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Posted: 29 Sep 2014 03:39 AM
PDT
Durante el actual periodo de
sesiones en Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos ha escuchado los
testimonios de españoles que sufrieron violaciones de derechos humanos
durante la Guerra Civil y el franquismo, como el secuestro de bebés o las
torturas a presos políticos. Cuatro víctimas relatan sus casos.
“Yo nací en la Clínica
O’Donnell, de Madrid, en una familia de 10 hermanos”, dice Sol Luque,
presidenta de la Asociación
todos los niños robados son también mis niños. “Mi hermano
gemelo fue llevado a una incubadora, donde logró sobrevivir, pero un día nos
dijeron que había fallecido y mis padres no pudieron verlo. Luego explicaron
que había sido incinerado, aunque jamás nos devolvieron las cenizas. El
médico dijo: ‘Es mejor no armar jaleo’. Mis padres lo tomaron como una
amenaza velada, pero no sospecharon que pudiera tratarse de un robo hasta
muchos años después”.
En 2010, con la explosión de
noticias sobre los bebés robados en España, Sol Luque se da cuenta de que el
suyo no era un caso aislado. Hoy hay unas 2.000 denuncias. Las cifras que
manejan los colectivos de víctimas, sin embargo, van desde 30.000 a 300.000.
“Miles de niños viven hoy con
identidades falsas y tienen enormes dificultades para poder acceder a sus
documentos”, afirma Sol Luque. “Somos víctimas directas de la dictadura
franquista, y la Iglesia fue parte integrante y aval de esa dictadura. Un
médico o un religioso podía decidir con quién debía criarse un niño; una
situación que siguió vigente hasta la primera ley de adopción de 1987”.
“Vivimos en un régimen que ha
perpetuado la continuidad del franquismo, dado que el tipo de transición que
propició el modelo democrático no se construyó sobre la justicia, sino sobre
un pacto de silencio”, denuncia Luque.
Los ‘hijos del matao’
“Mi bisabuelo fue fusilado el
26 de agosto de 1936 en Carmona (Sevilla) y mi familia fue represaliada. Nos
llamaban ‘los hijos del matao’,
rememora Paqui Maqueda, de la Plataforma andaluza de CeAqua.
“Además, nos quitaron la casa familiar”, pues los bienes incautados durante
la guerra solo son devueltos si pertenecen a sindicatos o partidos políticos,
pero no en el caso de particulares, explica.
“No puedo entrar en mi casa, de
la que disfruta otra familia. Los registros de la propiedad siguen como en
tiempos de Queipo de Llano, que fue quien nos incautó. Pero nuestro caso está
cerrado por el Estado. Y así tuvimos que asociarnos para buscar justicia”.
La “conexión suiza”
“En 2013 conocí al abogado que
lleva la querella
argentina. Mis investigaciones me llevaron luego a CeAQUA y así
llegamos a esta visita a Suiza. Puede decirse que soy el ‘puerto’ suizo de
las víctimas del franquismo, la persona que coordina los esfuerzos entre
Suiza y España”, comenta Isabel Beatriz Subieta Díaz.
“Mi historia me lleva a
defender la causa de los emigrantes y las injusticias en general. Mi madre
consiguió el Permiso C (residencia) en Suiza cuando yo tenía 5 años, pero no
pude venir porque no me dejaron salir de España. Mi padre, declarado ausente,
no podía dar su autorización. La ley no lo permitía, aunque estuviera
desaparecido”.
Hace seis meses creó DeViFra, asociación que cuenta con
el respaldo de Ralph Hug, historiador y defensor de los voluntarios
suizos que participaron en la Guerra Civil, y el ‘Collectif
Suisse contre l’Impunité des Crimes Franquistes‘, de Ginebra.
“Mi interés eran las víctimas
de todas las dictaduras, pero el franquismo es especial porque está en el
origen de muchos procedimientos e impunidades posteriores”, explica la
especialista en victimología, nacida en Guadalajara y afincada en Suiza desde
1985.
“La criminología se basa en el
principio ‘in dubio pro reo’ (en caso de duda se favorecerá al imputado),
mientras que la victimología dice que siempre los derechos van a las
víctimas”.
En manos de ‘Billy el
Niño’
“En 2012, nos enteramos de las
acciones argentinas contra los crímenes de la dictadura militar y nos
interesamos en cómo los argentinos consiguieron derogar las Leyes de Amnistía
y Punto Final. Así conocimos el trabajo de la jueza María Servini de Cubría y
decidimos intentar una acción legal que nos era imposible desde España”, rememora
Josu Ibargutxi, prisionero desde 1968 a 1977 por su militancia en ETA e
integrante de la asociación Goldatu.
“Soy experto en cárceles del
Estado español. He pasado por Carabanchel (Madrid), Santa María (Cádiz),
Soria… y hasta he estado en la fuga de
Segovia”, en la que escaparon 29 prisioneros.
José María ‘Chato’ Galante,
miembro de La Comuna,
también fue preso político y conoció la cárcel: “Fui detenido en cuatro
ocasiones y torturado. Yo pertenecía al Sindicato Democrático de Estudiantes.
Mi torturador es Antonio González Pacheco, agente de la Brigada Político
Social, más conocido como ‘Billy el
Niño’. Yo tenía 22 años… y el tipo que me torturaba, 21. La jueza Servini
de Cubría pidió su extradición, pero dado que la tortura no
era sistemática, los jueces españoles denegaron la demanda de extradición”.
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