trasladados a Cuelgamuros. “Si bien de La Bartolina no tenemos constancia, del cementerio nos dijo un señor mayor que llegó un camión con nueve cajas, sacaron los restos de la fosa, los amontonaron y fueron llenando estas cajas con ellos. (…) Ahí es cuando nos enteramos de que podrían estar ambos en el Valle de los Caídos”, explica a este diario.
El cementerio del Valle de los Caídos cuenta, tal y como señala la Comisión de Expertos de 2011, “con el mayor osario de la Guerra Civil”. Su origen conceptual aparece reflejado en el decreto de construcción del 1 de abril de 1940, en el que se describe el complejo monumental como “un lugar retirado donde se levante el templo grandioso de nuestros muertos en que por los siglos se ruegue por los que cayeron en el camino de dios y de la patria”. Con el fin de dar cumplimiento a esta finalidad, el 23 de mayo de 1958 el entonces ministro de la Gobernación y presidente del Consejo de las Obras del Monumento Nacional a los Caídos, Camilo Alonso Vega, envió una carta a los gobernadores civiles pidiéndoles que adoptasen “las medidas necesarias” para dar sepultura en el mausoleo “a quienes fueron sacrificados por dios y por España y a cuantos cayeron en nuestra cruzada, sin distinción del campo en el que combatieran, según impone el espíritu cristiano de perdón que inspiró su creación, siempre que unos y otros fueran de nacionalidad española y religión católica”.
Pocos meses después, el 31 de octubre de 1958, el ministro de Gobernación remitió una circular en la que se especificaba cómo tendría que llevarse a cabo el traslado de restos: en cajas de 60 x 30 x 30 centímetros “para restos individuales identificados” o de 120 x 60 x 60 centímetros en el caso de “restos colectivos sin posible individualización”. “Cada caja colectiva se supone que puede contener restos de quince personas”, añadía Alonso. Desde 1959 hasta 1983, según los datos de Patrimonio Nacional, fueron enterradas en Cuelgamuros 33.847 personas. La mayoría de ellas procedían de Madrid (8.931), Tarragona (4.680), Teruel (4.413) y Zaragoza (4.607). Pero no todas tienen nombre y apellidos. Están identificadas 21.423, según los datos del Ministerio de Justicia. Sin embargo, poner nombres y apellidos al resto no es tarea fácil. “La identificación individual de los restos óseos depositados en las criptas y/o capillas queda casi imposibilitada dado el estado de los columbarios y el esparcimiento de los restos”, recoge un informe fechado en 2011 del médico forense Andrés Bedate.
Tres años a la espera de reparación
Con las evidencias que tenían, Purificación Lapeña y su marido iniciaron un largo periplo judicial para recuperar los restos de sus familiares. Primero recurrieron a la vía penal, lo que les llevó al juzgado de instrucción, a la Audiencia Provincial de Madrid, al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tras fracasar este camino, decidieron en 2014 acudir a la vía civil agarrándose a la fórmula de la perpetua memoria. Y ganaron. En mayo de 2016, el Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial autorizó la exhumación, reconociendo el derecho de Purificación Lapeña a darles “digna sepultura”. “Una vez que se ha determinado que existe una alta probabilidad de que los restos cadavéricos se encuentren en el cementerio del Valle de los Caídos, procede la realización de las actuaciones pertinentes (…) a los efectos de que se termine llegando a cabo la entrega de los restos cadavéricos de los hermanos Lapeña”, señalaba el auto, que apuntaba que esto se tenía que hacer “tras la identificación positiva de los mismos”.
Si bien Capapé reconoce que no tienen “ninguna certeza” de que los hermanos se encuentren en Cuelgamuros, los indicios que apuntan a ello son importantes. Según hizo saber durante el procedimiento Patrimonio Nacional, en el tomo número 1 del Libro de Registro de Enterramientos del templo se contempla que el 8 de abril de 1959 llegaron procedentes de Calatayud con número de orden 0466 un total de 81 restos en 9 cajas (columbarios), todos ellos como desconocidos. No obstante, el juez apuntaba en el auto que existe una “alta probabilidad” de que los restos estén en los columbarios numerados entre el 2061 y 2069. Dos meses después de la resolución judicial, que derivó en firme, Patrimonio Nacional manifestó su voluntad de “cumplir escrupulosamente” con la justicia. Para ello, el organismo que se encarga de administrar el conjunto monumental encargó dos informes –uno al Consejo Médico Forense y otro al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja– para estudiar aspectos relacionados con las edificaciones y con el estado de las galerías.
Pero tres años después de que la justicia diera luz verde a la exhumación, la resolución judicial sigue sin cumplirse. Primero fueron las trabas que puso el prior de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, a los trabajos, lo que obligó al presidente de la Conferencia Episcopal Española a señalar públicamente que el abad no se podía “negar” a “sacarlos”. Con este primer escollo superado, arrancaron los trabajos preliminares por parte de los peritos del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. Ya con Pedro Sánchez al frente del Gobierno, Patrimonio Nacional anunció que se abriría “una puerta de entrada” y se tomarían medidas para que el acceso fuera “posible cuanto antes”. El organismo que gestiona el complejo monumental anunció esta decisión después de recibir el informe que había encargado al instituto dependiente del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). En el estudio se detallaba que era “posible con determinados límites impuestos por el estado de conservación” acceder a la Capilla del Sepulcro para exhumar los restos.
Los trabajos, sin embargo, volvieron a quedar paralizados al detectarse problemas técnicos. Se pidió otro estudio al Instituto Eduardo Torroja. Y los monjes benedictinos volvieron a mostrar reticencias a la entrada de los técnicos. El proceso de exhumación, en un primer momento, iba a retrasarse cuatro meses. Pero la parálisis dura ya un año. Y puede prolongarse todavía más. A comienzos de septiembre, el consejo de administración de Patrimonio Nacional reclamó más aclaraciones técnicas al instituto. Un nuevo obstáculo que fue respondido por el abogado memorialista Eduardo Ranz con un escrito solicitando que se diera “traslado parcial” del informe en lo referido a los hermanos Lapeña a la familia, habida cuenta de que “es mucho el tiempo transcurrido y elevada la desesperación” de los descendientes que “buscan reencontrarse con sus olvidados”. En conversación con infoLibre, Ranz señala que de no cumplirse con esta reclamación “se puede entender que hay una obstaculización irracional a la exhumación por parte del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional”.
“Derecho legal a reencontrarse con sus olvidados”
En aquel escrito, continúa relatando Ranz, también exigieron que haya una respuesta a la petición de otras familias aragonesas que solicitaron el reconocimiento del derecho a exhumar el pasado 13 de diciembre. “Las familias han demostrado ser pacientes, toda vez que el plazo legal de reconocimiento es de tres meses y han transcurrido más de nueve meses”, señalaba el escrito. Este es el caso de Silvia Navarro, Sagrario Fortea, Francisco José Cansado y Mercedes Abril. Con 87 años, el caso de esta última representa a la perfección la necesidad de actuar a la mayor brevedad posible para cumplir con las exigencias de verdad, justicia y reparación de las víctimas del franquismo. El pasado mes de agosto, Abril aprovechó una reunión del presidente del Gobierno con colectivos memorialistas para entregarle una misiva en la que le detallaba todo el largo periplo para recuperar y enterrar dignamente a su padre, asesinado en Calatayud en septiembre de 1936. “Por favor, demuestren capacidad y voluntad política para exhumar a los republicanos del Valle de los Caídos”, rezaba la carta.
Tras la noticia sobre la exhumación del dictador, Abril recibió una respuesta a su petición. “No le quepa duda de nuestro firme compromiso de apoyarles en los procesos de recuperación de los restos de sus seres queridos inhumados en la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos”, señalaba la carta, firmada por Pedro Sánchez. Porque la salida de Franco de Cuelgamuros, si bien es fundamental, no cierra la herida abierta. “Otra cuestión es el número de asesinados que rodean el cuerpo de Franco. Hay familias que tienen su derecho legal a reencontrarse con sus olvidados, y esta segunda parte está pendiente de reparación, que es la finalidad principal de la memoria histórica”, asevera Ranz. “Aquí parece que solo se acuerdan del asesino y no de las víctimas”, señala Capapé, que apunta que “por mucho que saquen” al dictador del mausoleo ellos lo que pretenden es que “las cajas” con los restos “que se puedan identificar con la población” sean devueltas a estos pueblos. “No sólo queremos a los hermanos Lapeña, queremos que vuelvan todos”, sentencia el presidente de la asociación Arico.
En busca del cumplimiento de ese “derecho moral” están Capapé y su mujer, Purificación Lapeña, que desde hace una década tratan de encontrar, recuperar y dar digna sepultura a los restos de los hermanos Lapeña. Manuel y Antonio Ramiro, veterinario y herrero de profesión, respectivamente, nacieron en Villarroya de la Sierra (Zaragoza) y siempre estuvieron muy ligados a la CNT. Con el estallido de la Guerra Civil, ambos fueron detenidos. El 14 de agosto de 1936, Manuel fue fusilado en el barranco de La Bartolina. Dos meses después, Antonio Ramiro corrió la misma suerte en la tapia del Cementerio Municipal de Calatayud, donde fue arrojado a una fosa común. Luego, señala Capapé en base a testimonios recogidos, sus restos podrían haber sido trasladados a Cuelgamuros. “Si bien de La Bartolina no tenemos constancia, del cementerio nos dijo un señor mayor que llegó un camión con nueve cajas, sacaron los restos de la fosa, los amontonaron y fueron llenando estas cajas con ellos. (…) Ahí es cuando nos enteramos de que podrían estar ambos en el Valle de los Caídos”, explica a este diario.
El cementerio del Valle de los Caídos cuenta, tal y como señala la Comisión de Expertos de 2011, “con el mayor osario de la Guerra Civil”. Su origen conceptual aparece reflejado en el decreto de construcción del 1 de abril de 1940, en el que se describe el complejo monumental como “un lugar retirado donde se levante el templo grandioso de nuestros muertos en que por los siglos se ruegue por los que cayeron en el camino de dios y de la patria”. Con el fin de dar cumplimiento a esta finalidad, el 23 de mayo de 1958 el entonces ministro de la Gobernación y presidente del Consejo de las Obras del Monumento Nacional a los Caídos, Camilo Alonso Vega, envió una carta a los gobernadores civiles pidiéndoles que adoptasen “las medidas necesarias” para dar sepultura en el mausoleo “a quienes fueron sacrificados por dios y por España y a cuantos cayeron en nuestra cruzada, sin distinción del campo en el que combatieran, según impone el espíritu cristiano de perdón que inspiró su creación, siempre que unos y otros fueran de nacionalidad española y religión católica”.
Pocos meses después, el 31 de octubre de 1958, el ministro de Gobernación remitió una circular en la que se especificaba cómo tendría que llevarse a cabo el traslado de restos: en cajas de 60 x 30 x 30 centímetros “para restos individuales identificados” o de 120 x 60 x 60 centímetros en el caso de “restos colectivos sin posible individualización”. “Cada caja colectiva se supone que puede contener restos de quince personas”, añadía Alonso. Desde 1959 hasta 1983, según los datos de Patrimonio Nacional, fueron enterradas en Cuelgamuros 33.847 personas. La mayoría de ellas procedían de Madrid (8.931), Tarragona (4.680), Teruel (4.413) y Zaragoza (4.607). Pero no todas tienen nombre y apellidos. Están identificadas 21.423, según los datos del Ministerio de Justicia. Sin embargo, poner nombres y apellidos al resto no es tarea fácil. “La identificación individual de los restos óseos depositados en las criptas y/o capillas queda casi imposibilitada dado el estado de los columbarios y el esparcimiento de los restos”, recoge un informe fechado en 2011 del médico forense Andrés Bedate.
Tres años a la espera de reparación
Con las evidencias que tenían, Purificación Lapeña y su marido iniciaron un largo periplo judicial para recuperar los restos de sus familiares. Primero recurrieron a la vía penal, lo que les llevó al juzgado de instrucción, a la Audiencia Provincial de Madrid, al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tras fracasar este camino, decidieron en 2014 acudir a la vía civil agarrándose a la fórmula de la perpetua memoria. Y ganaron. En mayo de 2016, el Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial autorizó la exhumación, reconociendo el derecho de Purificación Lapeña a darles “digna sepultura”. “Una vez que se ha determinado que existe una alta probabilidad de que los restos cadavéricos se encuentren en el cementerio del Valle de los Caídos, procede la realización de las actuaciones pertinentes (…) a los efectos de que se termine llegando a cabo la entrega de los restos cadavéricos de los hermanos Lapeña”, señalaba el auto, que apuntaba que esto se tenía que hacer “tras la identificación positiva de los mismos”.
Si bien Capapé reconoce que no tienen “ninguna certeza” de que los hermanos se encuentren en Cuelgamuros, los indicios que apuntan a ello son importantes. Según hizo saber durante el procedimiento Patrimonio Nacional, en el tomo número 1 del Libro de Registro de Enterramientos del templo se contempla que el 8 de abril de 1959 llegaron procedentes de Calatayud con número de orden 0466 un total de 81 restos en 9 cajas (columbarios), todos ellos como desconocidos. No obstante, el juez apuntaba en el auto que existe una “alta probabilidad” de que los restos estén en los columbarios numerados entre el 2061 y 2069. Dos meses después de la resolución judicial, que derivó en firme, Patrimonio Nacional manifestó su voluntad de “cumplir escrupulosamente” con la justicia. Para ello, el organismo que se encarga de administrar el conjunto monumental encargó dos informes –uno al Consejo Médico Forense y otro al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja– para estudiar aspectos relacionados con las edificaciones y con el estado de las galerías.
Pero tres años después de que la justicia diera luz verde a la exhumación, la resolución judicial sigue sin cumplirse. Primero fueron las trabas que puso el prior de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, a los trabajos, lo que obligó al presidente de la Conferencia Episcopal Española a señalar públicamente que el abad no se podía “negar” a “sacarlos”. Con este primer escollo superado, arrancaron los trabajos preliminares por parte de los peritos del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. Ya con Pedro Sánchez al frente del Gobierno, Patrimonio Nacional anunció que se abriría “una puerta de entrada” y se tomarían medidas para que el acceso fuera “posible cuanto antes”. El organismo que gestiona el complejo monumental anunció esta decisión después de recibir el informe que había encargado al instituto dependiente del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). En el estudio se detallaba que era “posible con determinados límites impuestos por el estado de conservación” acceder a la Capilla del Sepulcro para exhumar los restos.
Los trabajos, sin embargo, volvieron a quedar paralizados al detectarse problemas técnicos. Se pidió otro estudio al Instituto Eduardo Torroja. Y los monjes benedictinos volvieron a mostrar reticencias a la entrada de los técnicos. El proceso de exhumación, en un primer momento, iba a retrasarse cuatro meses. Pero la parálisis dura ya un año. Y puede prolongarse todavía más. A comienzos de septiembre, el consejo de administración de Patrimonio Nacional reclamó más aclaraciones técnicas al instituto. Un nuevo obstáculo que fue respondido por el abogado memorialista Eduardo Ranz con un escrito solicitando que se diera “traslado parcial” del informe en lo referido a los hermanos Lapeña a la familia, habida cuenta de que “es mucho el tiempo transcurrido y elevada la desesperación” de los descendientes que “buscan reencontrarse con sus olvidados”. En conversación con infoLibre, Ranz señala que de no cumplirse con esta reclamación “se puede entender que hay una obstaculización irracional a la exhumación por parte del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional”.
“Derecho legal a reencontrarse con sus olvidados”
En aquel escrito, continúa relatando Ranz, también exigieron que haya una respuesta a la petición de otras familias aragonesas que solicitaron el reconocimiento del derecho a exhumar el pasado 13 de diciembre. “Las familias han demostrado ser pacientes, toda vez que el plazo legal de reconocimiento es de tres meses y han transcurrido más de nueve meses”, señalaba el escrito. Este es el caso de Silvia Navarro, Sagrario Fortea, Francisco José Cansado y Mercedes Abril. Con 87 años, el caso de esta última representa a la perfección la necesidad de actuar a la mayor brevedad posible para cumplir con las exigencias de verdad, justicia y reparación de las víctimas del franquismo. El pasado mes de agosto, Abril aprovechó una reunión del presidente del Gobierno con colectivos memorialistas para entregarle una misiva en la que le detallaba todo el largo periplo para recuperar y enterrar dignamente a su padre, asesinado en Calatayud en septiembre de 1936. “Por favor, demuestren capacidad y voluntad política para exhumar a los republicanos del Valle de los Caídos”, rezaba la carta.
Tras la noticia sobre la exhumación del dictador, Abril recibió una respuesta a su petición. “No le quepa duda de nuestro firme compromiso de apoyarles en los procesos de recuperación de los restos de sus seres queridos inhumados en la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos”, señalaba la carta, firmada por Pedro Sánchez. Porque la salida de Franco de Cuelgamuros, si bien es fundamental, no cierra la herida abierta. “Otra cuestión es el número de asesinados que rodean el cuerpo de Franco. Hay familias que tienen su derecho legal a reencontrarse con sus olvidados, y esta segunda parte está pendiente de reparación, que es la finalidad principal de la memoria histórica”, asevera Ranz. “Aquí parece que solo se acuerdan del asesino y no de las víctimas”, señala Capapé, que apunta que “por mucho que saquen” al dictador del mausoleo ellos lo que pretenden es que “las cajas” con los restos “que se puedan identificar con la población” sean devueltas a estos pueblos. “No sólo queremos a los hermanos Lapeña, queremos que vuelvan todos”, sentencia el presidente de la asociación Arico.
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