dimarts, 30 de setembre del 2014

Las víctimas del franquismo piden justicia


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Posted: 29 Sep 2014 03:39 AM PDT
Durante el actual periodo de sesiones en Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos ha escuchado los testimonios de españoles que sufrieron violaciones de derechos humanos durante la Guerra Civil y el franquismo, como el secuestro de bebés o las torturas a presos políticos. Cuatro víctimas relatan sus casos.
“Yo nací en la Clínica O’Donnell, de Madrid, en una familia de 10 hermanos”, dice Sol Luque, presidenta de la Asociación todos los niños robados son también mis niños. “Mi hermano gemelo fue llevado a una incubadora, donde logró sobrevivir, pero un día nos dijeron que había fallecido y mis padres no pudieron verlo. Luego explicaron que había sido incinerado, aunque jamás nos devolvieron las cenizas. El médico dijo: ‘Es mejor no armar jaleo’. Mis padres lo tomaron como una amenaza velada, pero no sospecharon que pudiera tratarse de un robo hasta muchos años después”.
En 2010, con la explosión de noticias sobre los bebés robados en España, Sol Luque se da cuenta de que el suyo no era un caso aislado. Hoy hay unas 2.000 denuncias. Las cifras que manejan los colectivos de víctimas, sin embargo, van desde 30.000 a 300.000.
“Miles de niños viven hoy con identidades falsas y tienen enormes dificultades para poder acceder a sus documentos”, afirma Sol Luque. “Somos víctimas directas de la dictadura franquista, y la Iglesia fue parte integrante y aval de esa dictadura. Un médico o un religioso podía decidir con quién debía criarse un niño; una situación que siguió vigente hasta la primera ley de adopción de 1987”.
“Vivimos en un régimen que ha perpetuado la continuidad del franquismo, dado que el tipo de transición que propició el modelo democrático no se construyó sobre la justicia, sino sobre un pacto de silencio”, denuncia Luque.


Los ‘hijos del matao’

“Mi bisabuelo fue fusilado el 26 de agosto de 1936 en Carmona (Sevilla) y mi familia fue represaliada. Nos llamaban ‘los hijos del matao’, rememora Paqui Maqueda, de la Plataforma andaluza de CeAqua. “Además, nos quitaron la casa familiar”, pues los bienes incautados durante la guerra solo son devueltos si pertenecen a sindicatos o partidos políticos, pero no en el caso de particulares, explica.
“No puedo entrar en mi casa, de la que disfruta otra familia. Los registros de la propiedad siguen como en tiempos de Queipo de Llano, que fue quien nos incautó. Pero nuestro caso está cerrado por el Estado. Y así tuvimos que asociarnos para buscar justicia”.

La “conexión suiza”

“En 2013 conocí al abogado que lleva la querella argentina. Mis investigaciones me llevaron luego a CeAQUA y así llegamos a esta visita a Suiza. Puede decirse que soy el ‘puerto’ suizo de las víctimas del franquismo, la persona que coordina los esfuerzos entre Suiza y España”, comenta Isabel Beatriz Subieta Díaz.
“Mi historia me lleva a defender la causa de los emigrantes y las injusticias en general. Mi madre consiguió el Permiso C (residencia) en Suiza cuando yo tenía 5 años, pero no pude venir porque no me dejaron salir de España. Mi padre, declarado ausente, no podía dar su autorización. La ley no lo permitía, aunque estuviera desaparecido”.
Hace seis meses creó DeViFra, asociación que cuenta con el respaldo de Ralph Hug, historiador y defensor de los voluntarios suizos que participaron en la Guerra Civil, y el ‘Collectif Suisse contre l’Impunité des Crimes Franquistes‘, de Ginebra.
“Mi interés eran las víctimas de todas las dictaduras, pero el franquismo es especial porque está en el origen de muchos procedimientos e impunidades posteriores”, explica la especialista en victimología, nacida en Guadalajara y afincada en Suiza desde 1985.
“La criminología se basa en el principio ‘in dubio pro reo’ (en caso de duda se favorecerá al imputado), mientras que la victimología dice que siempre los derechos van a las víctimas”.

En manos de ‘Billy el Niño’

“En 2012, nos enteramos de las acciones argentinas contra los crímenes de la dictadura militar y nos interesamos en cómo los argentinos consiguieron derogar las Leyes de Amnistía y Punto Final. Así conocimos el trabajo de la jueza María Servini de Cubría y decidimos intentar una acción legal que nos era imposible desde España”, rememora Josu Ibargutxi, prisionero desde 1968 a 1977 por su militancia en ETA e integrante de la asociación Goldatu.
“Soy experto en cárceles del Estado español. He pasado por Carabanchel (Madrid), Santa María (Cádiz), Soria… y hasta he estado en la fuga de Segovia”, en la que escaparon 29 prisioneros.
José María ‘Chato’ Galante, miembro de La Comuna, también fue preso político y conoció la cárcel: “Fui detenido en cuatro ocasiones y torturado. Yo pertenecía al Sindicato Democrático de Estudiantes. Mi torturador es Antonio González Pacheco, agente de la Brigada Político Social, más conocido como ‘Billy el Niño’. Yo tenía 22 años… y el tipo que me torturaba, 21. La jueza Servini de Cubría pidió su extradición, pero dado que la tortura no era sistemática, los jueces españoles denegaron la demanda de extradición”.