Descendientes de españoles en el extranjero, que no pudieron obtener la nacionalidad por carencias en la Ley de Memoria Histórica, piden el acceso a ella para reparar desigualdades jurídicas dentro de sus familias, pero también por sus lazos emocionales
Pasaporte de María Manuela García Fernández, sellado por el consulado argentino en La Coruña el 9 de diciembre de 1935.
28 DE JUNIO DE 2017
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El destierro también es hereditario. El desgarro de la emigración, de aquellos que por unas u otras razones se vieron empujados a dejar su casa para siempre y empezar a vivir en otro lugar (a volver a levantar su casa en otro lugar) no se acaba en ellos; continúa en sus hijos, en sus nietos; se hace parte de los aromas y la atmósfera del hogar en el que crecen. En cientos de miles de hogares en Latinoamérica, y por más que pasen las décadas, uno de esos aromas se sigue llamando España. Y muchos de los nacidos allí la siguen sintiendo como parte inextirpable de ellos mismos, aunque no lo digan los papeles.
La Ley de Memoria Histórica impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2007 trató en alguna medida de acompañarles en ese empeño contra el olvido; el problema es que España también es su burocracia. Hasta la aplicación de dicha ley, los hijos de españoles nacidos en el exterior podían acceder a la nacionalidad siempre y cuando el padre la mantuviera; con ella, se ampliaba para los descendientes de aquellos que hubieran renunciado o perdido la nacionalidad por motivos políticos (es decir, a causa del exilio producido por la guerra civil y la dictadura franquista, en un margen contemplado entre 1936 y 1955). Esto incluía subrepticiamente a los nietos, aunque la legislación no usa esa palabra, sino la farragosa fórmula “primer grado de hijos de personas originariamenteespañolas nacidas en el exterior” (es decir, el primer grado de descendencia de quienes se consideran originariamente españolas a pesar de haber nacido ya en el exterior, como hijos de los migrados).
Pero el apartado de la LMH que se ocupa de este asunto –la disposición adicional séptima– obviaba varios supuestos, dejando a muchos sin la posibilidad de acogerse a la nacionalidad. Son cuatro:
–el de los nietos de españolas casadas con un no español antes de la entrada en vigor de la Constitución, en 1978, que antes de esa fecha (es decir, durante el franquismo) estaban impedidas para transmitir la nacionalidad, y además la perdían al casarse con un foráneo;
–el de los hijos mayores de edad de quienes obtuvieron la nacionalidad de origen acogiéndose a la propia LMH, produciéndose la situación de que en muchas familias los hijos menores de los nuevos españoles sí pudieran acceder a ella (por ampararlos la figura de la patria potestad de nuestro código civil), pero no los mayores de edad;
–el de los nietos de español o española nacionalizado/a en el país de acogida por cuestiones económicas, no políticas (porque se lo exigían para trabajar en tal país), perdiendo así la españolidad antes del nacimiento de sus hijos
–el de los nietos de español o española que, habiendo ostentado la nacionalidad, la perdieron automáticamente por no ratificar su deseo de conservarla al cumplir los 18 años (cosa que sigue sucediendo a todos aquellos que nazcan fuera).
JUAN MANUEL DE HOZ TIENE AHORA 30 AÑOS, CUENTA DESDE BUENOS AIRES, Y SUS PADRES, NIETOS DE ESPAÑOLES QUE PERDIERON LA NACIONALIDAD, SE ACOGIERON A LA LMH, PASANDO A SER ASÍ ESPAÑOLES DE ORIGEN
El propio caso de Juan Manuel de Hoz, cofundador y portavoz del Centro de Españoles Unidos (CeDEU; agrupación que busca el reconocimiento de la nacionalidad española sin excepción para todos los descendientes de españoles en el extranjero, presente en varios países americanos) ilustra uno de ellos. Tiene ahora 30 años, nos cuenta desde Buenos Aires, y sus padres, nietos de españoles que perdieron la nacionalidad, se acogieron a la LMH, pasando a ser así españoles de origen. Su hermano pequeño, menor de edad por entonces, sí pudo acceder asimismo a la nacionalidad por encontrarse aún bajo la patria potestad de españoles, pero él, que ya tenía 21 años, se quedó como el único no español de su familia.
“La intención de la Ley de Memoria Histórica”, dice, “era buena”; pero quizás alentaba el temor de que, según los cálculos del Gobierno, aparecieran de golpe “tres millones de españoles nuevos”: al final fue el 10% de esa cifra, 300.000, el total de personas que recuperaron la nacionalidad a través de la ley (...y quizás provenga de ese temor la proverbial confusión discursiva de la burocracia en este asunto, habiendo que deducir continuamente acertijos gramaticales como que el nieto de emigrado es el hijo del originariamente español nacido en el extranjero). “No hubo un aluvión, ni consulados abarrotados”, dice De Hoz, entre otras cosas porque los latinoamericanos tampoco pierden el sueño por emigrar a un país en crisis, y porque la mayoría de la gente tiene ya “la vida hecha en su país de nacimiento”.
Se trata esencialmente de resolver una cuestión de desequilibrio jurídico entre las familias, por todas las implicaciones (burocráticas, legales) que puede suponer tener un hijo español y otro no. El CeDEU calcula que, de resolverse estos asuntos, podrían acogerse a la nacionalidad española “entre 100.000 y 200.000 personas”, emparentadas con los dos millones de españoles censados en el exterior. De Hoz recuerda que en 2015 se reconoció “muy justamente” a los descendientes sefardíes, incluyendo a toda la familia “hasta los tataranietos”, pero parece haber “más problemas con los emigrantes del siglo XX”, todavía condicionados por cuestiones “de edad [en su caso], sexo [en el de los descendientes de mujer casada con un no-español] y políticas o económicas [en el de aquellos que renunciaron forzosamente a la nacionalidad]”.
En esta materia, continúa, España está “muy por detrás de otros países europeos”, con regulaciones “mucho más generosas” para con sus migrados como Italia, Portugal y Alemania (el reconocimiento llega hasta los bisnietos sin importar edad). Ha habido intentos en los últimos años, en las Cortes, de meter mano a este tema, a través de iniciativas parlamentarias presentadas por diversos grupos (una moción de Foro Asturias, que se debatirá en el Senado el próximo 4 de julio, también es del agrado del colectivo), pero “debe haber una voluntad política real para solucionarlo”. “España ha sido un país de emigración”, reflexiona Juan Manuel, “y los peninsulares debieran reflexionar sobre lo que significó la emigración, porque los lazos jamás se cortaron. Los emigrantes, independientemente del motivo que les hizo tener que salir de su tierra, no dejaron de amarla y de trasladar la cultura y el afecto a todos los descendientes que tuvieron en los países de acogida”.
Esa “voluntad real” por parte del Congreso tiene ahora una oportunidad de acción a través de la Proposición de Ley presentada el pasado marzo por Unidos Podemos (un texto elaborado ex profeso para el CeDEU por una catedrática de Derecho, y que impulsaron en la Cámara los miembros de Izquierda Unida Alberto Garzón y Ricardo Sisto). Una ley –reza el texto– que “tiene por objeto eliminar las injusticias surgidas por la falta de reconocimiento” a los casos mencionados, en “una colectividad que mantiene fuertemente sus raíces y su identidad”. Así, propone “un procedimiento reglado en lo que refiere al reconocimiento y cumplimiento del criterio de ius sanguinis”, y la modificación de los artículos 17, 20 y 24 del Código Civil implicados en los supuestos.
El texto busca posibilitar la concesión de la nacionalidad española de origen “a los hijos nacidos en el exterior de españoles emigrados que hayan conservado, recuperado o perdido su nacionalidad independientemente de las causas sociopolíticas y económicas que determinaron dicha situación de pérdida” (haciendo que “todos los hijos nacidos en el exterior de los españoles emigrados sean considerados españoles de origen”); también “a los hijos de aquellas personas originariamente españolas nacidas en el extranjero” (es decir, “todos los nietos nacidos en el extranjero de españoles emigrados, independientemente de si sus abuelos mantuvieron, recuperaron o perdieron su nacionalidad española”), a “aquellos nietos que habiendo ostentado su nacionalidad española, les fue privada por no ratificarla a su mayoría de edad”, y “a los hijos, menores y mayores de edad, de aquellas personas que optaron o que podrían haber optado por la nacionalidad de origen” (es decir, el alcance llega hasta los bisnietos de los emigrantes; un corte generacional “natural” para los integrantes de la CeDEU).
SE TRATA, EN OPINIÓN DE FIORENZA VASALLO, DE UNA CUESTIÓN QUE AFECTA A TODOS LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE MANERA “TRANSVERSAL” –DIPUTADOS A QUIENES INTERESA EL TEMA POR CUESTIONES FAMILIARES–
Las sensaciones respecto al tránsito parlamentario de la propuesta son buenas para la asociación. Fiorenza Vasallo, miembro también del CeDEU, argentina y residente en Sevilla, tuvo diversas reuniones la pasada semana en el Congreso para sondear la disposición de los partidos. “Lo que notamos”, cuenta, “es que hay una gran invisibilización” del tema aquí en España. “Pareciera”, dice Vasallo, "que España siempre estuvo en la UE, siempre fue un país desarrollado y siempre recibió flujos de inmigrantes” (cosa que sólo empezó a suceder con cierto volumen en los años 90). Sin embargo, se trata en su opinión de una cuestión que afecta a todos los grupos parlamentarios de manera “transversal” –diputados a quienes interesa el tema por cuestiones familiares.
Fue la diputada de ERC Ana María Surra quien acompañó a Vasallo en su periplo para hablar con todos los partidos, ratificando la buena predisposición general, incluido el PP, que no se ha opuesto hasta ahora y “no votaría en contra” de la propuesta de Unidos Podemos, e incluso propone que este colectivo comparezca en la Cámara baja para que todos los diputados puedan conocer de cerca el problema. Ciudadanos ya recogió en su programa electoral la búsqueda de una solución, al igual que el PSOE, que reconoce las carencias que tuvo en este sentido la LMH. El primer “escollo”, explica Vasallo, es la invisibilización; el segundo, que a pesar del apoyo parlamentario es necesario que Unidos Podemos haga hueco en su cupo parlamentario para poder presentar la PL. Los descendientes esperan que pueda entrar a debate en el Hemiciclo a principios del otoño: “El trabajo más fino”, dice, refiriéndose al texto, “ya está hecho”.
“La misma sangre, el mismo amor”
Pero las causas de este empeño tienen mucho más que ver –aunque parezca mentira a día de hoy– con cuestiones sentimentales que con pragmatismos burocráticos, con papeles que permitan o no permitan, que regalen o no un título; se trata de un símbolo de pertenencia, de arraigo y de memoria: “No buscamos un pasaporte”, dice Juan Manuel, “sino un reconocimiento a nuestra identidad española, a nuestras raíces. Genera profundo dolor que tus padres, abuelos y bisabuelos sean españoles y tú no. El colectivo español emigrado dejó un sello cultural muy fuerte en las familias y la vida social. De chicos muchos fuimos a clubes españoles, nos inculcaron los valores y la cultura; en mi caso personal llegué a ser criado por mis yayos, mis bisabuelos, que vivieron hasta los 96 años cuando tenía yo 7, transmitiéndome el dolor de tener que irse de su tierra pero también el amor a España, recordándonos siempre de dónde veníamos, que nunca debíamos olvidarlo. Es esa identidad la que necesitamos que sea reconocida, la cultural y la sanguínea; y la jurídica: que es de justicia que seamos españoles cuando toda la familia lo es”.
LAS CAUSAS DE ESTE EMPEÑO TIENEN MUCHO MÁS QUE VER CON CUESTIONES SENTIMENTALES QUE CON PRAGMATISMOS BUROCRÁTICOS, CON PAPELES QUE PERMITAN O NO PERMITAN, QUE REGALEN O NO UN TÍTULO
Florencia Carrín es también argentina, nacida en 1979. Tuvo cuatro bisabuelos españoles, del norte (Asturias y País Vasco), pero para ella la figura central fue su abuela materna, gallega emigrada a la Argentina el 1 de enero de 1936 [tampoco entró, por tanto, en el periodo considerado como exilio por la Ley de Memoria Histórica, que sólo lo contempla a partir del golpe de Estado del 18 de julio del 36]. Su marido, el abuelo de Florencia, se había naturalizado ya argentino en 1932 por cuestiones laborales. Los descendientes, por tanto, no pudieron recibir nacionalidad española alguna.
Para Florencia la nacionalidad es una suerte de deuda para con su abuela María (María Manuela García Fernández), la que “prácticamente nos crió”, a ella y a su hermana, ocupando una figura central en su infancia (es decir, para siempre): “Yo no conozco España”, relata por teléfono. “Pero mi abuela nos dormía con cuentos de cuando era chica y cuidaba ovejas y cortaba leña en la montaña con sus padres. Era un pueblo muy pequeño de Lugo llamado Meizarán. Yo tengo historias grabadas en la memoria, en realidad imaginadas por mí porque no había fotos entonces siquiera”. “Estuvo siempre”, su abuela, “aferrada España, se sintió española hasta el último momento, nunca quiso hacerse la ciudadanía argentina, a pesar de haberse ido de allá, a los 16 años, con mucha hambre, con mucha pobreza; su padre estaba además amenazado...”. “Yo siento esto como una reivindicación para ella. Se puso muy triste cuando mi tío quiso ir a España y le negaron la ciudadanía y le pusieron mil trabas, siendo hijo de dos españoles. Sentía que la estaban discriminando. Mi casa está llena de cosas que trajo de España, de abanicos, castañuelas... Es un saldo pendiente con ella. Que alguno de su descendencia pueda tener la ciudadanía”.
Rosario Rigada Guerra tiene 57 años, y nos cuenta desde México que su abuelo, Daniel Rigada (de Ontón, Santander), llegó a Veracruz en 1910, con 13 años; su madre, la bisabuela Justa, “dejándolo solito al otro lado del mundo” para “poder seguir trabajando y mandar recursos allá”. Ya de adulto fue obligado a naturalizarse mexicano. El benjamín de los hijos de Daniel –es decir, el padre de Rosario– nació “un poco después de la naturalización de mi abuelo”, con lo que todos sus hermanos mayores pudieron acceder a la nacionalidad española, pero él no; Rosario, en consecuencia, tampoco. “Todos son españoles, salvo mis hijos y yo. No entiendo que, si es la misma sangre, el mismo derecho, el mismo amor a España, hayamos sido excluidos. A mi abuelo le obligaron a naturalizarse por cuestiones laborales, no por falta de amor y de orgullo a nuestra queridísima España. Durante toda su vida mandó recursos para allá (tampoco he escuchado que estas cosas hayan sido tomadas en cuenta...). Estoy convencida de que estos casos son injustos por lógica”.
Su abuelo consiguió prosperar, después de mucho trabajo. Sólo pudo volver a España (por la complicación de la burocracia que supuso la ruptura de relaciones diplomáticas entre México y el régimen franquista) más de cincuenta años después, ya con 64: fue entonces cuando volvió a ver a su madre.
Los emigrantes españoles “lucharon con tanta fuerza que nos dejaron una lección a los descendientes”, dice Rosario, recordando al hilo de ello la canción El abuelo, de Alberto Cortez. Es por eso, “no porque queramos ir a vivir a España”, por lo que quieren ser españoles: “Es un asunto de identidad. Que se nos reconozca como descendientes de todos esos españoles que vinieron con toda la esperanza y contribuyeron al progreso de México, y también a la economía de España, porque enviaron gran cantidad de recursos”. “Sabrás –dice Rosario, el acento dulcísimo al otro lado del océano– que fuimos educados en familias con gran orgullo, respeto y amor a nuestra España, igual que a los países donde nacimos. Esperamos de verdad, de todo corazón, que se apruebe muy pronto esa ley”.
AUTOR
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Miguel Ángel Ortega Lucas
Escriba. Nómada. Experto aprendiz. Si no le gustan mis prejuicios, tengo otros en La vela y el vendaval (diario impúdico) y Pocavergüenza (ficha policial).
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